Con la colaboración de Radio Marañón de Jaén 

El 17 de abril pasado, cinco ciudadanos ecuatorianos y tres peruanos —entre ellos dos efectivos de la PNP— ingresaron al Perú por el río Santiago (llamado Zamora, en Ecuador) con dos motores de gran tamaño, que tenían como destino final la comunidad de San Antonio, en el río Cenepa, zona donde opera la minería ilegal del oro. La información la dieron los propios implicados, al ser intervenidos por los indígenas wampís. 

Ya en territorio peruano, al grupo se unió un tercer policía, identificado como el subteniente PNP de tercera Isaac Rosillo Palacios (37), quien, según información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) a la que accedió OjoPúblico, es titular de una concesión minera de 500 hectáreas, en el distrito de El Cenepa, que se superpone a territorio de las comunidades indígenas San Antonio y Tuutin. 

Los motores –según los testimonios a los que OjoPúblico y Radio Marañón accedieron– habían sido adquiridos en la localidad de Yantzaza, provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, por el ciudadano peruano Abrahan Rosillo Abad (33), primo del policía Isaac Rosillo Palacios. 

Luego, el grupo se juntó y embarcó en Tiwintza, provincia de Morona Santiago, hacia Perú. Abrahan Rosillo Palacios compró los dos motores —según dijo— para que sean utilizados en una pequeña hidroeléctrica a construir en la comunidad de San Antonio. 

Sin embargo, el grupo fue intervenido la tarde del 18 de abril, a la altura de la comunidad Villa Gonzalo, en territorio ancestral del pueblo indígena wampís, en la región Amazonas, Perú, a varias horas de viaje de la cuenca del río Cenepa.

“No se había registrado antes algo así, es la primera vez que tenemos pruebas de policías trabajando con mineros ilegales”, aseguró Kefrén Graña Yagkur, secretario técnico adjunto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (Gtanw), sobre la presencia en el grupo de los efectivos uniformados. 

CONCESIÓN. Área de 500 hectáreas se superpone a territorio de dos comunidades awajún, San Antonio y Tuutin, y abarca un sector del río Cenepa. 

Imagen: Pedro Tipula, del Instituto del Bien Común (IBC)

Los tres policías intervenidos servían en la comisaría rural Los Ranchos, en la provincia de Huancabamba, región Piura, y se encontraban en sus días de descanso, señalaron los agentes a las autoridades indígenas en Villa Gonzalo. 

Los otros dos efectivos se identificaron como los suboficiales de tercera Alex Iván Maco Vilcherrez (28) y Richard Armando Rengifo Pérez (29). Estos cruzaron de Piura a Ecuador por el cantón de Macará, provincia de Loja, y, luego, se trasladaron hasta Tiwintza. 

Según se desprende del documento que reúne las declaraciones de los retenidos, Abrahan Rosillo Abad fue quien contrató a los cinco ecuatorianos para el transporte de la maquinaria y para que trabajen en la supuesta construcción de la pequeña hidroeléctrica. 

Abrahan Rosillo Abad, quien dijo ser comerciante, afirmó a las autoridades wampís, que los policías fueron contratados para dar “seguridad” a las dos naves que trasladaban la maquinaria. Según los testimonios, hubo una tercera embarcación, de menor tamaño, que se sumó en territorio peruano y que logró escapar antes de la intervención comunal. 

La ruta de los motores

De acuerdo a las declaraciones del mismo Abrahan Rosillo Abad, los motores fueron comprados en Yantzaza, Ecuador. Desde allí, fueron transportados por río hasta territorio peruano sin mayor control. 

Según Wrays Pérez Ramírez, expamuk (expresidente) del Gtanw, el control que realiza la Policía en la zona no es efectivo. “Los mineros pasan con sus máquinas por la punta de sus narices y no se dan cuenta”, dijo. 

En el trayecto, en la comunidad wampís de Onanga, en el distrito de Río Santiago, Abrahan Rosillo Abad se reunió con un indígena de apellidos Uriarte Tentets, alguien que —según Wrays Pérez Ramírez— “es conocido por ser prominero”. 

Según Rosillo Abad, Uriarte Tentets ayudó al grupo de policías peruanos y ciudadanos ecuatorianos “a salir de una ruta accidentada cerca de Onanga”. Luego, el mismo Rosillo Abad le compró alfombras, que se utilizan para la minería ilegal, por un valor de S/200. 

INCAUTACIÓN. Uno de los dos motores incautados por comuneros de Villa Gonzalo. Según los retenidos, este procedía de la localidad de Yantzaza, en Ecuador.

Foto: Gtanw

Los motores tenían como primer destino la localidad de Imaza, en Bagua. Según el policía intervenido Alex Iván Maco Vilcherrez, en ese punto estaba previsto cargar una “máquina retroexcavadora” con destino a la comunidad awajún de San Antonio, en el Cenepa.

Sin embargo, ambas embarcaciones, sus nueve tripulantes y la carga de dos motores fueron intervenidos en la comunidad wampís de Villa Gonzalo, en el río Santiago, mucho antes de llegar a su primer destino.
 

Una concesión minera

En marzo de este año, un equipo de OjoPúblico identificó, en San Antonio —también llamada Sua Pagki—, 12 focos de minería ilegal entre dragas y tracas. Estas últimas son estructuras de gran tamaño y con más potencia de succión que una draga común.

Superpuesta a esa misma comunidad y a Tuutin se encuentra la concesión minera del policía Isaac Rosillo Palacios, que tiene también como titulares a Yhony Rosillo Cueva y Abner Rosillo Abad. 

San Antonio es la comunidad con más área concesionada de la zona, según verificó Pedro Tipula, geógrafo e investigador del Instituto del Bien Común (IBC), con el software de representación cartográfica ArcGIS Pro. La concesión, además, abarca un sector del río Cenepa, afluente del Marañón.  

El petitorio de concesión minera se presentó el 26 de enero de 2023 ante el Ingemmet, y la concesión se otorgó el 19 de setiembre a través de una resolución de presidencia. 

La concesión, además, abarca un sector del río Cenepa, afluente del Marañón."

Sin embargo, los titulares no han iniciado a la fecha ningún trámite ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Amazonas, encargada de aprobar la explotación o extracción del mineral en la zona. 

Según la normativa peruana, una concesión por sí sola no otorga la autorización para la extracción minera. Hace falta la presentación y aprobación de expedientes técnicos para el inicio o reinicio de actividades de explotación. Ese proceso puede tomar, en el mejor de los casos, seis meses, explicó a este medio Erick Sánchez Cabañas, ingeniero de la DREM Amazonas.

“Sin la resolución que te indica que puedes explotar no puedes hacer minería. Y, si aún así lo haces, eres un ilegal en cualquier ámbito, así seas el titular”, aclaró Sánchez Cabañas. 

VIGENTE. Concesión minera de Isaac Rosillo Palacios y sus dos socios está vigente. El petitorio minero se presentó en enero de 2023 y fue otorgado en setiembre. 

Fuente: Captura web del Ingemmet

INGEMMET. Portada del expediente minero con información de los tres titulares de la concesión. Sin los permisos que siguen al otorgamiento no se puede operar.

Fuente: Captura web del Ingemmet

Acerca de que la concesión incluya un sector del río Cenepa, el funcionario explicó que por ley (decreto legislativo 1100) a nivel nacional no está permitido hacer minería en ríos y cursos de agua. 

En su opinión, es poco probable que la concesión obtenga los permisos debido a que en la provincia de Condorcanqui se encuentran, junto a otros sectores, evaluando el impacto de la minería en las comunidades. Esto debido a que “muchas se oponen a la actividad extractiva” o se generan conflictos internos. 

En el caso de San Antonio, Abrahan Rosillo Abad sostuvo, en su declaración ante las autoridades wampís, que cuenta con un acta donde la comunidad le autoriza a hacer minería en su territorio. 

Esto ocurre en un contexto, como informó OjoPúblico, en que los mineros ilegales ofrecen apoyo a las comunidades en obras de infraestructura o, incluso, un porcentaje de los ingresos generados por la actividad extractiva, a cambio de su apoyo. 

Es poco probable que la concesión obtenga los permisos, sostuvo el funcionario de la DREM Amazonas.

Una parte del oro que se extrae de esta zona tiene como destino las joyerías de Chiclayo (Lambayeque) y, también, las ubicadas en Jaén (Cajamarca), según información a la que accedió un equipo de Radio Marañón. 

En el último año, la minería se ha incrementado en el río Santiago. “Están a todo lo largo del Santiago y, ahora, utilizan máquinas más grandes, y contaminan más el río, que es la principal fuente de agua para la mayoría de comunidades”, explicó Kefrén Graña Yagkur, exprofesor y secretario técnico adjunto del Gtanw. 

Para evitar el ingreso de los mineros, en la comunidad de Villa Gonzalo —ubicada en el sector medio del río— han establecido un puesto de control y vigilancia comunitario. Este grupo de defensa socioambiental lleva el nombre de “Charip”, que significa relámpago en idioma wampís. Una de las demandas de este pueblo es que sean reconocidos por el Ejecutivo como “comité de autodefensa”. 

Entre la minería y el Baguazo

Tras la retención de las nueve personas en Villa Gonzalo, el 18 de abril, los representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís solicitaron la presencia de una comisión de alto nivel del Gobierno en la zona. 

Su objetivo era entregar a los retenidos a las autoridades policiales y fiscales para que se hagan las investigaciones de ley, solicitar interdicciones en el río Santiago y financiamiento de una serie de proyectos productivos. 

Sin embargo, según información de las propias autoridades wampís, la Policía venía preparando un operativo de “rescate” de los efectivos retenidos. Así lo señala una nota informativa interna de la Policía del 21 de abril pasado, que tiene la firma del coronel Manuel Marcelo Centeno Rosales. Sin embargo, a las pocas horas el Gobierno se desmarcó de dicha información. 

ILEGAL. En los ríos Cenepa y Santiago la minería se ha incrementado. Sobre la concesión del policía Isaac Rosillo se ha llegado a identificar algunas dragas.   

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Más tarde, el 23 de abril, luego de estar casi dos días inmovilizados en la base militar de El Milagro, en Utcubamba, por el mal tiempo, la comisión de alto nivel llegó hasta Villa Gonzalo. La misma estaba encabezada por el viceministro de Orden Interno, Juan José Santiváñez Antúnez.

El grupo incluía, además, a Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal; Rodrigo Valdivia Zamora, asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros; el fiscal anticorrupción Ángel Azabache Bernal; los fiscales especializados en materia ambiental Royner Vásquez Pereira y Henry Azula Mondragón; el director de Medio Ambiente de la PNP, Gregorio Martín Villalón Trillo, y el jefe de la región policial de Amazonas, Miguel Ángel Tello.

En la reunión con los representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, se acordó la ejecución de un plan de interdicción para la zona de Ciro Alegria hasta Nieva, la conformación de un grupo de trabajo multisectorial para proyectos productivos “amigables con la naturaleza”, y el reconocimiento de su comité indígena de autodefensa. 

Se acordó la ejecución de un plan de interdicción para la zona de Ciro Alegria hasta Nieva.

Alfredo Vizcarra Mori, obispo del Vicariato apostólico de San Francisco Javier, de Jaén, y quien asumió como intermediario del encuentro, reconoció que había desconfianza en ambas partes. 

“El anuncio del supuesto rescate [de los policías retenidos] y el hecho de que la comisión de alto nivel llegara con el resguardo de varios policías armados trajo a la memoria los hechos del Baguazo”, explicó a OjoPúblico el religioso de la orden jesuita. 

Al culminar la cita, los nueve detenidos fueron entregados y, hoy, se encuentran en Bagua cumpliendo prisión preliminar. 

OjoPúblico intentó comunicarse con un vocero de la Policía Nacional para conocer el proceso administrativo y disciplinario que seguirán los tres efectivos detenidos. Sin embargo, pese a los constantes mensajes, su oficina de comunicación no respondió.

Este medio también solicitó una entrevista al director de Medio Ambiente de la PNP, Gregorio Martín Villalón Trillo. En un primer momento aceptó el requerimiento. Sin embargo, luego, no volvió a responder. 

De igual modo, se pidió información a los fiscales presentes en la reunión entre autoridades del gobierno y dirigentes wampís. Tampoco hubo respuesta. 

Los nueve implicados se encuentran en Bagua cumpliendo detención preliminar, informó Radio Marañón el viernes último. El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Río Santiago dictó siete días de prisión preliminar contra los nueve detenidos por la presunta comisión del delito de minería ilegal en agravio del Estado.