Los niños awajún que viven cerca al río Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, tienen prohibido bañarse en sus aguas porque les provocaría ronchas y sarpullido en la piel. Comer los peces de este afluente les genera problemas estomacales, pero no siempre fue así, indicó a OjoPúblico Hortez Baitug, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), que agrupa a 63 comunidades del pueblo awajún. 

Desde hace tres años la minería ilegal empezó a expandirse en la cuenca del río Cenepa y a contaminarlo por el uso de mercurio y la remoción de sedimentos. "Antes, durante la época de merma del río, se podía pescar cangrejos y carachamas porque sus aguas eran cristalinas, pero ahora está turbio", señala el dirigente indígena. La organización ha denunciado este hecho al Ministerio Público, pero hay pocos avances en la investigación. 

Antes se podía pescar cangrejos y carachamas porque sus aguas eran cristalinas, pero ahora está turbio".

Por esta razón los awajún han reducido la cantidad de actividades que realizaban en el río Cenepa, una importante fuente de recursos que cruza su territorio. "Tenemos miedo de ir a pescar a las playas porque ya se malograron. Las dragas se encuentran en medio del río y no hay espacio para usar nuestras embarcaciones", cuenta Hortez Baitug. Denuncia que a causa de esta actividad ilegal se presentan casos de desaparición de mujeres jóvenes y conflictos con los mineros. 

La Defensoría del Pueblo registra esta situación en su último boletín. Además, el 27 de mayo esta institución emitió una nota de prensa que advertía que la presencia de minería ilegal en el Cenepa amenazaba la salud y seguridad de la población indígena.

ALERTA. Los awajún han dejado de pescar y nadar en la cuenca del río Cenepa, en Amazonas, debido a la contaminación de sus aguas.

Foto: OjoPúblico / Leslie Searles

Ante el aumento de actividades delictivas en la zona, el Gobierno publicó el decreto supremo que declara en estado de emergencia la provincia de Condorcanqui por 60 días a partir del 25 de junio. Durante este periodo el Ejército y la Policía deberán ampliar su presencia en el área. Esta medida alcanza al territorio de los awajún y de los wampis, quienes denunciaron el incremento de la tala ilegal en sus comunidades.

La publicación de esta norma generó expectativas en las comunidades indígenas quienes demandaban la intervención de las fuerzas del orden para realizar interdicciones en la cuenca del Cenepa. Sin embargo, en una reunión realizada el último jueves entre funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior y dirigentes indígenas se informó que no se contaba con recursos para las interdicciones, según Zebelio Kayap, líder indígena y expresidente de Odecofroc.

Tras esta negativa, los dirigentes de las comunidades que participaron de la reunión tomaron la decisión de empezar las interdicciones por su cuenta, cansados del incremento de la actividad, indicó Kayap a OjoPúblico. La próxima semana se realizará una reunión general en la comunidad de Huampami para definir el inicio de esta medida, mediante la cual un grupo organizado de indígenas destruirá las zonas donde se realiza esta actividad. 

Ubicación de las dragas fue notificada 

Los awajún saben cuáles son las zonas donde se ubican las dragas. Esta información fue enviada el 2 de febrero de este año a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Bagua para que se realicen interdicciones. Se abrió una investigación fiscal, sin embargo, se desconoce los avances de la misma. OjoPúblico se comunicó con este despacho, pero indicaron que no podían dar información sobre el estado de esta y otras investigaciones por minería ilegal en la provincia de Condorcanqui.

En noviembre del año pasado, Odecofroc y la organización de derechos humanos Paz y Esperanza recorrieron 38 kilómetros del río Cenepa y tomaron fotografías de las dragas ubicadas en el trayecto entre la desembocadura del río Marañón hasta la zona de Huampami. 

La ubicación de las dragas fue reportada a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua en febrero".

Jorge Arboccó, director de la oficina regional de Paz y Esperanza, señaló a OjoPúblico que para ubicar los puntos exactos donde estaban las dragas se usó un software de información geográfica. En total se hallaron 20 dragas, de ellas solo dos tenían sistema de balsa y estaban ancladas en el río, el resto funcionaba con motobomba a las orillas del Cenepa. Las comunidades de Nuevo Tutino, Tuutin, Aintam y Huampami concentraban la mayor cantidad de dragas. 

Este informe fue adjuntado a la denuncia por minería ilegal realizada en febrero. Rubén Ninahuanca, asesor legal de Paz y Esperanza, señala que realizaron este trabajo porque el Ministerio Público les solicitó la ubicación de las dragas para realizar interdicciones.

Este ejercicio se volvió a realizar el pasado 18 de junio, pero solo se recorrieron siete kilómetros y, sin embargo, la cantidad de dragas se incrementó a 39. Nuevo Tutuni y Tuutin son las comunidades que agrupan la mayor cantidad (25), además se halló que la mayor parte de dragas tenía un sistema de buceo, lo que quiere decir que era más modernas.

Rubén Ninahuanca explica que usar este sistema en las dragas les permite a los mineros trabajar todo el año, a diferencia del sistema de motobomba, que solo se emplea cuando el caudal del río está en su punto bajo. 

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Zebelio Kayap señaló que hace tres años ocurre un fenómeno migratorio de mineros que son expulsados de otras regiones como Madre de Dios y se instalan en sus comunidades. Hortez Baitug manifestó que, en algunos casos, esta actividad cuenta con el visto positivo de las comunidades.

Interdicciones comunales

El anuncio de interdicciones realizadas por cuenta de los awajún tiene un antecedente. El pasado 22 de mayo, integrantes de las comunidades de Tawasmag, Pantan Entsa, Kunchai y el comité de autodefensa de Odecofroc intervinieron a siete personas que presuntamente eran mineros ilegales. El operativo se realizó entre las comunidades de Tutino y Pagki. Además de la detención de estas personas, se procedió a quemar la plataforma donde se extraía el oro.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú disponer medidas para brindar seguridad a los miembros de las comunidades nativas y a los representantes de Odecofroc, quienes participaron de la intervención. Además, exhortó al Ministerio Público a investigar con rapidez la denuncia por minería ilegal realizada por los awajún.

El pasado 2 de junio se realizó una Mesa Técnica para el Desarrollo de la Provincia de Condorcanqui, con la presencia del ministro de Defensa, José Luis Gavidia. En esta reunión se acordó realizar interdicciones en el plazo más próximo, pero esto aún no ocurre.

Amenazas a dirigentes

La interdicción realizada por el comité de autodefensa de Odecofroc en el mes de mayo provocó que los dirigentes y la población sean amenazados. "Mi persona es buscada para ser eliminada en cualquier parte, somos muy amenazados", refirió Hortez Baitug. Según denunció el dirigente, los mineros ilegales contratan incluso a miembros de rondas y algunos apus para poder dar con el paradero de los dirigentes y callarlos.   

Zebelio Kayap también indica que fue amedrentado en la misma intervención. Señaló que cuando los awajún detuvieron a siete presuntos mineros ilegales que los amenazaban, estos fueron llevados a la oficina de Odecofroc, ubicada en la comunidad de Mamayaque. A este lugar se presentaron personas con armas de fuego y machetes para pedir la liberación de los mineros, pero no se produjeron mayores incidentes. Advierte que la violencia se podría desbordar en cualquier momento.

La interdicción realizada por el comité de autodefensa de Odecofroc en mayo provocó que los dirigentes y la población sean amenazados.

Augostina Mayan Apikai, dirigente Odecofroc, incluso viajó a Lima para denunciar las amenazas que recibió por parte de este grupo ante el incremento de la minería ilegal en la Amazonía.  

Los tres dirigentes awajún cuentan con las garantías personales emitidas por el gobierno como defensores ambientales, pero eso no ha impedido que reciban amenazas. Rubén Ninahuanca indicó a OjoPúblico que el único servicio que el Ministerio de Justicia presta a los defensores que viven en Condorcanqui es la asistencia psicológica, no cuentan con resguardo policial.

También se ha solicitado que se amplíe la protección para el pastor de la comunidad de Pagki, Héctor Mayan, y al dirigente Isaías Mayan, quienes fueron amenazados por estar en contra de la minería ilegal, pero el trámite que empezó hace más de un mes aún no termina.