VÍCTIMAS. El registro de Aidesep contabiliza 35 muertes de defensores ambientales desde 2013. Una de las amenazas es la tala ilegal.
Mariano Isacama Feliciano, defensor ambiental del pueblo kakataibo encontrado sin vida el pasado 14 de julio, recibía amenazas a su teléfono desde hace más de un año. Así lo cuenta a OjoPúblico el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), Marcelo Odicio Angulo.
Solo los familiares cercanos del líder asesinado con un arma de fuego —y desaparecido por más de 20 días— conocían la existencia de estos mensajes intimidantes, agrega el dirigente kakataibo. “Quizá ese fue un error”.
Isacama Feliciano integraba formalmente el equipo técnico de Fenacoka desde 2023 y era miembro de la junta directiva de la comunidad de Puerto Azul, en la ciudad de Aguaytía, región Ucayali. Como defensor, había denunciado la existencia de un corredor utilizado por el narcotráfico para el traslado de insumos y personal en su comunidad, indica un dirigente de la zona.
Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), es el sexto defensor kakataibo asesinado tras recibir amenazas en la región Ucayali, afectada por el creciente avance de la tala ilegal y el narcotráfico.
A partir del análisis del registro de situaciones de riesgo de defensores de derechos humanos del Ministerio de Justicia (Minjus), OjoPúblico pudo determinar que, precisamente, la tala ilegal y el narcotráfico son las economías ilegales que más amenazan a los líderes indígenas de la Amazonía peruana.
DENUNCIA. Líderes kakataibos señalaron que no hubo apoyo de la Policía para encontrar al líder Mariano Isacama.
Foto: ORAU
Desde enero de 2019 hasta mayo de 2024, en el ámbito nacional se han registrado de manera oficial 373 situaciones de riesgo para 656 personas consideradas defensores de derechos humanos y sus familiares. Las víctimas han podido reportar más de una amenaza o, también, estar agrupadas en un solo caso.
De estos registros, el 23,54% se relaciona con la tala ilegal, el 17,06% con el tráfico de tierras, el 16,85% con el tráfico ilícito de drogas, el 11,66% con la minería ilegal, 0,86% al tráfico de flora y fauna y el resto (30,03%) con la extorsión, caza furtiva, pesca ilegal y actividades no identificadas. Esta información incluye tanto a defensores de pueblos indígenas y no indígenas.
En detalle, si solo se analizan las situaciones de riesgo que involucran a defensores de pueblos indígenas de la Amazonía, en primer lugar se encuentran las amenazas simultáneas relacionadas con la tala ilegal y el narcotráfico, que representan el 22,44 % de los registros de economías ilícitas. Luego, se reportan casos solo de tala ilegal, de minería ilegal, de tráfico ilícito de drogas, entre otras actividades ilegales.
Los cinco pueblos indígenas con más registros de intimidación por parte de taladores ilegales y de narcotraficantes son los kichwa, shipibo-konibo, kakataibo y asháninka. Al grupo afectado por la primera actividad ilícita, se suman los wampis y por la segunda, los yanesha. La región Ucayali, en tanto, es la que registra más defensores amenazados.
El distrito de Huimbayoc, ubicado en la provincia y región San Martín, a cuatro horas de la ciudad de Tarapoto, es una zona de resistencia indígena a la tala ilegal y narcotráfico, donde se ha registrado la mayor cantidad de amenazas a defensores que, incluso, han terminado asesinados. Quinto Inuma Alvarado, jefe kichwa de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, murió el 29 de noviembre de 2023, cuando encapuchados le dispararon a quemarropa.
El distrito de Huimbayoc, en la región San Martín, es una zona de resistencia indígena a la tala ilegal y el narcotráfico".
Meses antes de su asesinato, el líder kichwa recibía amenazas tras sus persistentes denuncias contra el tráfico de madera. Dejó su comunidad por un tiempo y luego retornó.
Quinto Inuma había denunciado estas intimidaciones al Estado y formaba parte del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, a cargo del Ministerio de Justicia, que gestiona el registro de situaciones de riesgo y que debe garantizar el acceso a justicia para los afectados.
Las amenazas hacia Quinto Inuma forman parte de los 58 registros de situaciones de riesgo ocurridas solo en el distrito de Huimbayoc, entre 2019 y mayo de 2024, contra personas y grupos de defensores.
"[El mecanismo intersectorial] solo sirve para tener información de gabinete y datos [sobre las amenazas], pero no hay acciones concretas de protección a nuestras vidas. No hay garantías, porque solo nos entregan un papel y un papel no aguanta balas", afirma Herlin Odicio Estrella, vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau).
El líder indígena señaló a OjoPúblico que, más allá del registro que mantiene el Minjus, no se dan acciones concretas para reducir el riesgo, como la erradicación de las actividades ilícitas de su territorio o la movilización de fuerzas del orden para el resguardo de líderes amenazados.
El Ministerio de Justicia confirmó a este medio que la mayoría de las situaciones de riesgo están vinculadas con actividades ilegales. Si bien el mecanismo se orienta a lograr la protección de los defensores, no incide directamente sobre los problemas estructurales que provocan las amenazas, reconoce el sector.
Las amenazas de otras economías ilegales
Como presidenta del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Alto Nanay, Pintuyacu y Chambira, Marcelina Angulo Chota, ha sido víctima de diversas intimaciones de mineros ilegales que intentan expandirse en esta zona de la región Loreto. En enero de 2023, recibió una serie de mensajes de texto donde la amenazaban a ella y su familia. Esa coacción ha continuado.
CONTAMINACIÓN. En regiones como Loreto y Amazonas, los defensores ambientales combaten a la minería eligal que afecta su fuente de agua.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
Angulo Chota contó a OjoPúblico que la minería ilegal en la zona alta de la cuenca del Nanay empezó en 2019, pero después del inicio de la pandemia, su expansión ha sido veloz. Las comunidades que se encuentran cerca del río se organizaron para desalojar a las dragas y realizar labores de interdicción. La primera respuesta de los mineros ilegales fue ofrecer dinero para conseguir el permiso de los pueblos indígenas. "Ofrecían S/1.800 cada seis meses como un pago a la comunidad", detalla Marcelina Angulo.
Aquellos que no aceptaban eran amenazados. La dirigenta comenta que solía salir a las radios locales para hablar sobre esta actividad, pero tras su participación recibía llamadas amenazadoras. Marcelina Angulo refiere que también forma parte del mecanismo intersectorial.
Según el registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los líderes más afectados por intimidaciones de esta economía ilegal pertenecen a los pueblos awajún, ikitu y harakbut.
Fuera de la estadística
Además de las deficiencias en la protección de los defensores, el mecanismo intersectorial ha excluido de la estadística a algunos líderes y familiares amenazados.
Desde hace 10 años, Ergilia Rengifo López, Julia Pérez Gonzales, Lita Rojas Pinedo y Lina Ruiz Santillán, tres viudas y una hija de los líderes asesinados en la comunidad ashéninka Alto Tamaya Saweto, en la región Ucayali, se encuentran en riesgo de ser atacadas por las mafias de tala ilegal y tráfico de madera que asesinaron a sus familiares en 2014.
Dicho peligro se intensificó luego de que, en abril de 2024, llegara a su etapa final el juicio en primera instancia contra los acusados del asesinato de los defensores.
Las viudas del caso Saweto han recibido amenazas por teléfono, de parte de personas no identificadas, por persistir en el proceso penal. Han dejado su comunidad y solicitado ser parte del mecanismo de protección gestionado por el Ministerio de Justicia, según informó Jessica Quiroz Ruiz, abogada del caso Saweto de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
DEFENSA. Líderes kakataibos vigilan su territorio ante la expansión de las actividades ilegales.
Foto: OjoPúblico / Leslie Searles
Sin embargo, el trámite para acceder a medidas de protección del mecanismo —como la vigilancia policial— aún no culmina, añadió la abogada de la organización indígena. También aseguró que, a causa de errores en las partidas de defunción de los líderes y otros documentos legales, las viudas no reciben una resolución que formalice su protección.
Olivia Bisa Tirko, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, ubicado en las cuencas de los ríos Morona, Sicuanga y Pushaga, región Loreto, ha solicitado, desde 2022, ser incluida en el mecanismo y recibir las medidas de protección ante las amenazas y el reglaje contra ella y su familia. Las amenazas por denunciar la contaminación petrolera fueron advertidas por OjoPúblico en mayo último y, según detalla, recibió una comunicación del Minjus para seguir su caso.
"Cuando la supuesta abogada me dice que verá mi defensa, lo primero que me pregunta es quién me está siguiendo ¡Por Dios! Si yo supiera quién es, lo hubiéramos detenido", refirió a este medio Olivia Bisa. La lideresa señaló que dejó de conversar con el ministerio, porque no se daban acciones concretas de protección y la actuación solo se limitaba a llamadas telefónicas.
A Olivia Bisa le han recomendado que abandone su comunidad, pero para ella y otros líderes no es viable seguir el consejo dado que viven junto con sus familias. "Los defensores no recibimos un sueldo para sustentar los gastos del traslado, es absurdo que nos digan qué tenemos que salir ¿A dónde podemos ir?", señala la lideresa chapra.
Protección no reglamentada
El mecanismo intersectorial para la protección de defensores de derechos humanos, creado el 22 de abril de 2021, establece que la evacuación de la zona de riesgo es una de las medidas urgentes de protección que se deben dar a aquellos defensores cuya vida e integridad se encuentren en riesgo grave.
La evacuación está a cargo del Ministerio de Justicia (Minjus) y su implementación se realiza con el apoyo del Ministerio del Interior.
Según información del Minjus a la que accedió OjoPúblico, el 67,99% de los registros de situaciones de riesgo de 656 defensores —desde 2019 hasta mayo de 2024 en todo el país— fueron atendidas mediante un monitoreo, mecanismo no regulado en la norma, que da seguimiento a los casos a través de comunicaciones permanentes con el defensor amenazado.
De otro lado, solo el 32,01% fue atendido a través del Procedimiento de Alerta Temprana (PAT), la vía estándar regulada en la norma de protección, que da paso a la emisión de resoluciones para medidas más efectivas, como el patrullaje o la evacuación.
DEMANDAS. Pueblos indígenas y defensores ambientales piden más intervención del Estado contra economías ilegales.
Foto: Fenacoka
En los últimos tres años, el uso del mecanismo fuera de la norma ha ido en aumento. Así, en 2022, el 50,61% de las atenciones fueron PAT y el 49,39% monitoreos. En 2022, el 7,55% fueron PAT y el 2023, 92,45% monitoreos. Desde enero hasta mayo de 2024, el 2,63% de las atenciones son PAT y el 97,37% monitoreos.
Un informe de evaluación de la efectividad del mecanismo de protección para las personas defensoras ambientales en Loreto, Madre de Dios y Ucayali de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), publicado en marzo de este año, señala que el PAT presenta plazos extensos —15 o 30 días— que no responden a la realidad de urgencia que enfrentan las personas defensoras.
Este punto, sumado a la falta de recursos asignados al mecanismo y la elevada carga laboral del Minjus, provoca que, en la práctica, no se cumplan los plazos.
En los últimos tres años, ha ido en aumento el uso de los monitoreos —mecanismo fuera de la norma— para atender las alertas".
"Lo que hace el ministerio es levantar el teléfono y comunicarse con la policía, los defensores públicos de la zona o algunas otras autoridades, pero no están dando formalmente medidas de protección, por la propia burocracia. Esto no va acorde con los estándares internacionales de protección", refirió Mar Pérez Aguilera, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).
El Minjus indicó que se recurre al monitoreo porque permite la adopción de acciones inmediatas y la coordinación con diferentes entidades u órganos con competencias. Mientras que, muchas veces, la solicitud del PAT es presentada por una tercera persona que no traslada la información requerida dentro del plazo establecido, por lo que no se cumple con determinados requisitos para su admisión.
La falta de atención del Estado a las amenazas y los asesinatos de 35 defensores indígenas desde 2013, según Aidesep, llevó a que los pueblos agremiados a esta organización, así como los Gobiernos Territoriales Autónomos Awajún y Wampis, la Nación Ese Eja y el Consejo Shipibo Konibo Xetebo declaren sus territorios en “estado de emergencia permanente”, para defenderse solos "de la arremetida insostenible de los grupos criminales".