Sin remediación ni castigo. El sábado 15 de octubre se cumplieron nueve meses del derrame de más de 10.000 barriles de petróleo de la Refinería La Pampilla S.A.A. —subsidiaria de Repsol— en el mar peruano. A pesar de los reiterados compromisos por parte del grupo petrolero, todavía hay 71 áreas costeras afectadas por el crudo, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y los damnificados por el desastre ecológico continúan exigiendo una indemnización.

La empresa, mientras tanto, ha iniciado una serie de acciones legales y administrativas para evitar el pago de multas que equivalen a casi S/15 millones.

Refinería La Pampilla tiene abiertos 12 procesos administrativos sancionadores".

Las multas en cuestión corresponden a cuatro Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) contra Refinería La Pampilla S.A.A. Uno de ellos se inició porque, de acuerdo al OEFA, la empresa incumplió con la identificación de zonas afectadas por el desastre.

Los otros tres, a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), se originaron porque, según dicha entidad, la compañía no sustentó las medidas complementarias que adoptó para garantizar la alerta oportuna frente a una nueva fuga de hidrocarburos, brindó información inexacta en el reporte preliminar e interfirió en la fiscalización al no retirar una estructura submarina denominada colectores finales de tuberías (PLEM, por sus siglas en inglés) dentro del tiempo establecido (6 de marzo, como máximo).

Alrededor de S/15 millones en disputa

A la fecha, el OEFA le impuso siete multas coercitivas a Refinería La Pampilla por un monto total de S/2’852.000, las cuales ya se encuentran canceladas. En paralelo, la empresa tiene abiertos 12 procesos administrativos sancionadores: seis iniciados por la institución encargada de la fiscalización ambiental, cinco por Osinergmin y uno por el Servicio Nacional Forestal (Serfor).

De los seis PAS que le abrió el OEFA cuatro corresponden al incumpliento de medidas administrativas, otro por remisión de información falsa en el reporte preliminar de emergencias ambientales y uno adicional por incumplir el requerimiento de información solicitada, según la autoridad supervisora.

En uno de los PAS relacionados al incumplimiento de medidas administrativas, el organismo concluyó que Refinería La Pampilla no identificó correctamente las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo y la multó con 1.087 UIT, equivalentes a S/ 5’004.491.

“Ante la ocurrencia del derrame de petróleo en Ventanilla, el OEFA ordenó de manera inmediata a Refinería La Pampilla identificar las zonas afectadas. La empresa notificó el cumplimiento de la medida; sin embargo, el OEFA determinó que Repsol no acreditó dicho cumplimiento”, describió el organismo en un comunicado. La compañía  —subsidiaria de Repsol — apeló la decisión, por lo que el proceso aún se encuentra en curso.

Los otros cinco PAS, en tanto, están en trámite. En comunicación con OjoPúblico, el OEFA explicó que la resolución de estos procesos puede tardar alrededor de nueve meses desde la fecha de notificación de la imputación de los cargos, que en este caso, datan de mediados de marzo, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo. En efecto, la Ley N° 27444  establece que el plazo de resolución del PAS es de nueve meses y que existe la posibilidad de ser ampliado por tres meses más.

Osinergmin, en paralelo, ha iniciado cinco procesos administrativos contra Refinería La Pampilla. El primero, por incumplir con remitir la información relacionada a las compensaciones por los daños ocasionados dentro de los 15 días hábiles de registrada la emergencia, aún se encuentra en trámite.

El segundo proceso se generó por no efectuar actividades de respuesta inmediata frente al derrame de petróleo del 15 de enero en el terminal multiboyas N° 2. “Estas obligaciones estaban contempladas en el Plan de Respuesta a Emergencias (antes, Plan de Contingencias)”, precisaron.

Al respecto, la entidad encontró responsabilidad y, el pasado 21 de setiembre, multó a la empresa con 569 UIT, equivalentes a S/2’619.792. Osinergmin confirmó que esta multa aún no ha sido cancelada y se encuentra dentro del plazo para que la empresa pueda hacer uso de los recursos impugnativos, si lo considera necesario.

En el caso de los otros tres PAS, el organismo informó a OjoPúblico que Refinería La Pampilla ha tomado acciones judiciales y administrativas.

En uno de ellos, la empresa fue multada con 1.975 UIT, equivalente a más de S/9 millones, por no sustentar las medidas complementarias adoptadas para garantizar la alerta oportuna en caso de una nueva fuga de hidrocarburos en los terminales multiboyas. Sin embargo, la compañía interpuso una demanda de nulidad ante el Poder Judicial.

Además de esta sanción, Refinería La Pampilla recibió una multa de Osinergmin por 40 UIT, equivalente a S/187.000, aproximadamente. En este caso, por brindar información inexacta en el reporte preliminar del derrame del 15 de enero.

Al respecto, la institución explicó que la empresa ha solicitado su nulidad ante el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería de Osinergmin.

La entidad también le aplicó una multa por 100 UIT, es decir S/460.000, por interferir en la función fiscalizadora al no retirar el PLEM del fondo marino en los cuatro días calendarios posteriores a que se ordenara su extracción, el 2 de marzo. Esta medida sigue en curso, puesto que, como en el caso anterior, la petrolera ha presentado una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería de Osinergmin.

Por último, a mediados de marzo, Serfor inició un PAS contra Refinería La Pampilla por presuntamente actuar con crueldad con relación a 131 especímenes de fauna silvestre y actuar con crueldad y causar la muerte de 491 especímenes de fauna silvestre marina.

De acuerdo con un comunicado de esa entidad, estas infracciones podrían ser multadas con hasta 5.000 UIT. En comunicación con OjoPúblico, la oficina de comunicaciones de esa institución confirmó que el proceso aún sigue en curso.

Una pieza clave para determinar responsabilidades

A mediados de enero, la Fiscalía Provincial Especializada en materia Ambiental del distrito fiscal Lima Noroeste inició una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales, funcionarios de la Refinería La Pampilla y los que resulten responsables.

Como parte de la misma, el fiscal Ariel Tapia solicitó información a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), OEFA y Osinergmin sobre los análisis e informes realizados por el derrame. Pero, a finales de ese mes, incluyó a funcionarios públicos de estas entidades como parte de los investigados por presunta omisión de la labor de fiscalización administrativa.

Hasta la fecha, el proceso fiscal sigue en investigación. Inicialmente, Refinería La Pampilla debía cumplir con el retiro del PLEM —una estructura clave para determinar las causas del derrame que, como reveló OjoPúblico, mostraba una aparente corrosión— en un plazo máximo de cuatro días desde la orden del 2 de marzo.

Sin embargo, esto ocurrió el 18 de marzo, a dos meses de ocurrido el desastre. Luego de su extracción, la pieza fue derivada a Osinergmin, entidad designada como perito institucional por el Ministerio Público.

En conversación con este medio, Osinergmin explicó que el análisis consistió en ensayos de laboratorio en Argentina y Estados Unidos, en los que se realizaron pruebas de ingeniería forense.

Las mismas “sirven como insumo para el análisis y la determinación de las causas que produjeron la rotura del PLEM, el día 15 de enero de 2022”, detallaron.

Este proceso ha culminado y, actualmente, el organismo se encuentra en etapa de análisis para la emisión del informe final. “Se tiene previsto que en el mes de octubre Osinergmin remita el informe final de la pericia a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – Lima Noroeste quien conduce la investigación”, agregaron.

Este medio se contactó con Ariel Tapia Gómez, fiscal ambiental de Lima Noroeste, para consultarle mayores detalles sobre el avance de la investigación. Sin embargo, el funcionario señaló que no podía brindar declaraciones porque el proceso está en curso.

Aunque Repsol fue consultada sobre los motivos que la llevaron a apelar y, en algunos casos, pedir la nulidad de las multas que ha recibido por parte del OEFA y Osinergmin, no respondió a la solicitud de descargos.

Supervisión internacional por la CIDH

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo al Perú. En este contexto, el pasado martes 11 de octubre, la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), Soledad García Muñoz, realizó una visita a las playas de Ventanilla y conversó con los pescadores afectados.

La relatora informó a OjoPúblico que, durante su visita, identificó que, aunque el Estado ha adoptado medidas frente al derrame de petróleo de mediados de enero, no ha garantizado la reparación adecuada ni la protección de los derechos humanos de las personas afectadas.

En esa línea, Edgar Stuardo Ralón, relator asignado a Perú y primer vicepresidente de la CIDH, identificó una falla estructural en la judicialización de las investigaciones.

“En tanto se demora el proceso de investigación o de deducir la responsabilidad, pareciera que nadie se hace inmediatamente cargo de los daños inminentes de reparación de la población”, dijo durante una conferencia de prensa realizada el 13 de octubre.

En tanto se demora el proceso de investigación, pareciera que nadie se hace inmediatamente cargo de los daños", dijo Edgar Stuardo Ralón.

Por eso, el relator asignado a Perú indicó que una de las principales recomendaciones de la CIDH consistirá en que se cree un fondo de emergencia para garantizar un equilibrio entre las investigaciones y la atención de las poblaciones afectadas. “Esa es una figura que está haciendo falta para que la respuesta sea más inmediata'', precisó.

Ambos relatores se refirieron, además, a las familias de pescadores afectadas por el derrame de petróleo en las costas peruanas. “Experimentan graves afectaciones a la salud, al agua, a la alimentación, al trabajo digno y a la seguridad social en un contexto marcado por la pobreza, la desigualdad y el abandono e inacción estatal”, narró Soledad García en un texto enviado a este medio.

Frente a este panorama, OjoPúblico consultó al comisionado Edgar Stuardo Ralón sobre el estado actual de la medida cautelar por abandono del Estado, presentada en marzo pasado por las asociaciones de pescadores ante la CIDH.

El relator indicó que esta aún no ha sido resuelta, pero que será una de las prioridades del órgano. “Un efecto de la visita [al Perú] será dar análisis y resolución de las solicitudes que están pendientes”, detalló.