A una semana de iniciado el 2022, el acoso y la persecución fiscal y judicial en contra de la prensa peruana se agrava con la condena por difamación a los periodistas Christopher Acosta Alfaro y Jerónimo Pimentel Prieto ─autor y editor, respectivamente, de una biografía de César Acuña Peralta─ y la orden fiscal de allanamiento sobre la vivienda de Pedro Salinas Chacaltana, periodista que reveló los abusos psicológicos, físicos y sexuales contra menores de edad dentro del movimiento Sodalicio de Vida Cristiana.

La mañana del 10 de enero, Acosta Alfaro y Pimentel Prieto fueron condenados, en primera instancia, a dos años de prisión suspendida por el delito de difamación agravada, en perjuicio del líder de Alianza para el Progreso. El magistrado Raúl Jesús Vega del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima identificó 35 frases “lesivas al honor y reputación” del político en el libro “Plata como cancha”, distribuido por la editorial Penguin Random House, que fue incluida en la sentencia como tercero civil responsable.

El año 2021 cerró con 31 querellas por presunta difamación contra periodistas en el Perú.

El proceso judicial inició ante una querella de Acuña Peralta bajo patrocinio de los abogados Enrique Ghersi Silva, Omar Toledo Touzet, Julio Galarreta Angulo, Carlos Saúl Gutiérez y Eduardo Estrada Palacios, quienes integran la firma legal Estudio Ghersi. La sentencia, además, ha ordenado el pago de S/400.000 de reparación civil, que deberá ser cancelada de manera solidaria por ambos periodistas y la editorial. En su demanda, el fundador de Alianza para el Progreso pedía una indemnización de S/100 millones.

“La instrumentalización de la justicia está marcando la actividad periodística de los últimos años”, dijo la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, a nuestro medio. Esta institución ha detectado un incremento en las querellas por difamación: mientras que en los años 2018, 2019 y 2020 se registraron 18, 26 y 29 demandas por dicho delito, el año pasado cerró con 31 querellas contra periodistas. “La curva [de demandas contra periodistas] es totalmente ascendente”, concluyó Lainez.

Entre 2017 y 2019, por ejemplo, el director de OjoPúblico, Óscar Castilla, fue incluido en cuatro querellas por difamación agravada. Estas fueron presentadas contra Castilla y otros periodistas por el empresario Miguel Arévalo Ramírez, luego de que informaron sobre sus antecedentes en el Ministerio Público, la Policía Antidrogas y la agencia DEA por presunto narcotráfico. A la fecha, el Poder Judicial ha archivado o absuelto a los demandados, y solo un proceso se encuentra vigente en instancias superiores.

JUEZ. El magistrado Raúl Jesús Vega condenó a los periodistas Christopher Acosta  y Jerónimo Pimentel por difamación, luego de publicar biografía de César Acuña.

Foto: JusticiaTv

En el caso de la querella de Acuña, esta fue presentada contra Acosta, Pimentel y Penguin Random House en marzo del año pasado. Cabe recordar que el líder Alianza para el Progreso, además de excandidato presidencial y exgobernador de La Libertad, es uno de los recientes aliados políticos del presidente Pedro Castillo. Su abogado en este proceso judicial, Enrique Ghersi, por su parte, es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el premio nobel peruano Mario Vargas Llosa. 

En este proceso, el juez Jesús Vega argumentó que el periodista debió “cotejar la versión” de los entrevistados citados en la biografía de Cesar Acuña y “corroborar la seriedad de sus fuentes”. En un comunicado, la ANP califica lo alegado por el magistrado como “un claro exceso de sus facultades”; y asegura que la sentencia condenatoria contra el autor de “Plata como cancha” genera un “peligroso precedente”, pues “ningún periodista podrá citar dichos de terceros bajo el riesgo de ser demandado por difamación”.

En el mismo sentido, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) calificó la sentencia del juez Jesús Vega de “funesto precedente para el ejercicio periodístico”. En un escrito publicado luego de que se conociera la sentencia, IPYS recoge las declaraciones del abogado de Acosta, Roberto Pereira, quien asegura que “la sentencia no analiza la calidad de las fuentes y exige [al autor] probar los dichos de terceros [...] el estándar que exige el juez [...] va en contra de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El libro de Acosta recoge, por ejemplo, las declaraciones de Jenny Gutiérrez, expareja de César Acuña que denunció maltrato psicológico por parte del político; de Matilde Pinchi Pinchi, quien trabajó como asistente de Vladimiro Montesinos y declaró ante el Congreso que Acuña visitó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante la dictadura fujimorista; y del exsecretario de la Universidad César Vallejo, Eladio Angulo, quien denunció que falsificaron su firma para responder a una acusación de plagio contra Acuña Peralta.

Abogado Andrés Calderón explica que sentencia ignora precedentes de la Corte IDH y Corte Suprema.

El director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, Andrés Calderón, explicó a OjoPúblico que hay dos precedentes que respaldan la defensa del periodista. El primero es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del reportero costarricense Mauricio Herrera Ulloa, en 2004. Dicha resolución hace suya la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “El castigar a un periodista por asistir en la diseminación de las aseveraciones realizadas por otra persona amenazaría seriamente la contribución de la prensa [al debate público]”.

El segundo antecedente, según Calderón, corresponde a un acuerdo plenario de la Corte Suprema en 2006, que hace referencia a la doctrina del reporte fiel. Dicho precedente señala que, cuando se difunde el dicho de un tercero, la debida diligencia solo exige que haya precisión sobre la declaración, pero no necesariamente acreditar que sea verdad lo dicho. “Los periodistas reportan lo que dicen funcionarios, políticos, personajes públicos, y no tienen que corroborar que lo que ellos están diciendo sea verdad; simplemente están trasladando información al público”, explicó Calderón.

Un estándar distinto, como el exigido por el juez Jesús Vega en la sentencia contra Acosta Alfaro y Pimentel Prieto, “condenaría a los periodistas a guardar silencio, a no informar lo que están diciendo los personajes públicos, cuyos dichos son de interés público”, agregó el director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico.

Críticas a la pena de cárcel por difamación

El Consejo de la Prensa Peruana y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también se han pronunciado sobre Acosta. La primera de estas instituciones rechazó, a través de un comunicado del 9 de enero, la querella contra el periodista, pues busca “evitar la difusión del libro”. Por su parte, la coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Southwick, declaró que los políticos “no deben emplear el sistema judicial para impedir la crítica periodística”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó, de igual forma, que en el Perú “se sigan utilizando las demandas de figuras públicas y los procesos penales en contra de periodistas como forma de frenar la divulgación de información crítica", a propósito de la sentencia contra Acosta. En su escrito, además, la SIP ha solicitado al Congreso peruano que impulse “con urgencia” la despenalización de los delitos contra el honor. Acosta y Pimentel fueron condenados a dos años de cárcel, aunque se suspendió su ejecución.

En su fallo, el juez Jesús Vega prohibió que ambos periodistas se ausenten de su jurisdicción de residencia sin previo aviso al Poder Judicial y ordenó que asistan a un control biométrico cada 60 días. “Si bien la pena ha sido suspendida, el incumplimiento de algunas de dichas condiciones podría hacer que varíe el mandato”, explicó Lainez de la ANP a nuestro medio, y agregó que la posibilidad de una prisión efectiva “es siempre una amenaza para un periodista, que le impide hacer su trabajo tranquilo”.

ALERTA. A fines del 2021, Podemos Perú presentó un proyecto de ley dirigido a los periodistas para buscar una "prisión efectiva" por difamación.

Documento: Congreso de la República

En el año 2016, por ejemplo, el periodista Ronald Ormeño Gonzales, en ese entonces director del semanario Prensa al Día de la provincia limeña de Huaura, estuvo 15 días recluido en el Centro Penitenciario de Carquín; luego de que fuera condenado a un año de prisión por el delito de difamación. En 2011, el periodista Paul Garay Ramírez de Ucayali cumplió cinco meses de cárcel, luego de ser condenado a 18 meses de prisión por difamación en agravio de un fiscal. En su momento, la Corte Suprema absolvió y liberó a Garay Ramírez.

En este contexto, a fines del año pasado, la bancada de Podemos Perú presentó un proyecto de ley que busca incrementar la condena por difamación, para que contemple de cuatro a seis años de cárcel cuando “se cometa con el propósito de obtener beneficio o lucro alguno”. Dicha iniciativa justifica este incremento para "prevenir los usos abusivos de los medios de comunicación social". El gremio periodístico, en cambio, impulsa desde hace unos años la despenalización de los delitos contra el honor.

En el año 2020, por ejemplo, la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, junto con el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Peruano de Economía, impulsaron un anteproyecto de ley para despenalizar la difamación. “El daño al honor no debería repercutir en la libertad personal [...] lo que no quiere decir que sea irresponsable, porque existe la rectificación, la indemnización e incluso la posibilidad de que haya alguna especie de multa económica para quien difama”, explicó Calderón.

El Ministerio Público y ataques a la prensa

Además de la condena por difamación contra Acosta y Pimentel, la primera semana de enero ha sido escenario del allanamiento de la vivienda del periodista Pedro Salinas. “[El reportero] fue víctima el sábado de un allanamiento fiscal en su domicilio por una denuncia de ‘colusión agravada’, formulada por Edgardo Palomino”, advirtió en un comunicado el Consejo de la Prensa Peruana, y aseguró que la Fiscalía está “prestándose a defender los intereses de grupos y personajes de poder que tratan de impedir que se conozcan hechos de interés público”.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, Salinas Chacaltana explicó que esta no es la primera denuncia en contra suya y su colega en la investigación del Caso Sodalicio, Paola Ugaz Cruz. “Martínez postuló al Congreso en 2020 por Solidaridad Nacional, que maneja Rafael López Aliaga [hoy Renovación Popular], quien mantiene relaciones comerciales con el Sodalicio”. A raíz de la publicación del libro "Mitad monjes, mitad soldados” en 2015, ambos reporteros también han sido denunciados por difamación.

La diligencia se realizó el sábado 8 de enero, como parte de un operativo llevado a cabo por el fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro. El despacho fiscal investiga un presunto favorecimiento en 2018 del Ministerio Público a favor de la consultora Chirinos & Salinas Asociados, de la cual Salinas es apoderado legal. “Me ha sorprendido que traten de vincular esta investigación a mi cargo con el tema del Sodalicio y [...] eso no es correcto”, ha dicho el fiscal Abia, quien precisó que sus pesquisas están relacionadas a contrataciones públicas y no a un caso de libertad de expresión.

OPERATIVO. El 8 de enero, la Fiscalía allanó la vivienda del periodista Pedro Salinas, en el marco de una pesquisa por una presunta contratación irregular.

Foto: Ministerio Público

La presidenta de la ANP, en cambio, tiene una interpretación diferente. “Está sucediendo algo peor: en lugar de recurrir a querellas por difamación, se está usando a la Fiscalía para intentar involucrar a periodistas en otro tipo de delitos que no están directamente relacionados con su actividad periodística”. A fines del 2020, el director del portal La Abeja, Luciano Revoredo, presentó una denuncia por presunto lavado de dinero contra Ugaz Cruz, en base a artículos publicados en el diario Expreso.

“No creo que sean hechos aislados [las denuncias contra Salinas y Ugaz ante la Fiscalía]; es un globo de ensayo al que están echando mano para, incluso, terminar con la solidaridad de los colegas al involucrarlos en otros delitos”, dijo Lainez. En 2021, la Fiscalía también abrió investigación contra el periodista de OjoPúblico, Ernesto Cabral, por el presunto delito de  revelación indebida; luego de revelar una serie de coordinaciones irregulares entre dos fiscales anticorrupción y el exasesor presidencial Martín Belaunde Lossio.

Al igual que los anteriores casos, la investigación fue iniciada a raíz de la denuncia presentada por uno de los involucrados en el reportaje periodístico. En este caso, fue Luis de la Cruz Moreno, defensor legal de Belaunde Lossio, enjuiciado por La Centralita y Lava Jato. Dentro de las medidas seguidas por el Ministerio Público, los fiscales Richar Guerrero Soto y Orlando Ramírez Pastor impulsan un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista de OjoPúblico, ante el Poder Judicial.

“Hay una instrumentalización del aparato judicial para acallar periodistas, y quienes quieren mantenerse fuera del escrutinio público han encontrado a fiscales y jueces que se convierten en aliados contra la libertad de expresión”, dijo Calderón. Para el abogado, el allanamiento de la vivienda de Salinas supone un peligro porque las autoridades incautaron herramientas de trabajo “donde podrían estar información de sus fuentes”. Andrés Calderón agregó que “pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones va en la misma línea.