El exregidor distrital y excandidato al Congreso de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular), Freddy Pinto Pazos, interpuso un Hábeas Data con el objetivo de que el Poder Judicial ordene a OjoPúblico la eliminación de un reportaje, que reveló la participación de la Fiscalía y la Procuraduría Antidrogas en un proceso de extinción de dominio sobre un edificio en Lima, el mismo que había sido comprado por Pinto Pazos a pesar de estar incautado a una red de lavado de dinero. Aquella organización tenía como cabecilla al peruano holandés Ment Floor Dijkhuizen, quien fue condenado a 25 años de cárcel por blanqueo de capitales del narcotráfico en el conocido caso ‘Espárragos Blancos’.

El Hábeas Data –interpuesto por el exmilitante de Solidaridad Nacional entre 2006 y 2017– llegó al Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que procedió con la formalidad de admitir a trámite la demanda y brindó un plazo de cinco días a OjoPúblico para responder. Con la demanda, Pinto Pazos busca que el Poder Judicial ordene la eliminación del reportaje de febrero del 2020; las notas vinculadas, en respuesta a sus comunicaciones notariales; y que, además, prohíba la futura difusión de nueva información, de interés público, vinculada al empresario inmobiliario.

El escrito de Pinto Pazos, presentado al Poder Judicial el 19 de abril último, pide al Noveno Juzgado Constitucional de Lima que “se ordene a la emplazada [OjoPúblico] se abstenga de mantener o continuar publicando comentarios, reportajes, imágenes (fotos del recurrente), videos, audios y cualquier otro material [...] que atente contra su intimidad personal [y] laboral”. El expostulante al Parlamento en 2011 alega, en su demanda de Hábeas Data, que las publicaciones periodísticas de OjoPúblico atentan contra su derecho “a la intimidad personal” y “a la imagen profesional”.

EJECUTORIA. En junio de este año, el Poder Judicial ordenó que se ejecute la inscripción del antiguo Hotel Concorde a favor del Estado peruano.

Foto: Poder Judicial

El jueves último, OjoPúblico respondió con un escrito ante dicho juzgado y solicitó que se declare infundada la petición de Pinto Pazos, pues esta constituye una violación y amenaza explícita a la libertad de expresión e información. La Constitución peruana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos respaldan el derecho de nuestro medio, y de cualquier otro, a realizar futuras investigaciones de interés público. “La demanda [de Pinto Pazos] busca utilizar el sistema de justicia para que se realice una censura previa sobre la labor periodística que realizamos [...] lo cual es evidentemente inconstitucional”, dice el documento que presentamos al Poder Judicial.

La Ley de Protección de Datos Personales, por su parte, ampara el ejercicio de la libertad de información y precisa que no se requiere el consentimiento del titular de los datos personales “cuando el tratamiento se realiza en ejercicio constitucionalmente válido del derecho fundamental a la libertad de información”, como ocurre con los medios de prensa. Ante el juez, OjoPúblico precisó que nuestros contenidos periodísticos siempre recogen y exhiben información ante la ciudadanía sobre hechos de relevancia pública. El caso de Pinto Pazos fue recogido del expediente del proceso de extinción de dominio ya citado y de las diligencias de los operadores de justicia del Estado.

El Hábeas Data planteado por Pinto tampoco cumple con el requisito previo para un recurso de este tipo. El Nuevo Código Procesal Penal Constitucional señala que el demandante debe reclamar el presunto uso indebido de sus datos en una etapa llamada pre contenciosa. Aunque el empresario dice que las dos cartas notariales enviadas a OjoPúblico, el 2020 y este año, son suficientes para cumplir con este criterio, estas fueron escritas al amparo de una garantía distinta: el derecho de rectificación. Este último “no califica, de ninguna manera, como vía previa o requisito especial previo para poder iniciar el proceso de Hábeas Data”, dice el documento elaborado por la defensa legal de OjoPúblico, liderada por el abogado Dilmar Villena de Hiperderecho, organización especializada en libertades en el entorno digital.

Fiscalía y Procuraduría Antidrogas
impulsaron extinción de dominio

El artículo de OjoPúblico, que motivó el Hábeas Data de Pinto Pazos, fue elaborado sobre la base de la documentación oficial del Poder Judicial, la Fiscalía de Extinción de Dominio y la Procuraduría Antidrogas, que entonces hacían denodados esfuerzos por recuperar, para el Estado Peruano, un edificio que en el pasado era conocido como el Hotel Concorde, ubicado en Surquillo. Este inmueble había sido incautado, y a pesar de ello vendido, en el marco de la indagación contra la organización criminal de Dijkhuizen Cáceres, condenado por blanqueo de capitales del tráfico de drogas en uno de los casos más sonados y públicos de la década pasada.

La demanda de Fredy Pinto es una amenaza a la libertad de expresión, alertó OjoPúblico al Poder Judicial.

De acuerdo al expediente judicial de extinción de dominio, al que tuvo acceso nuestro medio en ese momento, Pinto Pazos conocía de la medida de incautación cuando compró el edificio de Surquillo. En la publicación del 2020, nuestro medio, además de revelar los detalles del caso, también brindó información pública sobre el rubro inmobiliario del empresario y se contactó de manera reiterada con él, para conocer su versión sobre el proceso impulsado por la Fiscalía de Extinción de Dominio. Entonces, Pinto Pazos se excusó de comentar y amenazó con “una respuesta”.

En febrero de 2020 y en abril último, Pinto Pazos envió dos cartas notariales a OjoPúblico, pidiendo que nuestro medio se rectificara por publicar un reportaje basado en información oficial del Ministerio Público, la Procuraduría Antidrogas y el Poder Judicial. En dichas misivas, el exregidor distrital de Lurigancho (2006-2010) además pidió a este medio que elimine el reportaje original que daba cuenta del proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía, en donde éste figura como requerido.

Justicia confirmó proceso de extinción
de dominio a favor del Estado

La demanda de Pinto, para prohibir el reportaje de OjoPúblico a nivel judicial, ocurre luego que el proceso de extinción de dominio, impulsado por la Fiscalía y la Procuraduría Antidrogas, acabara de manera exitosa para el Estado Peruano. El Poder Judicial confirmó en dos instancias la incautación del otrora Hotel Concorde. En octubre de 2020, el juez Henry Chumpitaz falló a favor de la extinción de dominio de dicho inmueble; y, en febrero de este año, la Sala de Apelaciones, con la jueza Clotilde Cavero como presidenta, ratificó la decisión previa. Esta última resolución incluso dice que Pinto Pazos “pretendió encubrir la naturaleza ilícita del Hotel Concorde” y “persistió en tergiversar la realidad”.

RECUPERADO. En primera y segunda instancia, el Poder Judicial ordenó que el antiguo Hotel Concorde paso a manos definitivas del Estado peruano.

Foto: OjoPúblico / Ernesto Cabral

En la sentencia de segunda instancia, el juzgado incluso llamó la atención a Alberto Elías Valdivia, abogado de Pinto Pazos, por recurrir a “declaraciones falsas que afectan la verdad, así como el honor de la señora jueza superior [María Luz] Vasquez”. Durante el juicio, según relata el documento, la defensa del empresario llegó a decir que la jueza Vasquez había dispuesto el levantamiento de la incautación al antiguo hotel. La Sala de Apelaciones, sin embargo, determinó que “la verdad registral dista mucho de lo sostenido por el abogado de Fredy Pinto Pazos, ya que no existe ninguna anotación de levantamiento de incautación” en los Registros Públicos.

Una vez emitida la sentencia de segunda instancia, la jueza María Acero Ramos ordenó, en junio de este año, que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) inscriba el antiguo Hotel Concorde “a nombre del Estado peruano”. En la misma resolución, la jueza precisó que el inmueble quedará bajo la administración de la Oficina del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), en coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría Antidrogas “para el desarrollo de la ejecución de sentencia”.

A pesar de los dos fallos judiciales a favor de la extinción de dominio contrarios a Pinto Pazos, y de la inscripción del predio en la Sunarp bajo titularidad del Estado, el exmilitante de Solidaridad Nacional presentó el Hábeas Data que hoy está en poder del juez Navarro del Noveno Juzgado Constitucional, bajo el argumento de que: “[OjoPúblico], mencionándome indirectamente como un infractor de las leyes penales y por los delitos precisados, afecta mis constitucionales derechos y crea una sombra de duda e incertidumbre”. Esto es falso. Este medio solo ha cumplido con informar sobre un hecho de interés público en base a información del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior.

Sala de Apelaciones incluso llamó la atención al abogado de Fredy Pinto por dar "declaraciones falsas".

A pesar de que en febrero de este año el Poder Judicial confirmó en doble instancia la extinción de dominio del hotel Concorde, en favor del Estado, Pinto Pazos también ha interpuesto una acción de amparo contra el tribunal que ratificó la decisión, según reconoce él mismo en su demanda.

En el pasado, otros personajes han intentado que OjoPúblico elimine contenido periodístico bajo la supuesta afectación de sus datos personales. En 2016, el exjuez supremo Javier Villa Stein solicitó a la Dirección General de Protección de Datos Personales, del Ministerio de Justicia, el retiro de un reportaje sobre su patrimonio como alto funcionario público. Aquel año, Miguel Arévalo Ramírez, investigado por la Policía y Fiscalía por narcotráfico, presentó un Hábeas Data en un juzgado de San Martín contra nuestro medio, así como contra El Comercio, La República y América Televisión, para que se eliminen las publicaciones que hacían referencia a sus antecedentes policiales. Ambas pretensiones fueron rechazadas en sus respectivas instancias.