RETO. Jorge Pérez Rubio dejará ORPIO para asumir el liderazgo de Aidesep.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la principal organización indígena del Perú, ya tiene nueva junta directiva para el período 2021-2026. Estará presidida por Jorge Pérez Rubio, líder del pueblo murui-muinani —conocido también como huitoto—, quien dejará su cargo como presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio). La elección se realizó en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en un congreso desarrollado en la ciudad amazónica de Pucallpa, en Ucayali.
En el evento participaron 137 líderes de las regiones Ucayali, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Huánuco, Junín, Amazonas y Cusco. La nueva junta directiva para los próximos cinco años quedó conformada de la siguiente manera: Jorge Pérez Rubio (presidente), Miguel Guimaraes Vásquez (vicepresidente), Tadea Casique Coronado (secretaria), Julio Cusirichi Palacios (tesorero), Teresita Antazú López (primera vocal) y Nelsith Sangama Sangama (segunda vocal).
El líder shipibo Miguel Guimaraes es el actual presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), que lucha desde hace años por los derechos de la comunidad Flor de Ucayali. Por su parte, Julio Cusurichi se desempeña como presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). Ambos deberán dejar sus cargos regionales.
Es la primera vez que la junta directiva de Aidesep estará integrada por igual número de mujeres y varones. Tadea Casique es una lideresa asháninka, Teresita Antazú proviene del pueblo yanesha y Nelsith Sangama, de los kichwa. Además, el período de gobierno se ha ampliado de 3 a 5 años, según un acuerdo del consejo indígena adoptado el 9 de agosto.
Es la primera vez que la junta directiva de Aidesep estará integrada por igual número de mujeres y varones".
Aidesep reúne a 109 federaciones de nueve bases regionales. OjoPúblico entrevistó a Jorge Pérez Rubio (46), quien asume el máximo cargo como líder indígena al cumplir 200 años de independencia del Perú y más de 500 años de resistencia indígena desde la colonización de los españoles. El apu señala cuáles serán sus prioridades, en un contexto político de promesas de reivindicación cultural ofrecidas por el Gobierno del presidente Pedro Castillo y de violencia creciente contra los defensores ambientales.
A los 17 años, el líder indígena estudió la carrera técnica de Contabilidad gracias a una beca de Aidesep. También trabajó en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
¿Cuáles serán los proyectos que impulsará desde Aidesep, en el Bicentenario del Perú?
Vamos a impulsar los ejes que trabaja Aidesep desde hace años: educación intercultural bilingüe, mujer indígena, defensores ambientales [que son asesinados por narcotraficantes y otras actividades criminales]. También continuaremos con la defensa del territorio, a través de la titulación de las comunidades, la creación de reservas indígenas, la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y otros temas como la economía indígena, que se ha visto afectada por la pandemia. En ese sentido, solicitaremos al Gobierno que invierta en emprendimientos indígenas.
Además, buscaremos la representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la República, a través de una ley que nos permita tener un distrito electoral con quince curules para los indígenas. La manera de elegir a nuestros representantes para el Parlamento será de acuerdo a nuestras tradiciones.
El presidente Pedro Castillo ha señalado que su gobierno será pluricultural. ¿Qué demandas le han planteado?
Los anteriores presidentes no escucharon nuestro pedido, esperamos que ahora sea distinto. Aidesep ha planteado al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, que el Gobierno destine el 1% del PBI [más de S/ 80 millones] para los pueblos indígenas. Porque para financiar los principales proyectos del pueblo indígena necesitamos presupuesto del gobierno. En la actualidad trabajamos con el apoyo de la cooperación internacional, pero cada año [la ayuda] se reduce .
Los pueblos indígenas hemos apoyado al profesor Pedro Castillo, con quien ya hemos conversado. Esperamos que el gabinete reciba el voto de confianza y solicitaremos una reunión grande para fijar la agenda del pueblo indígena que trabajará esta gestión. Lo que nos interesa es que las demandas indígenas sean incluidas en las políticas del gobierno.
Han asesinado a 9 líderes indígenas en pandemia. ¿Qué se plantea desde Aidesep para frenar estos crímenes?
Es un grave problema, porque el territorio de los pueblos indígenas es acechado por los ilegales: narcotraficantes, mineros, taladores de madera e invasores de tierras. Aidesep solicita que el Ejecutivo vuelva a poner en agenda del nuevo Congreso la aprobación del Acuerdo de Escazú, a fin de que la comunidad internacional disponga de fondos y mecanismos legales para proteger el territorio de invasores y defender a nuestros hermanos amenazados. La sociedad civil no puede enfrentarse al narcotráfico y otras actividades ilegales. Eso es un trabajo que debe hacer el Estado.
Otro de los problemas es la falta de titulación y georeferenciación de las comunidades. ¿Cómo impulsará este proceso, que está estancado hace años en los Gobiernos regionales?
En Loreto, de donde provengo, no hay problemas [de titulación]. Venimos titulando las comunidades junto con la cooperación internacional. El único inconveniente es que la tercera etapa del proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú no funciona. Evaluaremos si continuamos o no con este proyecto, porque no ha titulado ni un centímetro en la Amazonía. Pero, los fondos se siguen gastando, sin ningún beneficio en la práctica. [Se trata de un proyecto financiado con fondos públicos y dinero prestado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)].
Entre 2001 y mediados del 2021, en el Perú se han deforestado más de 2,6 millones de hectáreas de bosques. ¿Cómo podemos frenar esto?
Hay mecanismos para monitorear el territorio indígena, a través del uso de las tecnologías, como drones, que sirven para lanzar alertas. También hay un mecanismo de compensaciones para quienes cuidan el bosque. Se llama Programa Nacional de Conservación de Bosques, del Ministerio del Ambiente.
Sin embargo, el Estado debe reconocer públicamente a los monitores ambientales indígenas. Incluso había un proyecto en el Congreso, pero no fue aprobado. No se trata solo de entregar un certificado, sino de brindar las facilidades económicas y logísticas para defender nuestro territorio.
El año pasado murieron por disparos de bala tres indígenas kukama en Loreto en una protesta contra PetroTal. ¿Cuánto ha avanzado esa investigación?
Hemos presentado una denuncia penal por crimen del Estado e insistimos para que se conforme una comisión investigadora en el Congreso. Sin embargo, ha transcurrido un año y no vemos resultados. La policía y la Fiscalía quieren culpar a los indígenas por las muertes de nuestros hermanos. Hemos publicado videos que demuestran que los pueblos indígenas no usamos ningún arma de fuego, pero no nos escuchan. Seguiremos con la defensa legal a fin de darle a las viudas y huérfanos una compensación económica.
En cuanto a la explotación petrolera, ¿qué propondrá en específico?
Hay zonas donde no se puede extraer petróleo, por ejemplo los pueblos en aislamiento y toda clase de reservas. Sin embargo, existen concesiones, a pesar de que [las empresas] no respetan los estándares de calidad para la protección de los ríos y las quebradas.
El Estado debe fiscalizar más y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene que supervisar adecuadamente estos hechos [derrames]. Como pueblos indígenas pedimos que no contaminen nuestras principales fuentes de vida. Respetaremos las decisiones de los pueblos awajún, wampís y matsés que dicen “en nuestro territorio no va haber petróleo”.
Pero en las zonas donde sí se acepta el petróleo y se ha creado una sinergia económica con la empresa petrolera, pediremos mayor control ambiental para evitar derrames. Lo que pido a mis hermanos es que trabajemos unidos para hacer llegar nuestra voz de reclamo.