Puno. Las recientes marchas que se realizaron en la ciudad para respaldar al gobernador Walter Aduviri, condenado a seis años de cárcel por el caso 'Aymarazo', contaron con el apoyo de trabajadores de su gestión. Ojo-Publico.com identificó a cuatro empleados de la región que organizaron y participaron de las manifestaciones que se iniciaron el 26 de agosto.

El principal impulsor de estas movilizaciones, Jorge Calisaya Ancco, promovió una paralización el 5 y 6 de septiembre. Durante aquella protesta, se bloquearon vías y hubo enfrentamientos con la policía. El también coordinador de la Asociación Pueblos Originarios de Puno, aparece en la planilla del personal contratado para el proyecto "Mejoramiento de la cadena de valor de la fibra de alpaca en la región Puno", ejecutado por el Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos (Pecsa) del gobierno regional.  

Sin embargo, en el Proyecto Pecsa dijeron no conocerlo. Al menos cuatro trabajadores y los guardianes de las sedes del gobierno regional indicaron a este medio que no tienen registrado un compañero con ese nombre. El director de la obra, Juan Paul Castillo Paca, aseguró que esta designación fue ordenada por el área de recursos humanos de la entidad regional y que Calisaya Ancco prestó servicios de guardianía hasta agosto, aunque no pudo precisar por cuánto tiempo laboró.

DOBLE PAPEL. Jorge Calisaya fue uno de los principales impulsores de las protestas a favor de Walter Aduviri. Es trabajador en la gestión regional.

Foto: Kevin Moncada

En su descargo, Jorge Calisaya dijo haber laborado bajo la modalidad de locación de servicios de marzo a junio, pero luego se rectificó y dijo que fue de enero hasta agosto, mes en que se iniciaron las protestas. “No es delito trabajar. Este mes volveré a trabajar en una obra”, declaró. El consejero regional por el Movimiento Poder Andino, Jorge Zúñiga Pineda, dijo a Ojo-Publico.com que pedirán explicaciones al director del Proyecto Pecsa sobre este caso. 

En las marchas a favor de Aduviri, organizadas también por el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno y el gremio de Construcción Civil, se identificaron a otros tres empleados del Gobierno Regional de Puno.

El primero de ellos es Juan Choquehuanca Arocutipa, que se desempeña como controlador de obra en el Hospital Materno Infantil de Juliaca y quien fue captado por la prensa participando del bloqueo de una de las vías. Durante la manifestación, Choquehuanca -quien también trabajó en el Proyecto de Titulación de Tierras de la actual gestión- se presentó ante los medios de comunicación como un exdirigente social. 

El segundo trabajador es el consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) de la región, Milton Cariapaza Roque, quien asistió a la Casa del Maestro un día antes del paro a fin de coordinar la medida de protesta junto a dirigentes gremiales y al mismo Jorge Calisaya. Finalmente, identificamos a Javier Pari Sarmiento, eximputado del caso Aymarazo que se presentó como trabajador regional en una de las audiencias judiciales contra Aduviri, y quien participó en la protesta del 6 de septiembre en solidaridad con el gobernador. 

Fuentes cercanas al movimiento Mi Casita, agrupación política que llevó al poder a la actual autoridad, indicaron a Ojo-publico.com que sus directivos solicitaron apoyo económico o en especies a los alcaldes provinciales y distritales electos por la citada organización, con el fin de solventar las protestas. Por ello el burgomaestre del distrito de Kelluyo, Gilber Chura Vilcanqui, apareció el día 27 de agosto entregando gaseosas a los vecinos que participaban de las vigilias. 

Gobernador interino

El pasado 4 de septiembre la defensa de Walter Aduviri, quien se encuentra en el penal de Yanamayo, presentó un escrito pidiendo que la condena sea cumplida bajo prisión suspendida porque sus deberes de funcionario público "no han sido cuestionados en el proceso penal". El documento, enviado al Juzgado Penal Supraprovincial de Puno, indica que la sentencia está perjudicando las actividades administrativas del gobierno regional.

Desde la reclusión de Aduviri, siete obras de envergadura se vieron afectadas porque no se designó un reemplazo inmediato para aprobar los desembolsos financieros requeridos. Proyectos de infraestructura en transporte, educación, salud y agricultura, valorizados en más de S/15 millones, estuvieron paralizados desde el 31 de agosto.

Recién el pasado 12 de septiembre el Consejo Regional de Puno acordó otorgar facultades al vicegobernador Agustín Luque Chayña para que asuma el cargo de gobernador interino, hasta que se resuelva la situación jurídica de Aduviri. Con ello podrá tener atribuciones para suscribir convenios e incorporar presupuesto a la actual gestión.