Desde el 2021, Perú cuenta con un documento denominado Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que busca la implementación de la debida diligencia y los principios rectores planteadas por las Naciones Unidas, además de otros estándares internacionales para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en todas las actividades empresariales del país.

Esto implica que las empresas gestionen de forma proactiva los riesgos de vulneración de los derechos humanos que haya causado o contribuido a causar a través de sus actividades. 

Este plan tiene como base tres principios rectores: reconocer las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades elementales; el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. 

Daniel Sánchez Velásquez, coordinador del proyecto Empresas y Derechos Humanos del PNUD en Perú; y James Leslie, asesor técnico para cambio climático y ecosistemas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Perú, conversaron con OjoPúblico para explicar la implementación de estos avances por parte  de las empresas peruanas. 

Por ejemplo, en Europa se está discutiendo poner como condición que las empresas que quieren vender o brindar un servicio, en toda su cadena de valor, respete los derechos humanos; es decir, que no estén relacionadas con proveedores vinculados a insumos o actividades ilegales.

¿Cuál es el balance que tienen sobre la relación entre las empresas y el respeto a los derechos humanos en Perú?  

Daniel Sánchez (DS): El Perú en el 2021 aprobó su primer plan de Empresas y Derechos Humanos, en general es un paso importante en temas de buscar la implementación de la debida diligencia y los principios rectores en nuestro país. Es un plan altamente participativo. Más de 135 instituciones de diversas índoles –desde empresas, gremios empresariales, pueblos indígenas, sindicatos, representantes del Estado– participaron en su construcción. 

Y creo que en general, [este proceso] da cuenta de que hay una voluntad de ir incorporando cada vez más el avance en la conducta empresarial responsable. Hay diversas iniciativas por parte de los gremios empresariales por ir formando a sus empresas y por ir avanzando en buenas prácticas en la relación que tiene con sus consumidores finales, pero también con las comunidades y el ambiente en la cual se rodean. 

¿Cuáles son las áreas en las que hay más conflicto o es más difícil para el sector privado cumplir con estos derechos?

DS: Las fuentes oficiales que tenemos vinculadas a la conflictividad social son dos: por un lado la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que tiene su reporte de monitoreo de las situaciones de conflictos sociales, y la Defensoría del Pueblo. Ambas instituciones identifican que la mayor cantidad de conflictos sociales están vinculadas a áreas socioambientales.

Claro, como la minería o, en general, la industria extractiva.

DS: Exactamente. Sí, justamente tanto la Defensoría del Pueblo como la PCM identifican dentro de este rubro de socioambientales a las industrias extractivas como la minería, hidrocarburos, extracción de madera, etc.

Perú, luego de Chile y Colombia, forman parte de los primeros tres países que tienen un Plan Nacional de Acción de Empresas y DDHH.

Desde PNUD, ¿cómo miden el cumplimiento de las empresas o cómo hacen esta evaluación?

DS: El PNUD lo que tiene es un proyecto, con el apoyo del gobierno japonés, para promover en 17 países la debida diligencia y buscar que más empresas conozcan primero del tema de los principios rectores y puedan hacer una evaluación de sus impactos, pero sobre todo que identifiquen [la vulneración de] los derechos que potencialmente su actividad puede generar y mitigarlos. El PNUD no tiene un indicador o un nicho, no tiene una certificación, no forma parte de la función de la institución, sino más bien sí promover ello.

¿Y han visto una mejora en el cumplimiento en Perú? Si hay un mayor o menor compromiso frente a otros países de la región 

DS: Sí, lo que hay es una política pública que ha avanzado, creo que eso es fundamental. Perú, luego de Chile y Colombia en esta parte de la región, forman parte de los primeros tres países que tienen un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, y se está construyendo ahora planes en Argentina, Brasil y México. Creo que el ser uno de los primeros países da cuenta de la importancia en el tema. De los 25 planes nacionales de acción que actualmente existen en el mundo, Perú tiene uno de ellos y es calificado por diversas instituciones como el más participativo. 

Ahora bien, se trata de implementar el plan, porque de nada basta tener un buen documento que haya sido construido de una manera adecuada, sino lo importante es implementarlo. Y ahí el rol de la institución como el PNUD es buscar justamente que las empresas conozcan de este plan, de la conducta empresarial responsable, que aterricen finalmente en procesos de debida diligencia y puedan —de alguna manera— atender a la prevención y mitigación cuando sucedan vulneraciones a derechos humanos. 

¿Y la actual crisis política de Perú, que en realidad nos arrastra hace varios años, afecta el avance en estos temas o lo debilita?

DS: Toda crisis siempre tiene un impacto en las actividades, en las acciones, en los objetivos de los proyectos. Sin embargo, en general hemos visto que ahora con las nuevas autoridades regionales el trabajo se ha fortalecido. En las regiones que hemos visitado recientemente en el marco del proyecto de Empresas y DD.HH., como Cajamarca, Ica, Piura, próximamente Arequipa, Cusco y Ucayali, se da cuenta de una voluntad de las nuevas autoridades de, por lo menos, el interés de fomentar que las empresas que están en sus regiones conozcan sobre estos temas, se familiaricen sobre derechos humanos, y, por lo tanto, puedan ir planificando acciones para tener un pacto en su cumplimiento.

Como parte de las estrategias del PNUD en general ¿qué plantean para avanzar en el respeto de derechos humanos en un país como Perú que tiene una alta tasa de informalidad?

DS: Sí, en general hay ciertamente un problema alto en las diversas actividades empresariales en nuestro país. Desde PNUD buscamos diversas líneas en el marco del proyecto de Empresas y Derechos Humanos. 

Una primera es trabajar para que el plan como tal incorpore dentro de sus líneas de trabajo al sector informal. Se trabaja por eso con las cámaras de comercio para que puedan ir ampliando el universo de empresas, no solo grandes y medianas, sino también a las pequeñas empresas en la focalización de la debida diligencia. Es probablemente el marco de la informalidad el escenario en el cual más vulneraciones a derechos humanos hay. No solo estamos hablando de asuntos ambientales sino incluso laborales.

¿Qué incentivos hay hacia las empresas o para evitar la vinculación de actividades ilegales, como en el sector de la madera, por ejemplo?

DS: Lo que existe en la actualidad es un marco normativo internacional que se está robusteciendo. Por ejemplo, hay una ley de debida diligencia que ha emitido el gobierno alemán. Y en la Unión Europea se está discutiendo la posibilidad de que cualquier empresa que quiera brindar un servicio o vender un producto en el mercado europeo tenga que cumplir con la debida diligencia.

Esto supone que las empresas que vayan a vender o brindar un servicio en Europa no pueden tener dentro de su cadena de valor ninguna vinculación con alguna vulneración a un derecho humano; y si la tienen, deben mitigarla, tienen que repararla, resarcir y remediarla, según señala el lenguaje jurídico de los principios rectores.

Entonces hay muchas empresas grandes que tienen una relación comercial con Europa, y, por lo tanto, el tener esta nueva obligación les va a generar una serie de reformas internas que incluyen la cadena de valor. Es decir, yo puedo ser una gran empresa que exporta a Europa, pero si dentro de mi cadena de valores –los que me suministran algún bienes o servicios– vulneran derechos humanos, yo como empresa exportadora también puedo ser sujeta a que no se me otorguen el permiso de exportación o de brindar el servicio. Lo que se busca es que toda la cadena de valor respete derechos.

Las empresas que vayan a vender a Europa no pueden tener dentro de su cadena de valor ninguna vulneración a un derecho humano.

¿En Perú también se está impulsando estas herramientas o se ha visto algún avance de la debida diligencia?

DS: Sí, en general lo que ha habido en el marco de este plan nacional, son diversos elementos de formación. Diversas instituciones entre ellas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), PNUD, vienen contribuyendo en construir algunas herramientas que orienten a las empresas a cumplir con el proceso de debida diligencia en temas de agroexportación, de minería, en hidrocarburos.

Pero lo más interesante es que se ha venido construyendo desde hace ya algunos meses un trabajo con las pequeñas y microempresas, desde guías que ayuden a estas pequeñas empresas. Porque seamos completamente honestos, probablemente una gran empresa sí va a tener un equipo que pueda hacer la gobernanza en materia de derechos humanos; un abogado, un gerente, va a tener todo un aparato que puede ayudar a dar lineamientos a la empresa en relación a estos temas, pero las micro y pequeña empresa no. Muchas veces el gerente es el tipo que atiende, el tipo que realiza toda la cadena de su operación con los usuarios y con la cadena de suministro. Entonces hay que construir una metodología nueva para que esa pequeña y micro empresa sienta el incentivo de querer dejar la situación de informalidad o incluso ilegalidad en algunos casos.

James Leslie. Asesor técnico para el Cambio Climático y Ecosistemas del PNUD en Perú.

Imagen: PNUD

Otra de las cosas que también se está discutiendo es cómo atraemos inversiones hacia las energías limpias en países como Perú que todavía tienen alta producción de combustibles fósiles.

James Leslie (JL): Sabemos que Perú tiene un compromiso ante el Acuerdo de París para poder ir impulsando las energías renovables en el marco de su desafío climático y sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas [NCI, en inglés]. 

El sector energía es uno de los sectores priorizados justamente porque es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero en Perú. Efectivamente es necesario abordar este evento para que haya una transición justa e inclusiva hacia energías limpias y renovables, y para ello desde el PNUD estamos apoyando en varios frentes. Tenemos una estrategia a nivel global para apoyar a los países en este proceso de transición energética e incluye en primer lugar ayudar a que haya un acceso universal a fuentes energéticas.

Hay un análisis a nivel global, y Perú no es ajeno a ello, de que el sector público no va a poder financiar la transición energética de manera única e independiente, se requiere también de una inversión privada.

Entonces hay que ir trabajando también los incentivos financieros, aquí desde el Banco Central de Reserva, la banca pública y la banca privada. Se puede pensar, por ejemplo, en bonos que incentivan la inversión en energías limpias, en bonos que permiten fortalecer la infraestructura requerida para la distribución de la energía limpia, siendo este uno de los principales cuellos de botella que enfrentan a la mayoría de los países; y también incentivos financieros –sobre todo desde la banca privada– orientada a la micro y mediana empresa para que se incorpore energías limpias en sus operaciones.

Al mismo tiempo, hay que trabajar en revisar lo que podrían ser los subsidios negativos que incentivan el uso de energías no renovables.

El sector público no va a poder financiar la transición energética de manera única e independiente.

En Europa sí se dan estos incentivos, por ejemplo el Banco Europeo de Inversiones brinda financiamiento a empresas, así sea de la industria extractiva, para que hagan proyectos de energía renovable…

JL: Sí, de hecho el sector financiero lo ha hecho en muchas partes del mundo, en Perú también, si no me equivoco, el Banco Central de Reserva ha hecho la primera emisión de bonos sostenibles. Las cajas municipales también están trabajando un marco para la emisión de bonos sostenibles y verdes. 

La banca internacional ya están un poco más avanzadas creando marcos de inversión, desarrollando portafolios para la inversión en energías limpias y eso es importante para que pueda también trabajarse en mecanismos de financiamiento combinado facilitando acceso a financiamiento a menor costo gracias al sector público. 

Y ahora pasando al financiamiento a las empresas de la industria de combustibles fósiles, ¿qué criterios sostenibles deberían tener los bancos o los fondos de inversión para invertir en estas compañías?

JL: Yo creo que lo que estamos viendo es que las entidades financieras y el sector financiero están desarrollando sus propios marcos de estándares sociales y ambientales, y muchas empresas privadas también están asumiendo metas y compromisos en el marco del Acuerdo de París. 

Si bien los que suscriben este acuerdo son los Estados, se reconoce que el desafío climático a nivel global requiere de la participación de todos los actores de la sociedad. 

Entonces hay una tendencia, y yo diría de que cada vez más, que el sector financiero y el sector privado en general asuma compromisos de transición energética, de emisiones neta cero hacia el año 2050 y de asegurar que sus propias operaciones de negocios y financieras sean consistentes con las exigencias del mismo Acuerdo de París y lo que nos indica la ciencia para mantener la temperatura a 1,5 ºC de incremento máximo. 

El desafío climático a nivel global requiere de la participación de todos los actores de la sociedad".

Entonces si hablamos de criterios globales para impulsar a la inversión sostenible, ¿es sobre todo lo acordado en el Acuerdo de París o hay otras herramientas?

JL: Para el sector privado hay diferentes mecanismos que se están generando. Hay un programa global para el sector financiero orientado a facilitar la difusión pública de su desempeño en términos ambientales y climáticos. Este es un programa que está liderado por el mismo sector financiero para el cumplimiento de otros. Pero lo importante aquí es que el Acuerdo de París llega como norte para que cada uno de los actores encuentren mecanismos específicos para incentivar e impulsar esa transición hacia las emisiones neta cero.

En esa línea, ¿cuál es su opinión sobre el actual debate que hay en torno a cómo algunos fondos de inversión o bancos siguen apostando por empresas petroleras que están investigadas por contaminación ambiental?

JL: Nuevamente, yo creo que lo que consideramos clave es que el mundo pueda transicionar de la manera más acelerada posible hacia una matriz energética limpia. ¿Cómo se hace eso? ya se requiere de la participación de todos los actores, pero va a depender del contexto de cada país.

Entonces cada país va a tener que marcar su ruta de cómo encontrar ese balance entre las metas a corto plazo de desarrollo y de cierre de brechas sociales y económicas, sobre todo en un contexto postpandemia, y la necesidad de acelerar esta transición energética hacia un modelo de emisiones neta cero. 

En el sector financiero se deberían impulsar altos estándares sociales y ambientales para el cumplimiento de todos los actores".

Pero más allá de los proyectos de la transición a la energía renovable. hay empresas de la industria de combustibles fósiles investigadas por contaminación y que continúan recibiendo el financiamiento de los fondos de inversión o de los bancos... 

JL: Consideramos que en el sector financiero –y en general también en el marco de las políticas públicas– se deberían impulsar altos estándares sociales y ambientales para el cumplimiento de todos los actores. Eso va en línea con el mismo esfuerzo que está impulsando el proyecto de Empresas y Derechos Humanos en ese campo y va en línea también con la coordinación de Naciones Unidas que también aplica su propio estándar socioambiental a cualquier proyecto de cooperación. 

Y consideramos que ese marco de estándares, sociales y ambientales es pertinente para en general que otros actores también -socios y no socios nuestros- puedan considerarlo como referente.

¿Hay países que han desarrollado más herramientas para incentivar las inversiones en energías limpias en vez de los combustibles fósiles? 

JL: Sí, hay muchos ejemplos, justamente son aquellos países que cuentan con un marco sólido de planificación a mediano y largo plazo alineado nuevamente con el Acuerdo de París.

También son aquellos países que cuentan con un marco regulatorio y una institucionalidad fortalecida para facilitar las inversiones en energías limpias. Creo que podemos encontrar muchos ejemplos, tanto en países europeos, el mismo Estados Unidos en el marco de su última ley de recuperación post covid. Hay muchos ejemplos, pero lo importante es partir de esas condiciones habilitantes de políticas de planificación, marco regulatorio, y luego que se comience a encontrar mecanismos financieros que incentiven de manera pública y también con participación privada el flujo de financiamiento hacia las energías limpias, y eso requiere de hacer que ese clima de inversiones también sea más atractivo y de menor riesgo para el sector privado invertir en ellos. 

¿Y se han desarrollado tecnologías para extraer combustibles fósiles en ecosistemas frágiles, pero que al mismo tiempo respeten los derechos humanos y ambientales?

JL: La verdad es que yo diría como respuesta breve que hay tecnologías que son mejores que otras. Hay tecnologías que investigan los impactos, creo que nunca vamos a encontrar que el impacto de la extracción de un recurso no renovable sea cero, pero sí hay estrategias y tecnologías medidas que se puedan tomar para mitigar y reducir ese impacto, y que eso sea considerado como parte del análisis y toma decisión que considere el país.

Tenemos que buscar que, más allá de si una actividad es viable o no, se desarrolle en un marco de respeto, confianza y garantía de derechos".

¿Ven viable alcanzar los compromisos ambientales, como por ejemplo la reducción de la producción de combustibles fósiles, en un contexto de mayor demanda de petróleo por la guerra de Rusia contra Ucrania?

JL: En el caso de Perú, cuenta con medidas priorizadas para facilitar esa transición energética y un marco de políticas energéticas que facilitan la inversión, pero efectivamente siempre hay espacio para aumentar la inversión por un lado y a su vez atender a lo que usted dice que es una demanda creciente por las energías fósiles.

Entonces el país tiene que seguir avanzando en su proceso de planificación con la participación de los diferentes actores tanto un público como privados para que justamente se pueda acelerar esa transición sin aumentar las brechas sociales y económicas, y aquí hay que velar también por el acceso a la energía. Entonces como parte de esa estrategia de transición energética a fuentes más limpias no hay que perder de vista que aún se requiere masificar el acceso a la energía a nivel país, y nuevamente buscar oportunidades para atender esa iniciativa energética y a su vez usar un desarrollo económico y social más exclusivo para todos.

Entonces, en el caso peruano ¿considera que es viable seguir invirtiendo en combustibles fósiles?

DS: En general lo que tenemos que buscar es más allá de si una actividad es viable o no, es que esta actividad se desarrolle en un marco de respeto, de confianza y sobre todo de garantía de derechos. Porque lo que mueve un conflicto social muchas veces puede ser factores de desconfianza, de desinformación o factores sobre los cuales también ya no hay una perspectiva compatible con el desarrollo que pueden tener algunos pueblos en esa zona. 

Yo creo que en general si es que se pudiese de alguna manera trabajar en confianza, información y busca de compatibilidad, se avanzaría mucho más y se reduciría la informalidad que tenemos en la zona.