En la comunidad ticuna de Cushillo Cocha, en la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia, los monos escapan de las personas. “En los 90 cuando te acercabas, no tenían miedo, porque nadie les hacía nada, nadie los mataba. Ahora, te miran de lejos y empiezan a gritar. Te acercas y, peor, se larga”, cuenta Otto Cayetano Yumbato, alcalde delegado de la localidad.

Esta comunidad indígena se encuentra en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla, donde se ha detectado deforestación causada por cultivos de hoja de coca. Solo entre 2020 y 2022, casi se duplicó la superficie de estos sembríos, lo que, además, puede generar delitos conexos como contaminación, tala ilegal y tráfico ilegal de fauna silvestre. 

“Nuestra preocupación es que ya no se encuentran animales cerca [los que normalmente habitan el lugar] porque, como hay deforestación, ellos van ahuyentándose”, señala el dirigente a OjoPúblico.

Durante el TechCamp Red de colaboración para la vida silvestre, realizado los últimos 3 y 4 de julio, representantes de pueblos indígenas de las regiones de Ucayali, Loreto y Madre de Dios —agrupados en organizaciones como Aidesep, Orau y Orpio— destacaron que los animales silvestres de territorios amazónicos enfrentan graves amenazas. 

Estas no solo están vinculadas al comercio ilegal, sino también a la expansión urbana y agrícola, el avance de actividades extractivas que alteran su hábitat, las invasiones, así como a los conflictos entre animales depredadores y comunidades.

En dicho encuentro, realizado en la provincia de Maynas, en Loreto, los dirigentes también advirtieron sobre cambios en el comportamiento y en la presencia de los animales en sus comunidades, como ocurre con los monos en la triple frontera con Brasil y Colombia, o con jaguares en la cuenca del río Napo.

“Desde los pueblos indígenas vemos que [la fauna silvestre] es parte de nuestra cadena de subsistencia y parte de nuestra cadena de resistencia (...). Esta cadena está bajo amenaza: los ríos se secan, hay más incendios forestales, hay sequía. Los animales [pequeños] bajan a buscar agua o huyen y van a otros espacios (…). Los más grandes —como el jaguar u el otorongo— están más cerca”, señaló Jamer López Agustín, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau).

De acuerdo al último anuario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), cerca del 30% de un total de 1.125 intervenciones en materia de fauna silvestre realizadas el año pasado se concentraron en Loreto (83) y Madre de Dios (214). Ucayali, en tanto, no figura en la estadística oficial, mientras que en San Martín y Amazonas solo se tienen 44 y un registro, de manera respectiva. 

Antes, los monos no tenían miedo, nadie los mataba. Ahora, te miran de lejos y empiezan a gritar”, cuenta el dirigente ticuna Otto Cayetano.

En Loreto, 70 casos correspondían a abandono o hallazgos —generalmente vinculados al comercio o tenencia ilegal— y otros 13 al inicio de Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) por parte de Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre. En Madre de Dios se registraron 192 y 22 casos, respectivamente. En otras palabras, en la mayoría de las intervenciones no se identificó a ningún responsable.

Los dirigentes de pueblos indígenas coincidieron, además, en que grandes ciudades amazónicas, como Pucallpa (Ucayali) e Iquitos (Loreto), se han convertido en “centros de tráfico” ilegal de animales silvestres. Añadieron que las áreas naturales protegidas —donde existen cuotas para la cacería sostenible de carne de monte— y zonas fronterizas en Colombia y Brasil también son puntos críticos para la extracción ilegal y comercialización de especies, respectivamente. 

En el campamento tecnológico —organizado por Rainforest Foundation US, Orpio, ORAU—, además de los dirigentes, biólogos, especialistas indígenas, economistas, operadores de justicia, así como representantes de centros de rescate plantearon —entre otros aspectos— la necesidad de implementar actividades económicas alternativas. Sobre todo, donde crece el cultivo de hoja de coca y avanza el narcotráfico, como ocurre con la comunidad de Cushillo Cocha. 

También, la vigilancia binacional en zonas de frontera, fortalecimiento de la fiscalización en áreas protegidas y puertos fluviales, capacitaciones a las comunidades para el monitoreo y manejo de especies. Además, señalaron la posibilidad de ejecutar proyectos sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria y trabajo en las escuelas sobre el comercio ilegal de animales.

Uno de los casos de presunto tráfico aún vigente lo reveló OjoPúblico: la frustrada venta de 38 osos perezosos y hormigueros, que habían sido extraídos de su hábitat, y cuyo destino era la ciudad de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. A la fecha, este caso se encuentra en formalización de investigación, según confirmó la fiscalía ambiental de Maynas, y un centro de rescate alberga a dos sobrevivientes.

Las amenazas

La fauna silvestre es patrimonio de la nación y el Estado está obligado a su conservación. Se trata de especies de animales no domesticadas, nativas o exóticas, que viven libremente en el territorio nacional. Su tráfico ilegal —la venta, transporte, almacenamiento, importación, exportación sin permiso válido y su origen desconocido— tiene penas de hasta siete años de prisión en la forma más grave e, incluso, de 20, si se aplica la Ley contra el crimen organizado.

En los últimos años, especies de la Amazonía peruana, como las tortugas taricaya (Podocnemis unifilis) —incluidas en la lista de animales vulnerables, Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites)— figuran entre las más afectadas, no solo por el tráfico de especies, sino también por la exportación global, principalmente, a países asiáticos.

En el ámbito nacional, incluso, aparece como la tercera con más intervenciones (517) en el anuario de 2023 de Serfor: 448 corresponden a abandono o hallazgo, figura relacionada al comercio ilegal, y otros 69 a procesos administrativos sancionadores.

AMENAZADAS. Pese a su condición de vulnerabilidad, las tortugas taricayas figuran entre las principales especies exportadas de Perú.

Foto: Andina / Difusión

En palabras de Jamer López Agustín, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau), esta especie, cuyos huevos, además, son consumidos, así como la carne de monte (majas o venado) y loros son las más asediadas en la zona que abarca las 13 federaciones de Ucayali, Huánuco, y Loreto. 

“Con la taricaya, comer forma parte de la cadena de subsistencia, hay una mirada de alimentación y dieta, pero también de resistencia porque, como pueblos indígenas, luchas por seguridad territorial y por los recursos biológicos ecosistémicos dentro de nuestro territorio”, refiere.

Añade que el tráfico ocurre bajo dos modalidades. En la primera, los comerciantes ofrecen algún objeto de valor, ropa o víveres, a cambio de animales. En otros casos, foráneos ingresan al territorio y cazan a las especies silvestres. Las zonas más afectadas se ubican en la frontera, según refiere: Purús y Yurúa, cerca a Brasil. A esto se suma el Área de Conservación Regional (ACR) Imiría y el río Juruá, entre Brasil y Perú.

Para López Agustín, la principal afectación está referida a la seguridad alimentaria, por lo que plantea la necesidad de proyectos sostenibles que la puedan garantizar —por ejemplo, piscigranjas—, así como vigilancia binacional compartida entre Perú y Brasil. Propone, además, que las reglas de convivencia con la naturaleza y vida silvestre estén incluidas en los estatutos comunales.

José Murayari Córdova, vicepresidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) —que agrupa a 40 federaciones— denuncia que uno de los puntos vulnerables de afectación a la fauna silvestre es el ACR Ampiyacu Apayacu, en Loreto. De acuerdo a los monitores indígenas de la institución, las especies más amenazadas son los otorongos, las tortugas motelo (Chelonoidis denticulata), monos, seguidos por el tapir, osos perezosos y ronsocos.

De 1.125 intervenciones, la mayoría está vinculada a abandonos o hallazgos, así como al comercio y tenencia ilegal".

En ese contexto, el dirigente indígena propone una mesa de trabajo con el Gobierno Regional de Loreto —a través de la Gerencia Regional de Flora y Fauna— para fortalecer los controles y que los monitores indígenas puedan compartir las zonas críticas identificadas dentro de su territorio. A esto se añade el pedido de apoyo para socializar la vigilancia en la comunidad y asociarse con autoridades regionales (Gerfor), nacionales (Serfor) y entre pueblos indígenas.

“Nosotros, como organización regional, le decimos a la Policía que hay puntos estratégicos para poner su garita. Le decimos y no hace nada”, añade. 

CIFRAS OFICIALES. Entre las principales especies registradas en las intervenciones de las autoridades regionales figura la taricaya: 517 casos solo en 2023.

Gráfico: Serfor

Entre agosto de 2022 y mayo de 2024, comunidades amazónicas registraron, al menos, 40 alertas tempranas por caza furtiva, invasión, cultivos ilícitos, minería ilegal, caza, tala ilegal y derrames de petróleo, de acuerdo a un reporte preliminar de Aidesep.

En ese escenario, además del tráfico ilegal, aparecen otras amenazas a la vida silvestre y su coexistencia con los pueblos indígenas. Un caso ha sido alertado por comunidades kichwas de la cuenca del río Napo, en Loreto: los jaguares aparecen con más frecuencia en sus territorios y atacan a animales de consumo (sajino o majas), lo cual afecta la economía de los habitantes.

La pérdida de cobertura de bosques, la caza ilegal, la expansión de las poblaciones humanas y la frontera agropecuaria perjudican el hábitat natural del felino nativo más grande de América y tercero en el mundo. Eso provoca, a la vez, que este se movilice hacia otros lugares para encontrar presas.

“Esos animales [los atacados por los grandes felinos] los vendemos y, a veces, los consumimos. Como no conocemos cómo convivir con ellos, tener armonía, queremos tener varios aliados que nos puedan capacitar, para retirar a los jaguares de la comunidad”, refiere Ángel Abarca Sandoval, entrenador de los monitores ambientales de la Organización Kichwaruna Wankurina del Alto Napo (Orkiwan).

Crimen organizado y tráfico ilegal

Estos problemas ocurren a dos años de la incorporación del tráfico de fauna silvestre a la Ley contra el crimen organizado, medida que incrementa las penas y permite el uso de herramientas más sofisticadas, como la interceptación de las comunicaciones. No obstante, dada la complejidad y plazos para estas investigaciones, aún no se conocen casos de fauna silvestre concluidos bajo ese marco legal. 

Para el abogado especialista en derecho ambiental César Ipenza Peralta, si bien el marco jurídico permite penas efectivas de prisión en el tráfico de especies, estas se deben enfocar en casos graves y complejos. Entre ellos, los nacionales o transfronterizos que falsifican permisos o exportan especies que no figuran en documentos. 

“Hay organizaciones criminales que se disfrazan para comercializar grandes cantidades de fauna. Usan negocios legales, aparentemente empresas. Cuando se comete tráfico de fauna, también hay delitos conexos como corrupción de funcionarios, lavado de dinero, defraudación tributaria”, señala.

Un hecho investigado por la justicia ocurrió el 22 de setiembre de 2023, cuando se detectaron irregularidades en la frustrada exportación de 38 osos perezosos y hormigueros hacia la ciudad de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. 

El caso, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Maynas, se encuentra en etapa de formalización de investigación, posterior a las diligencias preliminares. Los presuntos delitos son otorgamiento ilegal de derechos y tráfico de fauna silvestre, según informó la Fema Maynas a OjoPúblico.

SOBREVIVIENTE. El CREA de Loreto informó que alberga a dos de los osos perezosos rescatados tras la frustrada exportación a Dubai, en 2023.

Foto: OjoPúblico

Hasta el 8 de octubre de 2023, 12 especies habían fallecido debido a las malas condiciones. El resto fue trasladado a dos centros de rescate y un zoocriadero. Uno de estos establecimientos es el Centro de Rescate Amazónico (CREA), donde permanecen dos especies sobrevivientes ya rehabilitadas. 

Según el último reporte de Serfor, hasta noviembre de 2023, 15 centros de rescate operaban en el país: nueve en Loreto, tres en Madre de Dios, uno en Ucayali y otro en Lima. 

Kelly Tapayuri Olivera, rehabilitadora del CREA de Loreto, que alberga a más de 100 especies, explica que estos centros privados reciben en custodia los animales decomisados por las gerencias regionales de flora y fauna, para su rehabilitación y, eventualmente, su liberación a la naturaleza. “Hay gastos, logística. Los centros se manejan con fondos propios, a pesar de que son animales del Estado”, cuenta. 

Ante ello solicitan apoyo para la mejora de la infraestructura, equipamiento y clínicas veterinarias para atender a las especies afectadas. “No sabemos de dónde vienen porque [las autoridades] no han hecho la trazabilidad. Algunos llegan con documentos de decomiso, pero con categoría de ‘abandono’ [sin responsables]. Mientras no haya sanción monetaria, esto va a seguir”. 

Entre los animales que albergan están los monos. En Cushillo Cocha, por ejemplo, el mono fraile come shimbillo (planta), bota las semillas y, luego, estas se convierten en árboles. “Ellos no deforestan, ellos siembran”, dice Otto Cayetano. 

Los líderes buscan proteger la biodiversidad: “La Amazonía sigue siendo nuestra, sigue siendo viva. No solo para nosotros, sino para la generación que viene”.