La noche del 4 de octubre, alrededor de 300 indígenas pertenecientes a la Federación Indígena Awajún del Río Apara (Fenara) tomaron las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, ubicada en el distrito de Manseriche, en la provincia Datem del Marañón, en la Amazonía de Loreto. La medida de fuerza —que continúa hasta la fecha— obligó a que la empresa estatal Petroperú S.A., que opera el oleoducto, paralice sus actividades. Sus demandas se centran en la ejecución de proyectos de servicios básicos y la remediación ambiental de los daños causados por la actividad petrolera.

Sin embargo, al día siguiente de la toma de la Estación 5, la Plataforma de Lucha de los Siete Pueblos Originarios —que agrupa a 80 comunidades de los distritos de Morona y Manseriche, en la provincia Datem del Marañón— señaló en un comunicado que los protestantes de Fenara y los agrupados en la Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, “no representan a todos los pueblos indígenas” afectados por dicha actividad. Esta organización indígena acusó, además, a los dirigentes de buscar protagonismo con miras a las elecciones regionales y municipales de 2022; y de estar involucrados en presuntos actos de corrupción. 

Pero no era la primera vez que las organizaciones indígenas asumen posturas diferentes en medio de un conflicto socioambiental. ¿Qué implica esta divergencia en medio de un contexto de crisis? “Las divisiones surgen al interior porque hay discrepancias en torno al concepto de desarrollo. Algunas aceptan las actividades extractivas, pero otras apuestan por conservar sus bosques y evitan la intromisión de agentes externos”, explicó el antropólogo Alberto Chirif. 

Esta división no es solo interna, sino también impulsada desde afuera, sostiene la antropóloga Frederica Barclay Rey de Castro. “Las empresas extractivas tienen la idea errónea de que dividiendo a la población indígena se acabará el conflicto social; cuando, por lo contrario, se genera un escenario más complejo, con actores divididos”, aseguró. 

Ambos investigadores identificaron algunos casos en el informe “Lote 64, un mundo de conflictos”, publicado en 2019. Allí explicaron que empresas petroleras estuvieron a cargo de estrategias de división en la organización indígena, como Talismán (2012- 2014), GeoPark (2014- 2020) y PetroPerú (actual administrador). Según su análisis, estas crearon grupos paralelos y promovieron a líderes sin base social para confundir a la población y conseguir la licencia.

Por ejemplo, en la actualidad existen más de 15 organizaciones del pueblo achuar en la provincia de Datem del Marañón, donde se ubica este lote petrolero. “Esta división generó conflictos internos y pudo desencadenar enfrentamientos”, señalaron los investigadores. 

La fragmentación al interior de las organizaciones indígenas se ha vuelto frecuente en los territorios donde se desarrollan actividades extractivas. Las empresas —sostiene Frederica Barclay— negocian con intereses individuales para romper la estructura orgánica y disminuir o deslegitimar la voz de protesta de la población afectada.

REMEDIACIÓN. Los derrames de petróleo han afectado la vida y la salud de más de 210.000 personas que habitan en 25 distritos de Loreto.

Foto: Andina

División indígena en Loreto

La explotación petrolera en Loreto comenzó hace casi 50 años y solo del 2000 al 2019 se han producido 474 derrames, según el informe “La Sombra del Petróleo” de Oxfam. Dichos vertimientos han afectado la vida y la salud de más de 210.000 personas que habitan en 25 distritos de la región y que incluye a 10 pueblos indígenas. 

La Defensoría del Pueblo en su más reciente informe señala que, de los 198 conflictos en el país, Loreto lidera el ránking con 28 de ellos. De esta cifra, el 64 % está relacionado con la afectación generada por la explotación petrolera, que incluso en pandemia ha causado derrames. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del 26 de marzo de 2020 hasta el 24 de julio de este año se produjeron 45 vertimientos de petróleo. 

El 43 % de esos derrames ocurrieron en el Lote 8, a cargo de la empresa Pluspetrol Norte, que no ha remediado los daños que causó en las comunidades quechuas del río Pastaza. En toda la región hay seis lotes petroleros en explotación y allí también se ubica el Oleoducto Norperuano, que permite el traslado del crudo desde la selva hasta Bayóvar, en Piura. 

Durante la pandemia, el 43% de los derrames de petróleo ocurrieron en el Lote 8, a cargo de Pluspetrol Norte".

Precisamente uno de los reclamos comunes en Loreto es la remediación ambiental de los sitios impactados por la industria extractiva. Sin embargo, desde el 2015 las organizaciones indígenas viven una división interna, dice la antropóloga Frederica Barclay. Aquel año, explica, la comunidad de Saramurillo realizó una protesta y se apoyó en líderes foráneos, con el fin de evitar el ingreso de un nuevo operador al Lote 192. 

Los manifestantes solicitaban una agenda general para toda la región, que incluía mejoras en los servicios básicos y proyectos de desarrollo. El gobierno negoció con ellos y aceptó sus demandas. Sin embargo, estos líderes nunca fueron reconocidos por el resto de comunidades del circuito petrolero y la fragmentación persiste hasta la actualidad. 

“Mantener una división [en las comunidades indígenas] genera un grave impacto porque el gobierno [encargado de atender los conflictos sociales entre la población y las empresas] no sabe con quiénes dialogar. Entonces se retrocede en los avances hacia un diálogo común”, señala Frederica Barclay.  

Más allá de las disputas internas entre las organizaciones indígenas de esta región, las demandas de fondo sí son legítimas. Loreto tiene un índice de pobreza de 33 %, el 85 % de las familias no cuenta con agua potable en sus viviendas y la mitad de los niños y niñas de entre 6 y 35 meses tiene anemia.

Para revertir esta situación, el gobierno central aprobó en agosto del 2020 el Plan de cierre de brechas para 1.023 centros poblados y 729 comunidades indígenas de 25 distritos ubicados en el ámbito de las provincias del Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, en la región Loreto. 

Dicho programa incluye 34 programas para desarrollar obras de infraestructura en salud, educación, transporte, telecomunicaciones y otros sectores. También prevé un presupuesto de S/ 6 millones que se invertirá en un plazo de seis años, desde agosto del año pasado. 

Se debería diseñar un sistema integrado para monitorear los avances de las mesas de diálogo en el país.

Sin embargo, la población indígena cuestionó que, hasta el momento, las municipalidades locales no han recibido transferencias económicas para iniciar los proyectos de desarrollo. “En 50 años de actividad petrolera los indígenas hemos sufrido contaminación de nuestros ríos, muerte de los animales y enfermedades. No vemos ningún beneficio y, sin un compromiso del gobierno, no permitiremos más petróleo”, dijo a OjoPúblico el apu Manuel Ramírez, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) de Loreto. 

La división como estrategia

La división política entre las organizaciones se extiende a lo largo de la Amazonía peruana. Por ejemplo, el Comité de Gestión Para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba, en Cusco, que está afiliado a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), denunció hace unos días, a través de un comunicado, la intromisión de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Originarios de la Amazonía del Perú (Conapoap) en el conflicto en torno al proyecto gasífero de Camisea. La organización cusqueña cuestiona que Conapdap no tiene bases en el Bajo Urubamba y, sin embargo, pretende intervenir en un proyecto ajeno.  

En setiembre de este año, Conapoap —que inició sus actividades en junio de este año— hizo convocatorias para que las comunidades de influencia de Camisea formen una mesa técnica de diálogo, en el marco de las declaraciones del expremier Guido Bellido, quien exigía la renegociación con el Consorcio Camisea.

“No tenemos vínculos con esa organización, no sabemos a qué se dedican, ni si son formales. Tampoco se han reunido previamente con los líderes del Bajo Urubamba. Por ese motivo estamos alertando a las comunidades a no asistir a las convocatorias [...] Su propósito es deslegitimar a las organizaciones, dividirnos”, alertó a OjoPúblico Miguel Ganoza Mendoza, presidente del Comité de Gestión Para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba. 

En esta zona existen 22 comunidades indígenas y siete asentamientos rurales con población mestiza, que están agrupados en cuatro organizaciones, y a su vez son representadas por el comité de gestión que preside Ganoza Mendoza. 

Otro ejemplo de división interna se vive en la comunidad de Santa Clara de Uchunya, en Ucayali. Dicha localidad se ubica muy cerca de una planta procesadora de aceite de palma y desde el 2015 el avance del cultivo de palma ha generado disputas internas. Los líderes indígenas denuncian que la empresa ha formado “un grupo dentro de la comunidad” para favorecerse. 

PETROLERAS. En Loreto hay seis lotes petroleros en explotación y allí también se ubica el Oleoducto Norperuano.

Foto: Andina

La antropóloga Frederica Barclay señaló a OjoPúblico que estas maniobras de división “son comunes por parte de varias empresas extractivas ante un conflicto social”. Explicó que al inicio las compañías intentan ocultar el daño generado al no notificar a tiempo al OEFA. Tampoco reconocen su responsabilidad y se escudan en “otros responsables”. Sostuvo que muchas compañías pretenden pagar lo mínimo por el daño ambiental. “Es una forma de minimizar sus costos y eludir responsabilidades. No atienden los conflictos sociales. Esperan el estallido de la protesta social para buscar soluciones”, advirtió.

Otra de las estrategias que usan las empresas es ofrecer prebendas a los líderes o a algunas familias de las comunidades. Por ejemplo, les entregan becas de estudios para sus hijos, dinero en efectivo o atención en salud. “Esto agrava la situación de conflicto interno [generado por la actividad extractiva]. La presencia de compañías petroleras está siempre asociada al fomento de la conflictividad en las zonas de asentamiento indígena”, se lee en el informe de Barclay y Chirif.

Pero las divisiones internas de las organizaciones se extienden también a los Andes. En el corredor minero, por ejemplo, no todas las comunidades tienen los mismos objetivos o participan de forma solidaria para solucionar sus problemas. En Espinar, dos comunidades quechuas de las 13 existentes en este distrito cusqueño no participan en el proceso de consulta previa para el proyecto minero Coroccohuayco, de Glencore. Argumentan que no están de acuerdo con la forma cómo se viene implementando dicho proceso. Las otras 11 sí participan de dicho mecanismo que impulsa el Ministerio de Energía y Minas. 

En la región vecina de Apurímac, recientemente las comunidades del distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, que forman parte de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, acordaron realizar un paro esta semana para pedir al gobierno que atienda sus demandas. La decisión fue adoptada a pesar de que días antes otras comunidades de la misma provincia determinaron no iniciar una medida de fuerza, sino esperar hasta este lunes la llegada de una comisión del Ejecutivo.  

Protocolo para vigilar malas prácticas

Para mejorar la convivencia entre las empresas y las poblaciones en el ámbito de los proyectos, en junio de este año el gobierno aprobó el Plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos 2021- 2025. El documento señala que el principal objetivo es garantizar que las actividades de las empresas públicas y privadas respeten los derechos. En su elaboración participaron 132 instituciones del sector estatal, empresarial, pueblos indígenas, sindicatos y sociedad civil organizada, así como organismos internacionales y de la cooperación internacional. 

El plan promueve el diseño de políticas públicas para proteger los derechos de las poblaciones de zonas de influencia de los proyectos. Asimismo, prevé mecanismos para garantizar reparaciones para los afectados por sus actividades. En otras palabras: busca una convivencia armoniosa y en un ambiente de justicia entre las poblaciones y las empresas.   

No obstante, para alcanzar ese objetivo la investigadora Maritza Paredes Gonzales indicó que es necesario que se incorpore en la agenda del gobierno un adecuado protocolo para controlar las malas prácticas que usan algunas compañías para dividir a las comunidades. La experta consideró que los impactos de las empresas extractivas no son solo ambientales, sino también sociales: “Afectan la vida social de las comunidades, el tejido social de las organizaciones”. 

El estado peruano no cuenta con un sistema de vigilancia para evitar las malas prácticas empresariales".

El protocolo debería contar con un registro de organizaciones indígenas y sus líderes que permita identificarlos con facilidad y evitar la intromisión de falsos actores. La propuesta de Paredes Gonzales también comprende capacitaciones permanentes a las organizaciones, para impedir que sean engañadas por las empresas. También un sistema de vigilancia comunal para evitar actos de corrupción de los apus. 

La necesidad de contar con un registro de organizaciones sociales del país también es urgente para Carlos Vera Vásquez, comisionado de la Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. El experto explicó que se necesita identificar a los actores en un conflicto. Es decir, tener un listado de organizaciones, líderes, actividades que se desarrollan en su territorio y problemas que los afectan. 

Otra de las acciones que se deberían impulsar, plantea Vera Vásquez, es diseñar un sistema integrado para monitorear los avances de las mesas de diálogo en el país. “De esa manera, cuando se cambien a funcionarios, no haya un retraso en la resolución de los conflictos”, indicó el comisionado. 

Incluso, para una mejor gestión de los conflictos en el país, la socióloga Maritza Paredes plantea que en las mesas de diálogo estén presentes las mujeres de las comunidades afectadas. Asimismo, recomendó una mayor participación del viceministerio de Interculturalidad en la resolución de controversias. “No solo debe enfocarse a la entrega de información en lenguas indígenas, sino también en la participación con promotores que ayuden a comprender la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas”, dijo.

Han pasado casi tres meses desde que Pedro Castillo asumió la presidencia y el Viceministerio de Interculturalidad aún no tiene un titular. Por el momento se mantiene como encargada la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Claudia Ruiz Chanchapoma. Durante la gestión anterior OjoPúblico conoció que una de las candidatas para asumir el cargo era la lideresa asháninka Ruth Buendía, que en el 2014 recibió el Premio Goldman. 

Otra de las candidatas fue la psicóloga Ludy Carla Diaz Chiricente, de la Unión Asháninka Nomatsiguenga del Valle Pangoa (Kanuja), en la selva central. Sin embargo, la anterior gestión del gabinete decidió luego no elegir a ninguna. En setiembre, el presidente de Aidesep, Jorge Pérez Rubio, y los líderes indígenas de la selva central viajaron a Lima y solicitaron que se nombre en el viceministerio a una persona de la Amazonía. 

“Para ocupar este cargo es importante que la persona conozca el tema, la vida en comunidad y los problemas en el territorio, para tratar la agenda de las organizaciones, que exigen la reivindicación de sus derechos en salud, educación y el uso de la tierra”, dijo a OjoPúblico el antropólogo Alberto Chirif. Entre otras funciones, el Viceministerio de Interculturalidad actualiza la base de datos de pueblos indígenas con derecho a ser consultados y apoya la realización de los procesos de consulta previa.