A menos de un mes de su aprobación por insistencia en el Pleno y aunque tenía dos solicitudes que planteaban reconsiderar la votación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), ordenó —el último 11 de enero— que se publique una norma que cambia artículos de la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La medida, según especialistas y organizaciones de la sociedad civil, debilitará la lucha contra la pérdida de bosques en la Amazonía peruana. 

Entre otros puntos, los cambios aprobados permitirán otorgar títulos habilitantes con menores exigencias y exonera a los predios privados a la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, una medida que determina si el suelo tiene características forestales o agrícolas para evitar la pérdida de bosques. Previamente, estos predios debían pasar obligatoriamente por dicho proceso para cambiar el uso de suelo. 

La publicación de los cambios en el sector forestal lleva la firma de Soto Reyes y del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre). La aprobación de las modificaciones en el Pleno se dio el 14 de diciembre pasado, al cierre de la última legislatura. Previamente, este poder del Estado había recibido comunicaciones de gremios empresariales interesados en los cambios. 

Entre ellas, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que envió una carta a la presidencia del Congreso, y diferentes gremios —como la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Junta Nacional del Café (JNC)—, que pidieron la aprobación de la norma en el Pleno, a través de un comunicado público. 

Rolando Navarro Gómez, expresidente Osinfor, considera que la nueva norma dará paso a un mecanismo de impunidad".

La modificación a la Ley Forestal tiene su origen en tres iniciativas legislativas presentadas desde el 2021 por los congresistas Lady Camones Soriano (Alianza para el progreso), Elizabeth Medina Hermosilla (Perú Libre) y EdwinMartínez Talavera (no agrupado). 

A partir de ese año, como evidenció OjoPúblico en una serie de publicaciones, legisladores de diferentes bancadas recibieron en sus despachos a representantes de organizaciones vinculadas a la agroindustria, líderes menonitas —organización religiosa investigada por deforestación— y a algunos colectivos cafetaleros.

Otro congresista que también ha impulsado cambios en la Ley Forestal es Eduardo Salhauana Cavides (Alianza para el Progreso), el único representante de Madre de Dios, región que enfrenta la pérdida de bosques a causa de la minería ilegal. 

A inicios de 2023, Salhuana Cavides, exrepresentante de mineros informales, presentó un proyecto que quita funciones al Ministerio del Ambiente (Minam) y busca que la zonificación forestal sea aprobada mediante una ordenanza regional, con la asistencia técnica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

La implementación de las modificaciones a la norma forestal estará a cargo del Serfor".

Aunque el proyecto de Salhuana Cavides se encontraba en dos comisiones del Congreso para su debate, la ley promulgada recientemente incluyó el cambio planteado por el congresista. Así, ahora será el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) el responsable de aprobar los procesos de zonificación forestal que se presenten, en lugar del Minam, que ahora solo emitirá una “opinión previa”. 

Rolando Navarro Gómez, expresidente del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), sostuvo en conversación con OjoPúblico que la reciente norma dará paso a un “mecanismo de impunidad” donde se va a poder “formalizar al ilegal”. Además, consideró que puede representar un riesgo para las investigaciones fiscales en temas ambientales, y que estas “queden en cero”.

El especialista también señaló que la medida afectará a quienes manejan el bosque y luchan contra economías ilícitas. “Con esta ley, ahora se va a dar una facilidad para que las invasiones de tierras puedan formalizarse”, agregó.  

La implementación de las modificaciones a la norma estará a cargo del Serfor, institución adscrita al Midagri. A la fecha, ninguno de los sectores se ha pronunciado respecto a la promulgación, pero en setiembre pasado —luego de la publicación de un artículo de este medio— el Serfor señaló que también se encontraba formulando una “propuesta de mejora” para la Ley Forestal.

El rol empresarial y las reconsideraciones truncas 

En diciembre último, durante las semanas previas a la publicación de la norma y cuando la legislatura estaba a punto de finalizar, distintos gremios empresariales solicitaron al Congreso de la República, a través de cartas y pronunciamientos, que el Pleno debatiera por insistencia los cambios en la Ley Forestal. Al final, pese a no estar en la agenda inicial, la votación ocurrió en la noche del 14 de diciembre. 

El mismo día que el Legislativo incluyó al debate los cambios en la Ley Forestal, un grupo de 11 gremios y asociaciones difundió en sus redes sociales un comunicado para “exhortar” al Congreso para que apruebe el dictamen que planteaba las modificaciones en la referida norma. 

Entre los firmantes del comunicado, fechado el 13 de diciembre, se encontraba Adex, la SNI, la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) y la Junta Nacional del Café (JNC), entre otras. 

Además, un día antes de la aprobación en el Pleno, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, envió una carta al presidente del Congreso para “instar respetuosamente a la discusión y análisis” sobre la insistencia de la norma. 

Carta de Confiep a presiden... by OjoPúblico Periodismo de In...

En ambas comunicaciones se tuvo como argumento la permanencia de la “seguridad jurídica” de los agricultores, así como una mención a la reciente “normativa europea” que exige “cero deforestación” en el origen de las importaciones que llegan a esta parte del mundo.

Sin embargo, en mayo de 2023, OjoPúblico informó sobre los retos que tendrán distintos sectores para adecuarse a esta ley internacional por la falta de información que reportan en sus cadenas de suministro. Es decir, son las compañías las que deben mejorar sus procesos y no se requería cambiar la Ley Forestal.

Al conocerse la publicación de los cambios en la norma, las congresistas Susel Paredes Piqué y Ruth Luque Ibarra (ambas de Cambio Democrático - Juntos por el Perú), cuestionaron la decisión del presidente del Congreso. Desde diciembre, las legisladoras tenían dos pedidos de reconsideración para que el dictamen se vuelva a votar en el Pleno, como señala el reglamento del Legislativo. 

Esta semana, ambas congresistas evidenciaron, en sus redes sociales, que dichas solicitudes ya no figuraban en la plataforma digital de proyectos de ley del Legislativo. “Exijo explicaciones al presidente del Congreso por firmar una autógrafa sin atender las reconsideraciones presentadas”, señaló Paredes Piqué en su cuenta X (antes Twitter). 

PEDIDO. El 14 de diciembre, 11 gremios y asociaciones empresariales difundieron un comunicado en el que pedían al Pleno aprobar las modificaciones a la Ley Forestal.

Documento: Facebook Junta Nacional del Café

La congresista Ruth Luque dijo a OjoPúblico que, detrás de esta medida, había intereses de sectores que buscan “desarrollar actividades económicas sin mayor control ni rigurosidad”. La legisladora agregó que se debería censurar a un presidente del Congreso que “se aparta del procedimiento parlamentario” y que, más allá de esta norma, se abre un “peligroso precedente de inseguridad en las acciones” del Legislativo.

Soto Reyes indicó a RPP que no había impedimentos para la promulgación de la ley debido a que, según le informó Oficialía Mayor del Congreso, los pedidos de reconsideración fueron presentados “de forma extemporánea". 

Este medio también contactó a Soto Reyes. Pero, al cierre de esta publicación, no hubo respuesta de su parte. En la plataforma del Congreso tampoco volvieron a figurar las reconsideraciones presentadas, en diciembre pasado, por las congresistas Paredes Piqué y Luque Ibarra. 

De igual modo, se solicitó a las asociaciones y gremios empresariales mencionados mayores detalles sobre las motivaciones de sus pedidos al Congreso. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta.

Reacciones y silencios

El mismo día en que se publicó la Ley N° 31973 en el diario El Peruano, el Colegio de Sociólogos del Perú presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la norma que modifica la Ley Forestal. Ahora, hay un plazo de 10 días hábiles para que el TC emita un pronunciamiento sobre la acción legal interpuesta.

En el sustento de la demanda se menciona que, en la discusión y aprobación de la ley, no se contó con una consulta previa a comunidades indígenas, teniendo en cuenta que las afecta de manera directa. También se consideró que podría ocasionar el archivo de procesos administrativos y penales, así como investigaciones a cargo de las fiscalías ambientales y de crimen organizado.

Además, el 12 de enero, el congresista Alfredo Pariona Sinche (no agrupado) presentó una iniciativa para derogar la reciente ley promulgada y restablecer los alcances que tenía la Ley Forestal en los puntos modificados. La iniciativa debe ser debatida en las comisiones del Legislativo que se designen en los próximos días. 

El Colegio de Sociólogos del Perú presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC". 

Por su parte, la Asociacion Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) rechazó los cambios aprobados al considerar que afectan sus derechos “a la consulta y consentimiento previo libre e informado”. En su pronunciamiento, la organización indígena también recordó que, antes de la promulgación, habían advertido en distintos comunicados sobre las consecuencias de modificar la Ley Forestal.

Otra institución que mostró su preocupación sobre la norma fue el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe), una agencia que administra fondos ambientales en el país. En un comunicado, la organización indicó que las modificaciones ponen “en riesgo la vida de comunidades indígenas y la biodiversidad de nuestra Amazonía”.

A pesar de estas alertas y los pronunciamientos públicos, sectores clave que ahora deberán responder por las modificaciones —como el Serfor, el Midagri y el Minam— no se han pronunciado sobre el tema ni han informado cómo implementarán los cambios aprobados. 

A la fecha, el sector ambiental tampoco ha transparentado las cifras de pérdida de bosques del último año. Aunque este 2024 deberá enfrentar el avance de la deforestación, su plataforma oficial —GeoBosques— solo registra cifras históricas hasta 2021.