El Poder Judicial falló a favor de los periodistas Óscar Castilla y Edmundo Cruz en la cuarta demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez bajo investigación del Ministerio Público por delito de tráfico ilícito de drogas. Este último juicio se inició luego de una serie de reportajes de OjoPúblico y La República que revelaron en el 2016 que dicho personaje estaba bajo sospecha de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), la Fiscalía de Crimen Organizado y la agencia DEA en el Perú.

La historia de las querellas contra Castilla y Cruz empezó a fines del 2017 y continuaron a lo largo del 2019, cuando Arévalo Ramírez interpuso una serie de demandas contra ambos periodistas en cuatro despachos judiciales de manera casi sucesiva –los Juzgados Penales 5, 11, 15 y 29 de la Corte Superior de Lima– por un monto de USD 310 millones bajo el argumento de que se había manchado su honor al revelarse sus antecedentes e imputaciones con el delito de narcotráfico en poder de la Policía Antidrogas, la Fiscalía y la DEA.

Desde entonces, las querellas fueron rechazadas progresivamente por los diferentes juzgados de Lima en los últimos años. Por ejemplo, el 2018, el 11 Juzgado Penal de Lima declaró el archivo definitivo del primer caso debido a que el demandante no se presentó a la audiencia de presentación de cargos. Otros dos casos se resolvieron en el 2019, cuando el 29 y el 5 Juzgado Penal de Lima absolvieron en primera instancia a Castilla y Cruz porque las investigaciones sobre Arévalo estaban basadas en documentos oficiales antidrogas y los hechos revelados eran de interés público.

Fiscalía y Dirandro pugnan por revocar habeas corpus a favor de Miguel Arévalo Ramírez.

En el cuarto caso, el 15 Juzgado Penal de Lima notificó su fallo a la defensa legal de ambos periodistas, luego de transcurrir dos años de evaluación y de un retraso considerable debido a la pandemia. La resolución, firmada por el juez Mario Reluz Gonzales el 14 de mayo último, declaró la absolución de Castilla (quien además ejerce como director ejecutivo de OjoPúblico) porque su investigación con Edmundo Cruz forma parte de “informaciones propaladas por un medio de comunicación con el fin de poner en conocimiento una noticia en atención a la labor informativa que realizan”, en este caso los antecedentes por narcotráfico de Arévalo.

El 15 Juzgado Penal de Lima además se pronunció sobre un tema relevante en temas de ataques a la libertad de prensa: la conducta o accionar malicioso de Arévalo Ramírez de interponer querellas contra Castilla en diferentes despachos judiciales respecto de las revelaciones contenidas en los reportajes de mayo del 2016, que fueron materia de la demanda. Por ello, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (Ideele) –quien acompañó la defensa de dichos casos desde el 2018 al igual que Ronald Gamarra de la firma Arbizu Gamarra– pidió la excepción de la cosa juzgada en su momento, la misma que fue declarada fundada.

En ese sentido el juez indicó lo siguiente: “Verificándose que en el lapso de dos años el querellante [Arévalo Ramírez] ha presentado tres querellas [en realidad eran cuatro demandas], ante diferentes jugados penales, sobre los mismos hechos y contra las mismas personas. Esta circunstancia se encuentra proscrita por el derecho”.

La relevancia de esta absolución además radica en que en el 2019, la jueza que entonces despachaba en el 15 Juzgado Penal de Lima, Isabel Flores, ordenó el embargo de los bienes de OjoPúblico y de los periodistas Castilla y Cruz. Dicha medida, aún cuando Arévalo Ramírez puede apelar a la instancia superior en el tema de fondo, queda sin efecto con la presente resolución judicial.

Cabe indicar que en el 2018, el fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas, junto a un equipo de la Dirandro, inició investigación preliminar por tráfico ilícito de drogas contra Arévalo Ramírez y empezó a recoger evidencias y a realizar diligencias al respecto. A fines del 2019, 'Eteco', como se le conoce en los archivos antidrogas, salió del Perú por la vía marítima rumbo a Colombia luego de ser notificado de dichas pesquisas. Sin embargo, interpuso un Hábeas Corpus contra la Fiscalía y la Policía a fin de frenar la indagación fiscal.

Frente a ese pedido un juzgado de Tarapoto (San Martín) declaró a favor de Arévalo y paralizó las pesquisas de la Fiscalía y la Dirandro en octubre del 2020, pero en la instancia superior de dicha región judicial se revocó la medida. Sin embargo, el mismo juez volvió a fallar de manera favorable a Arévalo en junio último. Actualmente, el Ministerio Público y la Dirandro pugnan en instancia superior por revocar dicha medida considerada irregular.