El tráfico de madera en los últimos cinco años generó activos ilícitos por S/467 millones o US$155 millones anuales en el Perú, reveló un reciente estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en donde además se detalla que dichos flujos de dinero constituyen casos de lavado de activos en el sector maderero peruano.

El informe de la UIF, a la que accedió Ojo-publico.com, establece que la tipología del delito en el lavado de activos del sector forestal respondería a la conformación de una estructura basada en grupos familiares. Según el análisis, estos  serían los mayores responsables del lavado de dinero del tráfico de madera, pues a través de documentos falsos, empresas de fachada, compañías offshore en paraísos fiscales y testaferros darían legitimidad a fondos originados en la tala ilegal. 

ESQUEMA. Diagrama general de las inversiones con fondos provenientes de la tala ilegal que derivan en casos de lavados de activos de acuerdo a la UIF

Imagen: Informe UIF

El informe de la UIF, elaborado con el apoyo de la cooperación alemana y publicado hace unos días, establece la forma en la que el dinero proveniente de la tala ilegal ingresa al sistema financiero: un grupo familiar tiene varias empresas dedicadas a la compra de madera (una en Perú y tres en el extranjero); estas a su vez tienen como proveedores a compañías de fachada que “por las características de sus accionistas y de las instalaciones físicas de las empresas, no tienen el perfil para dedicarse al acopio, procesamiento y exportación de madera”; los accionistas de las empresas de fachada son testaferros de las empresas exportadoras.

Luego, para sacar el dinero al exterior y proteger el patrimonio obtenido irregularmente, el grupo crea empresas en paraísos fiscales.

Recomendaciones del estudio

El informe recomienda que UIF participe en las reuniones de la Comisión Multisectorial contra la Tala Ilegal y que tanto el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), sean incorporados a la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (CONTRALAFT).

Recientemente, el gobierno peruano promulgó a través de un decreto supremo la incorporación de Osinfor, entidad encargada de fiscalizar la extracción de madera, al Ministerio de Ambiente, cuando antes dependía directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. La decisión ha sido cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil  y ha provocado la renuncia irrevocable del actual Jefe y Secretario General de Osinfor.

MADERA SUCIA. Estimación de flujos ilícitos del sector maderero (2007-2016)

Fuente: Informe final de la UIF con información de INEI, Osinfor y Serfor

La economía ilegal del sector forestal

La UIF estima que en el Perú el volumen de la producción ilegal de madera supera anualmente el millón de metros cúbicos. Esto representa el 41% de la producción total de madera.  

En las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios -que albergan el 76% del total de hectáreas de bosques amazónicos- se han identificado una serie de amenazas que permiten el ingreso de dinero producto de la tala y el comercio de madera ilegal. Entre ellas, la presencia terrorismo -como remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso y otros ubicados en la frontera con Colombia- en zonas de bosques que podrían representar presiones o extorsiones a empresas formales del sector maderero

Los participantes del estudio -entre empresarios, funcionarios públicos, órganos de control y ONG- afirmaron que la  corrupción es el principal problema.

Otras de las vulnerabilidades identificadas tienen que ver con el deficiente marco normativo, la poca capacidad de gestión y recursos, la desarticulación entre los organismos del Estado que regulan el sector, falta de liderazgo de las autoridades forestales, alta informalidad y factores socioeconómicos que favorecen la tala ilegal.

Si bien el documentado estudio de 95 páginas señala que la venta de madera ilegal a empresas formales constituye una práctica del lavado de activos, ninguno de los casos de tala ilegal en el Perú ha sido procesado como tal. Estos hechos hasta el momento solo son investigados como delitos de tala ilegal o tráfico ilegal de madera tipificados en el Código Penal.

El reporte de la UIF abarca detalles revelados este año en la investigación Madera Sucia -liderada por Ojo-Publico.com y en el que participaron siete medios aliados de Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil-, que evidencia el mecanismo que utiliza  el tráfico global de madera extraída ilegalmente de la Amazonía.