El Ministerio Público descubrió indicios de doble contabilidad, libros contables presuntamente fraguados, encubrimiento y manipulación de irregularidades en estos documentos, así como contribuciones sin identificar por S/1,3 millones, registros de aportantes falsos o sin capacidad económica en las finanzas de Fuerza Popular en la campaña presidencial del 2011. Todo estos actos ilícitos fueron cometidos con la supuesta finalidad de esconder los aportes entregados por Odebrecht en dicha elección.

Así lo establece el pedido presentado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos a cargo de José Domingo Pérez, y aprobado por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer juzgado de Investigación Preparatoria. Los hechos citados, descubiertos en el marco de la investigación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori, originaron la orden de allanamiento de las dos oficinas de Fuerza Popular en el Centro de Lima y en Surco.

El primer capítulo en la historia del allanamiento de los dos locales de Fuerza Popular empezó el 24 de agosto pasado cuando el Ministerio Público pidió a Fuerza Popular que exhiba la documentación contable original de la campaña presidencial del 2011. Por tal motivo, el fiscal del caso, José Domingo Pérez, citó a los representantes legales del fujimorismo.

INCONGRUENCIAS. Fiscalía realizó un peritaje contable a los documentos presentados el 11 de octubre. Al revisar los originales el 24 de noviembre, encontraron contradicciones.

¿Qué pedía el Ministerio Público? “El libro de registro de ingresos y de gastos relacionados a la campaña del 2011… así como el libro diario, el libro de inventarios y balances, entre otros”, dice la resolución judicial. Los representantes de Fuerza Popular fueron citados para el 13 de octubre pasado, sin embargo, no se presentaron al despacho del fiscal en la fecha indicada, solo se limitaron a mostrar la documentación pedida (13 libros contables) en copias legalizadas por el notario Alejandro Rodríguez Cruzado.

El fiscal José Domingo Pérez dejó constancia de la inasistencia del representante de Fuerza Popular a través de un "acta de inconcurrencia": “No se cumplió con el requerimiento expresado por el representante del Ministerio Público de exhibir la documentación original, sino con remitir copias legalizadas mediante un escrito”. Frente a esta situación, la fiscalía dispuso notificar nuevamente al partido de Fujimori y los citaron por segunda vez para el 13 de noviembre.

Aquella fecha el representante de Fuerza Popular tampoco concurrió a la diligencia. Por tercera vez, el fiscal José Domingo Pérez los volvió a citar para el 24 de noviembre y le pidió nuevamente que exhiba la documentación contable completa sobre la campaña del 2011. Finalmente, el abogado Luis Ernesto Lazo Mendoza se presentó en la diligencia con la que sería la documentación original del partido, en total 13 libros contables. Los documentos se quedaron en poder del Ministerio Público.

ALLANADOS. Fiscalía incautó tres laptops e información contable en el local del Centro de Lima. En Surco, recogieron cinco cajas con documentación del partido. / Gianfranco Huamán (Ojo-Publico.com).

Sin embargo, tras analizar la documentación, la fiscalía encontró que los libros presentados por el abogado Lazo Mendoza no eran idénticos a los entregados como copias legalizadas por el letrado Edward García Navarro, en octubre pasado. Fue entonces que se presumió que dichos libros, "presentados y exhibidos ante la fiscalía eran falsos y que Fuerza Popular estaba ocultando o fraguando su información contable”.

Fue tan burda la operación de suplantación de los libros contables, según el Ministerio Público, que se han establecido posibles indicios de encubrimiento real. El libro caja presentado por Fuerza Popular tenía 182 páginas en una versión, y 500 páginas en la otra. La pericia contable que se hizo respecto a la primera versión era incompleta y no consideró 23 aportes por más de S/1,3 millones que solo figuran en el documento original. La fiscalía concluyó que habían partidas que no se habían podido analizar.

Entre otros hallazgos, la fiscalía detectó –en base a un informe de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE)– que Fuerza Popular tampoco sustentó gastos publicitarios por un total de S/884 mil en su contabilidad. Estos expendios fueron informados por los medios de comunicación, pero la respuesta de Fuerza Popular fue insuficiente a decir del Ministerio Público.

TESTIGO PROTEGIDO. Detalles de una reunión en la que el congresista Rolando Reátegui solicitó a un colaborador que figure como aportante para ocultar información a la ONPE. / Ojo-Publico.com.

APORTANTES SIN SUSTENTO

Otro de los hallazgos del Ministerio Público, que forzaron el allanamiento de los locales de Fuerza Popular, está relacionado con sus aportantes fantasmas.

Al corroborar los aportes de seis personas de la región San Martín –cinco aportaron S/13.845 y uno S/41.280–, dos personas negaron haber contribuido a la campaña fujimorista. Uno de ellos, quien finalmente declaró en calidad de testigo protegido, afirmó que el congresista Rolando Reátegui se reunió con él y un grupo de simpatizantes fujimoristas, en marzo del 2011, y les dijo: “nos hemos excedido en la campaña y no pueden sustentar sus gastos, por eso vengo a decirles a ustedes que, como gente de confianza, se pongan como donantes del partido”.

Según esta versión, Reátegui les dijo que necesitaba sus documentos y firmas para sustentar documentos de campaña ante la ONPE. El testigo asegura que firmó dos papeles en blanco y entregó una copia de su DNI. Cuando fue notificado de la investigación por lavado de activos que se sigue al partido, el testigo encontró que su nombre aparecía como aportante en tres ocasiones: dos veces por S/13 mil y una por US$5 mil.

OPERACIÓN LIMPIEZA. Nolberto Rimarachín Díaz, excandidato de Fuerza Popular, buscaba personalmente a los supuestos aportantes para convencerlos que corroboren la versión del partido, según la fiscalía. / Ojo-Publico.com.

Para los dirigentes de Fuerza Popular de Tarapoto era importante que este testigo no declare en Lima. Uno de los operadores que tuvo ese trabajo fue Nolberto Rimarachín Díaz, excandidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Nueva Cajamarca en el 2014. Él se encargaba de llamarlos personalmente para que corroboren la versión que el partido había declarado ante ONPE y cambiar así los testimonios de los supuestos aportantes.

Al ahora testigo protegido del Ministerio Público le ofrecieron mil soles para que viaje a Moyobamba (San Martín) y confirme el aporte, y hasta S/6 mil para que no viaje a la capital. La fiscalía sostiene que hay evidencias suficientes para afirmar que Fuerza Popular habría ocultado la identidad de posibles aportantes. Uno de los cuales pudo haber sido la constructora Odebrecht. El congresista Reátegui rechazó estas imputaciones a través de un comunicado en Twitter.

Además, en los libros contables la fiscalía encontró aportes sin identificar por más de S/ 2 millones, y nuevas discrepancias frente a la información presentada ante la ONPE: Ocho aportes por S/ 728 mil no habían sido identificados en sus libros contables pero se les había atribuido nombres de empresas y personas naturales en el reporte que entregaron al organismo electoral.

En base a todos estos indicios, la fiscalía persiste en la sospecha de que el partido de Fujimori ocultó aportes de la constructora brasileña.