En el sistema de justicia actual de Perú gran parte de los casos de violencia por prejuicio en contra de la población LGTBI quedan impunes. Este tipo de violencia es la que recae sobre las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales y está basada en juicios de valor negativos que la sociedad ha construido sobre dicha comunidad. En otras palabras, los prejuicios que las sociedades tienen contra la gente LGTBI pueden provocar actos violentos e, incluso, fatales. 

Por ejemplo, cuando se trata de asesinatos a personas de esta comunidad, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial no suelen investigar o juzgar los casos con el agravante de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Es decir, las autoridades del país no toman en cuenta que estos homicidios pudieron deberse a los prejuicios que los agresores tenían en contra de sus víctimas por cómo lucían, por sus relaciones personales o la manera de llevar su sexualidad. 

En Perú no existen estadísticas oficiales sobre la violencia en contra de la población LGTBI. Sin embargo, el estudio del Ministerio Público, “Características criminológicas de las muertes dolosas de personas LGTB en el Perú 2012-2021” ofrece una aproximación acerca de la naturaleza de estos asesinatos (no participa la población intersexual por falta de información al respecto). La investigación, que analiza 84 casos en los que murieron 88 personas de manera violenta, encontró que el 45,5% de las investigaciones fiscales no había información sobre los posibles móviles de dichos delitos. 

Del 45,5% restante, solo el 2,2% indicaba la identidad de género y la orientación sexual como presuntas causas. Esto ocurrió a pesar de que en al menos 68,4% sí mostraban indicios de violencia por prejuicio, de acuerdo a la evidencia evaluada por los especialistas del estudio.

“Cuando una persona LGTB es asesinada se debería hacer algo que hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cote IDH) establece: se tiene que considerar el prejuicio como posible causal del asesinato. En Perú se pasa por alto que son personas LGBT, ni siquiera se toma como un dato relevante. Esto quita la posibilidad de que se investigue como un crimen por prejuicio. Es registrado como un asesinato más”, dijo a OjoPúblico Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGTB de la Universidad Privada Cayetano Heredia, entidad que participó en la investigación del Ministerio Público.

Esta no es una suposición o presunción, explica el investigador, ya que las propias autoridades lo han confirmado: “Cuando comenzamos la investigación, la primera pregunta que le hicimos a la Fiscalía fue si estaban registrando la identidad de género de las personas asesinadas y la respuesta fue que no”. Para Amat y León, un problema determinante es que ninguna de las instancias del  Estado no reconoce la identidad de género de las personas LGTBI. 

Según el informe del Ministerio Público casi la mitad de las 88 víctimas (47,7%) fueron identificadas como hombres homosexuales (24) y mujeres trans (15) en las investigaciones fiscales. Sin embargo, los especialistas del estudio reconocieron con más precisión las identidades de género y orientaciones sexuales, a partir del cruce de distintas informaciones (declaraciones de amigos y familiares, noticias de la prensa, información pública del asesinado). 

Fue así como concluyeron que 55,8% de las víctimas eran hombres homosexuales; 36,4%, mujeres trans; 3,4%, lesbianas; 1,1%, hombre trans; 1,1%, hombre bisexual; 1,1%, mujer bisexual; y en el 1,1% de los casos no se pudo precisar. La brecha entre los datos que manejan las autoridades de justicia y los investigadores especialistas da cuenta del desconocimiento.

El prejuicio y el ensañamiento

Saber cuáles son las causas de los asesinatos de personas LGTBI puede ayudar a comprender la violencia que vive esta comunidad en Perú, explica Eduardo Juárez, asesor de Fortalecimiento de Capacidad de Promsex. 

“No podemos no reconocer que, en nuestro país, existe la violencia por prejuicio en relación a la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGTBI y que esta puede ser una causa de sus homicidios —dice—. Lamentablemente aquí se siguen invisibilizando este tipo de crímenes y mientras no existan leyes o normativas que los sancionen se van a seguir dando”. 

Lo que ocurre con las investigaciones de los crímenes de personas LGTB en el país es lo que hasta hace unos años ocurría con los feminicidios, sostiene Sonia Paredes, directora de Incidencia de Amnistía Internacional. “Antes se tomaba a los feminicidios como un ‘crimen pasional’. Ahora está sucediendo exactamente lo mismo con los crímenes de odio, no se identifican como tales. No se identifica que las causas pueden estar relacionadas con la identidad de género y/o la persona que ha sido atacada”, explica. 

Por su parte, Ho Amat y León, del Observatorio de Derechos LGTB, explica que “crimen pasional” es una categoría desfasada e inexistente y que es más difícil alcanzar justicia cuando las autoridades tipifican los delitos de esa forma. “Ya la Corte IDH ha dicho que los crímenes pasionales no existen. Pero si, de arranque, la investigación policial dice que un crimen contra alguien LGTB es ‘crimen pasional’, las posibilidades de hacer justicia por un crimen por prejuicio son nulas”. 

Una de las características particulares de los asesinatos en contra de la comunidad LGTBI es el nivel de ensañamiento con el que se llevan a cabo. En la investigación del Ministerio Público las evidencias señalan que los perpetradores emplearon un objeto punzocortante (29,6% de los casos), un agente constrictor ―los que son empleados para estrangular o ahogar― (25,0%) o un arma de fuego (15,9%) para dar muerte a sus víctimas.

En el caso de las personas que fueron asesinadas con un objeto punzocortante, 23,1% recibió más de diez puñaladas: 34,6%, de cinco a diez puñaladas; y 42,3%, entre una y cuatro. Cuando el homicidio se cometió con un arma de fuego, el 14,3% recibió entre cinco y diez disparos; y el 85,7%, entre uno y cuatro. 

Los crímenes de hombres y mujeres trans se realizaron principalmente con un arma de fuego y un agente constrictor (27,3% en cada caso). Los asesinatos de hombres homosexuales se realizaron con un objeto punzocortante (34,7%). 

“Es importante la saña con la que se realiza la mayoría de asesinatos. Hay un modus operandi, por lo menos con los asesinatos de personas gays y trans que hemos analizado, hay harta sevicia, harta violencia en el asesinato”, explica Ho Amat y León. 

El encargado del Observatorio de Derechos LGTB señala que los detalles de los homicidios son muy cruentos y, por eso, se deben tomar en cuenta. “No solo se mata a la persona, sino que se le tortura, se le infringe mucho daño en vida y, en muerte, se profana su cadáver. Este grado de crueldad difiere de los casos de homicidio simple”, dice. 

Ho Amat y León: "Es importante [observar] la saña con la que se realiza la mayoría de asesinatos. Hay un modus operandi".

Otro dato importante es la posición social de las víctimas, pues esta puede determinar su mayor o menor exposición a la violencia. “La situación social de la personas sí juega un papel importante”, dice Ho Amat y León. 

Esto se puede comprobar con las características del grupo mayoritario de víctimas que señala el estudio del Ministerio Público: “La mayoría de las víctimas eran hombres gais (55,8%) y mujeres trans (37,5%) o percibidas como tales. Principalmente eran personas adultas de entre 25 y 54 años (72,7%), peruanas (94,3%), que habían cursado algún grado de la educación secundaria (69,4%) y se desempeñaban, en su mayoría, como estilistas (36,4%), ocupación que implica una mayor visibilidad de la orientación sexual o identidad de género de la víctima y, en consecuencia, una mayor probabilidad de ser violentada”, indica el informe.

Según el mismo documento, la evidencia hallada en distintos países de América Latina demuestra que ser estilista “podría hacer más visible la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas frente a potenciales agresores/as, siendo así quienes presentarían la mayor probabilidad de ser violentadas”.

Esta información guarda relación con los datos acerca de los lugares del Perú en los que se cometieron los crímenes. Alrededor de la mitad (47,7%) fueron registrados en distritos fiscales de la macro región Lima ―Lima (12), Lima Norte (10), Lima Este (7), Lima Sur (6), Callao (6) y Cañete (1)―. Esta diferencia podría radicar, indica el estudio, en la mayor visibilidad que las personas LGTB tienen en Lima Metropolitana y el Callao a comparación de otras regiones.

El subregistro

Los 88 crímenes de personas LGTB analizados en el estudio del Ministerio Público sucedieron entre 2011 y 2021 y son una muestra bastante pequeña del universo total de asesinatos que ocurrieron en esos años en Perú. Por ejemplo, solo entre 2011 y 2017, se registraron 14.843 víctimas de muertes violentas asociadas a un delito doloso (aquel que se comete con la finalidad de hacerle daño a la víctima). 

De acuerdo a Ho Amat y León es difícil establecer la cantidad de subregistro que existe en los homicidios de la comunidad LGTBI del país por la falta de estadísticas oficiales. 

“Es la primera vez que se hace un estudio así en el país y no se puede establecer un subregistro, porque este lo estimas a partir de data concreta. En Perú se ha tratado de establecer esa cifra, pero no hay un consenso”, explica. Sin embargo, añade, el Observatorio de Derechos LGTB maneja una aproximación de hace unos años. En 2012, esta organización recopiló 7 casos de asesinatos contra población LGTB; y la Fiscalía de la Nación, en un intento por hacer una primera aproximación al universo total de asesinatos contra esta comunidad, pudo identificar 19 casos. 

“El subregistro que manejamos en el Observatorio es de 2 muertes en subregistro por cada muerte denunciada”, señala Amat y León. “Lamentablemente no hay un estudio en el país que determine certeramente cuál es ese subregistro”. 

Por su parte, Sonia Paredes, de Amnistía Internacional, señala las limitaciones de un estudio tan acotado. “El número de muertes que analiza la investigación del Ministerio Público es muy pequeño. Es evidente que esos números no coinciden con las cifras reales”, dice. “Sí, se trata de un esfuerzo que puede hacer la Fiscalía por mostrar lo que está pasando, pero lo primero que resalta es la falta de información”.

Hay que capacitar, concientizar y sensibilizar a los operadores de justicia del país", dice Eduardo Juárez de Promsex.

En ese sentido, coinciden los tres especialistas entrevistados por OjoPúblico, los retos que tiene el Estado peruano para lograr el acceso a la justicia en los crímenes contra la comunidad LGTBI son inmensos. El estudio del Ministerio Público recomienda realizar cambios educativos, normativos y legislativos para proteger a esta comunidad de la violencia y para orientar a la población en la eliminación de prejuicios y preconceptos. 

“No solo basta con que existan las causales agravantes de discriminación por identidad de género u orientación sexual en los crímenes. Si no se capacita, concientiza y sensibiliza a los operadores de justicia del país, ellos seguirán guiándose de sus percepciones al momento de investigar y condenar estos casos”, dice Eduardo Juárez, de Promsex. 

Por otro lado, Sonia Paredes, de Amnistía Internacional, resalta la relevancia de la Ley de Identidad de Género, para el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI. Esta permitiría que las personas trans accedan, solo con un trámite administrativo simple, a un documento de identidad que refleje el nombre y el sexo que les corresponden. En Perú, el proyecto de dicha ley no prosperó en el Congreso.

“[Contar con] esta ley va a permitir a las personas trans encontrarse en una situación menos riesgosa. Tendrán el derecho de decir oficialmente, con un documento de identidad, ‘esta es mi identidad y estos son mis derechos’ —dice Sonia Paredes—. Sin ese documento van a seguir estando, lamentablemente, en la sombra”.