Desde que la Refinería La Pampilla —propiedad de Repsol— derramó más de 10.000 barriles de petróleo en la costa peruana a mediados de enero, diferentes sectores han iniciado procesos administrativos e impuesto multas contra la compañía por infracciones a la normativa ambiental y del sector hidrocarburos. En paralelo a estas sanciones, el fiscal ambiental de Lima Noroeste, Ariel Tapia Gómez, continúa la investigación preliminar calificada como “compleja” para determinar las responsabilidades penales en el desastre ecológico. 

El último 18 de abril, la compañía informó que había culminado la limpieza de 28 playas afectadas por el derrame y ahora estaban “listas para el monitoreo respectivo y en espera de la conformidad por parte de la autoridad”. En su comunicado, la firma agregó que habían realizado un “análisis a profundidad del suelo, agua y sedimentos en toda la zona identificada como alcanzada por el derrame” y que estos resultados fueron enviados a la “autoridad competente”. 

Sin embargo, el biólogo y editor de la revista South Sustainability, Héctor Aponte Ubillús, considera que la limpieza no es "inmediata" y que en otros derrames el impacto en los ecosistemas afectados se ven a largo plazo. El especialista también consideró que la empresa debería difundir y transparentar los informes con los datos que se van obteniendo de la recuperación. 

"Hay que tener mucho cuidado en dar por terminado el proceso de limpieza. Se deben hacer estudios que permitan ver si hay restos de hidrocarburos en los animales y también estudios económicos para ver el impacto en las personas”, dijo.

A más de tres meses del derrame en el mar peruano, OjoPúblico presenta un recuento actualizado sobre las sanciones impuestas a Repsol y los procesos que han iniciado las autoridades reguladoras y fiscalizadoras del sector ambiental e hidrocarburos. 
 

Infracciones ambientales
 

En los días posteriores al derrame de crudo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sustentó el pedido de paralización de las operaciones de La Pampilla en que el método utilizado por la compañía para alertar filtraciones de hidrocarburos “no estaría funcionando adecuadamente”. A la fecha, la suspensión de carga y descarga continúa en los terminales multiboyas 2 y 3; y el monoboya 4. Mientras que, para evitar el desabastecimiento de combustible, el terminal 1 volvió a operar el 10 de marzo último. 

Además de esta solicitud del OEFA se sumó una lista de 14 medidas administrativas de las cuales, cinco no se han cumplido a la fecha y se tradujeron en igual número de multas coercitivas por un total de S/2'300.000, pagadas entre marzo y mediados de abril. 

La primera de las sanciones se impuso por no identificar las zonas afectadas por el derrame. La siguiente, por no limpiar las zonas afectadas; una tercera por no contener y recuperar hidrocarburos; otra por no detener ni recuperar el crudo en áreas naturales protegidas, y la última, por no contener el hidrocarburo del segundo derrame, registrado el 25 de enero pasado. 

Hasta la quincena de abril, Repsol pagó mas de S/ 2 millones por multas ambientales impuestas por el OEFA".

Por estos mismos incumplimientos, el OEFA también ha iniciado cinco procesos administrativos sancionadores que, en conjunto, pueden alcanzar una multa total de S/96’600.000 (21.000 Unidades Impositivas Tributarias - UIT) por infracciones consideradas muy graves en la escala de sanciones que maneja el organismo fiscalizador. 

En sus diferentes comunicados públicos, el OEFA no han brindado un plazo para conocer si la empresa recibirá las máximas sanciones. Pero el tiempo promedio que demandan estos procesos del sector hidrocarburos, de acuerdo a fuentes del sector, es de entre tres y seis meses desde que se abre el expediente con la información del desastre ambiental. 

Antes de que ocurriera el derrame, el OEFA ya había sancionado en tres oportunidades a la Refinería La Pampilla. Uno de los casos investigados ocurrió en 2013. En ese proceso, según la versión preliminar de la empresa, hubo un derrame de menos de un barril de petróleo. Sin embargo, el informe final reportó que fueron siete los barriles vertidos en el terminal 2, el mismo donde se registró el derrame de enero último. 

Asimismo, el 13 de abril pasado, el OEFA ordenó a Repsol el cese de acciones de mezcla de arena impregnada con petróleo con arena limpia en la playa San Gaspar, ubicada en la provincia de Huaral, y en otros lugares donde esté empleando ese método. De comprobarse el incumplimiento de esta medida, el organismo podría imponerle una multa coercitiva a la empresa por S/460.000. 

Ese mismo día, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, respaldó la medida impuesta por el organismo fiscalizador e indicó, en conferencia de prensa, que Repsol pretendía “hacer ver que todo se está desarrollando de forma adecuada en la limpieza de las zonas afectadas por el desastre ambiental”.

Esta fue la última medida dada por el OEFA con Mario Mallaupoma Gutiérrez como presidente del consejo directivo del organismo. El último 18 de abril presentó su renuncia al cargo, luego de que se conociera que su hermano, Justo Mallaupoma Gutiérrez, trabajaba como contador en la Refinería La Pampilla. Al cierre de este informe, todavía no se publicó la resolución que aceptaba la renuncia de Mallaupoma Gutiérrez. 
 

Medida judicializada

Uno de los puntos más cuestionados tras el desastre ambiental fue el retraso en el retiro de una estructura submarina denominada colectores finales de tuberías (PLEM, por sus siglas en inglés) que permitirá conocer la causa del derrame. Este sistema conecta el ducto submarino de la refinería con las mangueras del buque. Además, recepciona y distribuye los hidrocarburos.

En un primer momento, la compañía tenía el mandato de retirar el PLEM en cuatro días, pero esto no ocurrió hasta casi dos meses después del derrame. En diferentes conferencias de prensa y ante el Congreso, la empresa señaló que el retraso respondía a que, antes, debía limpiar el petróleo derramado en la zona. 

Por esta demora, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tiene en evaluación un recurso de reconsideración presentado por Repsol a fin de evitar alguna multa generada por el retraso en el retiro de la estructura, que hoy se encuentra bajo investigación de la fiscalía ambiental de Lima Noroeste. 

En un informe de febrero, OjoPúblico reveló imágenes de los tubos del PLEM corroídos que se desprendieron en el derrame. Al ser consultados para esa publicación, Osinergmin declinó de dar comentarios sobre las fotos y, a través de un comunicado, señaló que no era “responsable emitir conclusiones” hasta que se realicen los “análisis científicos de laboratorio”. A la fecha tampoco se conocen los resultados de ese estudio, cuyo laboratorio a cargo de los análisis se ha mantenido en reserva.

TUBERÍA SUBMARINA. Imágenes de tubos extraídos de la zona del desastre evidencia corrosión. 

Foto: OjoPúblico.

El Osinergmin también ha impuesto una multa coercitiva de más de S/9'000.000 a Repsol por no contar con medidas complementarias para que la refinería alerte de forma temprana una emergencia. Sin embargo, la empresa ha optado por judicializar el caso y evitar el pago. 

Para Henry Carhuatocto Sandoval, abogado y presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible (Idlads), el modelo de procedimiento sancionador de Osinergmin permite a la empresa tener un incentivo para no pagar la multa hasta terminar la vía judicial, un camino que puede tomar hasta ocho años. De acuerdo al especialista, esto no ocurre en el OEFA u otras instituciones que exigen el pago de una carta fianza —con un valor igual a la multa— si la empresa sancionada pretende judicializar el caso.  

"Hay una falencia en el modelo de Osinergmin. No es culpa solo de la empresa, sino también del Estado. De acuerdo a las reglas de juego, no es ilegal que se impugne. El Estado pudo crear la norma para que no lo haga, [pero no la creó], entonces [la compañía] se va a aprovechar de ese vacío. Legalmente puede hacerlo. Entonces, ¿por qué Osinergmin no mejora su marco normativo?", señaló Carhuatocto Sandoval a OjoPúblico.

Serfor anunció el inicio de un proceso contra Repsol por 'causar la muerte de 491 especímenes de fauna silvestre marina'”.

La Refinería La Pampilla también enfrenta otros tres procesos sancionadores en Osinergmin. De resultar responsable de las infracciones, tendrá una multa total de más de S/ 5'000.000. Las multas corresponden a infracciones por incumplir el plan de respuesta ante emergencias, presentar información inexacta sobre el volumen derramado de crudo y también por interferir en la supervisión del proceso de retiro del PLEM en el plazo aprobado. 

El área de prensa de Osinergmin no ha proporcionado mayores detalles sobre los procesos en curso y a la fecha tampoco está claro cuánto petróleo se derramó: la empresa calcula la cantidad en más de 10.000 barriles, mientras que las autoridades peruanas en poco más de 11.000. 

Impacto en fauna
 

Los animales que se ubicaban en las costas de las playas de Ventanilla y Ancón también se han visto afectados por el derrame de crudo. En los días posteriores al desastre, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) desplegaron personal en la zona para rescatar a las especies contaminadas y, producto del impacto detectado, se generó otra infracción contra la empresa. 

El último 15 de marzo, el Serfor anunció el inicio de un proceso sancionador contra Repsol por “actuar con crueldad y causar la muerte de 491 especímenes de fauna silvestre marina”. A este número se suman otros 131 animales afectados por el crudo, entre ellos pelícanos peruanos, pingüinos de Humboldt, nutrias marinas, y otras especies categorizadas en peligro. 

El sector indicó que la multa máxima por esta infracción alcanza los S/23'000.000 (5.000 UIT). Además, para preservar la conservación y protección del patrimonio nacional silvestre, se pueden dictar más medidas correctivas. Como ocurre con los procesos iniciados por el OEFA, tampoco se ha informado sobre un plazo para conocer si se hará efectiva la sanción, pero fuentes del Serfor indicaron que puede tardar “algunos meses” debido a que era la primera vez que analizaban una multa de este tipo. 

Serfor también ha anunciado que, hasta el 11 de abril, se habían liberado 70 aves afectadas por el desastre ambiental. Sin embargo, de las 380 rescatadas y trasladadas al Parque de las Leyendas, 242 de ellas —el 63,6%— fallecieron.
 
Un reciente informe de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental evaluó el impacto del derrame en nutrias y detectó una reducción en el número que habitaba en el litoral. “De las 10 a 15 nutrias que, se estimaba, vivían en la zona comprendida entre Ventanilla y la bahía de Ancón, solo se ha podido registrar, después del derrame, tres especímenes vivos”, concluye el análisis.

PÉRDIDAS. De las 380 aves rescatadas y trasladadas al Parque de las Leyendas, 242 de ellas —el 63,6%— fallecieron. 

Foto: Andina.

En este documento, publicado el 17 de marzo pasado, también se advirtió que aún se observaba “mortandad de aves y varamiento de invertebrados, pero no se está registrando eficientemente lo que vara en las playas, pues es recogido durante las labores de limpieza y no se reporta”. 

Al ser consultada sobre el proceso iniciado por Serfor, la compañía indicó —en una respuesta enviada el 23 de marzo— que su “principal preocupación” se centraba en la remediación del ambiente y que iban iban a atenerse “a lo que la justicia y las autoridades peruanas dictaminen”. En esa línea, agregaron, “asumiremos las decisiones que nos correspondan una vez culminados los procedimientos administrativos”.

En una respuesta corta y sin dar detalles de las consultas realizadas por este medio sobre las multas y sanciones que enfrenta, Repsol solo indicó que continuará brindando su “colaboración a fin de que las autoridades lleguen a la verdad de los hechos”. No compartió información alguna respecto a los procesos que enfrenta ante el OEFA, Osinergmin y Serfor. 

Repsol tampoco respondió si algún estudio de abogados o su área legal los estaba representando en la defensa de los casos penales que enfrenta por el derrame.