Un exoperador de Vladimiro Montesinos y un grupo de abogados que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Alan García, aportantes de Ollanta Humala y César Acuña, o afiliados del partido del exalcalde de Lima, Luis Castañeda; junto a proveedores del Estado y polémicos exmagistrados, aparecen en la lista de 146 candidatos que buscan llegar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de elegir a los jueces y fiscales a nivel nacional.

Luego del cierre de la convocatoria, OjoPúblico analizó el perfil de los 146 candidatos rumbo a tres procesos: el examen de los postulantes (el 3 de noviembre), la evaluación curricular y el periodo de tachas. Dicha entidad reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), desactivado luego de revelarse los ‘Audios de la Corrupción’ y la penetración de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, dirigida por el exjuez César Hinostroza.

Esta es la segunda convocatoria que se realiza, luego de que la primera edición –efectuada entre mayo y julio de este año– acabara desierta al descubrirse que el último candidato con chances era procesado por falsedad. La elección está a cargo de una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por el presidente del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, la fiscal de la Nación, el contralor de la República y un rector de una universidad pública y otra privada.

La primera convocatoria para la Junta Nacional de Justicia acabó desierta. En esta segunda edición postulan 146 candidatos

Dicha comisión deberá completar las siete vacantes titulares para la JNJ, así como igual número para el cargo de suplentes, los mismos que tendrían que juramentar el próximo 6 de enero del 2020, según el cronograma establecido. A continuación, OjoPúblico presenta a los personajes que más sobresalen en la lista de 146 candidatos.

Candidatos con vínculos polémicos

Uno de los postulantes que más atención concita es el abogado Abel Alberto Muñoz Sáenz (56), sindicado como operador legal de la mafia dirigida por el exasesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos en los ‘90. Dicho letrado acabó siendo detenido el 2001 por un caso relacionado de presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial, por el cual recibió una condena de cuatro años de prisión suspendida el 2005.

El 2010, Muñoz fue candidato para integrar el Tribunal Constitucional pero fue tachado por una comisión del Legislativo al recordarse la sentencia que tenía en su contra, así como sus nexos con Montesinos. El abogado, hoy candidato a la JNJ, también ha defendido a Jorge Allende De la Fuente, alias ‘Jota’, acusado de ser jefe de una organización del narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). OjoPúblico llamó a Muñoz Sáenz para recoger sus descargos pero este evitó dar declaraciones. 

Un condenado exoperador de Vladimiro Montesinos es uno de los candidatos a la Junta Nacional de Justicia

Según la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, los candidatos sentenciados por delito doloso, aun cuando hubiesen purgado condena, están impedidos de postular a dicha entidad. “La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria no habilita para el desempeño del cargo”, dice la norma. 

CULPABLES. Vladimiro Montesinos, exasesor de inteligencia de Alberto Fujimori, fue condenado por asociación ilícita para delinquir junto al abogado Abel Muñoz Sáenz, quien hoy postula a la Junta Nacional de Justicia.

Foto: Andina.

Entre los aspirantes a integrar la JNJ también aparece el abogado Ramón Ramírez Erazo (65), candidato al Tribunal Constitucional que el 2010 no superó los dos tercios de la votación en el Congreso. Durante su presentación en el Legislativo le recordaron sus presuntos vínculos con La Nación y El Confidencial, dos medios caracterizado por atacar a políticos del país con mentiras e infamias. El candidato negó cualquier relación con dichos medios.

Un año antes, el 2009, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima (CAL) lo sancionó con un mes de suspensión en el ejercicio por hacerse pasar, en diferentes universidades, como  profesor ordinario, sin ocupar dicho grado. La última aparición pública del letrado ocurrió el 2016 cuando postuló al cargo de rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su candidatura fue tachada días antes de las elecciones universitarias.

Otro candidato que destaca es el abogado Daniel Cerna Bazán (73), uno de los aspirantes de mayor edad en competencia y hermano del expresidente de la Corte de Lima Sur, Marco Cerna Bazán (54), quien renunció a su cargo el año pasado en el mismo contexto de los ‘Audios de la Corrupción’ y luego de descubrirse sus diálogos con Hinostroza. Hace algunos meses, Daniel Cerna postuló sin éxito en el primer concurso a la JNJ.

Exfuncionarios, aportantes e inscritos en partidos 

En la lista de postulantes también aparecen tres abogadas que fueron altas funcionarias en los gobiernos del fallecido Alan García: la exjueza María Zavala, exministra de Justicia y exrepresentante la Organización de Estados Americanos (OEA); María del Pilar Tello (74), excandidata al Congreso por el APRA y exdirectora de Editora Perú y del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP); y Luz Áurea Sáenz, encargada de la Contraloría en el primer gobierno aprista (1985-1990).

CANDIDATA. María Zavala Valladares renunció al Poder Judicial, en donde se desempeñaba como jueza superior, y luego se convirtió en ministra de Justicia del segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Foto: Andina.

OjoPúblico además cruzó la lista de 146 candidatos a la JNJ con los aportes registrados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y descubrió que 22 postulantes de este total financiaron con dinero a 11 agrupaciones políticas entre 2005 y 2017. Uno de los casos más destacados corresponde al abogado Marlo Segura Camacho (61) quien financió con S/33 mil al Partido Popular Cristiano (PPC) entre 2007 y 2017. 

Segura Camacho postuló en cuatro oportunidades para regidor de Los Olivos y finalmente ganó el cargo en la gestión 2011-2014. Dentro de sus aportes al PPC se incluyen S/ 14 mil (de los S/ 33 mil totales) para la campaña de Luis Milla Soto (PPC), quien no logró el sillón distrital de Los Olivos en las elecciones regionales y municipales del 2010. 

Tres exaltas funcionarias de los gobiernos de Alan García son candidatas a llegar a la entidad que elegirá a jueces y fiscales

De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Segura figura desde octubre del 2017 a la fecha como afiliado al partido Solidaridad Nacional de Luis Castañeda (investigado por el Caso Lava Jato), agrupación a la que entregó S/350 en 2006 para actividades proselitistas. La JNJ prohíbe las candidaturas de personas que integran partidos sin haber solicitado licencia previa a su postulación.

Segura indicó a OjoPúblico que hoy presentó su renuncia a la agrupación de Castañeda, pero que igual le faltaba entregar "documentación" para continuar con su inscripción como candidato a la JNJ y que ya no haría esto por motivo de un "viaje de emergencia familiar". La Comisión de la JNJ publicará el próximo 29 de octubre la lista final de candidatos aptos para seguir el proceso.

Un segundo candidato a la JNJ, que al mismo tiempo figura como aportante e inscrito dentro de un partido, es el abogado Édgar Garay Callalli (67), quien aportó S/ 8 mil al Partido Popular Cristiano entre 2005 y 2006. Desde 2017, este postulante tiene inscripción vigente en Todos por el Perú (organización conocida por acoger al excandidato presidencial Julio Guzmán el 2016), según el registro del JNE. 

En la lista de candidatos aportantes que no tiene inscripción partidaria a la fecha aparecen: el abogado Marco Tulio Falconí Picardo (60), congresista por Perú Posible y Unión Regional por la región Arequipa entre 2011 y 2016, quien también figura como financista partidario. En abril del 2016, el exlegislador entregó S/105 mil en especies para Alianza para el Progreso (APP), agrupación fundada por el excandidato presidencial César Acuña. 

Un aportante del partido de César Acuña se encuentra en carrera para ocupar un cargo en la Junta Nacional de Justicia

En 2016, Falconí tentó la reelección en el Congreso, pero no lo logró; mientras que el 2018 postuló a la alcaldía de Arequipa, también sin éxito. En septiembre del 2014, Falconí buscó renunciar a su cargo como congresista para tentar el gobierno regional de su natal Arequipa, pero la Comisión de Constitución del Parlamento rechazó su pedido al señalar que era un cargo “irrenunciable”. 

ASPIRANTE. El exparlamentario, Marco Falconí, intentará nuevamente llegar a un nuevo cargo público luego de su fallida postulación a la alcaldía de Arequipa en las elecciones del 2018.

Foto: Andina.

También como candidato aportante, pero sin inscripción vigente, figura Luis Falla Lamadrid (73), excongresista entre 2006 y 2011 por el partido de Alan García. El exparlamentario –quien también fue diputado por este partido entre 1990 y 1992– registró aportes a dicha organización por más de S/ 20 mil correspondientes a sumas periódicas entre el 2005 y 2017. 

Igualmente, Ricardo Velásquez Ramírez (55), quien el 2016 aportó S/ 20 mil al Partido Nacionalista de Humala (hoy procesado por el Caso Lava Jato). En 1998 postuló sin éxito el cargo de regidor provincial de Ica. Velásquez también fue proveedor del Estado entre 2007 y 2018, logrando contratos por S/78 mil. 

Un aportante del Partido Nacionalista de Ollanta Humala también postuló a la Junta Nacional de Justicia

También hallamos, entre los 146 postulantes, a cinco abogados que renunciaron a los partidos que integraban, meses antes de la convocatoria a la JNJ. Ellos son: Patricia Galdós Kajatt (54), Miguel Capuñay Reátegui (53) y Lauro Muñoz Garay (72), quienes dejaron el PPC; Mario Villanueva Tovar (51), el Partido Aprista Peruano; y Pablo Alejos Ipanaque (73), Todos por el Perú. Los dos primeros postularon sin éxito al primer concurso y sus renuncias para participar en aquel proceso se hicieron un día antes de la convocatoria. 
 

Candidatos que fueron proveedores del Estado

OjoPúblico además cruzó la nómina de los 146 postulantes a la JNJ con el registro de proveedores del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y descubrió que 90 de ellos brindaron algún tipo de servicio profesional a entidades públicas en el período 1999-2018, por S/ 5 millones 700 mil. Aquí seleccionamos a seis aspirantes bajo ese perfil.

Por ejemplo, Gustavo Adrianzén Olaya (53), exministro de Justicia de Humala entre abril y octubre del 2015. Aquel candidato fue contratado en el período 2004-2018 por entidades públicas por S/ 480 mil. Entre las instituciones a las que brindó servicios figuran la Academia de la Magistratura, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Ministerio de Educación, entre otras. 

Adrianzén dejó la cartera de Justicia antes de que el Congreso decidiera censurarlo por haber tratado de impedir las declaraciones de la abogada Julia Príncipe, quien ejercía como procuradora de Lavado de Activos en el marco de una investigación penal contra la exprimera dama Nadine Heredia.

EXMINISTRO. El extitular de la cartera de Justicia durante el gobierno de Ollanta Humala, Gustavo Adrianzén, también se encuentra entre los abogados que postulan a la Junta Nacional de Justicia. 

Foto: Andina.

También aparece el abogado piurano Lucio Alfonso Arana Sánchez (71), quien entre 2016 y 2018 contrató por S/235 mil en servicios con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque) y la municipalidad de Mórrope, en la misma región. En la primera convocatoria postuló pero sin éxito. Entonces, diferentes medios locales recordaron que dicho letrado tenía procesos por delitos de estafa, defraudación patrimonial al Estado, enriquecimiento ilícito y peculado.

En esta lista de candidatos que fueron proveedores del Estado además tenemos a la abogada Roxana Rosell Medina (56), quien brindó servicios por S/ 316 mil entre 2007 y 2017 a entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Ambiente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y otras. 

Otros postulantes y exproveedores del Estado son los abogados José Francisco Gálvez Montero (59), con contratos por más de S/ 310 mil; Maria Elena Pacheco Vargas (68), con S/ 290 mil; y Ruperto Castellanos Custodio (67), con S/ 250 mil.
 

Exmagistrados cuestionados por el sistema judicial

Entre los 146 aspirantes, OjoPúblico también halló un grupo integrado por exjueces y exfiscales que quiere llegar a la JNJ. Por ejemplo, Evangelina Huamaní Llamas (69), quien fuera vocal de la Corte Superior del Callao, en la época en la que también emitían sus fallos dos miembros prominentes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’: Hinostroza (presidente de esa corte entre 2015-2016) y Walter Ríos (2017-2018). A fines del 2018, Huamaní dimitió al cargo de jueza del Callao mientras su nombre salía a la palestra pública vinculada a dicho caso.

Otro personaje similar es Eduardo Lavado Iglesias (52), quien fue destituido el 2011 del cargo de juez de paz letrado por no culminar un juicio que llevaba cerca de 37 años sin resolverse en la región Huánuco. El fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió retirar al magistrado de su cargo. Entre los motivos de su cese definitivo se incluyó el retardo y descuido en la administración de justicia junto a la inobservancia de las normas y el incumplimiento de sus funciones.

Magistrados que fueron investigados o no ratificados por el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura también están en carrera

Otro aspirante es el exvocal supremo provisional Jorge Calderón Castillo (71). El 2017, el desaparecido CNM investigó a dicho candidato porque la sala que integraba había rechazado la apelación de la sentencia que condenó al expresidente regional del Callao Alex Kouri, como responsable del Caso Convial y de la construcción de la Vía Expresa Faucett. El 2018, Calderón Castillo renunció al cargo de juez titular de la Corte Superior de Huaura.

En la lista de 146 aspirantes también aparece el abogado Hugo Salas Ortiz (67), exmiembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) y exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa. El 2010, Salas fue involucrado en un caso de tráfico de influencias en el Poder Judicial al difundirse un audio en donde dicho abogado decía tener la capacidad de designar vocales, así como de poseer presunta influencia sobre el CNM, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

POLÉMICO. El exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa (izq.), Hugo Salas Ortiz, también postula a la JNJ. El 2010 estuvo involucrado en un caso tráfico de influencias en el Poder Judicial.

Foto: Poder Judicial. 

En este último grupo también figura el exfiscal superior Pedro Chávez Rivas Castañeda (61), quien no fue ratificado en el cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura en 2007. Sobre el hoy aspirante a la JNJ pesa un grave cuestionamiento: haber archivado en 1998 una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el entonces fiscal ad hoc, Víctor Hugo Salvatierra Valdivia, relacionado con el Servicio de Inteligencia Nacional de Montesinos.

El cronograma del concurso a la JNJ dice que la secretaría técnica especializada de la Comisión Especial, creada para la elección de sus miembros, revisará en todas las etapas el perfil de los postulantes a partir de información entregada por diferentes entidades del Estado como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el Poder Judicial.
 

Aquí la lista completa de los 146 candidatos a la Junta Nacional de Justicia.