Con maquinaria pesada y dragas, la minería ilegal avanza en cinco regiones amazónicas del Perú: Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Huánuco y San Martín. El número de distritos con ecosistemas afectados alcanza a, por lo menos 32, señala el informe Minería ilegal en la amazonía peruana, elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú).

A pesar del crecimiento de esta actividad ilegal, la mayoría de los sectores afectados no cuenta con un sistema de monitoreo que permita conocer la magnitud de la misma en uno de los ecosistemas más vulnerables del planeta. El reporte de FCDS señala que, a excepción de Madre de Dios, los estudios o evaluaciones integrales sobre sus impactos en el país son escasos. 

La mineria ilegal es la principal amenaza de lavado de activos".

“[Es un problema nacional] por la dimensión que tiene. Hacemos referencia a ciertas regiones amazónicas, pero este problema está en las 24 regiones de Perú, donde, además, se mueven enormes cantidades de dinero ilegal (...). Organismos internacionales, como Interpol, concluyen que hay una confluencia de ilícitos: narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal”, señala a OjoPúblico el especialista técnico Martín Arana Cardó, a cargo de este estudio, que ha sistematizado información de publicaciones oficiales, estudios académicos, noticias e informes de, al menos, los últimos cinco años.

Los mismos reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) han calificado a la minería ilegal como la principal amenaza de lavado de activos en Perú. La UIF estima que esta actividad ilegal moviliza en Perú alredor de USD 3.721 millones, el monto más alto respecto a otros delitos, durante los tres años anteriores. 

UBICACIÓN. En más de 30 distritos de regiones amazónicas se ha detectado la presencia de la minería ilegal.

Mapa: Informe Minería Ilegal en la Amazonía Peruana (FCDS)

Otro reporte de la UIF, señala que la minería ilegal es el delito con el mayor monto acumulado en los reportes de operaciones sospechosas emitidos entre enero de 2013 y junio de 2023: USD 8.216 millones. Esta cifra representa 12 veces más de lo reportado por tráfico ilícito de drogas (USD 640 millones) y también deja atrás otros delitos, como los tributarios (USD 1.523 millones), contra la administración pública (USD 1.492 millones), o la tala ilegal (USD 163 millones).

En ese contexto, el ingeniero forestal Arana Cardó —autor del estudio— subraya que la ausencia de información oficial y actualizada sobre la minería ilegal en las regiones impide cuantificar cómo avanza la actividad ilícita. Esto constituye una barrera para implementar de manera efectiva mecanismos de lucha y prevención, en especial, en aquellas zonas donde la extracción ilegal recién empieza.

“En Madre de Dios hay indicadores cuantitativos donde puedes medir áreas deforestadas. Pero, en otros espacios, como en Amazonas y Loreto, donde la minería ilegal, por ahora, está, principalmente, sobre los ríos no tienes cómo medir. A menos que se haga un trabajo fino de monitoreo, con imágenes satelitales y que se detecten dragas (...). Es una limitación importante”, sostiene Arana Cardó.

Es un problema nacional que está presente en las 24 regiones de Perú y mueve enormes cantidades de dinero ilegal".

De acuerdo al estudio, otro aspecto crítico de la minería ilegal está referido a los indicios o evidencias de vinculación con el crimen organizado. Por ejemplo, se reporta presencia de sembríos de hoja de coca o influencia de narcotráfico en algunas zonas mineras informales o ilegales, como Madre de Dios, Puerto Inca (Huánuco) y Putumayo (Loreto). 

Como OjoPúblico ha reportado en una reciente investigación, en las zonas de minería ilegal aluvial se ha reportado también la presencia de grupos armados y otras organizaciones criminales procedentes de Brasil, como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC). 

Especialistas coinciden en que el crecimiento de esta actividad ilegal en regiones amazónicas se ha hecho más evidente desde el 2020, cuando comenzó la pandemia. “Esto ha continuado ante la precaria e insuficiente presencia y control estatal, pese a los operativos de la Fiscalía y otras entidades públicas”, señala Mariano Castro, director de Unidos por los Bosques, programa de la FCDS y exviceministro de gestión ambiental.

El impacto en las regiones

En Perú —décimo productor de oro en el mundo y segundo en Latinoamérica— la minería ilegal es considerada un delito que tiene entre sus agravantes el desarrollo en zonas no permitidas, en áreas naturales protegidas, o en territorios indígenas.

Al menos, el 13% de los distritos que integran las regiones amazónicas tienen presencia de esta actividad ilícita en distinta magnitud. En el 91% de los casos se trata de extracción de oro, mientras que el otro 9% corresponde a extracción de minerales no metálicos, principalmente agregados para construcción, según el estudio de FCDS-Perú.

Con relación al tipo de minería, el informe identificó que en el 66% de los distritos se reportó minería aluvial en cuerpos de agua, mediante el uso de dragas de diverso tamaño.

Hay por lo menos 20 ríos afectados por la minería ilegal: el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Cenepa, Yuyapichis, Inambari, Tapiche, Yaguas, Pachitea, Pozuzo, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri, Pariamanu y otros afluentes de la cuenca de Madre de Dios.

IMPACTO. En Madre de Dios se han detectado siete distritos con presencia de minería ilegal, entre ellos Tambopata. 

Foto: Facebook de Fiscalía Especializada en Materia Ambiental

En esta última región, se han detectado siete distritos en los que avanza la actividad ilegal: Tambopata, Las Piedras, Inambari, Laberinto (provincia de Tambopata); Manu, Huepetuhe y Madre de Dios (provincia de Manu).

Entre 1985 y 2017, se deforestaron 95.750 hectáreas por la minería aurífera en Madre de Dios. Este es un área mayor a la ciudad de Lima, de acuerdo a un análisis de imágenes satelitales del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia). El mismo concluye, además, que más de la mitad de esa deforestación (67,5%) ocurrió entre 2009 y 2017, lo que supera la extensión de 90.000 campos de fútbol.

Entre 2021 y 2022, en tanto, se perdieron 18.421 hectáreas de vegetación a causa de la minería ilegal de oro en esta misma región, según el reporte de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA). 

En el 66% de los distritos se reportó minería en cuerpos de agua, a través del uso de dragas".

El año pasado, esa misma entidad y el proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) estimaron que dicha actividad, realizada en zonas como comunidades nativas, cuerpos de agua o zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, involucra a 9.323 personas.

“El grado de afectación en tamaño equivale a perder toda la provincia constitucional del Callao. Pese a la afectación, en las demás regiones no se han realizado estudios para medir el impacto de esta actividad ilícita en la pérdida de bosques”, añade el informe de FCDS-Perú con base a los mencionados reportes.

En ese sentido, según el estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú), los resultados de las acciones multisectoriales para la lucha contra la minería ilegal, como el Plan Mercurio (2019-2020) y el Plan Restauración (2021), no han sido los esperados.

En Loreto, mientras tanto, se ha identificado la actividad ilegal en 14 distritos, en los cuales los mineros utilizan dragas para extraer oro del cauce de los ríos. Los mismos son Barranca, Manseriche y Morona (provincia de Datem del Marañón); Alto Nanay, Mazán, Napo y San Juan Bautista (Maynas); Yurimaguas (Alto Amazonas); Yavarí (Mariscal Ramón Castilla); Tapiche y Alto Tapiche (Requena), Teniente Manuel Clavero, Putumayo y Yaguas (Putumayo). 

El informe subraya que, aunque la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Minería Ilegal y el gabinete binacional Perú-Colombia identificaron el avance de la minería ilegal en la zona de frontera del río Putumayo, el Gobierno peruano no ha estructurado un plan multisectorial de intervención. “El Ministerio del Interior no ha considerado al Putumayo como uno de los sitios priorizados para este 2023”, agrega.

En la región vecina de Amazonas se han identificado actividades de minería ilegal en cinco distritos: Nieva, Río Santiago y Cenepa (provincia de Condorcanqui); Balsas (Chachapoyas), y El Milagro (Utcubamba). 

CONSECUENCIAS. El Plan Mercurio y el Plan Restauración no han logrado frenar la actividad ilegal en zonas prohibidas de Madre de Dios.

Foto: Facebook de la FEMA 

La provincia de Condorcanqui es la que presenta la mayor actividad, en los sectores de Alto Comainas (frontera con Ecuador), río Cenepa y río Santiago. Además, en 2021, fue la segunda provincia del país con mayor incidencia de amenazas (10) contra defensores ambientales producto de mineros y taladores ilegales. 

La lideresa awajún y defensora ambiental, Augostina Mayán Apikai, cuenta a OjoPúblico que, en 2020 —el primer año de pandemia—, los mineros aprovecharon para ingresar a las comunidades del río Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, y ejecutar con mayor fuerza sus actividades. 

“A partir de ahí hemos hecho denuncias. Estamos en 2023, y nos encontramos en estado de emergencia en todo Condorcanqui, pero no hay interdicción. Solo hace un mes hubo en el río Santiago, aguas abajo. Cenepa ahora es tierra de nadie y hemos contado 80 dragas. Cenepa ya no resiste”, señala la dirigenta, quien ha sido víctima de amenazas por parte de mineros ilegales.

Cenepa es tierra de nadie. Hemos contado 80 dragas", dijo la lideresa Mayán Apikai.

En Huánuco, en tanto, los reportes recopilados evidencian la presencia de minería ilegal en los distritos de Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Yuyapichis, en la provincia de Puerto Inca. Entre 2020 y 2022, destaca el informe, cuatro líderes indígenas fueron asesinados en comunidades de esta localidad por organizaciones vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

La región de San Martín reporta, al menos, tres distritos con esta actividad ilegal: Chipurana y Huimbayoc, en la provincia de San Martín, y Santa Lucía, en la provincia de Tocache. En estas zonas se ha detectado extracción de oro, a través de dragas y equipos artesanales en el río Huallaga, y también se ha reportado minería ilegal no metálica. 

RECURSOS. Operaciones militares y policiales en el río Marañón han detectado la presencia de dragas utilizadas para la extracción de oro.

Foto: Facebook de Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)

Aunque la presencia de la actividad en la región se ha consignado desde el 2020 en distintos medios de comunicación —remarca la investigación—, a la fecha no hay informes o reportes detallados sobre su magnitud y las dinámicas. “Se podría considerar como una zona nueva, producto de la expansión”, agrega el ingeniero forestal Martín Arana Cardó.

Ucayali, por último, es un caso particular. La región registró minería ilegal en la cuenca del río Abujao hasta el 2013, de acuerdo a diversos reportes. Sin embargo, en los últimos cuatro años —señala Arana Cardó—, no se han encontrado informes o noticias que den cuenta de la presencia de esta extracción.

El abogado experto en derecho ambiental, César Ipenza, también sostiene que existe un avance de la minería ilegal en las regiones amazónicas, generado, entre otros factores, por las recientes crisis políticas. En su opinión, las autoridades se han desentendido del problema y este ha llegado a niveles extremos.

“En Loreto, hemos visto el incremento a lo largo del río Napo, aunque la actividad minera sobre cuerpos de agua está prohibida. En el Cenepa (Amazonas) también tenemos situaciones adversas. En Puerto Inca (Huánuco) se ha incrementado e incluso hay imágenes que muestran una deforestación alarmante. Ahí el Estado tiene que tener una atención particular, pues no son ríos, sino bosque o tierras que, antes, eran agrícolas o de algunas comunidades”, señala.

Minería informal

Hasta julio pasado, solo se encontraban vigentes el 21,58% de las 11.023 inscripciones para la formalización minera en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) correspondientes a las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas, y Huánuco. El otro 78,42% estaban suspendidos por no cumplir la normativa, según el informe.

“Se la denomina suspendido cuando incumplió una obligación o no cumple con los requisitos como, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Pero yo puedo cumplir ese requisito y volver a estar en el Reinfo. En teoría [los suspendidos no pueden realizar labores hasta subsanar las observaciones]. Pero, en la práctica, lo que sucede es que siguen operando en la zona”, detalla el abogado César Ipenza. 

Madre de Dios es la región con el mayor número de mineros en proceso de formalización de las seis analizadas: 83,96% del total de inscripciones, aunque solo el 22,07% de sus registros se encontraba vigente para julio. Su número total (9.255) representa más de cinco veces la suma de las demás regiones: Loreto (139), Amazonas (271), Ucayali (88), San Martín (238), Huánuco (1.032).

El estudio confirma que el avance en el proceso de formalización es mínimo. A partir de información de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el autor pudo determinar que solo el 13,53% de los mineros de las seis regiones amazónicas presentaron, al menos, uno de los requisitos: el Instrumento de Gestión Ambiental de Formalización Minera. Otros cuatro requisitos, en tanto, tienen un incumplimiento mayor al 97%.

Esta actividad que no solo destruye el ecosistema, sino también impacta en la pobreza y las condiciones de salud pública —como ocurre con la exposición al mercurio y la incidencia de enfermedades transmisibles como el dengue, la malaria y la fiebre oropuche, a causa de las pozas de agua tras la extracción—. A eso se suma la vulnerabilidad a inundaciones durante la temporada de lluvias por la alteración del cauce.

Por este motivo, el informe recomienda que las propuestas normativas, tanto del Ejecutivo y gobiernos regionales como del Legislativo no solo “faciliten” la formalización minera, sino que encaucen esta actividad y deslinden toda posibilidad de beneficiar a la minería ilegal.

El estudio confirma que el avance en el proceso de formalización es mínimo".

El autor propone, además, un monitoreo permanente y más amplio de las zonas priorizadas —las que tengan mayor incidencia de minería ilegal— para proveer información oportuna a los tomadores de decisiones, fuerzas del orden y operadores de justicia.

Mientras tanto, la lideresa Augostina Mayán, de Amazonas, solicita mayores interdicciones e intervenciones, donde se asegure un patrullaje y, a su vez, se ejecuten propuestas alternativas —producción de cacao, piscigranjas o actividades artísticas como cerámica— que permitan erradicar el trabajo ilegal en la comunidad. 

“Necesitamos acciones concretas. Los mineros ilegales cada día aumentan y convencen a más comuneros y defensores, por la misma necesidad. Algunos han caído. Es lamentable, pero todavía resistimos”, concluyó.