Las empresas de petróleo y gas son responsables de gran parte de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, que impactan en el calentamiento global. En este contexto, los bancos han anunciado que han involucrado a sus clientes en la reducción de la intensidad de sus emisiones, pero lo han realizado sin objetivos ni medidas claras y las inversiones en este sector no se han detenido pese a que hay empresas que reciben créditos financieros con cuestionados comportamientos en el sector ambiental. 

Así lo establece un informe de Stand.earth y Amazon Watch, dos organizaciones que promueven la protección de los bosques amazónicos. El reporte plantea un ranking sobre los niveles de riesgo socioambiental para entidades financieras que han otorgado préstamos a 90 empresas del sector petrolero y gasífero con operaciones en la cuenca amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. 

El trabajo se basó en la comparación de las políticas y compromisos bancarios con organismos multilaterales; y las líneas de crédito vigentes en las inversiones que estas entidades financieras desarrollan en la Amazonía. La metodología consideró, como otro indicador, seis áreas de riesgo de compañías petroleras y de gas que recibieron los financiamientos: la expansión petrolera, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, los derechos indígenas, la contaminación y la corrupción. 

Todos estos criterios, vistos en conjunto y agrupados luego en una calificación del 0 al 100%, permitieron analizar el peligro de participación directa o indirecta de las entidades financieras en impactos ambientales y sociales negativos en la cuenca amazónica. 

HALLAZGOS. Puntuaciones de los bancos y el riesgo general correspondiente de destrucción de la Amazonía.

Gráfico: Amazon Watch
 

El reporte señala que JPMorgan, HSBC y Deutsche Bank -sociedades financieras líderes en inversiones globales y con millones de clientes en el mundo- se ubicaron en el bloque de mayor riesgo para la Amazonía y también fueron calificadas como ‘rezagadas’, es decir, que tienen clientes vinculados a diferentes actividades que generan la degradación de los bosques y pocas políticas para reducir el riesgo en la cuenca amazónica. 

Ninguno de los 14 bancos de la lista se encontró en la categoría de “riesgo bajo”. 

En el caso de JPMorgan, con sede en Estados Unidos y más de 100 años de fundación, se destaca que es el mayor banco para la industria de combustibles fósiles en el mundo y, a la vez, financista por ejemplo de Petrobras, compañía estatal brasileña, involucrada en el mega caso de corrupción Lava Jato. Entre sus clientes también se encuentra la nacional PetroPerú a la que ha otorgado financiamiento para la refinería de Talara. Pese a las inversiones en el sector, JPMorgan no ha podido garantizar mejores políticas de gestión de riesgos vinculadas a la Amazonía. 

Otra firma financiera con mayor riesgo es la inglesa HSBC, que registró políticas débiles  respecto a exclusiones relacionadas a los derechos de pueblos indígenas. Entre sus clientes se encuentra la colombiana Ecopetrol y PetroPerú, en esta -como JPMorgan- como prestamista en el financiamiento de la refinería de Talara. En 2015, una investigación periodística reveló como su subsidiaria en Suiza, HSBC Private Bank, permitió la creación de un sistema para facilitar la evasión de impuestos de más de 100 mil clientes en el mundo. 

La alemana Deutsche Bank también registra nivel de riesgo muy alto debido a sus pocas políticas climáticas que permitan frenar la expansión del petróleo y la pérdida de la biodiversidad. Según el informe, su elevado riesgo con la Amazonía se debe a su inversión en empresas petroleras estatales como PetroAmazonas (Ecuador) Ecopetrol (Colombia) y Petrobras (Brasil). 

Por su parte, las tres primeras de la lista son las holandesas Rabobank, ABN AMRO y el ING Bank, pero con calificación moderada (B). No hay ninguno en el nivel A, donde se ubican los de mejor puntuación, de acuerdo a la metodología de Stand.earth y Amazon Watch. 

La nota obtenida por los bancos refleja el equilibrio entre sus compromisos de gestión de riesgos frente a exposiciones negativas, en este caso la afectación a la Amazonía. El documento es contundente en este último punto: todos las entidades analizadas todavía tienen un potencial grado de financiamiento a la destrucción de la Amazonía.

La reciente publicación se da luego de que Stand.earth y Amazon Watch revelaran en agosto del 2020 que al menos 19 bancos europeos financiaron el comercio de petróleo que afecta a pueblos indígenas en la Amazonía peruana y ecuatoriana. 
 

Principales resultados

Si se revisan las puntuaciones, Rabobank, ABN AMRO e ING Bank se ubican en la categoría de riesgo “moderado”, mientras que BNP Paribas, UBS, Société Générale, Credit Suisse, Natixis y Crédit Agricole están en la de “alto” riesgo.

El informe, denominado ‘Financiando  la destrucción de la Amazonía’, clasifica en cuatro grupos a los bancos analizados, a partir de sus políticas y comportamiento en préstamos a firmas petroleras y gasíferas. Estas categorías son: ‘rezagados’, ‘seguidores’, ‘contenedores’ y los que van a la ‘vanguardia’, este último grupo todavía sin ninguna entidad financiera como modelo en compromisos climáticos y de sustentabilidad en el tiempo.  

Los catalogados como ‘contenedores’ son aquellos que tienen buenas políticas, pero no se encuentra alineado lo que prometen y lo que ejecutan, pendiente de ser corregido. Los ‘seguidores’ son los que manejan políticas por debajo del promedio, pero no están tan enfocadas en la Amazonía y podrían mejorar si fortalecen sus compromisos. En un último bloque están los ‘rezagados’ que no cuentan con políticas vigentes y al mismo tiempo están expuestos al riesgo. 

En el informe también se consideraron los niveles de corrupción que pueden enfrentar los clientes de los bancos revisados, situación que muchas veces no es vista como un riesgo ambiental y social. El estudio menciona los casos de la petrolera Gunvor, con operaciones en la selva ecuatoriana, y Ecopetrol en Colombia, que han enfrentado casos de fraude y corrupción pero han seguido recibiendo créditos bancarios.  
 

Ninguno de los 14 bancos de la lista se encontró en la categoría de “riesgo bajo”. 
 

“Las empresas pueden ser incluidas en listas de vigilancia si tienen una mala conducta empresarial, aunque los bancos afirman que estas acciones suelen ser el último recurso”, advierte el estudio y señala que en algunas entidades exigen que se demuestre la corrupción antes de que se tomen medidas contra las compañías. 

En el estudio se alertó que apenas solo los bancos ING Bank, UBS y Rabobank cuentan con exclusiones vinculadas a la contaminación en la conducta empresarial de sus clientes. Estas mismas entidades, junto a ABN AMRO, también cuentan con separaciones de clientes cuyo comportamiento vaya contra la defensa de pueblos indígenas. 

Recomendaciones

A partir de los resultados, en el estudio se incluyó una serie de sugerencias que los bancos podrían incluir como parte de sus políticas. Entre ellas se encuentra la implementación de exclusiones relacionadas a casos de deforestación pero que alcancen al sector petrolero y gasífero; y no solo al agrícola y forestal. 

“Las carreteras construidas para la extracción petrolera y gasífera fragmentan los paisajes forestales intactos, abriendo el camino para una mayor deforestación y contaminación industrial”, se recuerda en la publicación.

El informe plantea que los bancos fortalezcan sus exclusiones y evaluaciones relacionadas con la contaminación de la Amazonía y, también transparenten cómo sus mecanismos de análisis de riesgo incorporan los antecedentes del comportamiento ambiental de sus clientes. 

Asimismo, los investigadores del informe también plantean que los bancos deben crear exclusiones similares para actividades que abusen de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía. “Los bancos necesitan retroalimentación de las partes interesadas, en especial de las comunidades de primera línea, para medir el riesgo de complicidad en los impactos negativos de su financiamiento e inversiones”, indica el documento. 

Entre los compromisos finales se propone que hasta fines del 2024 se cancelen los préstamos y líneas de créditos renovables a los comerciantes de petróleo, principalmente a los que han estado implicados en casos de corrupción.