Este último sábado, aproximadamente a las 9:45 de la mañana, siete policías pertenecientes a la Comisaría de Natividad y de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) fueron emboscados y asesinados en el anexo Minirini en el centro poblado Natividad perteneciente a Pichari (Cusco), distrito que forma parte de la convulsionada zona conocida como valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Las víctimas, emboscadas mientras retornaban en una camioneta a su base de operaciones, fueron identificadas como los suboficiales PNP, Alfredo Loayza Carbajal, Luis Cerrón Palacios, Wilder Eliseo Conozco, Iván Muñoz Fasabi, Williams Quispe Anchay, Sandro Villegas Corahua y Juvenal Collahuacho Flores.

Al oír los disparos, personas cercanas al anexo de Minirini dieron aviso a las autoridades, quienes se aproximaron hasta el lugar y encontraron los cadáveres con impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y solo a un sobreviviente identificado como el capitán PNP, Erwin Mego Villogas, de la Dinoes, quien tenía heridas de gravedad y fue trasladado vía aérea hasta Lima para ser atendido en el Hospital Policial.

El hecho ha sido atribuido por la Policía al grupo narcoterrorista que Víctor Quispe Palomino ‘José’ lidera en el Vraem. Por este motivo, y como es usual luego de este tipo de atentados en la zona, se realizó una operación combinada entre las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes desplegaron un plan de cerco en torno a todas las vías de ingreso y salida del distrito cusqueño de Pichari. 

En una rueda de prensa, el general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado, responsabilizó de los hechos al grupo armado del Vraem. Detalló también que los autores del crimen se llevaron las armas de las víctimas (dos fusiles AKM y pistolas). El alto oficial agregó que cerca de la zona de ataque se encontraron alimentos, por lo que se deduce que los responsables esperaron durante horas al vehículo policial.

En diálogo con OjoPúblico el criminólogo y exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Nicolas Zevallos Trigoso, señaló que las violentas acciones de este tipo son financiadas por mafias del narcotráfico locales, que contrata a grupos armados para custodiar el ingreso de insumos químicos y la salida de droga de la zonas de de producción. 

“Los remanentes de Sendero Luminoso ofrecen seguridad al narcotráfico, estos ya no tienen un matiz ideológico”, indicó Zevallos, quien además precisó que durante los 16 meses del gobierno de Pedro Castillo se descuidó la lucha contra el narcotráfico y que la crisis político social actual impide que las estrategias generadas para su erradicación sean sostenibles y por consiguiente efectivas. 

Desde el 2009, la zona del Vraem –conformada por las regiones de Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac y Cusco– se ha consolidado como la mayor productora de hoja de coca en el Perú. Para el 2021, la extensión alcanzó las más de 32 mil hectáreas de cultivo, según el reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Uno de los distritos de mayor producción de hoja de coca es Pichari, territorio en el cual se dio el asesinato del personal policial. En esta zona, la producción cocalera llegó hasta los 1.453 hectáreas en el 2021.

A solo una hora y 15 minutos, aproximadamente, del lugar del atentado, se encuentra la comunidad asháninka de Catungo Quempiri (Junín), que innumerables veces alertó de la presencia de narcotraficantes en la zona. 

OjoPúblico se contactó con Irupé Cañari, asesora legal de la Central Asháninka de Río Ene (CARE) que agrupa 53 comunidades indígenas de Junín, y afirmó que la organización se mantiene alerta por la cercanía del lugar del crimen y a la presencia de narcotraficantes, pozas de maceración y al avance del sembrío de hoja de coca en suelo indígena, en especial en Catungo Quempiri, que solo hasta 2020 había perdido 2, 000 hectáreas de bosques producto de esta actividad ilícita.

En mayo del 2022 unas pintas amenazantes aparecieron en la comunidad Unión Puerto Asháninka, perteneciente al distrito de Mazamari. Esto quebró la tranquilidad de CARE, que tuvo que convocar de forma urgente a sus comités de autodefensa para mantenerse seguro ante posibles ataques. 

El firme pedido de esta organización, señala Irupé Cañari, es que el Estado garantice los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio y que fortalezca el despliegue policial y militar en la zona del Vraem para erradicar la presencia del narcotráfico que amenaza y destruye los bosques y la seguridad de los indígenas. 

Un crimen similar al que hoy enluta a la Policía, ocurrió en mayo del 2021, en San Miguel de Ene, perteneciente al distrito de Vizcatán del Ene, donde 16 personas fallecieron producto de un atentado atribuido al grupo narcoterrorista de ‘José’. Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido los familiares de las víctimas no han encontrado justicia y muchos de ellos tuvieron que abandonar su propio territorio por miedo a represalias. 

Otra evidencia del avance del narcotráfico y sus múltiples rutas dentro del Vraem es el decomiso de 900 kilos de droga que realizó el Comité de Autodefensa de Río Tambo (Junín) en octubre del 2022, en una pequeña embarcación que se trasladaba a Atalaya (Ucayali), considerada un importante punto de acopio de droga que es trasladada vía aérea a otros países. 

Respecto a este tema el exviceministro Nicolas Zevallos alertó del avance y consolidación del narcotráfico no solo en la zona del Vraem, sino también en Ucayali, Loreto y Puno, que ocupan los primeros tres puestos en relación a las regiones con mayor producción de hoja de coca en el Perú. “Si se consolidan económicamente [en estas zonas] es muy difícil poder controlarlo” dijo el especialista.