Los indígenas de nueve países amazónicos, agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), declararon este miércoles en emergencia los derechos humanos de los defensores y defensoras indígenas de la Amazonía. Los líderes señalaron que desde el año pasado, durante la pandemia, se ha incrementado el asesinato de defensores ambientales, así como las presiones de las actividades ilegales sobre los territorios indígenas en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam.

Gregorio Díaz Mirabal, coordinador regional de Coica y otros líderes indígenas amazónicos, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y otros organismos internacionales, "un enérgico pronunciamiento" hacia los gobiernos de estos países para que cumplan con la protección del territorio indígena y de sus líderes. 

Según Front Line Defenders, el 2020 se registraron 331 asesinatos de defensores de derechos humanos en todo el mundo, de los cuales 222 personas eran líderes que defendían el ambiente. De esa cifra, 86 eran defensores indígenas de la Amazonía. Se trata de un alarmante incremento respecto al 2019 (80% más), cuando se reportaron 122 líderes ambientales asesinados. 

El 2020 se registraron 222 asesinatos de defensores ambientales, según Front Line Defenders". 

En lo que va del 2021, la Coica ya ha reportado 19 indígenas asesinados: 3 en Perú y otros 16 en Colombia. En el caso de Perú se trata de Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano, ambos de Ucayali. También se incluye a Estela Casanto Mauricio, de Junín. En los tres casos las investigaciones fiscales continúan en investigación preparatoria. 

Gregorio Díaz Mirabal señaló que la criminalidad contra los defensores indígenas se incrementó durante el 2020, debido a que todos los esfuerzos están concentrados en la lucha contra la Covid-19. “La defensa de la vida es un derecho reconocido para los pueblos indígenas. No es posible que en pleno siglo XXI sigamos siendo amenazados, perseguidos y asesinados por defender la tierra, la Amazonía y la vida”, dijo preocupado en una conferencia de prensa. 

A su turno, Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep de Ucayali, consideró que no hay voluntad de las autoridades locales ni nacionales en impulsar políticas de protección para los defensores ambientales e indígenas. El líder solicitó la implementación del Acuerdo de Escazú, un mecanismo que, a su juicio, garantizará el acceso a la información, el cumplimiento de derechos humanos y la protección efectiva de los defensores.

Berlín Diques pidió a las autoridades peruanas implementar el Acuerdo de Escazú". 

El líder indígena peruano recordó que el año pasado los congresistas no aprobaron dicho acuerdo bajo los falsos argumentos de que suponía “la pérdida de soberanía del territorio”. “Durante la pandemia las actividades ilegales se han incrementado y amenazan la vida de las comunidades. Solo en en Ucayali la Gerencia Forestal ha identificado 64 pistas de aterrizaje que son usadas para el narcotráfico”, alertó. 

Por su parte, el líder de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Óscar Daza, denunció que los gobiernos de Latinoamérica priorizan las inversiones privadas en sectores como minería y agricultura, antes que la vida en la Amazonía.

Protectores del ambiente 

Front Line Defenders, una organización de defensa de los derechos humanos fundada en Dublín, señala en su reporte que el año pasado fueron asesinadas ocho personas consideradas por las organizaciones indígenas y el estado como defensores ambientales: cuatro indígenas de Huánuco, Ucayali y Junín; tres ambientalistas de Lambayeque, Madre de Dios y Amazonas y un obrero de Sullana (Piura).

El primer caso fue el de Arbildo Meléndez,  líder de la comunidad cacataibo Unipacuyacu, en Huánuco, quien el último lunes cumplió un año desde que fuera asesinado. Al respecto, la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca) dijo a OjoPúblico que este año no se ha avanzado lo suficiente en la investigación fiscal que se le sigue al autor material del asesinato: Abel Ibarra Córdoba. 

El hombre confesó el 13 de abril del 2020, al día siguiente de la muerte del apu, que era el autor del crimen contra Meléndez, pero en la actualidad afronta el proceso en libertad. En un pronunciamiento, Fenacoca además denunció que el Gobierno Regional de Huánuco no avanza con el proceso de titulación de la comunidad Unipacuyacu. Esta lleva 25 años esperando su titulación, desde que fue reconocida.  

Solo en en Ucayali se han identificado 64 pistas de aterrizaje usadas para el narcotráfico.

Otro caso que recoge Front Line Defenders es el asesinato del indígena Benjamín Ríos Urimish (25) de la comunidad Kipachari, Ucayali. Según la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) el indígena fue asesinado por presuntos narcotraficantes que operan en esta zona. . 

Un tercer caso es del indígena Gonzalo Pío Flores, de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, en Junín. Él y su esposa Maribel Casancho fueron secuestrados,  torturados y, en el caso de Pio, asesinado por personas desconocidas. 

Otro indígena asesinado el año pasado fue Santiago Vega Chota, de la comunidad Sinchi Roca I, Ucayali, que fue encontrado con las manos cortadas y con un disparo en el corazón, en la selva de San Alejandro, el 22 de julio del año pasado. Chota también era integrante de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo. El líder de esta organización, Herlin Odicio, dijo a OjoPúblico que este caso tampoco presenta avances por parte de la fiscalía. 

El informe de Front Line Defenders también considera los asesinatos de los defensores ambientales Lorenzo Wampagkit Yampik (Amazonas), Roberto Carlos Pacheco Villanueva (Madre de Dios) y Jose Jorge Saavedra Muñoz (Lambayeque).

Durante el primer trimestre de este año se han reportado tres muertes en la Amazonía de Perú: Herasmo García Grau, de la comunidad Sinchi Roca, quien fue encontrado sin vida el 26 de febrero con golpes y un disparo; Yenes Ríos Bonsano, de la comunidad de Pueblo Nuevo, provincia de Padre Abad; y Estela Casanto Mauricio, fundadora de la comunidad nativa Shankivironi, ubicada en el valle del Perené (Junín).