La revisión de 148 expedientes administrativos para autorizar la exportación de aletas secas de tiburón incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) ––emitidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023–– permitió a la Contraloría General de la República determinar que el Ministerio de la Producción (Produce) expidió 35 permisos de modo irregular.

La entidad de control determinó que los responsables de estos hechos irregulares son siete funcionarios y exfuncionarios del Viceministerio de Pesca y Acuicultura: Jaime de la Torre Obregón, Martín Rodríguez Uribe, Percy Coral Reátegui, Jocabed Canchari Soto, Verónica Caballero Gonzales, Javier Pérez Reyes y Noé Balbín Inga.

Estos permitieron que 24.005,84 kilos de aletas secas de tiburón, valorizadas en USD 883.325,51, sean exportadas desde Perú al mercado internacional, pese a que no se había verificado su procedencia lícita y, por tanto, no cumplían con la normativa de la convención. 

Las beneficiadas con esta acción irregular fueron las empresas Lamarqocha Inversiones S.A.C., Angaff Perú S.A.C., Exportaciones JME E.I.R.L. y Full Moont E.I.R.L. Las tres primeras han liderado las exportaciones de aletas de tiburón, desde Perú, en la última década; y la restante se encuentra en el séptimo puesto, según un análisis de OjoPúblico.

Además, una de ellas —Lamarqocha Inversiones— fue intervenida en 2018, por ser propietaria de parte de uno de los mayores cargamentos de aletas de tiburón de presunto origen ilegal.

Los responsables de la emisión de los permisos irregulares son siete funcionarios del Viceministerio de Pesca y Acuicultura".

Frente a estos hallazgos, contenidos en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 023-2023-2-5301-AC, del 14 de diciembre de 2023, a cargo del Órgano de Control Institucional de Produce, la Contraloría determinó que los presuntos responsables deben ser denunciados penalmente ante el Ministerio Público. Además, recomendó a Produce iniciar un proceso administrativo para sancionarlos también en esa vía.

Esta no es la primera vez que se detectan anomalías en la expedición de los permisos de exportación de aletas de tiburón desde Perú. En noviembre de 2022, este medio expuso un análisis realizado por Oceana Perú a un total de 158 permisos de exportación ––otorgados entre abril de 2017 y octubre de 2021–– y reveló que 91 de estos también se otorgaron de forma irregular.

“Los hallazgos de la Contraloría son preocupantes. Si se han detectado irregularidades, es importante que el ministerio [Produce] tome medidas para identificar y sancionar a los responsables, además de revisar sus procedimientos para evitar que se repita; ya que los permisos Cites son esenciales para asegurar que especies amenazadas sean aprovechadas de forma sostenible y que solo puedan ser exportadas cuando se ha demostrado su origen legal”, dijo a OjoPúblico la abogada Carmen Heck Franco, directora de Políticas de Oceana Perú.

El 10 de noviembre del año pasado, el Comité Permanente de la Cites aprobó suspender el comercio de tiburones incluidos en el Apéndice II desde Ecuador, tras detectar importantes discrepancias en las cifras de exportación, declaradas por ese país, hacia Perú. Asimismo, dispuso que la Secretaría de la Convención pida una invitación a Perú para que una misión haga una evaluación técnica y una verificación sobre el comercio de tiburones en el país. 

En este contexto, las irregularidades detectadas por la Contraloría en la emisión de los permisos de exportación de Perú para los cargamentos de aletas de tiburón cobran, todavía, mayor relevancia.

EXPORTACIONES. Perú es el mayor exportador de aletas de tiburón de la región. Su destino más frecuente es el mercado asiático.

Foto: Sunat

 

Los hallazgos

El comercio de las especies listadas en el Apéndice II de la Cites no está prohibido. Sin embargo, de acuerdo a las reglas de la convención, este debe realizarse siguiendo un procedimiento y cumpliendo varios requisitos.

En esta línea, las empresas que deseen exportar aletas de tiburón desde Perú deben presentar ante la Autoridad Administrativa Cites (Produce) un expediente con su solicitud y, entre otros requerimientos, los Certificados de Desembarque del Recurso Tiburón (CDT). 

Estos documentos son emitidos en los puertos por los fiscalizadores de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, y permiten asegurar la procedencia lícita de la mercancía. Otro aspecto importante es que los CDT solo se pueden usar una vez.

La Contraloría ha dividido sus hallazgos en dos grupos: el primero relacionado a 33 permisos de exportación y, el segundo, comprende a dos de estas autorizaciones.

Tras revisar casi un centenar y medio de expedientes, la entidad de control determinó que funcionarios de Produce otorgaron irregularmente 33 permisos de exportación de aletas de tiburón. Estos documentos permitieron la salida del país de 16.086,44 kilos de recursos en los que no se acreditó su origen lícito.

Los cargamentos del primer grupo de hallazgos estaban valorizados, en conjunto, en USD 677.421,11 y pertenecían a las empresas Angaff Perú S.A.C., Exportaciones JME E.I.R.L. y Lamarqocha Inversiones S.A.C.

HALLAZGOS. Para determinar que los permisos emitidos fueron irregulares la Contraloría revisó 148 expedientes, tramitados entre enero de 2020 y julio de 2023.

Foto: Contraloría General de la República

 

Esto ocurrió porque los funcionarios y servidores del Viceministerio de Pesca y Acuicultura —considerado la Autoridad Administrativa Cites— no advirtieron que los Certificados de Desembarque de Tiburón (CDT) que presentaron las empresas para 26 permisos de exportación ya habían sido usados anteriormente.

Además, otras solicitudes para seis permisos no contaban con la totalidad de CDT y un permiso se tramitó con un CDT que no correspondía a la especie que se solicitaba exportar.

Respecto a los 26 permisos de exportación ––emitidos entre setiembre de 2020 y julio de 2021–– contemplaban una carga de 27.010,75 kilos. Sin embargo, 4.067 kilos de ese total fueron sustentados con 224 CDT que ya habían sido usados previamente.

La empresa Angaff Perú S.A.C. fue la que reutilizó la mayor cantidad de estos documentos: se benefició con 11 permisos para exportar 13.571,16 kilos de aletas de tiburón de las especies Sphyrna zygaena, Isurus Ozirinchus, Alopias pelágicas y Alopias Vulpinus. Sin embargo, los auditores determinaron que 2.038,52 kilos de ese total fueron avalados con 147 CDT que ya habían sido usados antes. En otras palabras, no se acreditó su origen lícito.

Otra de las empresas que empleó ese mecanismo fue Exportaciones JME E.I.R.L. Esta consiguió siete permisos para exportar 6.604,9 kilos de aletas secas de tiburón de las especies Sphyrna zygaena, Isurus Ozirinchus y Alopias Vulpinus. Pero, como en el caso anterior, 789,34 kilos del recurso fueron avalados con 37 certificados ya utilizados. Y, por lo tanto, tampoco se constató su origen lícito.

Del mismo modo, la compañía Lamarqocha Inversiones S.A.C. obtuvo ocho permisos para llevar al mercado extranjero 6.834,69 kilos de aletas de tiburón de las especies Sphyrna zygaena, Isurus Ozirinchus, Alopias pelágicas y Alopias Vulpinus. La auditoría determinó que, de ese total, 1.230,14 kilos también fueron avalados con 40 CDT utilizados anteriormente. Es decir, no se comprobó que no se trate de un cargamento de origen ilícito.

 

En paralelo, en otros seis permisos de exportación no se sustentó la procedencia legal de todo el cargamento. Estas autorizaciones fueron tramitadas entre agosto de 2020 y noviembre de 2022 y contemplaban 13.555,67 kilos de aletas.

Al revisar los documentos, los inspectores encontraron que, de ese total, las empresas solo habían acreditado la procedencia legal de 7.285,13 kilos ––poco más de la mitad del total–– a través de 215 CDT. Los 6.270,54 kilos restantes no tenían sustento. En este caso las empresas involucradas son Angaff Perú S.A.C., Lamarqocha Inversiones S.A.C. y Exportaciones JME E.I.R.L.  

Angaff Perú S.A.C. solicitó permiso para exportar 12.552,18 kilos de aletas. Para validar ese cargamento, presentó 154 CDT que acreditaban 6.500,92 kilos. Sin embargo, no acreditó el origen de los 6.051,26 kilos restantes. Y, aún así, se les otorgó el permiso de exportación.

Lamarqocha Inversiones S.A.C., por su parte, solicitó exportar 333,49 kilos de aletas. En este caso, la compañía presentó 17 CDT que acreditaron 122 kilos. Pero, de nuevo, los 211,49 kilos restantes no tuvieron sustento. Y, a pesar de eso, se dio luz verde a su solicitud.

Finalmente, Exportaciones JME E.I.R.L. pidió autorización para exportar 670 kilos de aletas. Para eso, presentó 44 CDT. Estos avalaron la procedencia legal de 662,21 kilos del producto. Los 7,79 kilos restantes quedaron sin acreditar, pero también consiguió el permiso.

 

Por último, el caso del permiso que no correspondía a la especie que se buscaba exportar involucra a Exportaciones JME E.I.R.L. La Contraloría indicó que, el 9 de setiembre de 2019, esta empresa solicitó permiso para exportar 6.014 kilos de aletas de tiburón de la especie Alopias pelagicus, cuyo desembarque legal sustentó con 136 CDT. 

Sin embargo, los auditores determinaron que solo seis de esos certificados, equivalentes a 265,1 kilos, correspondían a la especie. Las demás, 130 documentos, eran de otras. La falta de revisión adecuada de estos certificados permitió que sacaran del país 5.748,9 kilos de aletas de tiburón sin acreditar su procedencia legal.

Este caso tiene otros detalles importantes. Originalmente, Produce había observado la solicitud debido a que, en el expediente, no se habían adjuntado los CDT, la licencia de operación de planta donde se habían secado las aletas, ni el nombre de la empresa que iba a recibir la mercancía en el extranjero. El plazo concedido para levantar esas observaciones fue de 10 días hábiles, y venció el 29 de octubre de 2019.

Exportaciones JME E.I.R.L. respondió el 16 de diciembre de ese año, es decir 48 días fuera del plazo. En esa oportunidad, la compañía indicó que había presentado los 136 CDT el mismo día que ingresó su solicitud, pero en un documento aparte. 

Además, señaló que el cliente que recibiría el cargamento en el extranjero era Heep Tunh Hong Limited 3/F Shun Kwong Commercial Building 8 Des Voeux Road West. Respecto a la licencia de operación de la planta donde se habían secado las aletas de tiburón dijo que contaban con un protocolo técnico para esa licencia.

Las empresas presentaron certificados ya usados y otros que no avalaban el total del cargamento".

De acuerdo a la Contraloría, la subsanación debió darse por no presentada, teniendo en cuenta que ingresó fuera de plazo. Sin embargo, Produce la aceptó y continuó con el trámite. De ese modo, permitió que, el 17 de enero de 2020, la empresa presentara su licencia de operación de planta, concedida el 6 de diciembre de 2019 por la Dirección Regional de la Producción del Callao. 

En otras palabras, cuando la compañía tramitó su permiso de exportación, en setiembre de 2019, no contaba con la licencia. “Resulta cuestionable que la Autoridad Administrativa Cites haya validado este documento”, remarca el informe de la Contraloría.

En el segundo grupo de hallazgos figuran dos permisos de exportación de aletas secas de tiburón que, en conjunto, avalaron la salida al extranjero de 12.131,50 kilos de ese recurso hidrobiológico. De estos, 7.919,40 kilos, valorizados en USD 205.904,40, fueron exportados contando con permisos emitidos de modo irregular y, por tanto, no se acreditó su procedencia legal. La favorecida en ambos casos fue la empresa Full Moont E.I.R.L.

Para el primer permiso, del 11 de enero de 2023, el gerente general de esa compañía, Enrique Jaramillo Martínez, solicitó autorización para exportar 6.096,50 kilos de aletas de la especie Alopias pelagicus (tiburón zorro pelágico). La empresa extranjera que recepcionaría la carga era Score Rich Trading Company Limited de Hong Kong, según indicó.

En el pedido se mencionaron 58 CDT, pero solo se adjuntaron 32 al expediente. Al revisar estos últimos, los auditores encontraron que siete ya habían sido usados como sustento para otro permiso de exportación, otorgado en diciembre de 2021, a favor de la empresa Morework Trading E.I.R.L. 

INTERVENCIONES. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y Aduanas realizan diversos operativos para incautar aletas de tiburón de procedencia ilegal.

Foto: Sunat

 

Es decir, la compañía solo demostró la veracidad de 25 CDT, que acreditaban el desembarque legal de 3.508,60 kilos, dejando sin acreditación 2.587,90 kilos. Estos últimos estaban valorizados en USD 67.285,40.

El 21 de julio de 2023, luego de que la Autoridad Administrativa Cites de Hong Kong le solicitó información sobre esta operación, Produce ordenó que se revoque el permiso de exportación que había emitido previamente, teniendo en cuenta que se había verificado que la empresa no presentó la totalidad de los CDT. 

En ese momento, le comunicaron la decisión a Sunat. Pero la entidad respondió que esa exportación ya se había realizado el 12 de febrero del mismo año y, por lo tanto, era “un hecho irreversible”.

El otro permiso irregular, con fecha 13 de enero de 2023, también fue otorgado a la empresa Full Moont E.I.R.L. La compañía solicitó autorización para exportar 703,5 kilos de aletas de tiburón, para su cliente Score Rich Trading Company Limited de Hong Kong. 

Para eso, la empresa adjuntó 10 CDT. En ese caso, Produce —tras un acelerado procedimiento, que duró 24 horas— le concedió el permiso para un cargamento casi nueve veces más grande de los solicitado: 6.305 kilos. En otras palabras, autorizó la exportación de 5.331,50 kilos sin sustento de origen legal, valorizados en USD 138.619. 

Como en el caso anterior, el 4 de julio del año pasado, Produce dispuso que se revoque el permiso irregular que había entregado. Sin embargo, la Sunat señaló, una vez más, que no era posible, pues la mercancía ya había sido exportada el 12 de febrero de 2023.

 

Los responsables

En Perú, la Autoridad Administrativa Cites para la exportación de especies hidrobiológicas recae en Produce. De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de esa entidad, la evaluación de las solicitudes de permisos de exportación de las especies listadas en los Apéndices I, II y III debe estar a cargo de la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto. 

La expedición de los permisos, en tanto, es responsabilidad de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto. Ambos organismos dependen del Viceministerio de Pesca y Acuicultura.

La Contraloría determinó que los responsables de la emisión de los 35 permisos de exportación irregulares fueron siete funcionarios del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, quienes fueron parte de la Autoridad Administrativa Cites en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023.

El primero es Jaime Antonio de la Torre Obregón, quien se desempeñó como Autoridad Administrativa Cites desde el 2 de abril de 2019 hasta el 6 de setiembre de 2023. Este servidor público estuvo a cargo de evaluar los expedientes de los 35 permisos expedidos irregularmente y, pese a las graves falencias en la documentación, recomendó que sí correspondía emitir las autorizaciones.

Produce es la Autoridad Administrativa Cites para la exportación de especies hidrobiológicas de Perú".

Los demás responsables son los titulares de la Dirección Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto, por no haber supervisado los procedimientos previos y haber dado el visado, en señal de conformidad, a los informes legales que determinaron la entrega de los 35 permisos de exportación irregulares. 

Estos son Martín Alexis Rodríguez Uribe (ocupó el cargo desde el 10 de mayo de 2019 hasta el 11 de febrero de 2022), Percy Manuel Coral Reátegui (desde el 14 de noviembre de 2022 al 9 de enero de 2023) y Jocabed Canchari Soto (del 10 de enero de 2023 al 12 de abril de 2023).

Por último, también tienen responsabilidad los titulares de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto. En este caso, por haber remitido los permisos a las empresas solicitantes sin haber verificado que estos hayan sido otorgados en cumplimiento de las normas. 

Los mismos fueron identificados por la Contraloría como Verónica Carola Caballero Gonzales (se desempeñó desde el 25 de marzo de 2019 hasta el 2 de noviembre de 2021), Javier Pérez Reyes (del 21 de diciembre de 2021 al 3 de junio de 2022) y Noé Augusto Balbín Inga (asumió el cargo el 22 de diciembre de 2022 y continúa hasta la actualidad).

 

La autoridad de control ha recomendado a la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca de Villanueva, que disponga el inicio de los procesos administrativos que permitan determinar las responsabilidades frente a las irregularidades encontradas.

Asimismo, ordenó que el procurador público especializado en delitos de corrupción de la Contraloría inicie acciones penales ante la Fiscalía en contra de los siete funcionarios y exfuncionarios implicados. 

La Contraloría también advirtió la participación de Enrique Jaramillo Martínez, gerente general de Full Moont E.I.R.L. y Exportaciones JME E.I.R.L.; Jorge Renzo Matías Castillo Martínez, gerente general de Angaff Perú S.A.C., y Amadeo Ángel Sáenz Astuñaupa, gerente general de Lamarqocha Inversiones S.A.C., en estos hechos irregulares. Sin embargo, no tiene facultades para emitir recomendaciones sobre ellos.

OjoPúblico consultó a la Contraloría si ya se presentó la denuncia penal y al Viceministerio de Pesca si es que ya se había iniciado el proceso administrativo contra los implicados. Al cierre de este artículo, no hubo respuesta por parte de ninguna de las entidades.

De igual modo, se intentó recoger los descargos de las empresas involucradas, pero solo se pudo establecer contacto con Lamarqocha Inversiones S.A.C. Una representante de la compañía indicó que su gerente estaba en una reunión. Aunque se le explicó el motivo de la comunicación, se dejó un teléfono de contacto y, posteriormente, se insistió telefónicamente, no hubo respuesta.

RESPONSABLES. La Contraloría determinó que siete funcionarios del Viceministerio de Pesca y Acuicultura emitieron permisos Cites irregulares.

Foto: Andina

 

Otras falencias

El informe de la autoridad de control ha determinado, además de la emisión irregular de 35 permisos de exportación entre enero de 2020 y julio de 2023, otras tres falencias en el proceso de emisión de estos documentos, a cargo de Produce.

La primera de ellas tiene que ver con el incumplimiento de un procedimiento regulado en la convención. Según la misma, la emisión de los permisos de exportación e importación de las especies listadas en la Cites deben estar regulados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Produce.

Sin embargo, desde 2015, el ministerio no cumple este requisito. Por ese motivo, en los últimos años ha otorgado sus permisos en el marco del derecho a la petición, que está regulado por el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

El 7 de julio de 2023, tras detectar este incumplimiento, la Contraloría le hizo una advertencia a Produce, según consta en un Informe de Orientación de Oficio. 

VALORADAS. Las aletas de tiburón son muy requeridas en el mercado asiático, lo que ha generado, en los últimos años, un récord de exportaciones desde Perú.

Foto: Sunat

 

Frente a esa observación, la cartera respondió —dos meses después— que, para incluir ese procedimiento en su TUPA, necesitaban contar con una norma de rango decreto supremo que establezca los requisitos. Eso, añadieron, requeriría un tiempo adicional porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había observado esa propuesta en 2020. 

“De acuerdo a lo expuesto se evidencia que, a pesar de tener un marco normativo sustentado en un decreto ley que dispone la inclusión de los procedimientos de la Convención Cites, Produce no ha cumplido con ello, afectando el cumplimiento de la convención”, remarca el informe de control.

La segunda situación adversa identificada por la Contraloría tiene que ver con la concentración de funciones en el proceso para otorgar los permisos de exportación Cites de aletas secas de tiburón.

En este sentido, el organismo indicó que la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto ha acumulado en un mismo funcionario la función evaluar y tramitar las solicitudes de exportación, así como expedir y suscribir los permisos Cites. 

Esta situación va en contra de lo que señala el ROF. Además, la autoridad de control recordó que la separación de funciones permite reducir los riesgos de error o fraude, al contar con revisiones y supervisiones de los pasos previos del proceso.

Sumado a estos dos hechos, el organismo encontró falencias en la base de datos denominada “Registro Cites”, de la Dirección General de Pesca de Consumo Humano Directo e Indirecto, donde se registran los Certificados de Desembarque del Recurso Tiburón (CDT).

El Órgano de Control Interno de Produce revisó la mencionada base de datos y detectó 68 inconsistencias: 14 CDT registrados no eran los mismos que fueron presentados por las empresas en sus expedientes, 13 CDT no figuraban en el expediente administrativo y 41 CDT presentados no fueron registrados en la base de datos, pese a estar en los expedientes.

El incorrecto registro de los CTD, destacó la Contraloría, genera la posibilidad de que estos sean reutilizados y se otorguen permisos al margen de la ley, como ha ocurrido entre enero de 2020 y julio de 2023.

 

*Este reportaje fue desarrollado como parte de la Red de Informes Oceánicos del Centro Pulitzer.