Después de confirmarse que Southern Copper cuenta con la licencia para iniciar la explotación de cobre en el Valle de Tambo, los dirigentes agrícolas definieron diversas reuniones para organizar el paro indefinido que, según lo anunciado, comenzará este lunes 15 de julio. Las autoridades locales, por su parte, coordinan medidas de prevención en hospitales y colegios.

En la zona de influencia del proyecto minero, los dirigentes agrícolas fijaron un cronograma de asambleas diarias que empezaron la noche de ayer en el distrito de Deán Valdivia, en la provincia de Islay. Alrededor de 300 habitantes realizaron una marcha pacífica antes de iniciar la reunión donde fijaron las acciones que adoptarán durante el paro. Hoy, el encuentro se replicará en Punta de Bombón y, mañana, en Mollendo.

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, informó a Ojo-Publico.com que su gremio se sumará a la medida de protesta, pero dijo que también están evaluando restringir la distribución y comercialización de arroz (uno de los principales cultivos de la zona) en el sur del país.

En tanto, la presidenta de la Junta de Usuarios de Mejía-La Ensenada, Marilú Marroquín, viajó a Lima para participar de una reunión nacional agraria, donde obtuvo el apoyo de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú.

POLICÍAS. Unos 400 agentes de la Región Policial de Arequipa serán destacados a la provincia de Islay cuando comience el paro indefinido.

Foto: Ojo-Publico.com / Ibon Machaca.

Los centros médicos de Islay han activado la alerta amarilla. La directora del hospital de Essalud Mollendo, Rosemarie Ocola Murillo, sostuvo que se ha puesto en marcha un plan de contingencia ante el desarrollo de un posible conflicto; mientras que el director ejecutivo de la Red de Salud Islay, Atilio Machaca, informó que han solicitado fármacos e insumos médicos adicionales para abastecer sus almacenes.

Por su parte, el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera, dijo que se reunirá con los profesores y el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para plantear la suspensión de las clases escolares en los distritos que abarca el valle. Esta medida, sin embargo, deberá ser confirmada por la Dirección Regional de Educación.

Rivera ha convocado para hoy una reunión con los alcaldes distritales de Islay, las Fuerzas Armadas de la zona, bomberos y dirigentes agrícolas para prevenir acciones de violencia. Por lo pronto, el Ministerio del Interior confirmó que unos 400 agentes de la Región Policial Arequipa serán enviados al Valle de Tambo en los próximos días. 

MARCHA. Anoche los habitantes del distrito de Deán Valdivia realizaron una marcha pacífica. Luego asistieron a una asamblea para definir las acciones en el próximo paro.

Foto: Ojo-Publico.com / Ibon Machaca.

Dudas sobre el impacto ambiental

En el distrito arequipeño de Cocachacra, varios vecinos desconfían de los estándares ambientales prometidos por la compañía Southern.

Filogenia Gómez Mayta, una agricultora de 60 años, recuerda su participación en las marchas que se realizaron el 2011 y 2015 contra la minera. “El valle es bien tranquilo, por eso no queremos la mina. Con tanta gente que ha muerto aquí, en las marchas, cómo va querer entrar Tía María”, dice.

Pero hay algunos que están a favor del proyecto. Alicia Hancco de Rodríguez considera que la mina traerá oportunidades de empleo para los jóvenes. “A la población nos falta cosas básicas como agua y alumbrado público. En el anexo de Chucarapi, donde vivo, solo tenemos agua ocho horas”, dice al reclamar los servicios que debe proveer el Estado y que cree podrían implementarse con el proyecto de Southern.

El alcalde distrital de Cocachacra, Julio Cornejo, considera que el rechazo a la empresa se debe a las dudas que persisten sobre el impacto ambiental que tendrán las operaciones mineras sobre el agua y el suelo. En este sentido, citó las observaciones hechas el 2011 por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (UNOPS) al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó Southern, y que según él aún no han sido resueltas.

RECLAMO. El alcalde distrital de Cocachacra, Julio Cornejo, cree que Southern no ha podido aclarar las dudas sobre el impacto ambiental de sus operaciones.

Foto: Ojo-Publico.com / Ibon Machaca.

El 2011 organismo de Naciones Unidas encontró 136 observaciones al EIA de Tía María, entre ellas, la ausencia de un estudio hidrogeológico y el uso de la desembocadura de un río para procesar el mineral, mezclándolo con agua de mar a poca profundidad.

Sin embargo, el 2015, luego de los primeros conflictos sociales, Southern elaboró un nuevo EIA. Este nuevo estudio fue aprobado a fines del 2018 tras superar las 14 observaciones que le hizo el Ministerio de Energía y Minas y con ello obtuvo la licencia de construcción que hoy está en polémica.