Cuando tenía solo 13 años, Yesenia —quien se identifica con este nombre para proteger su identidad— sufrió una violación sexual y quedó embarazada. Su agresor fue denunciado y, en medio de la investigación, la entonces menor le contó a la fiscal que no quería continuar con el embarazo. En su lugar, le dijo, prefería morir. Luego, intentó quitarse la vida. De acuerdo a un testimonio actual de la víctima —que ahora tiene 18 años—, en ese momento la fiscal del caso no la orientó sobre el procedimiento para acceder a un aborto terapéutico.

“Me dijo que sí o sí debía nacer y luego darlo en adopción”, cuenta la joven. Su testimonio es una de las 15 historias y entrevistas que recoge la investigación Nacer con útero: efectos de la criminalización del aborto en el Perú, realizada por la Asociación Civil Proyecta Igualdad. Según este estudio, entre 2016 y 2021, hubo 5.403 investigaciones fiscales y 1.517 denuncias policiales por el delito de aborto.

Después de unas semanas de embarazo, Yesenia sufrió un aborto por causas desconocidas. Sin embargo, cuando la fiscal se enteró de que ya no estaba gestando, decidió abrir una investigación en su contra y pidió la exhumación del feto que había sido enterrado en el jardín de un conocido. Al final del proceso judicial, la adolescente recibió una sentencia condenatoria y tuvo que pagar S/ 300.

Según el Código Penal del Perú, causar la interrupción de un embarazo es un delito, excepto si se trata de un aborto terapeútico. Sin embargo, aunque no está penado, la información de la policía revela que entre el 2016 y 2021 se registraron 55 denuncias por aborto terapeútico, un procedimiento legal en el país desde 1924 y que se realiza cuando la salud o la vida de la gestante está en riesgo.

Entre 2016 y 2021, hubo 5.403 investigaciones fiscales y 1.517 denuncias policiales por el delito de aborto".

Los datos policiales —consignados en el estudio— señalan también que en el mismo tiempo se registraron 1.517 denuncias por aborto en todo el país. Las modalidades más denunciadas son: autoborto —cuando la mujer ocasiona su propio aborto— (908 casos) y aborto consentido (363). Las regiones que abarcan más del 50% del número total de denuncias son Lima (578), Cusco (132) y Arequipa (119).

“Los hallazgos [de este estudio] se producen en un contexto en el que el Congreso busca volver a criminalizar el aborto terapéutico. El cambio normativo solo agravaría más la situación, sobre todo de las niñas más pobres del país”, dice la abogada Diana Chávez, una de las autoras del reporte Nacer con útero.

Los datos del estudio fueron recabados a través de 15 entrevistas a profundidad con personas que estuvieron involucradas en abortos y fueron denunciadas. También se realizaron pedidos de acceso de información al Ministerio de Salud (Minsa), Essalud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, entre otros organismos.

Otro aspecto resaltante del estudio es que el número de denuncias policiales más alto se dio en 2019, a pesar de que, a comparación de años anteriores, la cantidad de pacientes por casos de aborto atendidas con secuelas de aborto y los procedimientos realizados en los establecimientos de salud había decrecido.

Pero las investigaciones fiscales, explica Diana Chávez, no siempre inician con una denuncia policial. “Algunas pueden ser de oficio, pero hay otras que podrían ser a pedido de los padres o del padre del progenitor”, explica. Las denuncias y acusaciones los pueden ejercer distintas personas dentro de las instituciones de salud, el sistema de justicia, las instituciones educativas, los centros laborales y el entorno familiar, entre otros.

La interrupción del embarazo en cifras

Aunque el aborto está penado en Perú, este ocurre con frecuencia. Entre 2016 y 2021, solo en establecimientos del Minsa y Essalud de todo el país se registraron 262.028 casos de pacientes con secuelas de algún tipo de aborto que requirieron atención y aquellos a quienes se les practicó el procedimiento allí mismo, señala el reporte.

Esto implica un promedio de 52.000 casos por año en estas instituciones: más de 142 interrupciones del embarazo al día. Sin embargo, entre 2020 y 2021, se observa una reducción del registro: probablemente por la pandemia y el confinamiento, indica la investigación. En general, el Minsa es el que realiza la mayoría de las atenciones.

El estudio no analiza el aborto no consentido, ni el aborto preterintencional, pues en ambos casos se trata de una vulneración a la autonomía de las mujeres y personas trans.

Entre el 2016 y 2021 la región Lima y Lima Metropolitana concentran la mayor cantidad de casos de aborto por todo tipo de causa (69.539). Luego siguen Arequipa (16.127), Callao (15.127), Junín (14.183), La Libertad (13.911), Piura (12.869), Cusco (12.709) y Áncash (12.539). Las regiones con menos registros son Pasco (1.744), Moquegua (2.220), Madre de Dios (2.834), Tumbes (2.931) y Huancavelica (3.219). 

Asimismo, en los cinco años que abarca el estudio, se registraron 13.825 casos de niñas y adolescentes (hasta los 17 años de edad) que fueron atendidas con secuelas de algún tipo de aborto o a quienes les practicaron la interrupción del embarazo en el Minsa y EsSalud. Así como ocurre con otros grupos etarios, también hay un descenso en la cantidad registrada en 2020 y 2021.

En estos casos, la región Lima y Lima Metropolitana también tienen el mayor número de pacientes que recibieron atención por secuelas de aborto o bien les practicaron el procedimiento en los establecimientos de salud (3.054). Siguen Junín (918), San Martín (889) y Loreto (889). Por otro lado, Moquegua (57), Pasco (88), Tacna (99), Madre de Dios (158), Apurimac (185), Tumbes (193), Huancavelica (236) y Puno (276) son las regiones con menos registros en dicha población. 

Los actores detrás de las denuncias

Las denuncias contra las personas que abortan afectan tanto mujeres como personas transmasculinas y personas trans no binarias —aquellas que no se identifican con el género masculino ni el femenino—. El estudio señala que estas personas reciben persecución y son señaladas como criminales por haber interrumpido sus embarazos. 

Las denuncias comienzan en los establecimientos de salud, cuando se presume que la persona gestante que esta pasando por una emergencia obstétrica debido a un aborto es responsable del mismo. 

De acuerdo a los testimonios de la investigación, en algunas ocasiones no les dan prioridad a su atención, les niegan asistencia médica, les condicionan la atención a que se autoincriminen o las amenazan con denunciarlas ante las autoridades. Todos estos hechos, remarca el estudio, deberían ser considerados como violencia obstétrica.“Entre las recomendaciones que hemos hecho a las autoridades está que los casos de aborto terapeútico deberían ser rechazados desde el inicio, tanto en el sector policial como en el Ministerio Público. Estos casos no deberían prosperar”, explica Diana Chávez. 

Por otro lado, a partir de la información del Ministerio Público se conoce que, entre 2016 y 2021, se abrieron 5.403 investigaciones fiscales por delitos de aborto en todo Perú. Entre 2020 y 2021, no obstante, se observa una caída de alrededor de 400 casos respecto al 2019. La mayor cantidad se llevaron adelante en Lima y en cuatro regiones de la sierra: Cusco, Arequipa, Ayacucho y Junín.

En cuanto a la defensa legal de estos casos, de 2016 a 2021, el Minjus registró 1.124 patrocinios de oficio por el delito de aborto. Los registros más bajos son de 2020 (95) y 2021 (151). Mientras que la cantidad más alta se alcanzó en 2017: 243 casos. 

La mayoría de los patrocinios de oficio (600) fueron por abortos consentidos. Por el contrario, el tipo de aborto denominado sentimental —cuando el embarazo es consecuencia de violación sexual o de inseminación artificial no consentida y denunciada o cuando se diagnostican problemas físicos o psíquicos graves en el feto— es el que cuenta con menor cantidad (8).

De acuerdo a esta información del Minjus, existen 26 patrocinios por casos de aborto terapeútico, a pesar de que este no está penado por la ley peruana.

El Minjus registró 1.124 patrocinios de oficio por el delito de aborto entre 2016 y 2021".

El Minjus es la única institución que ofrece la defensa de oficio en estos casos. Este medio intentó contactar a la entidad pero no hubo respuesta. También se comunicó con el MIMP para indagar si brindan algún tipo de asesoría legal en estas circunstancias, pero tampoco respondieron.

“Es imposible conocer la magnitud de la demanda del servicio de defensa pública mientras los servicios de atención urgente del MIMP no permitan distinguir los casos de aborto”, indica la investigación. Es decir, mientras el MIMP no recabe información precisa sobre los abortos en Perú, será más difícil enfrentar el problema.

Además, entre 2016 y 2021 se registraron 425 procesos judiciales por delito de aborto en el ámbito nacional, según el Poder Judicial. Dentro de ese periodo, el 2020 fue el año con menos casos (37) y el 2017, el que tuvo mayor número (90). Acerca de la cantidad de personas que han recibido una sentencia condenatoria, se han consignado 120 casos. De esa cantidad, la mayor parte de las condenas han sido por abortos consentidos (71). Siguen el autoaborto (35) y el aborto practicado por profesional sanitario (14). 

En todos estos años, ocho personas fueron encarceladas por el delito de aborto, y todos fueron hombres. Un caso por año, excepto el 2019, que registró tres. El tipo de delito fue, en su mayoría, aborto consentido. Solo un caso fue debido a un aborto agravado por cualificación del sujeto, una modalidad del delito de aborto tipificado en el Código Penal cuando es realizado por un médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario fuera del marco legal. La mayor parte de las personas recluidas pasó hasta dos años en prisión, salvo dos que estuvieron en la cárcel entre cinco y 10 años.

El trato y las consecuencias

A partir de los 15 testimonios recogidos en la investigación se concluyó que 12 mujeres fueron denunciadas o investigadas en distintos ámbitos, ya sea por un aborto espontáneo en un embarazo deseado, un aborto de un embarazo adolescente por violación sexual o de un aborto provocado. 

Los centros de salud, por lo general estatales, es donde más se suelen presentar estas denuncias. De las 15 personas que brindaron su testimonio, 11 dijeron que fueron acusadas o denunciadas por el personal de salud que las atendió.

“Me dejaron en la emergencia de ginecología y no me taparon, cada enfermera que venía me decía: por si acaso, en estos casos, tenemos que llamar a la comisaría, así que no te sorprendas si viene un policía a preguntarte cosas porque es un protocolo; y se iba [la enfermera]”, dice en el informe una persona a la que se identifica como Midori, de 26 años.

Los pacientes que llegan a los establecimientos de salud con secuelas de aborto, muchas veces se enfrentan, además, a agresiones verbales, desde cuestionamientos hasta amenazas y gritos por parte del personal médico: 

“Un médico varón dijo: ‘Pero ¿cómo es posible? Esto es grande, tú has sabido’. Me decía: ‘¿Por qué no me dices la verdad? ¿Qué has hecho? Esto lo has hecho tú’. Me dijo: ‘Yo sé lo qué has hecho’ y me sentía asustada, era su palabra contra la mía. Se me caían las lágrimas, en vez de ayudarme, me traumaba. [El médico] les dijo a todos que yo había tomado algo”, contó en el estudio, Romina, de 25 años.

La persecución penal a las personas que pasaron por un aborto puede empezar, incluso, cuando aún se encuentran convalecientes en el hospital: generalmente es el personal médico quien da aviso a las autoridades.

“Los médicos en ningún momento me dijeron que iban a llamar a la Fiscalía, solamente aparecieron (...). No me informaron por qué estaban ahí, solamente comenzaron a hacer preguntas”, cuenta en el informe Marcia, que ahora tiene 24 años. 

La persecución penal puede empezar cuando aún se encuentran convalecientes en el hospital".

Los procesos judiciales suelen demorar un poco más. “Cuando llego al juzgado, la jueza me hizo comentarios desagradables, me culpaba. Me dijo ‘te lavas la cara con tus lágrimas’”, contó también Marcia. Ella recibió una sentencia condenatoria y, como parte de su pena, le asignaron horas de trabajo comunitario. Pero, gracias al apoyo legal que consiguió de una ONG, su caso fue archivado.

A causa de la violencia obstétrica y la persecución penal, varias de estas mujeres y personas trans han sufrido estragos en su salud, tanto física como mental. Por ejemplo, han tenido anemia o neumonía debido a la gran cantidad de sangre perdida y falta de abrigo durante la espera por la atención médica. Además, casi todas las entrevistadas en el marco del estudio dijeron haber sido diagnosticadas con depresión. Por ello, varias bajaron de peso, tuvieron insomnio, su deseo sexual disminuyó y empezaron a presentar síntomas físicas como consecuencia de la afectación a su salud mental. 

Algunas presentaron trastornos depresivos graves: pensamientos de muerte, ideación suicida e intentos fallidos de suicidio: “Si no me ayudan, prefiero morir”, pensó Yesenia, de 13 años. “Pensé en suicidarme”, dijo Romina, 24 años. “Tuve intento de suicidio”, recordó Carolina, de 29 años.

La afectación también ocurrió a nivel económico, en el acceso a la educación, en el entorno familiar y social. En general, en el proyecto de vida. “Estamos hablando de vidas arruinadas, de proyectos de vida truncos. Además una cosa que se nos está olvidando es que estas cifras de criminalización son solo lo que se puede ver ―dice Diana Chávez―. Lo que no se puede ver es muchísimo más grande”.

OjoPúblico se comunicó con el Minsa, Essalud, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer para conocer sus impresiones, detalles sobre los datos revelados en este estudio y sus lineamientos institucionales que eviten la violencia obstétrica pero no respondieron.