El Perú acaba de organizar el encuentro por el clima más importante del mundo (COP20- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y este ha sido el momento oportuno para poner en la agenda política uno de los principales problemas que enfrenta la Amazonía: la deforestación por el cambio de uso de suelo, el tráfico ilegal de madera asociada a la corrupción de funcionarios y la minería ilegal. Conversamos con Julio Guzmán, procurador especializado en delitos ambientales, para conocer cómo se enfrenta este tema desde el Estado.

¿Usted está a la cabeza de la procuraduría desde que esta se creó en el 2010. ¿Cuál es su balance?
Hemos logrado consolidar la presencia del Estado en los procesos penales ambientales que antes eran inexistentes y estaban dispersos en los diferentes sectores, obtener sentencias condenatorias emblemáticas y reforzar la relación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. 

¿Cuál es la carga procesal y en qué regiones se concentra?
En este momento tenemos 11.764 procesos por delitos ambientales, el 40% es por delitos contra los recursos forestales. Por minería ilegal hay alrededor de 800 en todo el país. Las regiones con más casos son Madre de Dios (1.832), Piura (1.070), Lambayeque (984), San Martín (832), Ucayali (691) y Loreto (688).

¿Y cuántos de estos casos han concluido?
Alrededor de mil, de la mayoría de ellos ya se ha cobrado la reparación civil. Y en eso también se ha avanzado. Antes, por ejemplo, las autoridades judiciales imponían una reparación civil de 400 soles por cada árbol de cedro talado ilegalmente cuando su valor en el aserradero superaba los 35.000 soles; entonces, los delincuentes preferirán talar y pagar la reparación. Por eso es importante que el juez conozca el tema y entienda el impacto económico que genera el delito ambiental.

En este momento tenemos 11.764 procesos por delitos ambientales, el 40% es por delitos contra los recursos forestales, 1.832 en Madre de Dios y 1.070 en Piura 

¿Cuánto es lo que se ha cobrado por reparación civil hasta el momento?
Este año hemos alcanzado a cobrar 1'300 mil soles a favor del Estado, el 2013 fue casi un millón, el anterior 400 mil soles, y el 2011 30 mil soles. En los procesos penales por deforestación de bosques [amazónicos], vinculados al cultivo de palma aceitera, se ha estimado pedir reparaciones civiles de 10 millones de soles.

En estos años se han tipificado nuevos delitos y endurecido las penas. ¿Se tiene más claro ahora que varios de estos delitos están asociados al crimen organizado?
Sí. El 2011 se acepta nuestra propuesta para sancionar nuevas conductas penales como la minería ilegal. Si antes se creía únicamente que había que combatir estos delitos por lesivos, ahora todos entienden que estos son el núcleo de más delitos. La lógica de la investigación ha cambiado, ya no solo se trata de la persecución al último eslabón de la cadena sino de ir tras las cabezas de la organización criminal para denunciarlos por lavado de activos, defraudación tributaria, etc.

¿Ha sido un problema la ausencia de juzgados especializados en materia ambiental?
Solo se han creado dos juzgados especializados, en Lima y Cusco, pero aún faltan en otras regiones. Además hemos tenido problemas para que los magistrados comprendan ciertos temas técnicos ambientales y lo único que nos ha quedado es casi hacer docencia durante el proceso. 

¿Cómo evalúa la lucha contra el tráfico de madera, considerando que desde el 2009 se ha documentado la comercialización ilegal por encima de los 134 millones de dólares?
Es un tema que se está enfrentando, pero es complejo. Uno de los aspectos que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) tiene que precisar es que no es cierto que luego de la inmovilización de un cargamento de madera existan cinco días para demostrar con papeles su legalidad. Esto se viene haciendo pero es una mala interpretación de una norma antigua que solo está facilitando la corrupción en las regiones, porque en esos días los administrados buscan los papeles para blanquear la madera. Hace tiempo que sabemos que el sistema está mal, pero ¿se han generado cambios? Hay responsabilidad en varios sectores.

¿Ha ayudado separar las funciones entre Serfor y Osinfor (Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales)?
La idea de que estas competencias estén dispersas fue para evitar la corrupción. El tema es que Osinfor sí fiscaliza, pero sus inspecciones son aleatorias y no se hacen al 100%, y cuentan con escasos recursos...

Lo peor que se hizo fue entregarle la fiscalización a los gobiernos regionales. No pueden tener el control porque han generado es corrupción.

¿Y de otro lado están los gobiernos regionales? 
Yo creo que lo peor que se hizo fue entregarle la fiscalización a los gobiernos regionales, ellos no pueden fiscalizar en ninguna materia.

Bajo este esquema el gobierno ha anunciado que en unos meses entregará nuevas concesiones forestales.
Se debería crear antes unidades de fiscalización desde Lima, porque esto no puede estar en manos de las regiones, ellos no pueden tener el control sobre los recursos naturales porque lo único que han generado en estos años es corrupción. Eso es evidente. Otra de las formas eficientes para combatir la corrupción es la apertura de la información. Mientras más transparentes sean las entidades más disminuirá la corrupción.

En los últimos meses se ha inmovilizado miles de metros cúbicos de madera ¿Qué ha ocurrido con esta carga?
Ese es un tema para lo que el Estado Peruano no está preparado, una parte de la madera la custodia el gobierno regional, otra la fiscalía y Sunat. Mi temor es que por esa mala interpretación de la norma que entrega cinco días para presentar la documentación de la carga se haya devuelto o la estén reclamando con documentos falsos. Algo similar pasa con el combustible que se decomisa en Madre de Dios, no hay un correcto seguimiento.

¿Pero no se supone que el Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) debería administrar esa madera?
Lo que pasa es que en este momento Conabi no tiene la infraestructura ni las oficinas descentralizadas para administrar lo incautado.

La lógica de la investigación ha cambiado, ya no solo se trata de la persecución al último eslabón sino de ir tras los financistas

¿En la cadena de comercialización cuál es la responsabilidad del exportador?
El empresario que exporta siempre dirá que compra la madera de buena fe porque a él le venden todo con papeles en regla. Es por eso que ahora estamos diseñando mejores mecanismos de control con Sunat y Osinfor. Lo que estamos planteando es que las guías de transporte forestal acompañen las declaraciones de aduanas, así podríamos hacer el seguimiento hasta el origen. Si no reenfocamos la investigación vamos a seguir procesando solo a los últimos eslabones, pero no a los financistas. 

Se acaba de firmar un pacto contra la tala ilegal.
Me sumo al pacto, pero este no debe ser un documento escrito, tiene que materializarse en protocolos e intervenciones constantes. 

¿Cuántos profesionales integran el equipo de la procuraduría y cuánto es el presupuesto?
Ocho abogados, seis asistentes administrativos y 4 practicantes. Hay un presupuesto de 1'100 mil soles anuales para sueldos, alquiler del local, pago de servicios, viajes y apoyo en intervenciones. 

¿Cuántos funcionarios públicos son procesados por delitos ambientales?
Hay 119 funcionarios públicos procesados por el delito de otorgamiento ilegal de derechos (para administración de recursos naturales).

¿Cuáles son los procesos más emblemáticos que está llevando su despacho?
Los casos de deforestación de bosque amazónico vinculados al cultivo de palma aceitera. 

¿Por qué?
No hay nada peor en materia ambiental que la deforestación amazónica por cambio de uso de suelo, que es lo que pasa en Loreto y Ucayali. En ambas regiones están involucrados e investigados los presidentes regionales (Yvan Vásquez y Jorge Velasquez Portocarrero, respectivamente) por otorgamiento ilegal de derechos.

¿Son los únicos presidentes regionales procesados por delitos ambientales?
Por ahora.

¿Cuántos procesos penales hay en total por deforestación contra funcionarios de empresas de palma aceitera?
Hay 6 procesos, cuatro en Loreto, contra trabajadores de empresas asociadas al Grupo Romero [Palmas de Shanusi] y contra Cacao Perú Norte S.A.C, y dos en Pucallpa [contra Plantaciones Ucayali]. 

¿Cuánto han solicitado de reparación por cada caso de palma aceitera?
Estamos evaluando, pero estimamos pedir una reparación de entre 10 y 12 millones de soles. 

- ¿Ha recibido presión por algún caso en particular?
- No, pero sé que la presión llega al Poder Judicial. 

¿Hay dificultad para llevar adelante casos que involucran al sector privado? 
Las empresas contratan muy buenos abogados, de grandes estudios, y en provincias, algunos jueces o fiscales tienen mucha presión y temor de enfrentarse y no siempre están especializados en los temas ambientales. Otro tema son los sueldos. Algunos estudios ofrecen mejores sueldos y se llevan a nuestros especialistas. Lo que gana un abogado aquí es lo que gana un asistente administrativo de un estudio importante. Los formamos y en el camino se van. La volatilidad de los profesionales mejor especializados en el Estado es altísima.

¿Cuál es el principal reto en adelante?
Tener un incremento de las reparaciones civiles de acuerdo al valor real del daño ambiental, el otro reto es incrementar el número de sentenciados a funcionarios públicos como un claro mensaje para reducir la corrupción, en este momento ya tenemos dos funcionarios condenados por delitos ambientales: La Libertad y Madre de Dios.

¿Ha recibido presión por algún caso en particular?
No, pero sé que la presión llega al Poder Judicial. 

FOTOS: Julio Guzmán, procurador ambiental, y su equipo (Nelly Luna Amancio) / Cultivos de palma aceitera en la Amazonía (Bárbara Fraser)