La querella por difamación que Miguel Arévalo Ramírez, con antecedentes por lavado de dinero del narcotráfico y a quien la Policía llama 'Eteco', planteó contra Óscar Castilla (director ejecutivo de Ojo-Publico.com) y Edmundo Cruz (La República) ingresó a la recta final en el Poder Judicial. Ayer el 5 Juzgado Penal de Lima realizó una audiencia para conocer los alegatos finales de ambas partes antes de concluir el proceso.

En la diligencia dirigida por la jueza Celia San Martín estuvo Arévalo Ramírez y su abogado Gabriel Alejandría; Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL), por los periodistas Castilla y Cruz; y la defensa legal de La República por Gustavo Mohme Seminario y César Romero, director y periodista de dicho medio, también querellados. Esta demanda penal es una de las cuatro que Arévalo, usando pasaporte de EE.UU., ha planteado en diferentes juzgados de la Corte Superior de Lima desde el 2017.

Carlos Rivera dijo que los artículos de Ojo-Publico.com y La República que el 2016 revelaron las pesquisas de la DEA de EE.UU. y la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Perú en contra de Arévalo, están basados en documentos oficiales del Estado y fueron de interés público para la ciudadanía por el grave problema que abordan, el narcotráfico en el país; el contexto político de entonces (la elección presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski); y las diversas investigaciones fiscales y policiales que el demandante ha tenido por dicho delito.

Libertad de prensa bajo amenaza

Rivera además indicó que: “la libertad de expresión en el Perú esta bajo amenaza. El demandante está tratando de instrumentalizar a la justicia para reprimir al periodismo libre e independiente, que en este caso cumplió con protocolos de verificación rigurosos para trasladar información oficial a la sociedad. Los reportajes son de interés público porque revelan hechos política y socialmente importantes. ¿Acaso hay ánimo de difamar? Que no le guste al señor Arévalo ese es otro tema”.

El abogado de Castilla y Cruz afirmó que Arévalo utiliza a la Corte Superior de Lima para elegir al juzgado que le pueda ser más favorable y recordó que el demandante presentó el 2016 su primera querella en Tocache (San Martín), la cual fue enviada al 11 Juzgado Penal de Lima. Entonces, este despacho convocó a ambas partes a una audiencia de presentación de cargos, pero ni Arévalo o su abogado acudieron. Luego, presentaron denuncias en el 5 y el 15 Juzgado Penal de Lima por los mismos hechos, y en el 29 Juzgado Penal de Lima.

“¿Puede un demandante usar el sistema de justicia así, para ruletear querellas? Obviamente, la ley no lo permite. Nosotros ya presentamos un pedido de sobreseimiento en el 5 y el 15 Juzgado Penal de Lima por juzgarse dos veces (Non bis in idem) las mismas investigaciones publicadas en Ojo-Publico.com y La República. Esto es fraude a la ley, una estrategia maliciosa para ver qué demanda me liga y en cuál encuentro un juez que castigue a los periodistas”, señaló Rivera.

Luego, la jueza San Martín dio la palabra a Arévalo, quien procedió a presentarse como un perseguido por los medios de prensa desde que El Comercio revelará el 2006 por primera vez sus antecedentes con el narcotráfico. Además, culpó a Castilla y a Cruz por las investigaciones publicadas a días de la segunda vuelta entre Fujimori y Kuczynski, a tal punto que apuntó con el dedo al primero de los periodistas recibiendo un llamado de atención por parte de la magistrada.

“Señor Arévalo le agradecería que usted se refiera a mi persona no a los asistentes”, dijo la titular del 5 Juzgado Penal de Lima. Inmediatamente después Arévalo negó cualquier relación con el tráfico de drogas: “Nunca fui [narcotraficante], no lo soy ni lo seré… nunca en mi vida me han llamado ‘Eteco’”. En determinado momento la jueza San Martín hizo una pausa en los alegatos de Arévalo y lo interrogó por sus antecedentes fiscales y policiales por lavado y narcotráfico.

-Señor Arévalo, con la finalidad de esclarecer [las dudas] le voy a formular una pregunta: ¿usted ha sido investigado alguna vez por algún delito?

-Nunca doctora.

-¿Y cuando usted se refiere a los fiscales [que han investigado sus casos]?.

-Ah, no, no.

-Aclare.

-Es que a raíz de una difamación en el 2006 [como Arévalo califica a un reportaje de la Unidad de Investigación de El Comercio] me iniciaron investigación en el Perú.

-¿Por qué delitos?

-Por lavado de activos y narcotráfico, pero se archivaron.

-¿Entonces sí tuvo investigaciones?

-Sí, pero a raíz de la difamación.

Silenciar al periodismo

A continuación, la jueza brindó la palabra a Óscar Castilla, quien dijo: “En los casi 20 años que tengo como periodista he visto el mismo patrón: denunciar a un medio cuando este investiga casos de crimen organizado. Ocurrió con Fernando Zevallos y Rodolfo Orellana. Hoy sabemos cómo acaban esas historias… Nosotros investigamos al señor Arévalo en base a fuentes oficiales. Si él quiere querellar a alguien que busque a las unidades de inteligencia de la Dirandro, a la DEA en Lima, a los fiscales o al juez que autorizó las escuchas antidrogas en su contra, y no a los casi 10 periodistas que denunció en diferentes juzgados de Lima”.

Inmediatamente después, Edmundo Cruz –reconocido reportero de la prensa investigativa en Perú– señaló: “asi como la misión del médico es curar a los enfermos, el periodismo tiene como función dar a la sociedad información noble y útil. Noble porque la información en este caso estaba verificada... era nueva y no se refería a los archivos de casos anteriores (citados por Arévalo), y útil porque en los días de la publicación la situación era especial al estar relacionada con el derecho que tenemos a elegir [bien informados] a nuestras autoridades”.

Finalmente, Cruz dijo: “Somos intermediarios entre los hechos y la sociedad, con la responsabilidad de darle la información que necesita saber para que pueda orientarse en temas como este: el narcotráfico, que es un poder económico en el Perú… ¿Cuál ha sido la respuesta? Procesos en varios juzgados con pedidos de reparación de 100 millones de dólares para amedrentarnos y silenciarnos. Eso sí viola nuestro trabajo… Nosotros no sentenciamos [pero tampoco]... podemos permanecer impasibles”.

Al término de la audiencia la jueza San Martín dejó el caso listo para emitir su fallo final en las próximas semanas o meses, así como para resolver el sobreseimiento pedido por la defensa de los periodistas Castilla y Cruz.