En julio último, el gobierno de Bolivia reglamentó un decreto supremo para mejorar el seguimiento a la importación y exportación de mercurio. La medida se aprobó casi ocho años después de que el país altiplánico —principal destino sudamericano del insumo también conocido como azogue— ratificó su adhesión al Convenio de Minamata, un tratado internacional con vigencia desde 2017, que restringe el uso y comercialización del químico clave para la minería ilegal en la Amazonía. 

La reciente aprobación de la norma en Bolivia ocurre cuando el contrabando de mercurio es común en la frontera que comparte este país con Perú, situación detallada por OjoPúblico en una amplia investigación, publicada en octubre pasado. En dicho reportaje también se expuso —a través de un corto documental— el impacto ambiental y sanitario que tiene el uso de azogue en la extracción ilegal de oro. 

Entre 2017 y 2022, luego de la entrada en vigencia del Convenio de Minamata, los ingresos de mercurio a Bolivia casi se duplicaron, pese a que no hay registros sobre un mayor uso de este elemento en la minería boliviana. La ruta ilegal conduce a otros países vecinos, como Perú y Brasil.

Ahora, OjoPúblico ha detectado que, en las adquisiciones del insumo tóxico, también han participado ciudadanos peruanos —quienes, al tener menos restricciones en suelo boliviano y estar bajo la mira de las autoridades aduaneras de Perú, optaron por mudar sus actividades a la ciudad de La Paz—. Ese fue el caso de tres personajes identificados por este medio. 

Entre 2013 y 2014, luego de que sus actividades empresariales se vincularon a la minería ilegal de Madre de Dios y Puno, Antenor Alexis Luque Chuquija, Luis Felipe De la Fuente Rodríguez y Álvaro Javier Carrillo Álvarez Calderón constituyeron las compañías Paloan SRL y A & F Futuro SRL, en Bolivia. 

Como constató este medio con los registros aduaneros de Bolivia y México, ambas compañías importaron mercurio desde México, España y Japón, por lo menos, hasta 2021. Dicha información se comprobó en los registros de la aduana mexicana, que cuenta con información más actualizada que la de su par boliviano. Además, a medida que crecieron sus inversiones en Bolivia, se detuvieron las compras de azogue que llegaban a Perú. 

¿Qué estrategia comercial tuvieron estas personas para trasladar el negocio del mercurio de Perú a Bolivia? OjoPúblico accedió a las partidas registrales, los movimientos migratorios e información aduanera para entender el papel de estos empresarios, luego de haber sido relacionados a la minería ilegal de la Amazonía y del sur del país.
 

Pasado en Perú

Previo a la vigencia del Convenio de Minamata, las personas naturales y jurídicas peruanas podían importar mercurio sin mayores restricciones, a pesar de que este insumo también abastecía a la extracción ilícita de oro. 

Entre 2010 y 2013 —antes de la suscripción del tratado—, la empresa peruana A & F Qhuya S.A.C. destacó por acumular cerca de USD 4’000.000 en compras de azogue proveniente de México y Estados Unidos, principalmente. 

Esta compañía, con sede en Lima y dada de baja a inicios de 2019, registraba como gerente general a Luis Felipe De la Fuente Rodríguez. Sin embargo, según las pesquisas de las autoridades aduaneras de la época, el dueño real era Antenor Alexis Luque Chuquija, un empresario puneño bajo sospecha de ser proveedor de mercurio para mineros ilegales de Madre de Dios y Puno.

Luque Chuquija figura en la actualidad como gerente en A.L. Copacabana EIRL, una empresa sin número de trabajadores declarados y con sede en la ciudad puneña de Juliaca. Entre 2017 y 2018, A.L Copacabana EIRL exportó más de USD 93’000.000 de oro en barra, con destinatarios finales en India y Emiratos Árabes Unidos. No hay más registros de salida de oro, según datos oficiales de la aduana peruana. 

A.L. Copacabana EIRL, con actividades desde 2017, también está incluida en un edicto judicial de 2020 por una demanda de extinción de dominio, donde se mencionan barras de oro y al propio Luque Chuquija. Estos procesos se presentan cuando el Estado exige los bienes de una persona por haber sido adquiridos con dinero proveniente de actividades ilegales o usados en hechos delictivos.

RUTA. La frontera de Perú y Bolivia es una vía común para el contrabando de insumos químicos para la minería ilegal como el mercurio. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro. 

Asimismo, Luque Chuquija figura en estado suspendido en el listado de mineros en vías de formalización del Ministerio de Energía y Minas de Perú. En esa misma situación aparece su hermano, Arsenio Alejandro Luque Chuquija. De acuerdo al sector, encontrarse en este estado significa que no se ha cumplido con los requisitos exigidos y, por lo tanto, no pueden desarrollar actividades de extracción de mineral. 

En 2012, previo a la ratificación del Convenio de Minamata, se constituyó Galman Corp SAC, otra empresa que registra importaciones de mercurio a Perú. La compañía, con sede en Lima, compró más de USD 3’400.000 del insumo tóxico, desde su creación hasta 2015. 

A la fecha, Galman Corp S.A.C. tiene su inscripción suspendida en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Ante esta entidad también declaró tener sucursales en las regiones mineras de Arequipa, La Libertad y Puno. 

En su momento — teniendo en cuenta sus importaciones de azogue—, las autoridades aduaneras vincularon a Galman Corp S.A.C. con Antenor Alexis Luque Chuquija, aunque la empresa tenía como socio fundador a Álvaro Javier Carrillo Álvarez Calderón. En sus redes sociales personales, este último se presentaba como gerente comercial de la compañía, entre 2012 y 2015. 

OjoPúblico contactó a la Sunat para conocer el estado de las investigaciones que involucraron a los personajes mencionados. La entidad indicó que la situación actual era “competencia del Ministerio Público” y que, en caso esta instancia les solicite información, se encuentran facultados a proporcionarla “preservando reserva de la información tributaria y la protección de datos personales”. 

En paralelo, Luis Felipe De la Fuente Rodríguez, exgerente general de A & F Qhuya S.A.C., aseguró a este medio que la indagación de las autoridades aduaneras fue “archivada” porque presentaron una serie de documentos para demostrar a quiénes vendían y compraban el mercurio. 
 

Presencia en Bolivia 

Mientras eran investigados en Perú, las actividades empresariales de Carrillo Álvarez Calderón, Luque Chuquija y De La Fuente Rodríguez se conectaron a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar: desde 2013, estos personajes establecieron dos compañías en Bolivia para importar mercurio, el insumo tóxico empleado para la minería ilegal peruana. 

Luque Chuquija y De La Fuente se asociaron, mientras que Carrillo Álvarez Calderón hizo lo propio con otro ciudadano peruano: Hernán Bernardo Castro Morales. 

El interés de los tres primeros por el mercado boliviano se evidencia en los diferentes viajes que han tenido al país altiplánico. Una revisión al movimiento migratorio de los tres muestra que, desde 2013, acumulan, en conjunto, más de 20 visitas a La Paz. 

Dos de ellas son de este año. Luque Chuquija, por ejemplo, registró un ingreso a dicho país a fines de junio último. Hasta el 25 de julio, no había retornado a territorio peruano. Carrillo Álvarez Calderón, por último, viajó a Bolivia en julio de este año.

Para tener detalles de las firmas establecidas en la nación vecina, OjoPúblico accedió a los registros públicos bolivianos y halló que, en agosto de 2013, el boliviano Alex Machaca Tapia y el peruano Luis Felipe De la Fuente Rodríguez constituyeron, en la ciudad de La Paz, la compañía A & F Futuro S.R.L. La misma se dedica a la importación y exportación de productos relacionados a la “industria minera”. 

Pese a los objetivos por los que fue creada, A & F Futuro S.R.L. —de mismas siglas que la peruana A & F Qhuya S.A.C., que también tenía en la cabeza a De La Fuente Rodríguez— registra apenas una importación desde 2014. Esta ocurrió en marzo de 2015, cuando la empresa compró casi 450 kilos de mercurio a la firma GD General Services, con sede en México. 

Sobre los motivos para constituir una empresa en territorio boliviano, De La Fuente Rodríguez dijo a OjoPúblico que tomaron la medida porque, en dicho país, “las regulaciones no eran tan estrictas” como en Perú, donde empezaba la implementación de la ley de formalización minera y controles de Sunat al mercurio. 

“Preferimos dejar de operar este negocio en Perú y nos fuimos a Bolivia años después. El escenario comercial cambió. [A esto se sumó] también unas publicaciones que salieron en contra nuestra. Nos desanimaron a seguir en el negocio”, agregó en entrevista telefónica. 

Casi cinco años después de la constitución de A & F Futuro S.R.L en Bolivia, se produjo una adquisición de acciones donde participó otro peruano, antes vinculado al abastecimiento de mercurio para la minería ilegal. 

Según una minuta registrada en Bolivia —con fecha junio de 2018— a la que accedió este medio, Antenor Alexis Luque Chuquija adquirió más del 70% de las acciones de la empresa pertenecientes a Machaca Tapia (45%) y De la Fuente (27,5%). 

Desde el ingreso de Luque Chuquija, bajo la mira de la Sunat peruana por su presunta vinculación a la extracción ilícita de oro, la empresa ha tenido sus años con peor desempeño económico. 

En los últimos años, de acuerdo a una revisión de los estados financieros de la firma, las ganancias disminuyeron. En su último reporte, de enero pasado, para el período 2021 y 2022, A & F Futuro S.R.L declaró pérdidas por 50.000 bolivianos (unos USD 7.200, al tipo de cambio de hoy), respecto a su actividad comercial. 

En el período 2020 y 2021, mientras tanto, reportó una ganancia de apenas 35.000 bolivianos (unos USD 5.000), una cifra 10 veces menor a sus utilidades del período 2019 y 2020. 

Al ser consultado sobre esta baja en los ingresos comerciales, De la Fuente Rodríguez señaló que, hace dos años, no operaban y que tenían una “serie de inconvenientes porque se ha activado el Convenio de Minamata”. “No estamos trayendo mercurio porque ya no quiero trabajar en ese negocio, se hace más difícil y complicado porque hay mayores regulaciones”, agregó. 

La segunda compañía identificada por este medio es Paloan S.R.L., con sede en La Paz y dedicada a la importación y comercialización de productos químicos para la actividad minera, “en especial mercurio y cianuro de sodio”. 

COMERCIO. En las calles de La Paz (Bolivia), algunas joyerías también ofrecen la venta de mercurio al peso. No hay obstáculos para acceder a este insumo tóxico. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro. 

En octubre de 2014, según documentos notariales revisados por OjoPúblico, los peruanos Hernán Bernardo Castro Morales y Álvaro Javier Carrillo Álvarez Calderón establecieron esta firma. El último aparece con el 95% de las acciones. 

Solo cinco meses después de su creación, la empresa boliviana registró otro vínculo con Perú. En marzo de 2015, la empresa peruana Galman Corp S.A.C. —que tiene como gerente comercial a Carrillo Álvarez Calderón— vendió a Paloan S.R.L. más de dos toneladas de mercurio. Esta operación representó la única exportación realizada por Galman Corp S.A.C. sobre la que tiene registros la aduana peruana. 

Mientras que, entre 2015 y 2021, Paloan S.R.L también importó casi 160 toneladas de mercurio valorizado en cerca de USD 6’000.000. Sus proveedores eran de México, Japón y España. 

Una traba para continuar el análisis realizado por este medio, respondió a que, desde 2019, la aduanas boliviana no cuenta con detalles respecto a los importadores de mercurio. 

Las cifras no se encuentran actualizadas respecto a los importadores. Por ello, este medio también revisó las exportaciones de mercurio desde México y halló que, en julio de 2021, Paloan S.R.L tenía un registro de USD 249.000 por casi cuatro toneladas de azogue. 

Entre 2017 y 2022, los ingresos de mercurio a Bolivia casi se duplicaron, pese a que su uso no es mayor en la minería boliviana. 

A diferencia de A & F Futuro S.R.L, Paloan S.R.L. ha tenido un desempeño económico más alentador. Su último balance anual muestra que, en 2022, la empresa tuvo utilidades netas por más de 1’678.000 bolivianos, equivalentes a unos USD 242.000 al tipo de cambio de hoy. 

Oscar Campanini Gonzales, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), sostiene que los vínculos entre los empresarios peruanos y sus actividades en territorio boliviano abren la posibilidad para la participación de actores involucrados en el contrabando de mercurio. “Han tenido una notoriedad o han sido destacados en el Perú por este tipo de actividad ilegal”, remarcó. 

El investigador también señaló a OjoPúblico que, para hacer seguimiento a estos comercializadores, las autoridades de Bolivia “deberían haber puesto el ojo sobre este papel [el de los peruanos que constituyeron empresas en ese país] desde diferentes perspectivas”, pero que tenía conocimiento de que ello “no ha ocurrido”. 

Este medio contactó al Ministerio del Ambiente, Aduanas y la Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia para recoger más detalles sobre el rol de las empresas fundadas por peruanos en La Paz. Pero, al cierre de este informe, no hubo respuesta de ninguna de las entidades. 
 

Vacíos y pendientes

La participación de peruanos en el comercio de mercurio —algunos vinculados, en el pasado, a la minería ilegal— aparece cuando este país altiplánico ha tenido una lenta implementación del Convenio de Minamata, un tratado internacional que restringe las importaciones y exportaciones del insumo tóxico. 

En el último año, el poco avance de las normas bolivianas para restringir el ingreso de mercurio a su territorio ha generado alertas de la Comunidad Andina (CAN). Esta presión ha alentado, recientemente, la aprobación de nuevas medidas en el país altiplánico para enfrentar el contrabando del insumo usado en la extracción ilícita de oro. 

El primer y único Informe del Observatorio sobre Mercurio, presentado en mayo pasado por la CAN, concluyó que la coyuntura política de Bolivia interfirió en el “desarrollo normativo” para impulsar medidas enfocadas en mejorar el control y fiscalización del mercurio, y “congeló sus posibles avances”.

Además, el reporte recomienda desarrollar una herramienta para integrar la información de los países miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) para “identificar el movimiento del mercurio” y “cruzar información con datos oficiales complementarios”. Esta falta de articulación entre los países se evidencia en las escasas respuestas oficiales obtenidas por este medio. 

Previo a la vigencia del Convenio de Minamata, importar mercurio en el Perú se hacía sin mayores restricciones.

La aduana peruana, en una comunicación enviada vía correo electrónico, señaló que no manejaba información sobre peruanos dedicados al comercio de mercurio en suelo boliviano, debido a que no tienen “acceso a los registros de importación o comercialización oficial del vecino país”. Solo manejan cifras generales y anuales sobre esta actividad económica, precisaron. 

La Aduana Nacional de Bolivia, por su parte, no atendió las comunicaciones de OjoPúblico, hasta el cierre de esta publicación.

Pese a la falta de transparencia en los registros oficiales de la aduana de dicho país, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia cuenta con la cantidad de solicitudes de ingreso de mercurio que presentan personas naturales y jurídicas. 

En esta lista, que tiene información del 2018 al 2021, aparecen Paloan S.R.L y A & F Futuro S.R.L —empresas con socios fundadores peruanos— que, en conjunto, indicaron un interés por importar más de 50 toneladas de azogue en el período revisado. 

Otra debilidad en el registro de mercurio hacia Bolivia es la falta de detalle respecto a los actores involucrados en el sector. Desde 2019, las cifras aduaneras de este país no cuentan con registros abiertos y detallados respecto de los importadores y proveedores del insumo químico. 

A partir de esa época, según los registros de la aduana boliviana, hay un incremento en la presencia de Rusia, India y Tayikistán como proveedores del azogue a territorio boliviano. 

Con la vigencia del nuevo decreto supremo y en un contexto de escasa transparencia de la información aduanera, las autoridades bolivianas tendrán que rastrear el flujo del insumo tóxico que ingresa y sale de su territorio, donde el contrabando se ha convertido en un aliado para el avance de la minería ilegal en la Amazonía.