Actualización: 13 de septiembre a las 18:20.

En 2017, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) identificaron inconsistencias sobre más de 330 toneladas de cianuro de sodio adquiridas por una empresa con sede en Lima que no tenía autorización para su uso.

Este insumo —empleado para el procesamiento de oro— es uno de los productos fiscalizados por la Intendencia Nacional de Insumos Químicos de la Sunat, pues su manejo —por el alto nivel de toxicidad para el ambiente y las personas— está restringido a ciertas actividades formales, y su traslado requiere de una certificación especial de la autoridad. El insumo tóxico fue adquirido por la empresa Distribuidor & Insumos Mineros S. A. C. (Disinmin S.A.C.). 

Dos años después de las diligencias preliminares de la Sunat, la fiscalía ambiental de Lima Sur abrió una investigación contra los fundadores y representantes de la empresa, cuyo rubro principal es la venta de materiales de construcción al por mayor. Se trata de una red que involucra a un total de 18 personas y ocho empresas. Todas ellas se encuentran investigadas por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal, penado con entre tres y seis años de cárcel. 

En julio de este año, el despacho que lleva la investigación, a cargo del fiscal ambiental Roldán Soto Salazar, pidió una ampliación de 120 días para recabar más pruebas e iniciar el proceso acusatorio contra los involucrados en el caso. 

18 personas y ocho empresas se encuentran investigadas por tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal".

Uno de los principales imputados es el representante de la empresa Disinmin S.A.C., Gilmer Peña Ríos, quien hasta el momento no se ha presentado a las diligencias ni cuenta con un abogado registrado para el proceso. 

En las diligencias preliminares —como consta en el expediente fiscal— Peña Ríos señaló a funcionarios de la Sunat que el cianuro fue adquirido a la empresa IQI S.A.C. y que tenía como destino “la extracción de minerales auríferos”. Pese a esta afirmación, Disinmin no está inscrita en el registro de usuarios de estos insumos ni tampoco cuenta con autorización para el uso de cianuro de sodio. Esta compañía y sus miembros tampoco cuentan con derechos mineros en áreas de extracción de oro.
 
En las diligencias, según la carpeta fiscal, Peña Ríos indicó que el cianuro de sodio adquirido tenía como destino su terreno en el Cerro El Toro, una zona ubicada en la sierra de Huamachuco, en La Libertad. Sostuvo que tenía un “PAD de 40 toneladas donde se extrae el oro utilizando cianuro de sodio” y que, luego, ese producto lo vendía al laboratorio del “señor José Espejo a un precio de S/100 por cada gramo de oro absorbido”.

DESTINO. De acuerdo a las diligencias fiscales, el cianuro de sodio tenía como fin ser usado en operaciones mineras de Cerro El Toro, en La Libertad.

Foto: Andina. 
 

De acuerdo a la información fiscal, Peña Ríos era la persona que recibía el insumo con sello y firma de “Recibido conforme”. La investigación también determinó que se compró el mismo producto químico a Cusa S.A.C., Orminco S.A.C., Preto S.A.C. e Integraciones Químicas Industriales S.A.C. 

Además de Peña Ríos, entre los investigados se encuentran personas vinculadas de manera directa e indirecta a la empresa Disinmin S.A.C., así como otras personas que prestaron —entre febrero y agosto de 2017— los servicios de transporte, almacen y transbordo del cianuro de sodio.

El caso iniciado en 2017 no frenó el traslado de cianuro de sodio por parte de esta red de empresas. En abril de 2020, la fiscal ambiental de La Libertad, Lastenia Acuña Raz, ordenó la incautación de cinco toneladas de este insumo en el distrito de Angasmarca. 

La Sunat identificó inconsistencias sobre más de 330 toneladas de cianuro de sodio adquiridas por una empresa con sede en Lima".

El intervenido fue el mismo Gilmer Peña Ríos, que en ese momento conducía un vehículo —de propiedad de la empresa Orminco S.A.C— donde transportaba cinco cajas de cianuro de 1.000 kilos cada una. Este cargamento, declaró Peña Ríos entonces, tenía como destino a la Minera Santa Rosa S.A.C., ubicada también en la sierra de La Libertad, en la provincia de Santiago de Chuco.

Otro de los investigados es el socio y fundador de Disinmin S.A.C., Orestes Morales Marca, quien negó haber participado en la adquisición del insumo. Ante las autoridades argumentó que ya no formaba parte de la empresa, pues había transferido todo a Gilmer Peña Ríos. Sin embargo, según la fiscalía ambiental de Lima Sur, Morales Marca “financiaba económicamente a esta empresa [Disinmin S.A.C.] para la adquisición de cianuro de sodio”. 

Entre las evidencias que menciona la fiscalía sobre este presunto financiamiento, se encuentra un depósito bancario de marzo de 2017. Un mes después de que renunció al cargo, Morales Marca realizó un depósito de casi S/50.000 a la cuenta corriente de Disinmin S.A.C. 
 

La fiscalía también tiene la sospecha de que el empresario adquirió cianuro de sodio para Disinmin el mismo día que renunció a la empresa. De acuerdo a la declaración fiscal de Héctor José Silva Vela —gerente general de la empresa proveedora Preto S.A.C. y quien fue excluido de la investigación—, en febrero de 2017, Morales Marca le envió por correo electrónico una orden de compra de 54 toneladas del insumo a nombre de Disinmin. 

Ante la Sunat, dos empresas evidenciaron el vínculo de Morales Marca con Disinmin. Oxiquim Perú S.A.C. indicó que la “coordinación para la venta de cianuro” la realizaban con Orestes Morales Marca. La misma versión se recogió en la declaración de Sandra Castro Nuñez, trabajadora de la proveedora Chemsupply S.A.C., quien mencionó que las negociaciones del producto también se realizaban con Morales Marca. 

Al ser consultado por el caso en el que se encuentra involucrado, Morales Marca indicó a OjoPúblico que no podía brindar declaraciones porque la investigación seguía en curso. En el caso de Peña Ríos y su hermanos, también incluidos en la investigación, no han designado defensa ni se han presentado en las diligencias de la fiscalía ambiental.

Asimismo, la investigación fiscal —hoy en etapa preparatoria— identifica como terceros civilmente responsables a las empresas Disinmin S.A.C., Orion Mining Comercialization S.A.C., Oxiquim Perú S.A.C., Integraciones Químicas Industriales S.A.C. y Fast Express Perú S.A.C.  

Nota de redacción: Luego de la publicación de este artículo, Héctor José Silva Vela —gerente general de la empresa proveedora Preto S.A.C— envió un correo electrónico a OjoPúblico en el que señaló que, de acuerdo a una disposición del Ministerio Público "no procede formalizar ni continuar la investigación a mi persona y empresa". Sin embargo, el informe periodístico no lo señala a él como investigado, solo cita su declaración que forma parte del expediente fiscal. En la misma comunicación adjuntó una disposición fiscal del 19 de julio de este año, donde se detalla que el caso de la compra de cianuro de Disinmin tenía inicialmente 36 investigados, pero luego se excluyó de la carpeta preparatoria a 16 personas, entre ellas a Silva Vela, por no encontrar "indicios suficientes y reveladores" en su contra por el presunto delito de tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal. Otros dos investigados fueron apartados del caso por fallecimiento. En el mismo documento se menciona la formalización y continuación de las diligencias contra otros 18 involucrados, es decir la información descrita en el presente artículo.