Hace siete años, la comunidad Yamino, ubicada en el bosque de Aguaytía, en la región Ucayali, apenas tenía 20.000 hectáreas de bosque en sus 31.000 tituladas por el Gobierno Regional de Ucayali. La deforestación por la tala ilegal arrasó con el 35% de sus árboles de tornillo. Cansados de esta situación, los indígenas del pueblo kakataibo decidieron reforestar el bosque para preservar su cultura y generar rentabilidad a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, que financia proyectos de conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono.

Herlin Odicio, líder de los kakataibos, cuenta que cada familia cuida 5.000 hectáreas de bosque. Asimismo, un grupo de cinco vigilantes indígenas recorren los linderos de la comunidad para monitorear el territorio si algún intruso llega a sus territorios para deforestar. “La comunidad trabaja en la reforestación para generar turismo y agricultura sostenible. Sin embargo, aún nos vemos amenazados por los ilegales que ingresan a deforestar el territorio”, dijo a OjoPúblico.

El caso de Yamino es un ejemplo del trabajo de las comunidades para proteger sus bosques y contribuir con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Se trata de iniciativas destacables, pero que, sin apoyo gubernamental, poco pueden hacer frente al avance de la deforestación en Perú que alcanzó 203.272 hectáreas en el 2020, la cifra más alta en los últimos 20 años, según el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (Minam).

En la Conferencia de las Partes (COP26) de Glasgow, celebrada en noviembre del año pasado, 141 países con 91% de las áreas forestales del mundo se comprometieron a conservar los bosques, eliminar progresivamente los vehículos contaminantes y reconocer la importancia de los territorios de indígenas para la reducción del CO2 al 2030. Sin embargo, se han identificado acciones limitadas para apoyar el papel de los pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) en la mitigación de la crisis climática, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y Climate Focus en el informe “Hundirse o nadar: Cómo las tierras indígenas y comunitarias puede hacer o deshacer contribuciones determinadas a nivel nacional” de Shazabe Akhtar, Darragh Conway, Mario Finch y Juan Carlos Altamirano. 

Dicho informe, que analiza el potencial de mitigación de las tierras indígenas y comunitarias de Brasil, Colombia, México y Perú, destaca que “las tierras boscosas de los pueblos indígenas y comunidades locales son importantes sumideros netos de carbono”. Es decir, captan grandes cantidades de CO2. En la COP26, cada nación se comprometió a reducir las emisiones de carbono estableciendo promesas a mediano plazo, las cuales se conocen como “contribuciones determinadas a nivel nacional” (CDN). Por ejemplo, Perú tiene la meta de reducir 90 millones de toneladas métricas de CO2e —una medida utilizada para contabilizar la huella de carbono— al 2030 y se calcula que las tierras indígenas podrían contribuir con cumplir el 28% de esta meta, indica el citado informe. 

Según las estimaciones de este estudio, las tierras de los pueblos indígenas en Perú pueden captar 25 millones de toneladas métricas de C02e anualmente, lo que contribuye a cumplir con la meta de reducción de gases de efecto invernadero del país. “Las emisiones captadas en las tierras de los pueblos indígenas y comunidades locales cada año tienen el potencial de desempeñar un papel importante para ayudar a los países a cumplir con sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Cada año, estas tierras secuestran emisiones equivalentes a un promedio del 30% de los objetivos de los países a pesar de ser constantemente invadidas por ganaderos, madereros y mineros”, indica el informe.

La falta de titulación en tierras indígenas

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es una de las medidas cruciales para enfrentar el calentamiento global. Para ello es necesario la eliminación del uso de combustibles fósiles para energía y transportes, ya que la quema de estos es la principal causa de emisión de dióxido de carbono.

Otra forma efectiva de reducción de los GEI es el proceso denominado secuestro de carbono, que consiste en que los árboles y bosques eliminan el CO2 de la atmósfera y lo conviertan en compuestos orgánicos durante la fotosíntesis. El trabajo de las comunidades indígenas juega un papel importante para absorber el CO2 del aire de esta forma.

Según estudios científicos, las áreas cuidadas por pueblos indígenas y protegidas por el Estado son menos susceptibles a la pérdida de carbono por degradación forestal que otras sin protección. Sin embargo, este trabajo no es tomado en cuenta por el gobierno en sus metas específicas con pueblos indígenas para la reducción del CO2.

Hasta el 2016, en Perú se habían titulado 10‘787.211 hectáreas de bosque de 1.260 comunidades indígenas en la Amazonía, según el reporte del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Más de un tercio de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades locales aún no han sido reconocidas. El cierre de esta brecha se ve obstaculizado por un proceso de titulación complejo y costoso que puede demorar hasta 20 años en completarse, señala el economista Juan Carlos Altamirano, uno de lo autores del informe del Instituto de Recursos Mundiales y Climate Focus.

Perú tiene una superficie de 1.285.215 km2, y la Amazonía representa el 74% de ese territorio (956.751 Km2). En el país se calcula que el 55,8% del territorio está en manos de comunidades indígenas, de los Andes y la Amazonía. De ellas, solo el 34,8% fueron tituladas y falta aún el 21%.

El secuestro de carbono consiste en que los árboles y bosques eliminan el CO2 de la atmósfera".

El técnico especialista en titulación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Waldir Eulogio Azaña, explicó a OjoPúblico que la burocracia y la corrupción de los gobierno regionales no han permitido que la titulación de las comunidades avance pese a que contaban con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en Perú (PTRT3), que tenía por objetivo titular 403 comunidades.

“Han pasado cinco años y ni una comunidad fue titulada con este financiamiento. Ahora tienen un año de ampliación para titular 162 comunidades, pero las direcciones regionales de Agricultura no tienen especialistas ni equipos. El nuevo gobierno optó por dejar el financiamiento externo y cambiar de modalidad, lo que amplía más el plazo y las comunidades siguen siendo acechadas por los ilegales”, dijo Eulogio Azaña. 

Darragh Conway, asesor legal en Climate Focus y coautor del informe, explicó que no brindar seguridad territorial a los pueblos indígenas a través de la titulación de sus tierras es una gran amenaza para la sociedad en su conjunto. “El tercio de la población indígena en Perú no ha asegurado sus derechos legales sobre la tierra, lo que lleva a que el gobierno otorgue permisos [de concesión minera y petrolera] sin su consentimiento en sus territorios”, señaló el experto.

Otra de las deficiencias es que no existe el pleno reconocimiento de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio, pese a que en Perú se reconoce la Consulta Previa incluso para la ejecución de proyectos de inversión. Esto hace que las comunidades sean constantemente afectadas por decisiones de otras instancias del Estado como el reciente fallo del Tribunal Constitucional en el caso de las comunidades aymaras, que solicitaron anular dos concesiones de la minera Cemento Sur SA, parte del Grupo Gloria. 

El líder indígena de Colombia, Harol Rincón Ipuchima, explicó que los pueblos indígenas tienen formas tradicionales de manejo de bosques, pero su trabajo se ve obstaculizado cuando ingresan las inversiones extractivas. “No es lógico que los gobiernos firmen compromisos ambientales, pero a la vez impulsen sus economías bajo el extractivismo del petróleo y minería. Se debe asegurar el derecho de los pueblos a ser consultados y decidir por sus tierras”, anotó.

A esto se suma la falta de seguridad a los pueblos por el impacto de las actividades ilegales, como la minería, narcotráfico, tala ilegal y monocultivos que afectan los territorios de las comunidades. El informe del Instituto de Recursos Mundiales y Climate Focus señala que no se conoce con precisión cuánto hectáreas de bosque deforestan las actividades ilegales en tierras indígenas y comunidades locales, pero “hay numerosos casos documentados de actividad ilegal que invade estas tierras”. Es decir, se tiene un cálculo anual de la pérdida de bosques, pero no se sabe qué porcentaje es causado por ilegales, actividades extractivas y agricultura. 

Además, el enfrentamiento de las comunidades contra los ilegales que deforestan sus territorios pone en riesgo a sus líderes. En Perú murieron seis defensores ambientales en el 2020, según Global Witness. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú registró cuatro asesinatos en el 2021 y en lo que va del año se evalúa considerar en la lista a Juan Julio Fernández Hanco, quien fue asesinado el pasado  20 de marzo en la zona conocida como La Pampa, un lugar acechado por la minería ilegal. Ninguno de estos casos ha conseguido una sentencia a favor de las familias de los indígenas víctimas de los crímenes. 

Seis defensores ambientales fueron asesinados en el 2020 por defender sus territorios de quienes deforestan sus bosques".

“Es fundamental considerar la participación de los pueblos indígenas en la mitigación del cambio climático. Los defensores, que estamos en primera línea de protección al bosque, estamos siendo criminalizados. Hay preocupación porque el gobierno no asume medidas reales para la protección de los defensores y apoyar para detener la deforestación”, señaló el vicepresidente de Aidesep, Miguel Guimaraes. 

En el 2021, el Ministerio de Justicia implementó el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos para prevenir ataques a líderes ambientales. Sin embargo, “sus acciones han sido limitadas porque no se cumple con resguardar la vida de los ambientalistas, las muertes continúan en la Amazonía”, indicó Waldir Eulogio Azaña, especialista de Aidesep. 

A esto se suma, que hasta ahora el Perú no ha ratificado el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, recuerda el informe. 

Uno de los mecanismos para combatir la crisis climática es el pago por servicios ambientales (PSA), donde se remunera a las comunidades y otros propietarios de bosques por conservar y manejar sus bosques de manera sostenible. Según el análisis del informe del Instituto de Recursos Mundiales y Climate Focus, esta medida en Perú, que impulsa la REDD+ (Conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono), ha ayudado a promover los derechos indígenas pero, en términos más generales, no ha detenido la deforestación ni mejorado el bienestar de los pueblos indígenas.