El acceso a métodos anticonceptivos sigue siendo una necesidad insatisfecha para las mujeres peruanas. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), realizada por el INEI el 2016, confirma que el 23,8% de las mujeres casadas o que conviven con sus parejas no usa ningún método moderno o tradicional de control de natalidad.
En la zona urbana del Perú, el número de mujeres que no accede a algún tipo de anticonceptivo es del 17,1%; mientras que en el ámbito rural el porcentaje alcanza el 24,5%. De otro lado, en el grupo de mujeres que sí emplea algún método, en el área urbana la mayoría opta por el condón masculino y en el área rural por las inyecciones.
El proyecto periodístico Medicamentalia, de la Fundación Civio de España, realizó una investigación global para analizar los datos de distribución de métodos anticonceptivos en 195 países, principalmente entre los años 1950 al 2016. Sus conclusiones revelan que en todo el mundo el 36% de las mujeres de 15 a 49 años de edad, casadas o sexualmente activas, no usa ningún método de planificación familiar. En el Perú la cifra es menor, y desde el año 2010 al 2014 esta se mantuvo en un promedio del 25%.
La investigación de Medicamentalia incluye 12 métodos modernos de anticoncepción, como el condón masculino, el DIU, la píldora, la esterilización femenina e inyectables, siendo este último el más usado desde el año 2000; pero también considera las técnicas tradicionales como el método del ritmo o ciclo menstrual, la retirada y otros. Desde la década del 80 la preferencia por los métodos modernos ha ido en ascenso de un 17% a un 52%; a diferencia del uso de técnicas tradicionales que se mantuvo entre el 22% y 24%; solo con picos diferenciados en 1992 (26,2%) y el año 2000 (18,4%).
Susana Chávez, directora ejecutiva de PROMSEX, dice que, si bien el Estado invierte en la adquisición de suministros anticonceptivos, se descuida la distribución, el almacenaje y la capacitación al personal de salud que atiende al público. Según explicó, muchas veces ellos no informan adecuadamente a las mujeres sobre el uso y variedad de métodos que pueden elegir y terminan imponiendo productos que para el personal de salud resulta más práctico, como los inyectables.
Por su parte, María Ysabel Cedano, directora del Estudio de Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), sostiene que la planificación familiar es uno de los proyectos que el Estado debe priorizar para proteger a las mujeres de un embarazo no deseado o un aborto terapéutico, por lo que es importante garantizar su consentimiento previo, libre e informado para acceder de este tipo de métodos.
"A las mujeres se les debe dar un plazo razonable para tomar decisiones, hablarles en su lengua de origen y ofrecerles opciones. Existe personal de salud que hace prevalecer sus ideas religiosas y si bien las atienden no les informan sobre sus derechos sexuales, reproductivos y de anticoncepción", agregó.