El Ministerio Público abrió una investigación contra el periodista de OjoPúblico, Ernesto Cabral Mejía, por incurrir en el presunto delito de revelación indebida, sancionado hasta con seis años de prisión; luego de que, en el 2019, este medio y The Intercept Brasil revelaran una serie de coordinaciones irregulares entre el procesado por lavado de dinero y asociación ilícita, Martín Belaunde Lossio, y dos fiscales del sistema anticorrupción, Elmer Chirre Castillo y David Alan Castillo.

La investigación está a cargo de los fiscales Richar Guerrero Soto, como titular del despacho y firmante de las disposiciones fiscales, y Orlando Ramírez Pastor, como adjunto y designado a cargo del caso; ambos del Cuarto Despacho Provincial Penal, de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria - San Luis. Los fiscales recibieron el caso en junio último y, desde entonces, han ordenado que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional se encargue de las pesquisas. Guerrero y Ramírez, además, impulsan una solicitud ante el Poder Judicial para levantar el secreto de las comunicaciones del periodista.

DILIGENCIAS. Después de dos años, Fiscalía inicia diligencias por denuncia del abogado de Martín Belaunde Lossio, contra periodista de OjoPúblico.

Documento: Ministerio Público

La investigación ha sido abierta a partir de una denuncia presentada, en el 2019, por el abogado Luis de la Cruz Moreno ─entonces defensor legal de Belaunde─ por revelar “que mi patrocinado Martín Belaunde es un aspirante a colaborador eficaz en el caso Lava Jato contra Ollanta Humala y Centralita contra César Álvarez”. El escrito que fue presentado ante el Ministerio Público alegó que la investigación periodística configura “una amenaza materializada [...] a través de la revelación del nombre de mi patrocinado”.

Desde entonces, noviembre del 2019, no se tuvo noticia de aquella denuncia hasta finales del mes pasado, cuando casi dos años después, la fiscalía notificó dicha acción penal.

La historia de este caso empezó el 3 de noviembre del 2019, cuando OjoPúblico y The Intercept Brasil publicaron una serie de audios grabados en el penal Piedras Gordas, a inicios de aquel año, en el marco de los interrogatorios a Belaunde como aspirante a colaborador eficaz del Tercer Despacho Supraprovincial Anticorrupción. Los audios revelaron las solicitudes realizadas por los fiscales Elmer Chirre y David Alan, quienes llevaban adelante el caso La Centralita, para que Belaunde Lossio omita y adecue información con el fin de que concuerde con la versión oficial de la Fiscalía.

Uno de los interlocutores de los audios es, precisamente, el denunciante De la Cruz, a quien se le oye decir: “nosotros [De la Cruz y su cliente Belaunde] estamos ahorita para acomodarnos a la tesis de la Fiscalía”. Al día siguiente de la publicación, el 4 de noviembre del 2019, dicho abogado denunció al periodista de OjoPúblico por revelación indebida de identidad. Esto a pesar de que el propio De la Cruz reveló ─en una audiencia transmitida, de manera pública, en el canal Justicia TV─ que Belaunde estaba colaborando con las autoridades desde por lo menos el 2015, cuando este empezó a ser involucrado en investigaciones penales.

Fiscalía ha pedido levantar secreto de comunicaciones de periodista Ernesto Cabral de OjoPúblico.

La revelación del abogado De la Cruz ocurrió durante el control de acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, el 6 de agosto del 2019: “Desde que vino el 2015, [Belaunde] se sometió voluntariamente [...] Él dijo: ‘yo tengo algo que decir en este proceso’. Y desde ese momento está colaborando con esta investigación [...] Porque él ha hecho sindicaciones [...] contra Humala, Nadine Heredia y el señor [Santiago] Gastañadui. El señor Belaunde, desde el primer momento se ha sometido a este proceso [...] él está colaborando con la justicia".

En esa sesión del 2019, Wilfredo Pedraza mencionó ─en calidad de abogado de Humala─ que “los medios de comunicación señalan que es un postulante a colaborador”. La identidad de Belaunde Lossio como aspirante a colaborador eficaz en el caso del expresidente se consolidó como un hecho de conocimiento público desde el 2016, cuando las autoridades de Bolivia lo entregaron a Perú, luego que ordenaran su captura por el Caso La Centralita en Áncash. Desde aquel entonces, los medios ya informaban que Belaunde tenía el objetivo de ser colaborador, en base a las carpetas fiscales y las audiencias públicas de este y otros procesos que lo involucran en actos ilícitos.

Martín Belaunde considerado aspirante a colaborador desde 2014

Para el reportaje de 2019, OjoPúblico ya había elaborado una base de datos con las menciones que Belaunde Lossio tenía en medios de comunicación, entre los años 2014 y el 2019, en calidad de aspirante a colaborador eficaz en cinco casos: tres de ellos conocidos como La Centralita, Odebrecht y Antalsis; y las pesquisas del fiscal Ricardo Rojas, entonces en el sistema de lavado de activos de la Fiscalía, contra la exprimera dama Nadine Heredia; así como la investigación del Equipo Especial Lava Jato por el Gasoducto del Sur.

Sobre el caso La Centralita, que involucra una organización criminal liderada por el condenado exgobernador de Áncash, César Álvarez, la mención más antigua fue el 2014. Dicho año, Perú21 publicó dos artículos en donde aseguró, en el primero, que “la Fiscalía de la Nación está preparando el camino para que el prófugo empresario Martín Belaunde Lossio sea colaborador eficaz del caso ‘La Centralita’”. En el segundo, el mismo medio agregó que “el fiscal de la Nación [...] y Belaunde Lossio han evaluado una estrategia que consiste en que este se entregue como colaborador eficaz solo del caso ‘La Centralita’”.

Un año después, en 2015, Perú21 volvió a hacer referencia a la propuesta fiscal a Belaunde para que “se acoja al beneficio de la colaboración eficaz”, en el marco de las pesquisas por lavado contra la exprimera dama Nadine Heredia. Según esa nota, fue el entonces abogado de Belaunde, José Urquizo, quien reveló que el fiscal Rojas “le propuso a su patrocinado que se acoja al beneficio de la colaboración eficaz”. La propuesta para “acogerse a colaboración eficaz en caso Nadine” fue replicada en el sitio web de Canal N. Ese año, esta investigación contra Heredia fue archivada por el Poder Judicial.

En cuanto al caso Odebrecht, por presuntos pagos ilícitos a la campaña de Humala, el diario La República informó en 2016 que “Belaunde Lossio busca ser colaborador eficaz” en el caso Lava Jato, llevado adelante por el fiscal Germán Juárez. En diciembre del 2016, el semanario Hildebrandt en sus Trece mencionó, a través de su página en Facebook, que “se trata del todavía ‘aspirante’ a colaborador eficaz con clave N° 01-2015, quien es identificado por diversas fuentes del Ministerio Público como Martín Belaunde Lossio”.

De la misma forma, diversos medios de prensa también mencionaron a Belaunde Lossio y sus intenciones de colaborar en las investigaciones por los casos Antalsis y Gasoducto. Sobre el primer caso ─que involucra las presuntas contrataciones irregulares de la empresa española Antalsis, representada en Perú por Belaunde─ El Comercio informó en 2017 que el exasesor presidencial “podría ser colaborador eficaz en Caso Antalsis”. Actualmente, dichas pesquisas continúan e involucran a gobernadores regionales, como Vladimir Cerrón.

AUDIENCIA. En 2019, durante el control de acusación contra Ollanta Humala, Luis de la Cruz reveló que Martín Belaunde buscaba ser colaborador.

Video: JusticiaTV

En cuanto al Gasoducto, en 2017, la columna de la periodista Cecilia Valenzuela sostuvo que a Belaunde “debería otorgársele pronto el beneficio de la colaboración eficaz”. En 2019, el abogado Wilfredo Pedraza dijo a la Agencia Andina que “la única relación en el proceso de investigación del Gasoducto es la de Belaunde Lossio, un eterno postulante a colaborador”. El mismo año, los sitios web de Ideeleradio y Panamericana también indicaron, de manera general, que Belaunde es “aspirante a colaborador eficaz de la Fiscalía”.

Para noviembre de 2019, en el marco de la investigación periodística, OjoPúblico estableció que Belaunde no había culminado los procesos de colaboración eficaz antes descritos y que habían sido revelados por su propia defensa legal y por diferentes medios. En los casos La Centralita, que inició juicio oral este año, y Odebrecht, que acaba de culminar el control de acusación fiscal, Belaunde sigue en calidad de acusado. En el primero, la Fiscalía pidió 17 años de prisión para Belaunde por asociación ilícita y lavado de activos; y en el segundo, afronta un pedido de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales.

Al cierre de edición, ni siquiera existe evidencia pública que indique que el Poder Judicial haya aprobado la condición de colaborador eficaz de Belaunde Lossio en algunos de los procesos penales que tiene vigente.

Fiscalía pidió levantar secreto de las comunicaciones

La denuncia del abogado de Belaunde contra Cabral Mejía se remonta al 4 de noviembre del 2019, cuando De la Cruz envió un escrito de apenas tres páginas a la 24° Fiscalía Provincial Penal de Lima ─entonces presidida por la fiscal Bertha Velasquez─ pidiendo que se inicie una investigación por “revelación indebida de identidad”. El delito indica lo siguiente: “El que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado [...] o información que permita su identificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”.

La demanda del abogado de Belaunde señala que “se configura el delito denunciado por la presencia de una amenaza materializada en la publicación [...] a través de la revelación del nombre de mi patrocinado [...] indicando que está sometido a un proceso de colaboración eficaz”. El escrito además dice que “cualquier grabación a sus conversaciones privadas con su defensa o con los fiscales y/o familiares se habría hecho al margen de la ley”. Finalmente, precisa que “ni la defensa técnica tiene acceso” a los documentos publicados por OjoPúblico y The Intercept el 3 de noviembre del 2019.

A CARGO. El fiscal Richar Guerrero Soto (derecha) y su adjunto Orlando Ramírez Pastor (izquierda) llevan adelante investigación contra periodista de OjoPúblico.

Foto: Ministerio de Justicia y Portal Gob.Pe

Cabe recordar que, en los audios publicados por nuestro medio se escucha decir al abogado Luis de la Cruz: “Nosotros estamos ahorita para acomodarnos a la tesis de la Fiscalía [...] no nos vamos a contradecir”. Esto luego de comentar las versiones contradictorias entre su patrocinado y el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ante el despacho del fiscal Juárez del Equipo Especial. “Es peligroso que los colaboradores se contradigan, porque la defensa [...] lo va a aprovechar”, acotó De la Cruz.

En las grabaciones también se escucha al fiscal David Alan y al abogado De la Cruz ─quien además ejerció la defensa de Óscar López Meneses, exoperador de Vladimiro Montesinos─ discutir sobre su preocupación de que la jueza María de los Ángeles Álvarez revise las declaraciones de Belaunde. “Si ella ve estas contradicciones, o ve información que ya ha sido repetida o dada por otra persona lo va a rechazar”, explicó Alan en conversación con el abogado de Belaunde, de acuerdo con los audios publicados.

El reportaje de OjoPúblico y The Intercept originó, en 2019, el inicio de una investigación de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público, contra los fiscales Elmer Chirre y David Alan, cuya situación actual se desconoce. A la fecha, Chirre continúa como fiscal provincial en el sistema anticorrupción, con sede en Lima; mientras que Alan, quien era adjunto de Chirre, fue trasladado al Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Según los documentos de la investigación por revelación indebida de identidad, el caso fue trasladado ─en diciembre del 2019─ a la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria - San Luis. El escrito con la demanda fue recibido, al inicio, por el tercer despacho de dicho subsistema, entonces a cargo de la fiscal Juana Gladys Meza Peña. Dicho despacho ordenó diligencias preliminares, que incluyeron un pedido para levantar el secreto de las comunicaciones del periodista Cabral Mejía, presentado el 5 de mayo de este año al 11º Juzgado Penal de Reos Libres.

El 26 de junio, la Junta de Fiscales Superiores de Lima dispuso que este caso, signado con el número 886-2019, y otras 300 carpetas fiscales sean trasladadas al cuarto despacho de este subsistema. Así, la investigación contra el periodista de OjoPúblico ha quedado a cargo del fiscal Guerrero Soto y su adjunto Ramírez Pastor. El 22 de septiembre, el despacho amplió la investigación por 60 días, ordenó recabar las declaraciones del abogado De La Cruz y de Cabral Mejía, y solicitó un pronunciamiento del Poder Judicial sobre el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista.

Al cierre de edición se desconoce qué ocurrió finalmente con este irregular pedido de levantamiento de las comunicaciones.

Guerrero Soto está a cargo de este despacho desde el 8 de junio último, poco antes de que la denuncia llegara a su escritorio. Ramírez Pastor, por su parte, ingresó a dicho despacho como fiscal adjunto en diciembre del año pasado. Antes de ejercer como miembro de la Fiscalía, Ramírez Pastor era defensor público del Ministerio de Justicia. A diciembre de 2018, por ejemplo, era abogado de Rosalía Vargas Shaus, cuñada de Rodolfo Orellana y hoy condenada por ser parte de un esquema de corrupción en los Registros Públicos. Este caso recibió una extensa cobertura en OjoPúblico, también a cargo de Cabral Mejía, desde junio de 2018.

La revelación indebida de identidad parece un delito penal hecho para periodistas, dice Carlos Rivera.

Los fiscales Guerrero Soto y Ramírez Pastor han dispuesto que la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público, de la Dirincri y a cargo del comandante PNP César Augusto Salinas Bravo, reciba la declaración del periodista Cabral Mejía, en el marco de la denuncia penal del abogado De la Cruz. A nivel policial, el caso ha quedado en manos del suboficial PNP Wilder Villegas García. El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, quien defiende a OjoPúblico en diferentes casos similares, dijo que la investigación de la fiscalía es un flagrante ataque a la libertad de expresión.

“La difusión de las identidades de los colaboradores eficaces ha sido común en los medios de comunicación [...] sobre todo en casos de un elevado interés público [...] y Martín Belaunde no es cualquier caso, se involucró a la propia pareja presidencial”, explicó Rivera. El abogado agregó que este proceso debe ponderar la libertad de expresión de los periodistas: “Cuando estamos frente a temas de un elevado interés público, debemos hacer una valoración del rol de los medios de comunicación, ¿o vamos a criminalizar a la prensa?”.

Rivera Paz dijo, además, que el delito de revelación indebida de identidad “pareciera ser un tipo penal hecho contra los medios de comunicación, porque un periodista está mucho más expuesto a ser denunciado por un delito de esta naturaleza, en relación con otros ciudadanos que no cumplen un rol informativo”. El abogado, finalmente, aseguró que el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones vulnera el derecho constitucional de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información.