Casi 10 años tuvieron que pasar para que los familiares de los cuatro líderes ashéninkas asesinados el 1 de setiembre de 2014 cerca de la comunidad Alto Tamaya Saweto, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, sintieran el abrazo de la justicia.

El 11 de abril último —ocho meses después de que se anulara una primera sentencia del caso— la Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció a 28 años y tres meses de prisión a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, así como a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix por el asesinato de los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez.

En el caso del acusado Eurico Mapes Gómez su sentencia quedó suspendida al haber sido declarado reo contumaz por no presentarse al juicio oral, que se inició el pasado 2 de noviembre.

Antes de ser ultimados, los dirigentes ashéninkas llevaban varios años denunciando la tala ilegal y el tráfico de madera en su territorio. Pese a que en varias ocasiones se presentaron ante las autoridades fiscales y ambientales, sus denuncias nunca fueron tomadas en cuenta. 

Los dirigentes ashéninkas llevaban años denunciando la tala ilegal y el tráfico de madera en su territorio".

Ucayali es la región que presenta más defensores ambientales asesinados desde el 2013: siete, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). 

Desde lo ocurrido con los líderes de Saweto, en setiembre de 2014, asesinados por oponerse a la tala ilegal, poco o nada parece haber cambiado en favor de los defensores y defensoras del territorio y de los derechos humanos en la Amazonía. El clima de inseguridad, por el contrario, se agudiza. 

HOMENAJE. Lina Ruiz, Lita Rojas y Ergilia Rengifo en un mural que recuerda la lucha por la defensa del territorio de los líderes ashéninkas asesinados en 2014.  

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

Según el Ministerio de Justicia, entre 2020 y 2024, en Ucayali se registraron 75 situaciones de riesgo que involucraron a 131 personas defensoras de derechos humanos. El peligro llega a alcanzar, incluso, a sus familiares. El tráfico ilícito de drogas y la tala ilegal son las principales actividades asociadas a episodios de riesgo contra los defensores en esta región de la Amazonía peruana.

Justicia que tarda no es justicia

“Justicia que llega tarde no es justicia, mi padre ya está hecho polvo, ya nada lo va hacer volver”, dice Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo Ramírez, a los pocos minutos de que la Corte Superior de Ucayali diera el fallo condenatorio. 

Lina Ruiz Santillán, al igual que Julia Isabel Pérez Gonzales, viuda de Edwin Chota Valera, y Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos Pérez, han dejado Saweto por su propia seguridad y para seguir de cerca el proceso judicial contra los hoy sentenciados a 28 años y tres meses de cárcel. Por seguridad, ellas viven desde hace varios años en la ciudad de Pucallpa, en casa de familiares o en cuartos alquilados. 

Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima Meléndez, es la única que continúa viviendo en la comunidad de Alto Tamaya Saweto y ha tenido que viajar tres días por río para asistir a la lectura de la sentencia. “En Saweto está mi familia, mi mamá, mi hermano, por eso no he querido salir”, cuenta a OjoPúblico. 

Por su parte, Ergilia Rengifo López asegura que esperarán que la sentencia sea ratificada en segunda instancia para recién “estar alegre y tranquila”. 

'Justicia que llega tarde no es justicia, mi padre ya está hecho polvo, ya nada lo va hacer volver', dice Lina Ruiz Santillán".

Lina Ruiz Santillán, menuda y ágil, agrega que aunque no está contenta espera que su madre Adelina Vargas Santillán, fallecida en 2022 en pleno proceso judicial, se encuentre satisfecha, “allá donde esté”, con este primer paso. Lina Ruiz es madre de cinco hijos y una de sus mayores preocupaciones hoy es poder actualizar los DNI de sus hijos más pequeños. 

La sentencia que se acaba de dictar establece el pago de una reparación civil de S/200.000 para las cuatro familias, es decir, S/50.000 para cada una. Al respecto, Alberto Caraza Atoche, abogado de los deudos, no descarta que vaya a apelar esta parte de la sentencia. 

“Nosotros hemos pedido S/250.000 por cada familia, pero tenemos estos días para evaluar si interponemos algún recurso de apelación o si estamos conforme a ello, eso lo vamos a conversar”, sostuvo. 

La sentencia debe ser ratificada en segunda instancia para que sea firme. “Queda el camino de la segunda instancia que la vamos a defender, para que no ocurra lo que ha ocurrido antes [en agosto de 2023], cuando declararon nula una primera sentencia [por la misma pena de 28 años y tres meses] y se tuvo que iniciar un nuevo juicio oral.”

SENTENCIA. Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ucayali determinaron por unanimidad la condena de 28 años y tres meses de prisión para los acusados. 

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

Indicios corroborados

La sentencia del denominado caso Saweto, cuya lectura integral está prevista para el próximo 23 de abril, señala que se ha logrado demostrar que los asesinos actuaron con “alevosía” contra los cuatro líderes ashéninkas.

El crimen de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez ocurrió cuando estos se dirigían a la comunidad de Apiwtxa, en Brasil, en medio del monte, camino a un encuentro con grupos indígenas de ese país para abordar problemáticas territoriales comunes.

“Varios días después de su desaparición, la policía halló breves restos incinerados. El peritaje diría luego que se trató de un fémur, una tibia, partes del pie. La crueldad llevaba el rastro de una venganza: desde el 2008, Chota venía denunciando que una mafia de traficantes de madera operaba en la frontera de Perú y Brasil, dentro del territorio de su comunidad indígena”, se lee en el informe publicado por OjoPúblico cuando se cumplieron cinco años del caso.

Se ha logrado demostrar que los asesinos actuaron con alevosía contra los cuatro líderes ashéninkas".

La jueza Ana Karina Bedoya Maque, que preside la sala que ve el caso, sostuvo, además, que se logró “corroborar” la versión del testigo protegido (con código 001-60-2019), el cual afirma que atestiguó cómo los acusados se prepararon para cometer el crimen y cómo, luego, relataron el mismo en un bar, cerca de la comunidad Alto Tamaya Saweto.

El testigo protegido dio su declaración el 22 de diciembre último durante más de cuatro horas, explicó a OjoPúblico la fiscal contra la criminalidad organizada de Ucayali, Vannie Robles Sajami, quien asumió el caso el 1 de noviembre de 2023. “Este testigo fue vital para el nuevo juicio, y fue examinado por todas las partes al momento de dar su declaración”, precisó.

Aclaró que además del Ministerio Público, el testigo protegido respondió a las preguntas del abogado de las viudas y a los abogados de la defensa, es decir, de los acusados. De otro lado, la fiscal aclaró que esta misma defensa presentó como testigo al dueño del bar “Don Tomás”, donde los ahora sentenciados narraron cómo dieron cruel muerte a los cuatro líderes ashéninkas.

PERSISTENCIA. Julia Isabel Pérez Gonzales (al medio), viuda del líder ashéninka Edwin Chota Valera, junto a Ergilia Rengifo López y Lita Rojas Pinedo. 

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

En enero de este año, OjoPúblico conversó con el testigo protegido 001-60-2019, quien brindó detalles sobre lo visto en los días previos y posteriores al crimen, como lo atestiguado el 2 de setiembre de 2014, un día después del cuádruple homicidio. 

“Nos encontramos en el mismo bar [en Puerto Putaya, a 10 minutos de Saweto]. Ahí dijeron que ya lo habían muerto, confirmaron su muerte. Vinieron a confirmar al señor Estrada [Huayta] que lo habían muerto, y que los habían agarrado en el tambo cuando estaban comiendo”. 

De acuerdo a la tesis fiscal, los autores mediatos, los que ordenaron la muerte de los líderes, fueron los madereros Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, y los que ejecutaron la orden fueron Eurico Mapes Gómez y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix.

Los autores mediatos del crimen fueron los madereros Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta".

Sobre la declaración del dueño del bar “Don Tomás”, quien negó los hechos, la sentencia señala que esta “ha sido contradictoria” y que no se encontraron más elementos que permitan corroborar su versión. Al respecto, la fiscal Vannie Robles Sajami apuntaló que ocurrió todo lo contrario con lo expuesto por el testigo protegido que presentó el Ministerio Público, cuyas declaraciones fueron corroboradas con los testimonios de los comuneros. 

Según la sentencia leída por la jueza el pasado 11 de abril, también se pudo demostrar que los cuerpos hallados en la frontera entre Perú y Brasil eran de los cuatro dirigentes ashenínkas asesinados y que, para probarlo, se recurrieron a pruebas de vestimenta y de ADN “por lo que el colegiado afirma que los restos corresponden a los agraviados”.

La defensa de los acusados ponían en duda que dichos restos sean de los líderes ambientales. La sentencia también señala que se probó la existencia de un conflicto entre los acusados y el expresidente de la comunidad de Saweto, Edwin Chota Valera. 

2024. La  deforestación se sigue dando dentro de las tierras de Alto Tamaya Saweto, advierte el actual apu de la comunidad Andrés Arévalo Pérez. 

Foto: Andrés Arévalo Pérez

Una sentencia esperada 

El jueves 11 de abril, a las 5 en punto de la tarde, Julia Isabel Pérez Gonzales, Ergilia Rengifo López, Lita Rojas Pinedo y Lina Ruiz Santillán ingresaron a la sala del Poder Judicial de Ucayali donde se iba dar lectura a la sentencia del denominado caso Saweto.

Varios minutos antes habían llegado representantes de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, así como los de las misiones de la Unión Europea, de Alemania, España, Bélgica, Francia y Finlandia. También una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). 

Hicieron lo propio el ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana Ysa; el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, José Carlos Rivadeneyra Orihuela; y el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Luigino Pilotto Carreño. 

Al llegar a la sala, las tres viudas y la hija de los cuatro líderes ashéninkas asesinados en 2014 por los madereros ilegales, no recibieron la misma atención —por parte de los miembros de seguridad de la sala y de otros presentes— que la que ofrecieron a los altos funcionarios nacionales y extranjeros asistentes. Pocos minutos después de las 5 p.m., la sala lucía repleta. 

Ante la evidente desatención, fue la propia representante de la Oacnudh quien intervino para que Julia Isabel Pérez, Ergilia Rengifo, Lita Rojas y Lina Ruiz sean debidamente ubicadas, junto a un intérprete, en la parte de adelante de la sala, frente a los tres jueces, para escuchar la sentencia que tanto esfuerzo les había costado obtener con el acompañamiento de organizaciones indígenas, civiles y otros aliados. 

FAMILIAS. Actualmente en Alto Tamaya Saweto viven 35 familias ashéninkas. Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima Meléndez, permanece en la comunidad. 

Foto: Andrés Arévalo Pérez

Tras conocerse la sentencia, que debe ser ratificada en segunda instancia, esta fue saludada por una parte de los presentes, como el ministro consejero de la embajada de la Unión Europea en Perú, Jerome Poussielgue. 

“Saludamos la sentencia que dio la corte, pero nos sigue preocupando la seguridad de las personas [las viudas y familiares de los líderes asesinados] hasta que realmente se cumpla la sentencia. Esperamos que esta sentencia haga historia [...] y sea un mensaje para todos los criminales y los violadores de derechos humanos y de la protección del ambiente en este país”, sostuvo Poussielgue al día siguiente de la lectura, luego de participar de una reunión con las viudas y familiares de las víctimas de Saweto.

La región más peligrosa 

Ucayali es una de las regiones amazónicas con más presencia de actividades ilegales, como el narcotráfico y la tala ilegal. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ucayali es la región con más incremento de cultivos de hoja de coca: experimentó un crecimiento del 43% pasando de 10.151 hectáreas, en 2021, a 14.531, en 2022.

Según el Registro sobre situaciones de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia, entre el 2020 y febrero de 2024, en Ucayali se han identificado 75 situaciones de riesgo, que involucraron a 131 personas defensoras de derechos humanos. 

De esos 75 casos, 42 se concentraron en la provincia de Coronel Portillo, y 17 corresponden al distrito de Masisea, donde se ubica, precisamente, la comunidad Alto Tamaya Saweto.

En Ucayali se han identificado 75 situaciones de riesgo que involucraron a 131 personas defensoras de derechos humanos".

De acuerdo al registro del Minjus, en Ucayali, el tráfico ilícito de drogas y la tala ilegal son las principales actividades ilegales asociadas a episodios de riesgo contra los defensores de derechos humanos. Estas se reflejan en amenazas a la seguridad personal y familiar, agresiones físicas y de otra índole, seguimiento y vigilancia, entre otros, así como el riesgo de homicidio. 

A Masisea le siguen los distritos de Irazola (nueve situaciones de riesgo), en la provincia de Padre Abad, y Raimondi (ocho situaciones), en la provincia de Atalaya. A nivel de regiones, a Ucayali le sigue Lima, con 54 situaciones riesgo identificadas por el Minjus entre 2020 y 2024. Luego, Loreto, con 31; Piura, con 30; San Martín, con 26; Huánuco, con 21; Madre de Dios, con 18; Amazonas, con 16, y Junín, con 12. 

En Alto Tamaya Saweto viven, actualmente, 35 familias, que cuentan con colegios de inicial y primaria con aulas multigrado. La escasa presencia del Estado se mantiene como hace una década. 

Andrés Arévalo Pérez, presidente de la comunidad desde el 2023, cuenta que invasores ingresan para sacar especies maderables, como la copaiba, sin permiso de la comunidad. Asegura, incluso, que Segundo Atachi Félix —uno de los condenados esta semana en primera instancia— es uno de los que extrae madera.

“Es preocupante, para los comuneros y para las familias de los deudos, que nos pueda pasar algo en el camino o dentro de la comunidad”, recuerda el dirigente de 24 años a OjoPúblico.