De acuerdo con las normas vigentes, el próximo alcalde de Lima Metropolitana deberá ejecutar acciones para prevenir la violencia y acoso sexual contra la mujer en su jurisdicción, así como proteger a aquellas que estén dispuestas a denunciar a sus agresores y promover su participación política y laboral, entre otros.

Sin embargo, luego de revisar los planes de gobierno de los 20 candidatos al sillón municipal, Ojo-Publico.com encontró que cinco de ellos carecen de propuestas para reducir la violencia de género y no incluyen ninguna acción concreta a favor de la mujer. Se trata de Ricardo Belmont, de la agrupación Perú Libertario; Jorge Villacorta, de Peruanos por el Kambio; Jaime Salinas, de Alianza para el Progreso; Juan Carlos Zurek, de Somos Perú; y Luis Castañeda Pardo, de Solidaridad Nacional.

Desde hace tres años las leyes 30364 y 30314 obligan a las municipalidades de todo el país a crear y administrar casas refugio para mujeres víctimas de violencia o tentativa de feminicidio, prevenir el acoso sexual callejero, incluir esta problemática en los planes de seguridad ciudadana, fortalecer las comisarías de familia e implementar servicios para reeducar los agresores. Además de otros mandatos especificados en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y la Ley Orgánica de Municipalidades.

De todos los planes presentados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la alcaldía de Lima, los de Belmont (Perú Libertario), Villacorta (Peruanos por el Kambio) y Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) son los que reúnen más falencias: no existe una solo línea que mencione a la mujer para identificar problemáticas y soluciones en ningún campo, ni siquiera en torno a la violencia, promoción del empleo, cuidado de la salud y participación política.

El candidato Jaime Salinas (Alianza para el Progreso) solo menciona que “la Nueva Agenda pide a las autoridades de la ciudad tener en cuenta las necesidades de las mujeres” y Juan Carlos Zurek (Somos Perú) identifica el acoso sexual como un problema y promete “propiciar que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias, tengan derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios que brinda el gobierno local”, pero no dice cómo lo hará.

Lisbeth Guillén, coordinadora del programa Participación Política de Manuela Ramos, sostiene que estas omisiones revelan el desconocimiento de las funciones que le corresponden a una autoridad municipal. “Son los alcaldes los que lideran las instancias de coordinación con la policía, los ministerios y otras instituciones para luchar contra la violencia de género en su jurisdicción. Este es un problema ya declarado por ley como parte de la inseguridad ciudadana y debe ser asumido como prioridad”, refirió.

Albergues y acoso callejero

Los planes de Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) y Jorge Muñoz (Acción Popular) son los que profundizan en la identificación de problemas y propuestas  a favor de la mujer. Ambos candidatos también contemplan medidas de prevención ante el acoso sexual en calles y en el transporte público, al igual que Enrique Cornejo (Democracia Directa) y Manuel Velarde (Siempre Unidos).

En tanto, el plan  de gobierno de Perú Patria Segura, liderado por Renzo Reggiardo, solo lo considera en esta frase: “se promoverán casas de atención a mujeres maltratadas”. Daniel Urresti, candidato de Podemos por el Progreso del Perú, también plantea implementar "casas de bienestar y servicios integrales para la recuperación, desarrollo e inclusión de la mujer" y coordinar con las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente (Demunas) la atención de denuncias. Once de los candidatos proponen construir o potenciar casas de acogida o de refugio para víctimas de violencia familiar y sexual.

PROTECCIÓN. La Ley 30364 obliga a las municipalidades a crear y administrar casas refugio para mujeres víctimas de violencia o tentativa de feminicidio.

Foto: Andina.

De acuerdo con Russela Zapata, especialista en género y desarrollo económico, la  creación de albergues para mujeres debe ser parte de una red de atención integral. "Estas casas solo funcionan si lo entendemos como una ayuda temporal y de urgencia cuando la mujer se ve obligada a abandonar el hogar para denunciar a su pareja. No es ella quien tendría que quedar recluida y aislada de sus hijos mientras el hombre está libre como si nada pasara", dijo.

Zapata, quien fuera viceministra de la Mujer, también analizó los planes de gobierno para Lima y encontró que aquellos que consideraron el rol de género y mujer se centraron en acciones de seguridad ciudadana, talleres de prevención y refugio. Solo seis candidatos apostaron también por promover la autonomía económica de las mujeres con proyectos empresariales, créditos para emprendedoras, capacitaciones técnico-productivas, lactarios de apoyo, entre otros.

Aquí encontramos a Siempre Unidos, Fuerza Popular, Democracia Directa, Frepap, Podemos por el Progreso del Perú y Juntos por el Perú. Solo este último, liderado por Guerra García, contempla, además, medidas para impulsar la participación vecinal y política de la mujer. "La atención integral de la mujer tiene tres dimensiones: social, política y económica, y así ha sido reconocido en el Consenso de Montevidio (2013). Hay indicadores de seguimiento para aplicar estas políticas en el país y los gobiernos locales no pueden ser ajenos a estos", agregó Zapata.

Rehabilitar a agresores

Tres postulantes prometen incluir programas de prevención y talleres de sensibilización contra la violencia de género dirigido a hombres: Jorge Muñoz (Acción Popular), Alberto Beingolea (PPC) y Pablo Silva (Frepap). En esta misma línea, Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) plantea la reactivación del servicio “Oye varón” para rehabilitar a los agresores.

Este programa fue cerrado el 2015 por el actual alcalde Luis Castañeda Lossio, reduciéndose así la posibilidad de brindar asistencia psicológica gratuita a esta población. La demanda de dicho servicio solo es cubierta por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y llega a ser obligatoria cuando el Poder Judicial lo incluye como medida de reinserción en las sentencias a agresores.

PRIORIDAD. En Lima, la sociedad civil ha realizado masivas marchas contra el feminicidio y otras formas de violencia de género.

Foto: Andina.

Las estadísticas de la violencia de género en Lima Metropolitana revelan la prioridad que debe tener este tema. Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, solo el 2017 se registraron 8.656 denuncias por violación sexual, lo que representa el 34,5% del total de casos registrados en todo el país.

En el mismo periodo se reportaron 24 feminicidios y solo en el primer trimestre de este año los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que dependen del MIMP, atendieron a 6.721 mujeres víctimas de agresión física, económica, sexual o psicológica.

La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, sostiene que los eventos de prevención que suelen realizar las municipalidades aumentan los indicadores de cumplimiento y mejoran la imagen de los políticos, pero no ofrece resultados reales porque son esporádicos y no tienen objetivos claros.

“Las autoridades locales se han acostumbrado a dejar obras de infraestructura, donde puedan poner su placa y nombre, y no se enfocan en su labor social, y erradicar la violencia es una de las más importantes”, agregó.