Cada tonelada de harina y aceite de pescado que se produce con anchoveta peruana se cotiza hoy a US$ 1.700 en el extranjero. Su alta rentabilidad es aprovechada por la pesca ilegal, delito que el Estado ha intentado frenar con multas que equivalen al 60% del valor de este millonario producto, sin presagiar que los infractores encontrarían la forma de apelar y trabar las sanciones. Pese a ello, el Ministerio de la Producción está proponiendo reducir estos montos porque no las considera justa para los empresarios y armadores.

El actual Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras (RISPAC) fija las multas multiplicando las toneladas de pescado ilegal incautado por el valor que el Ministerio de la Producción asignó a cada especie marina, el año 2012, en la gestión de José Urquizo Maggia.

De acuerdo a este documento, cada tonelada de anchoveta destinada a convertirse en harina o aceite está valorizada en 0.20 de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), unos 810 soles al cambio del año pasado. Se requieren cuatro toneladas de anchoveta para obtener una de harina, por lo que la multa respecto al producto final bordea hoy los 3.240 soles.

Este año vence el RISPAC y Produce ya ha puesto en consulta la nueva versión de la norma para su pronta promulgación, pero esta incluye una forma más benigna de calcular las multas.

“[Las multas] son, en algunos casos, bastante altas o desproporcionadas; afectan tremendamente la economía de los administrados [empresas y armadores]. El nuevo RISPAC contempla sanciones más claras, mesuradas en la parte pecuniarias, que permitan al administrado hacer un mea culpa”, dijo José Romero Glenny, director de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce.

Ojo-Publico.com revisó el documento en mención y -de las 37 sanciones establecidas para la actividad extractiva- encontró que las multas propuestas por el Ejecutivo para las capturas ilícitas de anchoveta son 95% menores para la pesca artesanal y 60% más bajas para la extracción a gran escala destinada a la harina de pescado.

De aprobarse el nuevo reglamento –según el valor de la UIT para este año– los pescadores artesanales pagarían S/60 de los S/1.215 que abonan al Estado por cada tonelada ilegal que les es incautada. La pesca de menor y mayor escala para consumo humano sería castigada con S/382 y S/391, respectivamente, frente a los S/1.093 que pagan ahora; y la rentable pesca destinada a la harina y aceite de pescado se resarcirá de su delito pagando solo S/316 de los S/810 que le costaba la tonelada de pescado negro.

“Yo entiendo a los administrados, a cualquier negocio le afecta una sanción económica o una suspensión de planta o embarcación. El nuevo RISPAC tiene sanciones disuasivas, pero no abusivas. No es lo mismo aplicar una multa a un artesanal que a un industrial”, añade Romero.

Sin embargo, las infracciones por pesca ilegal no se castigan ni cobran en su totalidad porque se reducen en un embudo de pasos administrativos.

SANCIONES A LARGO PLAZO

La pesca ilegal es propiciada por las embarcaciones artesanales y por la gran industria. “La modalidad no declarada es la más común en Perú y consiste en no reportar las capturas realizadas, o hacerlas parcialmente. También existe la extracción con embarcaciones no autorizadas, en épocas de veda o en zonas restringidas, que es lo que se conoce como pesca no reglamentada”, explica Alejandro Flores, Oficial Regional de Pesca y Acuicultura de la FAO.

"Yo entiendo a los administrados, a cualquier negocio le afecta una sanción económica", dice José Romero, director de Fiscalización de Produce.

Ojo-Publico.com pudo acceder a reportes del Ministerio de la Producción (Produce) que dan cuenta que entre el 2013 y el 2017 se realizaron 14.179 decomisos a embarcaciones que extrajeron recursos marinos ilegalmente, logrando recuperar 257 mil toneladas, que equivale al 6,6% de la pesca declarada el año pasado en todo el país.

Por todo este cargamento se debieron aplicar multas que fluctúan entre los S/30 millones, si lo incautado era anchoveta para la pesca artesanal –que tiene el valor más bajo de todos los recursos hidrobiológicos registrados por Produce–, y S/203 millones si se trataba de anchoveta para la producción de harina de pescado.

Sin embargo, las estadísticas enviadas por la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce revelan que en el mismo periodo (2013 – 2017) se formalizó la sanción solo al 4% de los operativos que implicaron el decomiso de especies. Apenas 559 casos de flagrante pesca ilegal se plasmaron en resoluciones directorales que obligan a los infractores a pagar multas por un total de S/78 millones.

Son 300 compañías las sancionadas y la que lidera la lista, por faltas y reincidencias, es Pesquera Yoly S.A.C, empresa chimbotana que tiene como apoderado a Francisco Morales Diego, también representante de Pesquera Katty S.A.C., la segunda compañía con más sanciones. 

Pesquera Yoly S.A.C es uno de los armadores que -al menos entre el 2009 y el 2011- mantuvo contratos de “Suministro Exclusivo de Recursos Hidrobiológicos” con la quinta pesquera más rentable del Perú, Exalmar, grupo empresarial que cada año exporta harina de pescado por unos US$100 millones de dólares y ha tenido en su directorio al hoy presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

 Se formalizó la sanción solo en el 4% de los operativos que implicaron el decomiso de especies.

Los estados financieros de Exalmar, expulsada de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), incluyen a Pesquera Yoly hasta el 2011, pero los reportes del área de fiscalización de Produce dan cuenta que, antes y después de ese año, Yoly fue sometida a constantes decomisos por extraer anchoveta juvenil, sobrepasar los topes permitidos, pescar fuera de la zona asignada, con el permiso suspendido o con las señales de rastreo apagadas. Y toda esta mercadería terminó en manos de Exalmar, pues era esta quien pagaba la tarifa de decomiso o adquiría las capturas antes de que se formalizara la sanción.

Es decir, a las actas de Produce, entre el 2009 y 2015 Exalmar compró anchoveta a la pesquera con más sanciones por pesca ilegal.

Una de ellas es la resolución directoral 3759-2015, que da cuenta de la intervención que hicieron los fiscalizadores a la planta procesado de Exalmar, en Huacho, en el precio momento que su socia Yoly estaba desembarcando 37 toneladas de anchoveta, pese a que su equipo de monitoreo satelital no había arrojado movimiento alguno en los diez días previos. La carga ilegal, valorizada en US$14.000, quedó en poder de Exalmar.

El hecho ocurrió el 16 de diciembre del 2011 y cuatro años después la multa recién quedó confirmada en primera instancia. Y hay más casos en apelación.

Los procesos sancionadores a la pesca ilegal pasan por tres etapas: reconsideración, apelación y revisión. Este último paso se anuló el 2016 con el D.L. 1272, pero el plazo promedio para que la amonestación sea efectiva siguen siendo de tres a cuatro años. Las resoluciones directorales son solo el primer paso, pues, si una empresa no está conforme puede acudir al Consejo de Apelación de Sanciones de Produce y, si este no le es favorable, siempre le queda la vía judicial para negarse a pagar una multa.

APELACIONES Y OPACIDAD

La información estadística del Ministerio de la Producción (Produce) revela que entre el 2007 y el 2013 el sector pesquero apeló 3.559 multas impuestas a 952 empresas y personas acusadas de pescar ilegalmente, desactivar el control satelital de sus embarcaciones para no ser detectados o desviar a la industria los lotes de pescado destinados al consumo humano, entre otros. Las sanciones se fijaron en 53.761 UIT que representan unos S/193 millones, el mismo monto que destinará el Ministerio de Salud para construir tres hospitales en Piura.

Entre el 2014 y lo que va del 2017 el rechazo a las multas se multiplicó, pues ingresaron otros 10.780 expedientes al Consejo de Apelación de Sanciones. Las presuntas irregularidades fueron cometidas por embarcaciones y pescadores artesanales, pero también por empresas de congelados y plantas de harina de pescado. No se puede cuantificar cuánto dinero representan estas multas impagas, ni cuántas pesqueras llevaron su negativa hasta el Poder Judicial.

Entre el 2007 y el 2013 el sector pesquero apeló 3.559 multas impuestas a 952 empresas y armadores pesqueros.

Para Juan Carlos Sueiro, director de Pesquería de Oceana, uno de los flancos débiles al fiscalizar las capturas de anchovetas es la opacidad de sus estadísticas. Las cifras de producción pesquera fueron declaradas de carácter censal en el Reglamento del INEI, promulgado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el 2001, por lo que se pueden conocer las toneladas de anchoveta capturada, pero no la producción alcanzada.

“Esto sumado a la débil supervisión y la manipulación de datos en el pesaje y registro de producción, ha permitido que durante años las pesqueras maquillen su producción como merma para destinarla a la harina de pescado”, agrega Sueiro.

Desde el 2015 las diferencias entre los montos de producción y exportación de este alimento se ubican en márgenes normales. Pero José Luis Bernuy, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú (Anepap) tiene motivos para sospechar. “Con la cantidad de pescado que –según la data oficial– se destinó el 2016 al consumo directo se debió procesar 239 millones de latas de conservas, no 57 millones. Si, como se ve en Aduanas, se exportaron 19 millones ¿dónde está el resto? Las conservas de anchoveta no abundan ni en Lima”, dijo a Ojo-Publico.com.

Karina Zarbe, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que su institución ha enviado recomendaciones al Ministerio de la Producción para reforzar el nuevo Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras (RISPAC). Entre ellas se pide eliminar la tolerancia de una hora y media que tienen las embarcaciones industriales para no reportar su ubicación cuando están en el mar, así como permitir el decomiso total de las capturas que superen las tallas o pesos permitidos. “Sin un reglamento firme, las multas y sanciones seguirán saliéndole barato a la pesca ilegal”, señaló.

El nuevo RISPAC ha sido publicado en la web para conocimiento de todos los actores involucrados en la pesca, y se estima que en un mes se debe publicar la versión final. El Ministerio de la Producción, incluso, se está reuniendo con los empresarios y armadores para conocer su opinión ante las futuras sanciones.