La fiscal antilavado Yovana Mori García, designada como responsable del Caso Panama Papers en 2016, amenazó a OjoPúblico con recurrir al Poder Judicial para solicitar la incautación de documentos relacionados a la investigación periodística sobre la firma legal Mossack Fonseca, originada en un esfuerzo colaborativo liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, basado en Estados Unidos), el diario alemán Süddeutsche Zeitung y más de 100 medios aliados a nivel global.

El pasado 8 de abril, la fiscal Mori García envió a la redacción de OjoPúblico un total de 13 oficios vinculados a igual número de casos pidiendo “la exhibición y entrega de documentos contenidos en la base de datos proporcionada por ICIJ”, en diligencia a realizarse el pasado 23 de abril en la sede del Ministerio Público. De no entregar dicha base de datos –que este medio no tiene en su poder y del cual tampoco es propietario, poseedor o administrador– la fiscal advirtió que iba a pedir al Poder Judicial “la incautación de los documentos solicitados”, bajo el amparo del Código Procesal Penal.

La investigación global Panama Papers ha sido reconocida con el Premio Pulitzer en 2017.

El Caso Panama Papers –el esfuerzo colaborativo más importante en la historia del periodismo y reconocido con múltiples premios a nivel global, entre ellos el Pulitzer del 2017– se basó en 11,5 millones de documentos (correos, extractos bancarios, fotos de pasaporte y más) de Mossack Fonseca. Dos periodistas del Süddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, obtuvieron los documentos y los compartieron con el ICIJ, que formó un equipo tecnológico para crear una base de datos con la información, y otro periodístico en más de 70 países del mundo, entre ellos el Perú.

Como resultado de aquel esfuerzo, OjoPúblico con IDL-Reporteros y Convoca, junto a otros medios en cinco continentes, publicaron de manera conjunta el Caso Panama Papers el 3 de abril de 2016, poco antes de la primera vuelta presidencial en Perú. Días después, el coordinador de las fiscalías de lavado Rafael Vela Barba –reconocido como figura visible en el equipo especial del Caso Lava Jato– designó a Mori para encargarse del tema, mientras que la Sunat, por su lado, intervino la sede de la representante de Mossack Fonseca en Lima por temas tributarios.

A pesar de su designación en abril del 2016, la fiscal Mori (no confundir con Geovana Mori del equipo especial Lava Jato) recién abrió investigaciones preliminares en 2017. En noviembre de este último año, dimos cuenta del inicio de las pesquisas que tenían como objetivo a los representantes de Mossack Fonseca en Lima por organización criminal para lavar dinero vía sociedades offshore. La lista de investigados por la fiscalía incluyó a empresarios mineros, madereros, pesqueros, inmobiliarios, agroindustriales y hasta al excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

COORDINADOR. El fiscal Rafael Vela, de reconocida participación en el equipo especial Lava Jato, designó a la fiscal Yovana Mori para encargarse del Caso Panama Papers en 2016.

Foto: Andina

En agosto del 2019, se hizo público que la fiscal Mori formalizó el primer caso de los Panama Papers contra el empresario chimbotano Luis Barrera Palacios, quien acabó recibiendo 36 meses de prisión preventiva, bajo cargos de lavado de dinero a través de offshore. Sin embargo, la sala de apelaciones anuló la medida de primera instancia y ordenó la excarcelación de Barrera, poco antes del estado de emergencia por la pandemia. Actualmente, la defensa del acusado se jacta públicamente de haber logrado excluir a la fiscal Mori de dicho caso y de haber logrado que la reporten ante la oficina de control de la fiscalía.

A la fecha no existe información pública de otra carpeta fiscal de los Panama Papers que hubiera acabado en formalización de investigación preparatoria. Hay que recordar que, si bien el Ministerio Público suspendió durante cinco meses los plazos procesales entre 2020 y 2021, debido a la pandemia, el caso fue asignado por dicha entidad en abril del 2016, es decir hace cinco años. A inicios de este mes, el ICIJ y sus medios aliados en aquella jornada celebraron el quinto aniversario de la filtración más grande del periodismo.

Panama Papers: buenas prácticas periodistas en cinco continentes

Cuatro años después del inicio de sus pesquisas la fiscal Mori amenaza a OjoPúblico con la incautación si no entrega “documentos contenidos en la base de datos proporcionada por ICIJ” que, en su versión, están relacionados a las 13 carpetas fiscales en donde indaga a 40 personas (entre ellas empresarios locales y extranjeros) y más de 60 sociedades offshore. En sus oficios, la fiscal inclusive demanda que se le entregue información respecto de investigaciones periodísticas que ni siquiera fueron publicadas por este medio en abril del 2016.

“Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro requerido por el fiscal para que se entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito […], se negare a hacerlo […] el fiscal solicitará al juez de la investigación preparatoria ordene su incautación o exhibición forzosa”, dice Mori García citando al artículo 218 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la representante del Ministerio Público va más allá argumentando que los medios de comunicación no pueden escudarse en el secreto profesional porque ella está tratando de “castigar al autor de un hecho delictivo”. 

AMENAZA. Fiscal Yovana Mori advierte que acudirá al Poder Judicial para solicitar la incautación de la base de datos de los Panama Papers.

Documento: Ministerio Público

Frente a este hecho, OjoPúblico respondió formalmente a la fiscal indicando que no somos titulares, propietarios o administradores de la base de datos a la que hace mención. “El requerimiento [fiscal] resulta inviable materialmente. Toda la información se encuentra contenida dentro de los artículos periodísticos que publicamos en [2016 y 2017] en https://panamapapers.ojo-publico.com/, incluidos links o capturas de documentos utilizados en su momento para sustentar los reportajes citados, a los cuales usted puede acceder”, dice la respuesta enviada por el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien asumió la defensa de este caso.

“El 2018, hablamos en dos ocasiones con la fiscal del Caso Panama Papers. Nuestro objetivo era informar al público sobre el avance de sus pesquisas. Si evaluaba tomar declaraciones, realizar pedidos a la Sunat, a la Unidad de Inteligencia Financiera, peritajes o incluso allanamientos de los investigados. Sin embargo, se excusó de brindar información, aunque siempre mostró su necesidad de acceder a los Panama Papers y deslizó la posibilidad de invocar al Poder Judicial para lograrlo. Le dije, en ambas ocasiones, que somos respetuosos de su indagación, que toda la información estaba en los artículos publicados y que no somos titulares de la base de datos”, dijo Oscar Castilla, director ejecutivo de OjoPúblico.

OjoPúblico con IDL-Reporteros y Convoca publicaron el Caso Panama Papers en Perú, a inicios del 2016.

El abogado Carlos Rivera del IDL también se mostró extrañado de que la fiscal Mori insistiera con pedidos de citación a declarar durante el 2019 y ahora con amenazas de allanamiento judicial, luego de que se le hubiera explicado que la información que dio origen a los Panama Papers no se encuentra bajo la titularidad de este medio. No solo eso. El caso que acabó en el cierre de la firma Mossack Fonseca ha derivado en abundante información pública sobre las buenas prácticas de confidencialidad profesional y seguridad que se tomaron en el marco de la colaboración a lo largo de cinco continentes.

Al cierre de edición, Rivera dijo que el medio IDL-Reporteros también fue notificado por la fiscal en el mismo sentido y que el lunes presentarían los descargos respectivos.

Como se recuerda, el 10 de julio del 2018, la fiscal anticorrupción Norah Córdova invocó el mismo artículo 218 del Código Procesal Penal, que hoy cita la fiscal Mori, para ingresar a las oficinas de IDL-Reporteros en San Isidro, en el marco de una irregular participación relacionada a los audios secretos del Caso Cuellos Blancos del Puerto. Debido al escándalo público, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y el Ministerio Público debieron expresar sus disculpas por la diligencia, la misma que fue suspendida de manera inmediata.