En América Latina los territorios indígenas representan 404 millones de hectáreas: la quinta parte del área total de la región. Y casi el 60% de esta superficie se encuentra en la Cuenca del Amazonas, en una superficie mayor a la que representan juntos, por ejemplo, Alemania, España, Francia, Italia, Noruega y Reino Unido. Las cifras muestran la importancia de estos territorios para el futuro del planeta y el rol de sus habitantes en el cuidado de estos ecosistemas. 

El reciente informe “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques”, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) analiza estos temas a partir de la sistematización de más de 300 estudios científicos desarrollados en los últimos 20 años que han permitido conocer de qué manera los pueblos indígenas administran los territorios amazónicos y cómo los espacios que habitan se encuentran mejor conservados que otros.

El Perú, de acuerdo a las cifras recogidas por la FAO, tiene 37,2 millones de hectáreas ocupadas por pueblos indígenas, una superficie que la convierte en la cuarta más extensa de la región solo por detrás de Brasil, Argentina y Venezuela. El informe también señala que el Perú es el segundo país con más bosques en América Latina y el Caribe: 74 millones de hectáreas. 

EXTENSIÓN. El Perú tiene más de 37 millones de hectáreas ocupadas por pueblos indígenas, la cuarta área más extensa de América Latina. 

Mapa: Raisg

El estudio analiza en uno de sus capítulos los programas de fondos públicos que brindan incentivos económicos a las comunidades para evitar la deforestación y aprovechar los productos forestales en una determinada área. Entre las experiencias se destacan las de Costa Rica, Guatemala y México donde la compensación también considera el desarrollo en la gestión de bosques y de reforestación productiva. 

En Perú se menciona el uso de los fondos del Programa Nacional de Conservación de Bosques que han permitido reducir una parte de la tasa de deforestación asociada con el programa. Si bien se han tenido resultados positivos en los países mencionados; todavía no existe un monto estándar en los ingresos que reciben las comunidades. 

En promedio, el pago por hectárea cuidada de los bosques comunales varía de US$ 3 en Perú a más de US$100 en Guatemala. En otros países es de US$ 9 (Ecuador), US$ 30 (México) o US$ 60 (Costa Rica). Los montos están alineados a la inversión anual que han tenido los gobiernos -a excepción de México- a favor de las comunidades que participan de los programas: en promedio no más de US$ 10 millones. 

La tendencia regional, según la publicación, apunta a la reducción del financiamiento para estos programas. Como alternativas para la promoción se sugiere que no solo se pague por un servicio ambiental específico sino que también se otorgue a las comunidades una compensación por el buen manejo que le dan a los bosques. 

Asimismo, se plantea que se atraigan contribuciones de universidades u Organismos No Gubernamentales (ONG) para la implementación de enfoques más integrales con asistencia técnica y capacitación de mayor calidad. 
 

Seguridad jurídica de las tierras
 

El estudio destaca la importancia de la titulación de territorios colectivos para alcanzar la disminución de emisiones de dióxido de carbono (CO2). En Bolivia, Brasil y Colombia esta medida evitó entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas métricas de CO2; equivalente a sacar de circulación entre 9 y más de 12 millones de vehículos en un año. Los resultados evidencian que los pueblos indígenas al ser los que mejor administran la conservación de los bosques, garantizarán la sostenibilidad de estos ecosistemas. 

El informe también indica la relación entre la disminución en las tasas de deforestación en territorios indígenas donde los gobiernos han reconocido de manera oficial los derechos colectivos a la tierra. 

Asimismo, la investigación de FAO incluye información que compara la superficie de tierras localizadas en reservas reconocidas por los gobiernos para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial que suman aproximadamente 11,5 millones de hectáreas en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. 

Este análisis tiene a Perú como el país con mayor extensión con más de 2,9 millones de hectáreas donde se busca garantizar la integridad cultural y física para pueblos en aislamiento voluntario y preservar los bosques de los cuales dependen. En territorio nacional también se calcula una superficie adicional de más de cuatro millones de hectáreas para comunidades en aislamiento voluntario y contacto inicial, propuesta por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).

En los territorios indígenas, advierte el estudio, las personas en promedio se encuentran entre los grupos con los peores índices de pobreza del continente. De acuerdo a los datos oficiales, a inicios del siglo XXI, apenas el 43% de los jóvenes de 15 años había completado la escuela primaria y solo el 56% contaba con servicio de electricidad. 

Además, en la publicación se estima que el precio de garantizar la tenencia de territorios indígenas es hasta 42 veces más económico que el costo promedio invertido en técnicas para reducir la cantidad de CO2 que se emplean en centrales eléctricas, a carbón o a gas.
 

Alertas y riesgos
 

El estudio alerta sobre cinco escenarios donde el reconocimiento formal de territorios no necesariamente disminuye la destrucción de los bosques. Esto ocurre cuando existen concesiones mineras, petroleras o forestales sobrepuestas con los territorios indígenas; los gobiernos no respaldan los esfuerzos de los titulares para hacer respetar sus derechos; no hay presión sobre los bosques, en zonas con alta presencia del crimen organizado o si los mismos pobladores quieren eliminar el bosque y las autoridades lo avalan. 

También se han presentado otras amenazas externas para los territorios indígenas. Entre ellas se encuentran la ocupación de parte de colonos, mineros, palmicultores, narcotraficantes, traficantes de tierras y otros, quienes deforestan con el fin de apropiarse y no trabajar tierra. 

En algunos países la escasa labor del Estado para garantizar los derechos de propiedad colectiva contribuye al aumento de ataques violentos contra la población de estos territorios. Por ejemplo en Perú, desde el 2013 y como ha informado OjoPúblico, 14 indígenas han sido asesinados en la Amazonía. 

“Todavía queda mucho por aprender sobre cómo fortalecer los territorios indígenas y tribales para mejorar sus condiciones sociales y ambientales a largo plazo, pero el momento para actuar es ahora; luego, podría ser demasiado tarde”, concluye el informe.