Actualización 11 de noviembre

El avance de los cultivos ilícitos de la hoja de coca en el país ha incrementado la tensión y violencia en la Amazonía. En solo un año, el Perú pasó de tener 54,655 hectáreas (ha) del cultivo ilícito a 61,777 ha en 14 zonas cocaleras en 13 regiones, lo que representa un incremento del 13 % a nivel nacional, según el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Las cifras señalan que las cuencas cocaleras de Callería (Ucayali), Pichis-Palcazú-Pachitea (Huánuco y Pasco), Bajo Amazonas (Loreto) y Aguaytía (Ucayali) tienen una producción superior al 50 % en comparación con las cifras del 2019.  

Quince distritos de Puno, Ayacucho, Ucayali, Loreto y Junín concentran la mayor cantidad de hectáreas (ha) de hoja de coca con más de 1.500 ha cada una, de acuerdo al informe de Devida. Estos se encuentran en las zonas del Vraem (9 distritos) — con el 45,3% de la superficie cultivada a nivel nacional—, en Inambari-Tambopata (2), Bajo Amazonas (1), Putumayo (1), Callería (1) y Kosñipata (1).

Asimismo, el informe de Devida señala que el 2020 se identificó una extensión de 5.902 ha de cultivos de coca en los territorios de pueblos indígenas. Esta situación representa un incremento del 19 % de superficie cultivada registrada el 2019. “[Esto] implica una grave amenaza para la seguridad de las poblaciones indígenas, quienes se ven obligados a ser desplazados de sus territorios por parte de organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas”, señala el documento.

En el 2019 ya se registraban ataques a la población indígena que vive en Huánuco, como reportó OjoPúblico, pero, durante este año y ocho meses de pandemia, las agresiones y asesinatos se incrementaron con la muerte de seis defensores ambientales, cuatro de ellos eran indígenas que vivían en zonas cocaleras. La cifra de muertes es superior a la del 2019, cuando se registró el homicidio del joven indígena kukama Cristian Jara Ríos, monitor ambiental en la comunidad La Petrolera, en Loreto, según Global Witness.

SPACEOP. El miércoles 10 de noviembre conversamos con Ruben Vargas (Enaco), el sociólogo y experto en política antidrogas Álvaro Pastor y el dirigente de La Convención Sergio Sota. 

Ante esta situación, los pueblos indígenas, de diferentes regiones, está adoptando diversos mecanismos de defensa que incluyen guardias y brigadas en sus pueblos. Sin embargo, la reciente designación de Ricardo Soberón Garrido como presidente ejecutivo de Devida ha generado la reacción de las organizaciones afectadas por el incremento de la violencia ante la expansión del narcotráfico en sus territorios. 

Soberón Garrido, quien ya ocupó dicho cargo en el 2011 durante la gestión del expresidente Ollanta Humala, fue vinculado a organizaciones cocaleras cuya agenda es promover una ley para legalizar el cultivo de la hoja de coca. 

La primera agrupación indígena en pronunciarse ha sido la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), la cual representa a más de 360 comunidades de Ucayali, Huánuco y Loreto. Indican que ven con mucha preocupación los posibles cambios en la política antidrogas en el país. "Cualquier cambio en las políticas antidrogas en el Perú deben ser para corregir los crímenes [contra las comunidades amenazadas por el narcotráfico], cometidos por funcionarios y por dirigentes cocaleros que ahora parecen estar representados en el Estado", señala el comunicado de ORAU.

“Exigimos al señor presidente de la República, Pedro Castillo, a la premier Mirtha Vásquez y al ministro del Interior Avelino Guillén que expongan con claridad cuál es la posición del Estado Peruano en relación al narcotráfico y a la expansión de los cultivos de coca en la Amazonía Peruana. No vamos, de ninguna forma, a tolerar que los nuevos funcionarios designados por el gobierno pretendan favorecer los intereses de quienes nos arrebatan nuestros territorios, asesinan a nuestros líderes y roban nuestro futuro”, indica ORAU. Más de 50 comunidades son amenazadas directamente por el narcotráfico, señala el comunicado de esta organización. 

En tanto, a través de un comunicado, las organizaciones indígenas de la Central Asháninka del Río Ene y Río Tambo rechazaron la designación de Soberón Garrido en el cargo de presidente ejecutivo de Devida y piden su remoción porque "promueve la producción de la materia prima del narcotráfico [hoja de coca]" y fue abogado de las organizaciones cocaleras. 

Así mismo, hace un llamado a la comunidad internacional y la Defensoría del Pueblo para que actúen en defensa de los indígenas que vienen siendo asesinados, amenazados por cocaleros, narcotraficantes locales y terroristas que ponen en peligro la vida de las poblaciones asháninkas, ashéninkas, nomahiguengas del Vraem. 

También ayer, pero en un sentido contrario, la Federación de Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae) publicó un comunicado. Y en el documento saludó la designación de Ricardo Soberón como nuevo presidente: "Ha sido un permanente aliado y asesor de las organizaciones cocaleras". En el comunicado, la federación del valle que más hoja de coca produce y que se destina al narcotráfico, solicitó la paralización de la erradicación y la legalización de los cultivos en todas las cuencas. 

En Perú, la zona que concentra el mayor consumo tradicional es el valle de La Convención, en Cusco. 

En respuesta a los cuestionamientos, Devida ha respondido, a través de su cuenta de Twitter, citando las declaraciones de Ricardo Soberón que "la erradicación de cultivos de hoja de coca es una política articulada del Estado y debe cumplirse" y que trabajaran para romper "el círculo vicioso permanente de cultivos erradicados, cultivos sembrados" impulsando un desarrollo alternativo, integral y sostenible.

Las guardias de kakataibos y shipibos 

Eran las 2 de la tarde del último 31 de octubre, cuando una embarcación con cuatro foráneos surcaba el río Tambo, en el territorio indígena de la región Junín que forma parte del Valle de los ríos Ene, Apurímac y Mantaro (Vraem). En la orilla, los integrantes de la Central Asháninka del Río Tambo (CART) vigilaban el paso fluvial cuando les llamó la atención la actitud sospechosa de los tripulantes. Decidieron seguirlos durante varias horas para ver sus movimientos. La embarcación fue intervenida a las 10 de la noche. Al inspeccionar el peque peque, los indígenas hallaron 200 kilos de cocaína que iban rumbo a Madre de Dios y después a Bolivia.

El líder de la CART, Fabián Antúnez Camacho, indicó a OjoPúblico que la presencia del narcotráfico se ha incrementado en su territorio y, por lo tanto, las intervenciones que realizan son constantes. En apenas una semana —del 25 al 31 de octubre— en varias intervenciones retuvieron una tonelada de droga que se trasladaba por el río y la entregaron a la Policía.

“Antes existían sospechas de que [los cargamentos de cocaína] pasaban por nuestro territorio, ahora la actividad [del narcotráfico] se realiza al aire libre, ya no tienen temor”, señaló el apu asháninka Antúnez Camacho. Esta función de vigilancia y rechazo a la hoja de coca los coloca en una posición de vulnerabilidad, tal y como está ocurriendo en comunidades indígenas de Ucayali.

Hace dos semanas, el líder de la comunidad Yamino, Claudio Pérez, logró huir de dos extraños que lo seguían en una camioneta. “Se dio cuenta a tiempo y pudo refugiarse en la comunidad de Shambo Porvenir, en Ucayali. Creemos que lo buscaban para matarlo porque una semana antes fue golpeado por otros dos colonos”, cuenta el líder Willy Pino Bolívar, representante de la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo (Fenacoka). 

El apu señaló que estos recientes ataques se han producido porque los líderes han solicitado la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca en el territorio kakataibo. El Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) solo ha ingresado a las comunidades de Yamino y Mariscal Cáceres y faltan otras diez.

Tras la erradicación, las comunidades de los kakataibos quedan desprotegidas y las amenazas se intensifican ya que como pueblo han decidido luchar contra el narcotráfico tras los asesinatos de cuatro de sus líderes durante la pandemia, refiere Pino Bolívar. Recientemente, los apus han recibido llamadas de desconocidos que les dicen que los matarán si se siguen metiendo con ellos. Frente a estos hechos, el pueblo kakataibo organiza rondas indígenas para defenderse de un posible ataque. 

Cada ronda está conformada por 20 indígenas mayores de 18 años sin antecedentes penales, quienes se encargan de recorrer el territorio para detectar cultivos de hoja de coca, zonas deforestadas, pozos de maceración o narcopistas. Luego, se informa a las autoridades y se alerta a la comunidad para evitar acercamientos a estos lugares. Los indígenas están provistos de arcos, flechas y algunas escopetas.

TRADICIÓN. Los indígenas realizan el monitoreo de sus territorios con arcos y flechas.

Foto: Leslie Searles

Por su parte, las comunidades shipibos-konibos también han empezado a implementar sus guardias indígenas en cada comunidad. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con la población de Caimito, ubicada a orillas de la laguna del Imiría, en Ucayali, que ante conflictos con los menonitas, la tala ilegal y los cultivos de hoja de coca se organizan desde abril de este año para vigilar el territorio. Su guardia está conformada por 15 varones y 5 mujeres que realizan patrullajes rutinarios cada semana y cuando se presenta una emergencia dentro de los linderos de su comunidad, detalló el presidente del grupo, Raúl Amaringo Cruz.

“La conformación de guardias indígenas es una estrategia que está usando el Consejo Shipibo Konibo Xebeto como parte de su proyecto de autonomía. El pueblo se está organizando para defender el territorio”, indicó William Barbarán González, indígena shipibo e integrante de la Organización Regional Aidesep Ucayali. La implementación de las guardias con uniformes, armas (flechas y machetes), movilidad (furgonetas y peque peque) y equipos de comunicación están a cargo de cada comunidad. 

En tanto, la estrategia del pueblo asháninka se enfoca en tener vigilantes en el territorio, manteniendo sus tradiciones guerreras, como lo hicieron en la época de la violencia armada. “Las estrategias de defensa son elaboradas de acuerdo a la experiencia de cada pueblo indígena, su historia y sus antepasados”, señaló el expresidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper. 

La respuesta del narcotráfico

La incursión de los cocaleros locales empieza cuando los líderes aceptan el ingreso de extraños a las comunidades bajo la modalidad de arrendamiento de tierras ante la falta de recursos económicos, explica Jaime Antezana, experto en temas de seguridad y narcotráfico. "Esta relación contractual se transforma en violencia cuando los foráneos extienden sus cultivos y los indígenas piden que se retiren porque la deforestación afecta su hábitat natural”, comentó el experto.

A fin de asegurar su posición en los territorios indígenas, los narcotraficantes crean falsas comunidades indígenas, como denunció la lideresa indígena Susana Silva de la Federación Asháninka Bajo Urubamba, en Atalaya, Ucayali. Para ello dividen a las organizaciones, invaden tierras indígenas no tituladas y solicitan ante las direcciones regionales de Agricultura el reconocimiento de la población y la titulación de territorio presentando padrones de comuneros armados para dicho fin. “Usan a jóvenes indígenas para el padrón de comuneros, prometiéndoles mejorar sus condiciones económicas si se crea una nueva comunidad donde ellos estén”, explicó la lideresa. 

Los narcotraficantes arriendan tierras indígenas para posicionarse y expandir el cultivo de la hoja de coca".

El apu Berlín Diques, representante de los indígenas en Ucayali, reconoció que la actual situación de criminalidad en sus territorios es consecuencia de las malas decisiones de los líderes al alquilar las tierras, así como de la falta de reglas claras cuando ingresan los foráneos. Por ello, sostiene, trabajan en la modificación de los estatutos de las comunidades para evitar estas situaciones.

El peligro del desborde de la violencia

El último domingo 7 de noviembre, un grupo de indígenas del comité de autodefensa del anexo Pajonal de la comunidad Cutivireni, que pertenece a la Federación Asháninka del Río Ene (Fare) disparó contra ocho personas —entre ellos, cuatro niños indígenas de la comunidad Pamaquiari— con armas de fuego porque tenían la sospecha que trasladaban droga. Sin embargo, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) cuestionó la intervención al señalar que los indígenas estaban ebrios y solicitó la intervención de la Subprefectura del Río Tambo y de las Fuerzas Armadas para iniciar un proceso disciplinario para la desactivación del CAD.

Según el comunicado de la CARE, los tripulantes que iban a bordo de una embarcación de la Municipalidad Distrital del Río Tambo fueron acusados sin pruebas por los indígenas de la FARE de transportar cocaína y, pese a que el conductor se identificó, fueron perseguidos e intervenidos. Se les liberó al no encontrarse mercancía ilegal en sus pertenencias. 

El apu de la CARE, Ángel Pedro, señaló que están a favor de la lucha contra el narcotráfico, pero no se pueden usar las armas, que entregó el gobierno de Alberto Fujimori en 1992 para la lucha contra el terrorismo, para atacar a otras comunidades hermanas. "La labor de incautación [de droga] no es nuestra función porque no contamos con los instrumentos necesarios ni seguros de vida como los soldados. Este ataque es un abuso y pudo haber heridos o muertos", alertó. El líder pidió a las Fuerzas Armadas realizar un mejor control y asumir su función de vigilancia para evitar la expansión del narcotráfico.

En el pasado, los asháninkas se enfrentaron a grupos subversivos y hoy vuelven a reunirse para resistir ante la violencia del narcotráfico, como la ha señalado la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), que representa a más de 12.000 indígenas en los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución en la región Pasco. Si bien los contextos son distintos, el líder de la Central Asháninka del Río Tambo, Fabián Antúnez, ha solicitado el respaldo de la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República para que el gobierno les dé nuevos armamentos, ya que refieren que los que tienen están obsoletos, y capacitaciones en intervenciones a extraños.

El presidente de los 53 comités de autodefensa de las comunidades y anexos de la Central Asháninka del Río Ene, Américo Salcedo Vizacado, se suma al pedido del Antúnez. “Necesitamos radios de comunicación, uniformes y capacitación. Tenemos un estado ausente y con la pandemia la situación se agravó”, anotó. Si bien el dirigente indígena refiere que es necesario el uso de armas ante un posible ataque, no hay seguridad de que ante una intervención sean ellos los ganadores porque "el narcotráfico nos sobrepasa en armas".

GUARDIAS. Cada dos semanas, los kakataibos recorren los linderos de las comunidades para identificar áreas deforestadas y la actividad ilegal que las causa. 

Fotos: Leslie Searles

Salcedo Vizacado, quien lidera al grupo de defensa en el Ene, indicó que cuando detectan a foráneos transportando droga o pozos de maceración de cocaína, avisan a la base del Ejército para que sean ellos los que intervengan y no los indígenas. Sin embargo, este trabajo les toma varias horas porque deben ir a lugares altos para conseguir señal telefónica. “Se debe invertir en sistemas de comunicación, lo que cual es prioridad para dar parte a las Fuerzas Armadas y la Policía”, anotó.

Lizado Cauper, líder de Aidesep, sí se mostró a favor de que los comités de autodefensa reconocidos por el Ejército y que viven en contextos de violencia organizada reciban armas y capacitaciones para intervenir a foráneos dentro de sus territorios.

Ante esto, Jaime Borda, el secretario ejecutivo de la ONG Red Muqui, que trabaja en temas de protección a defensores ambientales, señaló que en territorios de violencia es importante que los indígenas sean capacitados para realizar un trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, dijo, esta política no puede expandirse a todo el territorio peruano, como pretendió el Congreso de la República en mayo de este año al intentar aprobar por insistencia el proyecto de ley que reconocía a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y las rondas campesinas y los incorporaba en el sistema de seguridad ciudadana. La propuesta señalaba que toda población organizada podía recibir armas, lo que generaría el incremento de la violencia en las zonas donde tienen presencia.

Vladimir Pinto, representante en Perú de la ONG Amazón Wacht, coincidió al señalar que el gobierno no puede entregar armas a los indígenas porque incrementará la violencia. “La población indígena puede organizase para realizar acciones del control de la delincuencia local, pero no puede enfrentar al crimen organizado porque se trata de estructuras más complejas que debe combatir el gobierno”, señaló. Las organizaciones indígenas no tienen la capacidad en armamento ni hombres para enfrentarse a los traficantes, precisó Pinto. 

"Ante un enfrentamiento con narcotraficantes, la población indígena perdería y sería un genocidio", señaló Rubén Vargas, expresidente ejecutivo de Devida. Si bien los comités de autodefensa pueden ser abastecidos de escopetas y municiones por el Ejército para vigilar su territorio del terrorismo, la normativa no habla del narcotráfico, cuando en la actualidad es el problema latente en el Vraem, indicó Vargas. Además, precisó, que se requiere una política adecuada de lucha contra el narcotráfico donde las organizaciones indígenas sean aliadas de las Fuerzas Armadas para alertar de la presencia de los ilegales, pero no para intervenir en el conflicto. 

Los defensores del territorio indígena también han solicitado al gobierno la implementación con radios, uniformes y estrategias de defensa ante un posible ataque. “Mientras el Estado no responda, nosotros seguiremos cuidando la tierra con arcos y flechas, de manera ancestral, como nos enseñaron nuestros antepasados”, dice el líder kakataibo Willy Pino.

Si bien la jefa del gabinete ministerial Mirtha Vásquez Chuquilín señaló recientemente que se establecerán medidas de prevención y protección a los defensores indígenas, así como la implementación del monitoreo satelital de actividades ilícitas en la Amazonía, la designación de Ricardo Soberón a la cabeza de Devida siembra dudas en las organizaciones indígenas.

"ORAU y sus bases se declaran desde este momento en alerta para alzarse en defensa de nuestros territorios ancestrales. Cualquier agresión a nuestros lideres, a nuestros comuneros y a nuestras tierras tendrá ahora una respuesta contundente. No vamos a seguir esperando pacientemente como el Estado Peruano protege a los delincuentes narcotraficantes, traficantes de tierras y otros delincuentes que destruyen nuestros bosques, que son el patrimonio del país y la humanidad", señala el pronunciamiento de ORAU en uno de sus puntos. Este medio se comunicó con líderes indígenas de la selva central para conocer su postura sobre la designación de Soberón al frente de Devida, pero se abstuvieron de hacer declaraciones e indicaron que emitirían comunicados al respecto.     

En el 2020 apenas se erradicó a nivel nacional 6.273 hectáreas, lo cual representa el 24,6 % de lo erradicado el año anterior, cuando se alcanzó más de 25.000 ha. El pronóstico para este año es que la cifra no alcanzará ni los 5.000 ha porque el Corah ha  ingresado a algunos territorios en Ucayali y Puno.