El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre y esa conmemoración debería servir para conectarnos a todos y todas con el mundo natural, para inspirar el aprendizaje continuo sobre la vida silvestre y promover acciones a favor de los animales y las plantas. De nuestra relación con ellos, depende nuestra vida y subsistencia.

Durante los últimos años el Perú ha iniciado un retroceso en materia de protección ambiental y de respeto hacia nuestra casa común, el planeta. Existen iniciativas impulsadas desde el Congreso de la República, en complicidad de quienes tienen el rol de custodiar estos bienes comunes dentro del Poder Ejecutivo, que evidencian una lamentable marcha atrás en la legislación para garantizar la protección de nuestros ecosistemas.

La humanidad depende de los bienes y servicios de la naturaleza, sin embargo, ciertos grupos continúan viendo a las especies y su entorno solo como fuente de lucro y enriquecimiento personal. Quienes se enriquecen y vienen siendo investigados por tráfico de especies señalan que su "trabajo" beneficia a las comunidades locales y atribuyen una "persecución" de organizaciones no gubernamentales, pretendiendo, con ello, desvirtuar la realidad y eludir su responsabilidad, no solo ante entidades del sistema de justicia sino también ante entidades administrativas del sistema financiero y de control. 

La reciente aprobación por insistencia en el Congreso de la modificación de la Ley Forestal reciente, que facilita la deforestación de nuestra Amazonia, representa un episodio más retroceso en la proteccíón de la vida silvestre. Este cambio no beneficia a los pequeños agricultores, como un grupo ha tratado de decir, todo lo contrario, conlleva a mayores limitaciones para exportar productos desde la amazonia a la Unión Europea.

El Perú ha iniciado un retroceso en materia de protección ambiental y de respeto a los ecosistemas.

También en las últimas semanas se está impulsando una campaña, cada vez más mediática y persecutoria, hacia las organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a la conservación. Esta campaña impulsa “mayores controles” desde la Cancillería y modificaciones del marco jurídico que las regula a través de proyectos de ley en el Congreso.

Además de esa campaña, ese mismo grupo utiliza a algunos medios de comunicación para disfrazar la realidad y responsabilizar a otros. Las autoridades no pueden dejarse presionar por el chantaje y la emisión de publirreportajes. Al Estado le toca ejercer un rol garantista, aplicar la ley y solo permitir el uso sostenible de nuestro patrimonio natural.

Este día, que celebramos la vida silvestre, debe servirnos para entender que no todas las especies son susceptibles de manejo. No podemos seguir exportando especies de fauna silvestre, sin criterio ni estudios poblacionales, solo para que sean mascotas en otros países.

También debemos reflexionar sobre cómo consumimos y usamos información, ya que cada día es más evidente la existencia de medios de comunicación que replican noticias falsas, pretendiendo disfrazar como “buenos” a quienes la justicia sanciona por acciones que son de su exclusiva responsabilidad.

No podemos seguir exportando especies de fauna silvestre, sin criterio ni estudios poblacionales.

El reciente fallo del Juzgado en Extinción de Dominio de Loreto que declaró fundada una demanda presentada por la fiscalía contra ocho inmuebles de una empresaria dedicada al comercio de vida silvestre pone nuevamente de relieve el negocio de venta de animales.

Pero expone, al mismo tiempo, el papel de las autoridades respecto al control y fiscalización efectivos para proteger las especies. Esta vigilancia y control no es competencia solo del gobierno nacional sino también de los gobiernos regionales, y del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

El Perú cuenta con herramientas para investigar los crímenes ambientales cometidos por organizaciones criminales. El tráfico de vida silvestre ahora es parte de la Ley contra el Crimen Organizado y ahora se requiere que el Estado la aplique.

No podemos seguir mirando cómo perdemos nuestro patrimonio natural. No podemos seguir permitiendo que los grupos ilegales diezmen la biodiversidad. Y no podemos permitirlo, no por moda ni por simpatías, sino por ética, porque nuestra vida depende también de la vida silvestre. Las autoridades deben asumir un rol más proactivo en el control y la fiscalización.