Corría la década de los 80 cuando la asháninka Susana Patricia Silva Morales —entonces de 18 años— dejó su casa en la comunidad Inchatoshi Guardianes de los Bosques en Atalaya, Ucayali, para ir a Lima a estudiar administración de empresas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con una beca de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). El frío y el miedo a lo desconocido en la capital eran soportables frente al terror que se vivía en la Amazonía, en aquella época marcada por la violencia terrorista. 

“No se podía dormir, ni comer ni reunirse, teníamos miedo a que llegaran los terroristas, la vida era de terror”, cuenta Susana, ahora de 51 años y convertida en una líder. En diciembre del 2017 asumió la presidencia de la Federación Asháninka Bajo Urubamba (FABU), que agrupa a 18 comunidades en la provincia de Atalaya, 13 de ellas ubicadas en el distrito de Raymondi y 5 en Sepahua. Desde entonces, enfrenta sus miedos del pasado para defender a su pueblo de la invasión de sus terrenos y el tráfico de drogas.

En julio de 2019, en la comunidad Tres Colinas, provincia de Atalaya, Ucayali, aparecieron unas pintas de la hoz y el martillo. Ese mismo día, un grupo de trabajadores del gobierno regional llegaba al lugar a verificar su territorio y a la población para otorgarle el reconocimiento de comunidad indígena. Todos temían que debido a a las pintas no consiguieran su objetivo, por el que llevaban cinco años luchando, cuenta Susana. Pese a ese imprevisto, la comunidad fue reconocida este año.

“Sabemos que esas acciones fueron generadas por los invasores de tierras que pretenden asustar a las comunidades para que nos vayamos del territorio. Su objetivo es quedarse con las tierras y sembrar hoja de coca”, señala la lideresa asháninka que lucha por la titulación de las comunidades porque les brinda seguridad jurídica para enfrentar a las actividades ilegales.

La lideresa Susana Silva solicita al Ministerio de Agricultura la titulación de las comunidades indígenas en el Bajo Urubamba".

Susana Silva vive en la comunidad Inchatoshi Guardianes de los Bosques y debido a su labor recibe amenazas de muerte a través de terceros que le dicen: “cuídate, algo te puede pasar”, “no salgas sola” o “hermana, te van a desaparecer”. En la zona no hay señal telefónica ni internet y la comisaría más cercana está a un día y medio de viaje en chalupa y carretera hasta la ciudad de Atalaya. Pese a ello, afirma que continuará en su lucha por la defensa de la tierra. 

En la búsqueda de reconocimiento de la población indígena asháninka del Bajo Urubamba, Susana estuvo hace unas semanas en Lima junto a otros 70 líderes de Ucayali, Huánuco y Junín solicitando la titulación de las tierras comunales al Ministerio de Agricultura a través del proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3), el cual está paralizado porque se declaró desierto el concurso para la contratación de una empresa que debía ejecutar este proyecto. 

En total son 48 comunidades de Ucayali, Huánuco y Junín que están en el lote 2 del PTRT3 y que ya cuentan con la demarcación de sus territorios, pero hace falta la segunda etapa de la titulación: inscripción en registros públicos. Los líderes solicitan al gobierno continuar bajo la modalidad de contratación de empresas para terminar el proceso, pero el Ministerio de Agricultura les ha indicado que pasarán a la contratación de personal para los gobiernos regionales. “Esto retrasaría el proceso innecesariamente, mientras tanto siguen asesinando a nuestros hermanos”, anotó el apu Berlín Diques, de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). Solo durante el 2020 cuatro indígenas fueron asesinados por su oposición al narcotráfico.

Las comunidades que representa Susana Silva también solicitan que el gobierno de Pedro Castillo ejecute obras amigables con el medio ambiente y que se reconozcan a través del Ministerio del Interior a los comités de autodefensa para que puedan realizar intervenciones a personas foráneas y entregarlas a la policía. 

Enemigo al acecho

El pasado 27 de octubre, la lideresa Susana Silva asistió a la Dirección de Investigación de Terrorismo de la Policía Nacional del Perú con sede en Satipo, Junín, para declarar en calidad de denunciante contra el grupo narcoterrorista al mando de Víctor Quispe Palomino 'José', quien busca la ampliación territorial de su facción en zonas donde viven las comunidades indígenas. 

Esta citación es por una denuncia pública que realizó la líder en el 2019 ante el Ministerio del Interior luego de que la organización de Quispe Palomino realizara acciones en el territorio. “Después de años me citan, asistiré. Sin embargo, todo este tiempo nos hemos defendido solos”, aseveró. La última amenaza que recibieron las comunidades fue en setiembre del 2020, cuando nuevamente un grupo de hombres armados y encapuchados ingresaron a sus territorios para solicitarles' que se retiraran de la zona.

Según Pedro Yaranga, experto en terrorismo y narcotráfico, los ataques no serían ejecutados por remantes terroristas, sino por colonos que migraron del Vraem e intimidan a los indígenas para expulsarlos de su territorio, sembrar hoja de coca allí y trasladar la cocaína sin problemas. 

COMUNIDAD. El artista Robert Rengifo retrata la vida pacífica en las comunidades del Bajo Urubamba, Atalaya.

Foto: Robert Rengifo

“La facción de ‘José’ Quispe Palomino está debilitada desde la muerte de ‘Raúl' [Jorge Quispe] en enero de este año. [...] En años anteriores ha intentado movilizarse a otros territorios, pero le ha sido imposible porque no cuentan con las condiciones geográficas necesarias como cerros empinados, espesa vegetación y cuevas como sí hay en el Vraem”, explicó el experto a OjoPúblico. Precisó, que si bien no son terroristas, el peligro para los indígenas es extremo porque se enfrentan a grupos de sicarios contratados por los narcotraficantes.

La Gerencia Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali identificó en setiembre del 2020 que hay 46 pistas de aterrizaje clandestinas en toda la región y solo en el distrito de Raymondi se han contabilizado 17 de ellas. Ello demuestra la presencia de narcotraficantes en la zona y que su operación se ha incrementado durante la pandemia, indicó el gerente de Pueblos Indígenas del Gobierno Regional Ucayali, Harold Salcedo Ríos. 

El estudio también especifica que 13 de estas narcopistas se encuentran en comunidades indígenas, 12 en áreas concesionadas y 5 en bosques de protección permanente. Si bien los pueblos indígenas reclaman la titulación de las tierras para luchar contra el narcotráfico, en los últimos años se han creado falsas comunidades con el apoyo de asháninkas, denuncia Susana Silva. 

La lideresa refiere que doce de sus comunidades han sido invadidas y ahora los invasores tramitan el reconocimiento de otras comunidades indígenas promovidas por colonos. “Ellos conocen cómo es el procedimiento para la titulación. Vienen, convencen a jóvenes indígenas de crear sus propias comunidades, lo hacen y luego se apropian del lugar para sus fines ilegales”, anotó. 

Doce comunidades de la Federación Asháninka Bajo Urubamba han sido invadidas por personas que cultivan hoja de coca".

Esta versión fue confirmada por el gerente de Pueblos Indígenas de Ucayali, Harol Salcedo Ríos, quien señaló que se trata de una nueva modalidad de tráfico de tierras. Por ejemplo, mencionó el caso de la comunidad Unión Paraíso Alto Huao que se sobrepone a Tres Colinas y, pese a ello, ambas han sido reconocidas como comunidades indígenas por el gobierno regional.

“Para el gobierno regional es complicado identificar quiénes son realmente indígenas porque la ley solo señala que se necesita el número adecuado para la creación de una comunidad y que las organizaciones lo avalen”, explicó Salcedo Ríos. Solo en el distrito de Raymondi existen 157 comunidades según la Base de Datos de Pueblos Indígenas, una cifra mayor a comparación con otros distritos. 

El funcionario indicó que se requiere normas más claras y mayor participación del Viceministerio de Interculturalidad para la real identificación de estas comunidades a través de un estudio antropológico para frenar la nueva modalidad de tráfico de tierras. También señaló que el gobierno necesita contar con una lista de organizaciones indígenas con verdadera representación para que sepan con quiénes trabajar.

Sin garantías para su vida 

Pese a las denuncias verbales que realizó Susana Silva ante el Ministerio del Interior por la intromisión del narcotráfico en su territorio en el 2019 y 2020, la lideresa no cuenta con garantías para su vida ni su caso está registrado en el Ministerio de Justicia (Minjus) para la activación del protocolo de protección de las personas defensoras de derechos humanos.

El Minjus informó a OjoPúblico que hasta la tercera semana de octubre se han recibido 31 solicitudes de activación del procedimiento de alerta temprana del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, que involucra a 120 personas, de ellas 86 son varones y 34 mujeres.

El abogado Carlos Quispe Quispe de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) explicó que activar el protocolo permite dos tipos de medidas: de protección y urgente protección. La primera es para realizar acciones en conjunto con las comunidades y líderes, como patrullajes integrales, asistencia legal, supervisiones ambientales, entre otros; la segunda, está vinculada a la protección de la vida del defensor, como el desplazamiento del territorio y resguardo policial por amenazas.

La situación de vulnerabilidad de las lideresas en la Amazonía está vinculada a la falta de reconocimiento de derechos fundamentales de las mujeres en general en este territorio. La Defensoría del Pueblo señala en su Diagnóstico sobre los derechos de las mujeres indígenas en el Perú que hay 5 '984.708 personas que se autoidentifican como pertenecientes a uno de los 55 pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía, siendo el 52% mujeres. De estas últimas, los principales derechos que demandan son la identidad (contar con un DNI), acceso a la educación, salud, vida sin violencia, de la propiedad y económicos. 

“Identificamos que hay mayor vulnerabilidad al ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas en comparación con mujeres de otros sectores por falta de accesos a servicios básicos y prejuicios”, señaló la congresista Ruth Luque. La mujer es fundamental en la estructura de la organización indígena en la Amazonía y los Andes, pero sus derechos no son reconocidos. Por ejemplo, el acceso a la salud es limitado porque solo cuatro de cada diez comunidades cuenta con un centro de salud en su territorio, mientras el 60 % debe trasladarse para recibir atención médica.  

En cuanto a educación, solo el 24% de las mujeres indígenas de la Amazonía accede a estudios de nivel secundario y la dependencia económica no les permite emprender proyectos sin sus esposos, ya que muchas veces son discriminadas por asumir cargos políticos porque se tiene el prejuicio que una mujer líder “pierde su tiempo” y es rechazada por los hombres de su propia comunidad.

Por su parte, Teresita Antezó López, primera vocal de la nueva junta directiva de Aidesep, señala que para una mujer indígena es más complicado alcanzar algún puesto dirigencial por los prejuicios y el machismo que dicen que “ellas solo deben dedicarse al hogar o al cuidado de los hijos”. Por ello, indica, es necesario concientizar a los indígenas para que cambien sus estatutos e incluyan a las mujeres como jefas de la comunidad. “Los documentos deben reconocer que tanto mujeres como varones pueden asumir el liderazgo de sus comunidades, algo que solo algunos tienen y por eso la participación es limitada”, señaló. 

DEMANDAS. Los apus del Bajo Urubamba en Ucayali solicitan al gobierno ejecutar obras de servicios básicos y luchar contra el narcotráfico.

Foto: FABU

Además, Antezó refiere que también se debe reconocer a las mujeres como herederas de la tierra y no solo a los varones porque son ellas quienes se quedan en la comunidad cuidando a los hijos, trabajando en los campos de cultivo y protegiendo los bosques. Una muestra es que en el 2017, según el Censo del INEI, solo 244 de los liderazgos de 4.276 comunidades campesinas estaban a cargo de mujeres, mientras en la Amazonía la cifra era menor: 102 jefas de comunidades.

Para mejorar la participación política de la mujer indígena, la congresista Ruth Luque señala que se necesita un proyecto de ley que permita usar el financiamiento público para promover la participación de las mujeres indígenas en las elecciones. “Se requiere dinero para que las mujeres puedan desplazarse y cubrir los gastos de campaña. Además de preparación que debe ser reglamentado por ley”, anotó.

Sin embargo, pese a la desprotección del gobierno y la falta de implementación de políticas públicas para el acceso a los derechos de los defensores de derechos humanos, en la selva hay cientos de mujeres líderes que luchan para defender el territorio, la vida y a la Amazonía al igual que la asháninka Susana Silva.