El Perú comparte una frontera con Brasil de 2.822 kilómetros, la más grande en comparación con otros países vecinos, y que comprende los territorios de las regiones de Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Esta extensa frontera amazónica es de interés estratégico por su biodiversidad, ríos, lagunas, variedad cultural y, por supuesto, una ubicación privilegiada que permite el acceso al océano Pacífico y Atlántico, destaca el estudio “Fronteras Perú y Brasil, espacio de integración y cooperación” de Itala Laurente y Eduardo Ernesto Fillipi. 

La frontera común entre Perú y Brasil alberga también a los pueblos asháninka, ticuna, matsés y yagua y población en aislamiento voluntario como los iskonawas, por lo que diversas organizaciones indígenas han cuestionado que su situación no haya sido tomada en cuenta en la declaración conjunta que los presidentes de Perú, Pedro Castillo, y de Brasil, Jair Bolsonaro, firmaron el pasado 3 de febrero en la ciudad de Porto Velho. El documento, por el contrario, prioriza temas comerciales, carreteras, la lucha contra la Covid-19 y la exploración de inversiones en la frontera amazónica. La problemática ambiental y la situación de los pueblos indígenas de ambos países son los dos grandes temas ausentes en la agenda bilateral. 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización que agrupa a más de 1.800 comunidades indígenas amazónicas del Perú, ha criticado que el presidente Castillo se muestre cercano a Bolsonaro, quien defiende la explotación económica de la Amazonía brasileña incluso en reservas indígenas, lo que se evidencia con la creciente deforestación de esta selva tropical que el 2021 registró la mayor área degradada de los últimos 15 años según el Observatorio del Clima. 

El acuerdo conjunto enfatiza la cooperación fronteriza para mejorar servicios sanitarios, conectividad y defensa de la población que vive en la frontera. “Es una declaración general, hay mucho formalismo y se habla de políticas ya implementadas, sin embargo, el tema fronterizo es clave para mejorar la cobertura de los estados”, señala Óscar Vidarte Arévalo, internacionalista y profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

FRONTERAS. Perú y Brasil comparten una amplia diversidad cultural y ambiental, pero también actividades ilegales que deforestan la selva amazónica.

Foto: Andina

La exportación hacia Brasil es mínima
 

La declaratoria de los presidentes Castillo y Bolsonaro destaca que en el 2021 el comercio bilateral entre ambos países alcanzó US$ 4,300 millones, lo que representa la recuperación económica después del primer año de pandemia cuando se llegó a US$ 2,623 millones, según el reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, “la cifra en conjunto no advierte que el Perú compra más a Brasil. Es decir, las cifras de exportación aún son mínimas”, refiere Juan Carlos Ladines Azalia, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico.

En el 2020, el Perú solo exportó US$ 753,615 a Brasil. De esta cantidad, los principales productos son primarios, como el cobre, minerales y combustible; y recién en sexto lugar están las prendas de vestir, un producto elaborado por industrias peruanas. El Perú necesita impulsar su industria y mejorar su oferta de manufactura antes de pensar en conexiones terrestres que no serán útiles sin productos que sacar al mercado, explica Ladines Azalia. Las diferencias en la cantidad de exportación al mundo también son grandes entre ambos países: Perú exportó a nivel mundial US$ 38’ 757,234 millones en el 2020, mientras que el gigante brasileño llegó a US$ 158’ 786,825 millones.

Al igual que Vidarte Arévalo, Ladines Azalia refiere que los temas económicos y comerciales planteados en la declaratoria no aterrizan a sectores concretos, sino mencionan generalidades que ya existen en otros tratados de libre comercio. 

Por su parte, Silvana Baldovino Beas, directora de programas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), indica que el Perú debe trabajar en planes de desarrollo integral y búsqueda de mercados seguros para que la micro, pequeña y mediana empresa nacional incrementen  sus exportaciones. Sin ese trabajo previo no se puede hablar de mejorar la economía si nosotros solo compramos a Brasil”, afirma. De lo contrario, se continuará impulsando inversiones a alto costo ambiental sin beneficios para el país como la carretera Interoceánica, que es utilizada mayormente por las empresas brasileñas, mientras que en el lado peruano no hay industria preparada para exportar en gran cantidad, dice Baldovino Beas.

 

Conectividad y narcotráfico
 

En la declaración se reiteró la intención del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de conectar por vía terrestre las ciudades de Cruzeiro do Sul (AC) y Pucallpa (Ucayali), a las que atribuye un gran potencial para incrementar la integración económica. Ante esto, la Organización Para el Desarrollo y el Bien Común del Pueblo Iskonawa (ODBCPI) emitió un pronunciamiento donde rechaza el proyecto que fue observado por el Ministerio del Ambiente porque el trazo planteado generaría impactos sobre el Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Indígena Isconahua, donde viven indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci).

Según Féliz Ochavano, presidente de los Iskonawas en Perú, en la actualidad cuentan con un pueblo de 144 integrantes considerados en contacto inicial que viven en las comunidades Chachibai y Callería en la región Ucayali. Si bien esta organización no está a cargo de la coadministración de la reserva “si es su deber defender la integridad de los hermanos aislados”, refiere.

AUSENTES. Las organizaciones indígenas de Perú cuestionan que no se les haya tomado en cuenta en la declaración de los presidentes Castillo y Bolsonaro.

Foto: Andina

En 1950, un grupo de 30 indígenas iskonawas salieron de su territorio ancestral —ubicado en el distrito de Callería (Ucayali), entre la frontera de Perú y Brasil, y ahora categorizado como una reserva territorial para población Piaci— junto a misioneros franciscanos. De ellos, a la fecha solo cinco indígenas siguen vivos, manteniendo su lengua y tradiciones. “Abrir una carretera que pase por la reserva sería el genocidio de nuestro pueblo, el contacto con nuevas enfermedades provocará la muerte de nuestros hermanos, de la misma forma como murieron nuestros abuelos”, indica Ochavano a OjoPúblico.

Abrir carreteras en la Amazonía implica grandes costos ambientales y culturales, advierte Ciro Salazar, especialista en la ONG Derecho Ambiental y Recursos Naturales (DAR). “Construir una carretera trae deforestación y cambios de uso de suelo que pueden traer enfermedades metaxénicas. Además, se altera el ambiente de los animales lo que genera que la población indígena deba movilizarse más para cazar”, señala. 

El experto advierte que abrir la carretera cerca al río Abujao solo beneficiaría a las economías ilegales que operan  en la zona, como la minería ilegal y el narcotráfico. “Se suele privilegiar la conectividad y no se habla de los impactos negativos y el alto costo ambiental que traen las carreteras en la Amazonía”, agrega. 

En la actualidad, Perú es el segundo productor mundial de hoja de coca, luego de Colombia. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) identificó 61.777 hectáreas del cultivo ilegal en el 2020 en Perú, un 13 % más en comparación con el año anterior cuando se registró 54.655 hectáreas. Este insumo, ya procesado como cocaína, es trasladado en grandes cantidades a Brasil, Chile, Argentina y Bolivia para su uso en la región o en transbordo a Europa y África.

Sin embargo, según un estudio de la Asociación ProPurús, DAR y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) existiría 7.000 ha de cultivos de hoja de coca solo en la región Ucayali y no las 3.822 que reporta Devida. Este informe también recoge testimonios de líderes y población indígena que ha sido amenazada durante los últimos dos años por su labor de protección de la Amazonía. En Perú, doce defensores ambientales fueron asesinados por su lucha contra las actividades ilícitas.

Abrir carreteras en la Amazonía implica grandes costos ambientales y culturales que cambian la forma de vida de la población indígena".

La agenda bilateral reconoce la importancia de instancias de coordinación para combatir las actividades ilícitas transfronterizas, como el narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. Sin embargo, no se plantean acciones conjuntas ni plazos de intervención. 

“Las áreas de expansión cocalera y fronteras no son mapeadas adecuadamente. No hay acciones concretas más allá de las declaratorias para luchar contra el tráfico de drogas, tierras, madera”, sostiene Iván Brehaut, director de programas de la Asociación ProPurús.

La declaratoria también menciona iniciar las negociaciones para el establecimiento de un corredor multimodal que una a la provincia de Purús (Ucayali) con Puerto Maldonado (Madre de Dios), Río Branco y Manoel Urbano (Acre), pero no se consideran  mecanismos de gobernanza (información, diálogo intercultural y consulta previa) con la población indígena que vive en esos territorios. 

El documento ratifica, además, el interés en establecer un corredor fluvial entre Brasil y Perú a través de las ciudades de Yurimaguas, Iquitos y Manaos, a lo largo de los ríos de la cuenca amazónica. “Los gobiernos pretenden dar más peso a las inversiones económicas sin medir el impacto que causará en el cambio de hábitos y formas de vida de la población indígena”, indica Brehaut.

ORAU, la principal organización indígena en la región Ucayali, también cuestionó a través de un comunicado la intención de abrir carreteras en la Amazonía sin pensar antes en la lucha contra el narcotráfico.
 

Salud y lucha contra la pandemia
 

La cooperación sanitaria y la lucha contra la pandemia también figuran en la declaración conjunta de Perú y Brasil con el fin de reactivar la economía y la apertura de fronteras entre ambos países. El documento precisa la promoción del acceso justo y equitativo a las vacunas, tecnologías de salud y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud. 

Durante la reunión de los mandatarios de ambos países, el Ministerio de Salud de Brasil y el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) firmaron un memorándum de entendimiento para promover un programa de cooperación en salud con énfasis en el funcionamiento de los sistemas de información; telemedicina; regulación financiera de los servicios de salud y capacitación de recursos humanos para la atención primaria de salud. La declaración conjunta no menciona si estos esfuerzos también comprenderán a la población indígena.

En el segundo año de la pandemia, el Perú tiene como objetivo cubrir los déficit de vacunación en los pueblos indígenas, originarios y el pueblo afroperuano. En tanto, el gobierno de Bolsonaro ha sido cuestionado por su gestión de la pandemia y, en especial, por la demora en adoptar medidas para proteger a los pueblos indígenas más aislados. 

OMISIÓN. La necesidad de avanzar en la vacunación contra la Covid-19 de las poblaciones indígenas no se menciona en el reciente acuerdo de Castillo y Bolsonaro. 

Foto: Fenamad

La colaboración conjunta en materia de salud es una demanda constante de los líderes indígenas que viven en la frontera, donde los servicios de salud son escasos y deben viajar por horas por río o carretera para llegar a un centro de salud. Un ejemplo de esta situación es lo que vive la comunidad asháninka Alto Tamaya Saweto, ubicada en la frontera entre Perú y Brasil. Perdió a sus líderes en el 2014 por enfrentarse a la tala ilegal, resistió la invasión de su territorio por actividades ilegales y desde el 2020 luchan contra la Covid-19 utilizando sus plantas medicinales, sin la ayuda de ambos gobiernos. 

Diana Ríos, lideresa de la comunidad, solicitó en varias oportunidades conexiones aéreas para que brigadas de salud intercultural ingresaran al territorio indígena a vacunar contra la influenza y el SARS-CoV-2 así como para atender a los enfermos de dengue y gripe. Sin embargo, este pedido solo fue atendido una vez en agosto del 2021, pero en esa oportunidad la población indígena se negó a inmunizarse por falta de información. “Los líderes estamos concientizando a la población para que acepten la vacuna contra la Covid-19 esta vez”, asegura.

Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, indica que si bien el Perú registra avances importantes en el promedio nacional de vacunación contra la Covid-19, en las zonas de difícil acceso, las comunidades amazónicas presentan cifras de vacunación preocupantes. Por ello, dice, se requiere contar con puentes aéreos para el traslado de las brigadas de vacunación, tanto de Perú como de Brasil, y que estas tengan personal con competencias interculturales como hablar el idioma del pueblo y conocimiento de la cultura y tradiciones de las etnias.

Además, los establecimientos de salud en la frontera presentan graves problemas estructurales, déficit de profesionales de la salud, falta de equipamiento, medicinas y vehículos de emergencia. Por ello, Julio Cusurichi Palacios, tesorero de Aidesep y ganador del premio ambiental Goldman en el 2007, cuestionó que la declaratoria firmada por Bolsonaro y Castillo no tome en cuenta la resolución de estas carencias históricas en el territorio indígena. 

“La declaratoria no aterriza en el problema fundamental de la salud en la frontera: no hay establecimientos ni profesionales, mucho menos una atención intercultural de acuerdo a cada pueblo. La prioridad de los gobiernos debe ser preservar la diversidad cultural y ambiental”, anota el líder.