Muchas mujeres tienen la posibilidad de planificar un embarazo, incluso a corta edad. Pero otras enfrentan problemas sostenidos para contar con métodos anticonceptivos o son víctimas de la violencia sexual y no tienen acceso a la anticoncepción oral de emergencia, aunque es un derecho contemplado por las políticas sanitarias peruanas.

El año pasado, por ejemplo, 12,6% de las jóvenes de entre 15 y 19 años ya eran madres o estaban embarazadas, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2019) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra mostraba una reducción de apenas 1,3 puntos porcentuales respecto a los últimos cinco años y, tal como han alertado diversos especialistas durante los últimos meses, podrían registrar un importante retroceso este año, como consecuencia de la pandemia. 

Hasta ahora, no hay un estudio que permita analizar los índices de embarazo adolescente de 2020. No obstante, el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) -una plataforma donde los establecimientos de salud inscriben los partos atendidos- ofrece un acercamiento parcial a la evolución de esta problemática, ya que no considera a las menores que en este momento se encuentran en proceso de gestación o han tenido abortos y podría no recopilar la información de todos los partos extrahospitalarios ocurridos durante el estado de emergencia. 

Aún así, la plataforma indica que, hasta el cierre de este artículo, 33.365 niñas y adolescentes peruanas ya fueron madres en el transcurso del año. Dentro de ellas, sobresale la cantidad de niñas de 10 años a menos que registraron un parto: 20. Es decir, cuatro veces más casos que los identificados en los mismos meses del 2019; periodo en el que se contabilizaron cinco partos.

La información recopilada por el CNV revela, además, que el problema se repite en diversas regiones del país: 10 de las niñas que afrontaron un parto durante estos meses fueron atendidas en Lima, mientras las restantes se distribuyeron en las regiones de Arequipa, Callao, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Piura (un caso en cada región).

Estos indicadores -que ponen en evidencia la revictimización que enfrentan muchas niñas y adolescentes- podrían acentuarse en los próximos meses por tres factores asociados, de manera directa o indirecta, a la pandemia. El primero de ellos está vinculado a la violencia sexual: solo en agosto de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportó, a través del programa Aurora, 54.125 incidencias de algún tipo violencia, de las cuales 3.513 fueron referidas a abusos sexuales a mujeres menores de 17 años. 

En lo que va del año, 20 niñas de 10 años a menos fueron madres: cuatro veces más casos que los identificados en el mismo periodo del 2019.

A eso se suman los problemas registrados en los últimos meses a la hora de acceder a los kits de emergencia -un set de antirretrovirales y anticoncepción oral de emergencia, entre otros medicamentos- que deben proporcionar los centros de salud a nivel nacional durante la atención a las víctimas de agresión sexual, para evitar enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. 

Durante estos meses también se ha identificado una reducción considerable de los abortos terapéuticos asociada, según los especialistas, a la crisis sanitaria. En el Instituto Nacional Materno Perinatal, por ejemplo, en 2019 se atendieron 98 casos (de mujeres de todas las edades) frente a los únicos 26 casos asistidos hasta junio de este año.

A nivel general, el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo reporta, hasta setiembre de este año, los 20 casos mencionados de niñas de 10 años a menos, 659 de entre 11 y 14 años, y 32.686 adolescentes de entre 15 y 19 años.

Aunque la cantidad total de partos es inferior a la reportada en 2019, la directora ejecutiva del del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Susana Chávez, señala que -además del creciente número de niñas pequeñas que fueron madres-  enfrentamos un subregistro en la maternidad adolescente, que no han sido inscritas en el sistema, ya sea por partos caseros o por limitaciones en las atenciones.

Estos reportes no son los únicos problemas vinculados a la salud sexual y reproductiva de las menores de edad durante la emergencia sanitaria. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, hasta la semana 33 de este año, 11.2 % de las muertes maternas de Perú correspondió a menores de 19 años. Es decir, un porcentaje superior al registrado en el mismo periodo del 2019, cuando se ubicó en el 10.9%.

Las adolescentes no solo no están preparadas mental y socialmente para afrontar la maternidad. Tampoco lo están físicamente. Por eso, el riesgo de mortalidad materna -y del niño por nacer- se incrementa. Así, tienen mayores probabilidades de sufrir hipertensión, hemorragias o infecciones. Y esto se añade, además, las muertes maternas indirectas, asociadas principalmente al suicidio, según los especialistas de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa).

Desprotegidas durante la pandemia

Con la declaración del estado de emergencia, el 15 de marzo, muchos centros sanitarios restringieron su atención o simplemente dejaron de funcionar. Esto redujo sensiblemente la atención de los programas de salud sexual y reproductiva que, a nivel nacional, dependen del Ministerio de Salud (Minsa). Así, miles de peruanas en edad fértil, que dependen de los servicios de planificación familiar, se quedaron sin acceso a anticonceptivos. Entre ellas, muchas adolescentes.

De acuerdo al Sistema de Información del Minsa (HIS- MINSA), el número de atenciones a adolescentes usuarias continuas y nuevas de métodos anticonceptivos modernos se redujo en el mes de abril -el pico más bajo registrado en el año- hasta un 36.8% y 54% respectivamente. Es así que, de 8.776 atenciones a usuarias que ya contaban con un método de anticoncepción en el mes de enero, la cifra descendió a 4.432 en abril; y de 6631 atenciones se bajó a 2230 en el caso de las usuarias nuevas.  

El Director Ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Guillermo Atencio La Rosa; reconoció esta contracción. “Muchos indicadores que teníamos en buenos niveles de prevención del embarazo adolescente han bajado, pero están en proceso de recuperación y esperamos que a finales del año la capacidad operativa se haya recuperado al 100%”, dijo el funcionario en una entrevista a OjoPúblico.

Esta falta de acceso a los programas de salud sexual y reproductiva, no obstante, repercutirá en embarazos no planificados. Y, en opinión de la titular de Promsex, señala una estrategia inadecuada por parte de las autoridades para abordar la salud sexual y reproductiva en un contexto de pandemia. “No conocemos las cifras de cuanto ha podido variar en los casos de embarazos en adolescentes, pero lo que sí se ha podido identificar es el incremento de muertes maternas”, señaló Chávez.

El mes de abril fue el pico más bajo de atenciones a adolescentes usuarias continuas y nuevas de métodos anticonceptivos modernos.

El problema es aún más crítico si miramos a la zona rural, la selva y a los sectores periurbanos donde, según la directora ejecutiva de Promsex, “hay un incremento considerable de casos de embarazos adolescentes en los últimos meses”. 

Madres producto de la violencia

A la falta de acceso a los servicios de orientación sexual y planificación familiar, se suma la difícil realidad de cientos de niñas y adolescente que son doblemente vulnerables al estar expuestas a un contexto de violencia sexual que, en muchos casos, termina en un embarazo no deseado; como es el caso de las 20 niñas que se han convertido en madres en los primeros nueve meses del año.

Pese a que en las adolescentes mayores de 14 años puede prevalecer la indemnidad sexual (sostener relaciones sexuales consentidas), cientos de ellas se convierten en madres cuando sus cuerpos aún no han terminado de desarrollarse y tampoco han alcanzado la madurez intelectual y emocional para afrontar una maternidad, en muchos casos, impuestas por un abuso.

Susana Chávez alerta que, a pesar que el Ministerio de Salud tiene el compromiso de incorporar el kit de violencia en todas las unidades de emergencias de los centros de salud desde marzo, no todos lo han implementado o no lo han hecho de manera completa. 

Al ser consultado por el tema, Guillermo Atencio aceptó el problema e indicó que la rotación del personal en los puestos de salud ha originado algunas dificultades para la organización y la entrega de los medicamentos. 

“El kit no es una cajita que se envía desde el Ministerio de Salud, se organiza con los insumos que tiene cada servicio de emergencia y los insumos están, pero hemos tenido dificultad con la capacitación al personal que debe hacer la entrega. Estamos monitorizando y corrigiendo este tema con reuniones semanales por regiones”, aseguró. 

Metas difíciles de cumplir

El Acuerdo de Gobernabilidad para el desarrollo integral 2016-2021, había establecido como uno de sus objetivos reducir el embarazo en adolescentes mediante la prevención: según las estadísticas de la Mesa de Concertación Nacional, a nivel nacional esperaban pasar del 14.6 % al 11% el embarazo adolescente en ese periodo. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2019 da cuenta que 12 de cada 100 adolescentes peruanas están embarazadas o ya eran madres. Una realidad en la que no se ha tenido mayores avances según el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), entidad que asegura que el índice del embarazo adolescente no disminuye desde hace 30 años en el Perú.

Con este panorama, las metas propuestas para la prevención del embarazo adolescente deberán replantearse. “Estamos en un contexto donde las condiciones de riesgo se han incrementado. Nuestra preocupación, reconociendo los problemas que se ha presentado en este año atípico, es no esconder estos temas y que, por el contrario, se mantengan vigentes como políticas de Estado”, explicó el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Federico Arnillas. 

12 de cada 100 adolescentes peruanas están embarazadas o ya eran madres en el 2019, según Endes.

En la misma línea, Walter Mendoza, analista del Programa de Dinámicas de Población del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que el Estado debe plantear nuevos protocolos sanitarios en el marco de esta pandemia para que la atención de orientación y planificación familiar no dejen de brindarse.

“Lo que estamos viendo es que la mayoría de casos de embarazos adolescentes responden a decisiones no planificadas, libres e informadas. En los años 90, tres de cada 10 adolescentes indicaron que habían querido postergar su embarazo. Al 2018, la cifra es de tres de cada cinco adolescentes hubieran querido hacerlo”, informa. Esto se debe, según el analista de UNFPA, a que aunque somos un país más fortalecido, a la falta de educación sexual integral en los centros educativos. 

Mendoza remarca, por otro lado, que la sola recuperación de los servicios no será suficiente para neutralizar el problema, porque ya veníamos con cifras alarmantes. “Además de restablecer cuanto antes la atención del Ministerio de Salud, debemos expandir la oferta de profesionales para atender esta demanda y retomar el trabajo multisectorial con la educación”, indica. Para ello, agrega, el Estado va a requerir un modelo de atención con más trabajo comunitario y con métodos de larga duración.

Situación precaria en medio de la crisis

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 - PNAIA 2021 señala que las adolescentes que se enfrentan a un embarazo no planificado están expuestas a situaciones de vulnerabilidad, como la deserción escolar, mortalidad materna, deterioro de salud de la adolescente y una precaria inserción en el mercado laboral, además de la transmisión intergeneracional de patrones de maternidad adolescente. 

Ante esta situación, se fijó como meta nacional reducir un 20% los casos de embarazo adolescente en el periodo. Sin embargo, los especialistas indican que los avances conseguidos durante dicho periodo se han visto afectados por la pandemia. 

Aunque las instituciones aún no han logrado dimensionar el alcance real de este retroceso, sus efectos se podrán percibir durante años. E incluirán, además de severas limitaciones para el desarrollo de miles de niñas y adolescentes, una creciente desigualdad y mayores dificultades para salir de los círculos de pobreza.