Hace unas semanas, Juan Carlos Castro Vargas, ministro del Ambiente, informó que el Gobierno estaba “regulando la tramitología [del sector ambiental] para reducirla” y, así, "destrabar" USD 21.700’000.000 en proyectos de inversión públicos y privados. Dicha flexibilización, según declaró, busca “avanzar en la reactivación económica”.  

El anuncio generó especulaciones sobre la eventual presentación de un “paquetazo ambiental”. No obstante, OjoPúblico ha identificado que, en los últimos meses, tanto el Ministerio del Ambiente (Minam) como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ya han impulsado modificaciones sensibles para las normas ambientales de Perú.

Gobierno emitió tres decretos y dos proyectos de norma que relajan evaluaciones ambientales".

Entre ellas destacan tres decretos supremos y dos proyectos de norma, publicados entre mayo de 2023 y marzo de 2024, que, según expertos, vulneran al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Es decir, el mecanismo encargado de identificar, prevenir y supervisar los efectos ambientales negativos.

A la fecha, en Perú, hay 130 propuestas de grandes inversiones en evaluación, que podrían beneficiarse de estos cambios. En ese contexto, este medio identificó que el ministro del Ambiente, quien asumió el cargo en febrero pasado, se ha reunido con representantes de Las Bambas, Antapaccay y Boroo Misquichilca. Las tres mineras tienen proyectos en revisión ambiental. 

Impacto en el sistema evaluador

Para identificar y prevenir posibles daños ambientales, desde 2001, los proyectos productivos a ejecutarse en el país están sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta evaluación contempla diversos mecanismos, clasificados en función a los potenciales impactos de las inversiones, que deben ser aprobados antes de operar.

Los proyectos que generan consecuencias ambientales leves, por ejemplo, necesitan una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Los que tienen efectos negativos moderados requieren un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) y, por último, aquellos que acarrean consecuencias significativas deben tener un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) aprobado.

Otra particularidad consiste en la instancia encargada de evaluar los instrumentos ambientales de grandes proyectos de inversión con impactos negativos severos: los mismos están a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) —que depende del SEIA—, mientras que los otros son analizados por ministerios y gobiernos locales.

Los tres decretos supremos y las dos propuestas publicadas por el Gobierno desde mayo del año pasado han afectado, precisamente, la capacidad operativa del Senace y de los otros organismos involucrados en la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Y, a la par, han generado mecanismos paralelos de certificación ambiental, que evitan el control preventivo. 

CAMBIOS. Normas afectan el caracter preventivo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Foto: Minem

La primera de las normas del Minam, emitida el 30 de mayo de 2023, suspendió la aplicación del Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) del ministerio. En otras palabras, dejó al Senace sin un instrumento normativo hasta el 1 de enero del próximo año.

Alberto Barandiarán Gómez, expresidente ejecutivo del Senace explicó a OjoPúblico que, antes de la existencia del PUPCA, cada sector tenía su propio reglamento para aprobar instrumentos ambientales. Esto provocaba que hubiera diferencias entre el procedimiento de evaluación de un proyecto minero, por ejemplo, con el de uno eléctrico. Para evitar eso, el PUPCA estandarizó los procesos y requisitos en todos los sectores.

Otra de las mejoras de este instrumento, detalló Barandiarán Gómez, consistía en la aprobación de los Planes de Participación Ciudadana (PPC) al inicio del trámite, para evitar la conflictividad social. Antes de su implementación, en julio de 2022, había casos, como el reglamento de minería, que contemplaban estos requisitos en etapas posteriores. 

Con su interrupción, se vuelven a utilizar las antiguas normas sectoriales. "Esta suspensión, a nuestro parecer, no tuvo un sustento fuerte. La exposición de motivos solamente señalaba que era necesario suspender para optimizar estándares de evaluación, pero no había otro argumento de fondo", dijo Wendy Ancieta Sánchez, coordinadora jurídica del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Pese a las críticas a la herramienta, las estadísticas no muestran un fuerte impacto en el avance de los estudios. Durante el periodo en que el PUPCA estuvo vigente ingresaron 314 expedientes al Senace. De ese total, se resolvieron 303, y solo quedan 11 para tramitar, según el reporte de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental de dicho organismo.

Pese a las críticas a la herramienta, las estadísticas no muestran un fuerte impacto en el avance de los estudios".

El segundo decreto supremo que afecta el funcionamiento del Senace fue emitido por el Minam el 30 de diciembre pasado. El mismo establece medidas para simplificar los procedimientos de evaluación y, así, acelerar la aprobación de los proyectos de inversión. 

Entre las modificaciones establecidas en esta norma sobresale la creación de comisiones de profesionales que, en lugar de desempeñarse en entidades con opinión vinculante —como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre o la Autoridad Nacional del Agua—, serán destacados en el Senace. 

Para el abogado especializado en derecho ambiental César Ipenza Peralta esto puede generar un conflicto de independencia entre el personal destacado. Además, el especialista considera que, en la práctica, es poco viable que un profesional se dedique exclusivamente a la resolución de un expediente. 

Este debilitamiento normativo se da en un escenario de vulnerabilidad: el Senace no cuenta con presidente ejecutivo desde mayo de 2022. La dirección de la entidad ha sido encargada a diversas personas desde esa fecha. El 11 de abril pasado, Yury Alfonso Pinto Ortiz, encargado de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, también asumió la dirección del organismo.

Minem evita la evaluación previa

En paralelo a estos cambios, el Ministerio de Energía y Minas pretende dar legalidad a operaciones del sector hidrocarburos y eléctrico realizadas sin certificación ambiental previa, a través de la aplicación de un instrumento de regularización denominado Plan Ambiental Detallado (PAD).

El 22 de noviembre de 2023, esta cartera publicó una resolución para prepublicar un proyecto de Decreto Supremo que otorga un nuevo plazo en la presentación del Plan Ambiental Detallado (PAD) a las actividades de hidrocarburos. 

El PAD que plantea implementar el Minem es un instrumento de regularización para aquellos proyectos que ampliaron sus operaciones sin contar, previamente, con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). 

Este dispositivo fue empleado de forma excepcional en 2018 para formalizar operaciones. Sin embargo, el ministerio busca relanzarlo para beneficiar a inversiones del sector hidrocarburos que incumplieron con la obligación de tener una certificación ambiental, tal como establece el Reglamento de Protección Ambiental para el sector.

NORMALIZACIÓN. Pese a que los PAD son herramientas excepcionales, el Minem amplió su utilización. 

Foto: Minem.

Las operaciones que deseen acogerse a este beneficio, según el proyecto de norma, tendrán un plazo de ocho meses, a diferencia de la excepción de 2018, que contemplaba entre 30 y 60 días hábiles. Además, tendrán hasta tres años para presentar su PAD, de acuerdo a la propuesta.

El Minem también utilizará el PAD en otros subsectores. El pasado 19 de agosto, la cartera publicó un decreto supremo para emplearlo en los proyectos eléctricos. En este caso, la norma establece hasta tres meses para acogerse a la modificación y un plazo de hasta tres años para la presentación del plan ambiental detallado.

El último proyecto de decreto supremo identificado por este medio que afecta al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) también es impulsado por el Minam.

El mismo señala que el titular de una concesión minera puede obtener hasta un 10% extra del mineral contemplado en la capacidad instalada de tratamiento diario autorizada, sin requerir un instrumento de gestión ambiental. En la actualidad, el máximo permitido es de 5%. 

Mariano Castro Sánchez-Moreno, director de Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, advirtió que el incremento en la capacidad de extracción de mineral, muchas veces, implica cambios en los territorios; no sólo en alguno de los componentes del ambiente. “Para manejar, prevenir, y reducir esos impactos ambientales, se requiere la aplicación de un instrumento de gestión ambiental”, dijo. 

El pasado 11 de abril, el ministro Rómulo Mucho Mamani indicó que, para fin de año, se espera superar la producción de 3 millones de toneladas de cobre. 

Reuniones con mineras que tienen proyectos en evaluación

A la fecha, el Senace tiene pendiente de resolución 21 Estudios de Impacto Ambiental y Modificatorias de Estudio de Impacto Ambiental para 19 compañías y organismos del gobierno, por una inversión de más de USD 8.771 millones. De todos ellos, 15 pertenecen al sector minero, tres al de transportes, dos al eléctrico, y uno al sector hidrocarburos.

Entre las empresas con propuestas en evaluación destacan Jinzhao Mining Perú S.A. y Minera Las Bambas S.A. Estas mineras, de capitales chinos, son las que tienen los proyectos con mayor inversión en revisión: USD 1.798’800.000, en el caso de la primera, y USD 1.753’278.879, por parte de Las Bambas. 

Le siguen la Compañía Minera Lincuna S.A., de capital nacional, cuya inversión es de USD 923'685.033. En este contexto, OjoPúblico detectó que el actual ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, se reunió con los directivos de tres compañías mineras que tienen proyectos en evaluación. 

El primero de estos encuentros ocurrió el 28 de febrero pasado, día en que el ministro se reunió con tres representantes de Las Bambas, empresa de capitales chinos que está tramitando su cuarta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental en su unidad minera de Apurímac.

La segunda reunión del titular del sector Ambiente, el 7 de marzo último, fue con representantes de la Minera Boroo Misquichilca S.A. Esta compañía, con capitales de Singapur, tramita el quinto Informe Técnico Sustentatorio de la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de su unidad Lagunas Norte, ubicada en La Libertad. 

Por último, el 26 de marzo pasado, Juan Carlos Castro Vargas recibió en su despacho a cuatro representantes de la Compañía Minera Antapaccay S.A. Esta empresa, perteneciente a la multinacional Glencore, presentó, en diciembre de 2023, su segundo Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para ser evaluado por Senace. El mismo corresponde al proyecto Antapaccay Expansión Tintaya, en Cusco.

OjoPúblico se comunicó con el Minam para consultar sobre estas reuniones y los proyectos de normas que buscan flexibilizar el SEIA. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta. De igual modo, se solicitaron descargos al Minem y a las compañías que se reunieron con el ministro del Ambiente. 

Solo respondió Antapaccay, indicando que se trató de una reunión informativa para presentar la gestión ambiental y social de la empresa ante el ministro y el estado actual del proyecto Coroccohuayco. Según dijeron, no se trató ningún tema vinculado a los procedimientos del Senace.