CRÍTICO. El especialista consideró que la norma tiene buenos objetivos, pero no ha logrado reducir la pesca de anchoveta juvenil.
Desde noviembre del 2016 en Perú se aplica el decreto supremo 024, una norma que permite que los titulares de embarcaciones pesqueras que capturan anchoveta juvenil no sean sancionados si es que reportan la extracción. La norma, defendida por la industria y el Ministerio de la Producción, tiene graves falencias, dice Nicholas Fromherz, abogado y profesor adjunto del Proyecto de Derecho Ambiental Internacional de la Universidad de Lewis & Clark en Portland, Oregón, Estados Unidos, que además durante años fue abogado principal de Sea Shepherd Legal, una firma global sin fines de lucro enfoca en la protección de la vida silvestre marina.
El especialista, tras analizar la norma peruana y conocer los hallazgos de OjoPúblico que revelan que este decreto ha permitido una depredación autorizada de anchoveta juvenil durante los últimos años, consideró que la medida tiene buenos objetivos; pero que no ha permitido reducir la captura del recurso juvenil.
La investigación de OjoPúblico reveló, luego de analizar una base de datos construida a partir de miles de reportes estadísticos, que entre el 2016 y el 2019 siete grandes corporaciones pesqueras: Tasa, Diamante, Inca, Exalmar, CFG, Austral Group y Hayduk, registraron el número más alto de extracción de anchoveta juvenil.
Fromherz advierte que si esta pesca de anchoveta juvenil al llegar al puerto no es confiscada por las autoridades, entonces básicamente la norma está convirtiendo el pescado en legal, pese a que no debería haber sido extraído del mar. En una mirada más general respecto al papel del Estado peruano en la preservación de la anchoveta, el abogado advierte que existe una relación muy preocupante entre la industria y las autoridades que la regulan. “Parece que la industria controla en gran medida las reglas y ejerce una influencia muy extrema sobre el gobierno que maneja ese sector”, manifestó en la siguiente entrevista a OjoPúblico.
¿Qué opinión tiene respecto al decreto supremo 024 del 2016?
Creo que los objetivos básicos de la norma son alentar la notificación de la captura de juveniles. Estos datos son claves para la gestión de la pesca, entonces ese es un buen objetivo. Segundo, buscar reducir la práctica de descartar juveniles en el mar, esto por supuesto está relacionado con el primer objetivo. El tercer objetivo es un poco diferente, es reducir la captura de juveniles. No se trata solo de promover la entrega de información, se trata también de reducir realmente la actividad nociva, que es la captura de juveniles, y aquí está el problema. Cuando miro la norma, veo un diseño inteligente para aumentar los informes sobre la captura de juveniles, pero tengo serias preguntas sobre la capacidad de ese decreto para reducir la captura en sí. En un escenario donde una embarcación captura una cantidad excesiva de juveniles, bajo esta norma lo informa en la bitácora electrónica, entonces ¿qué se supone que debe pasar? Se supone que Produce debe imponer una veda en la zona, ¿eso está sucediendo en la práctica?.
Además, ¿qué sucede cuando la embarcación va a la costa a descargar su captura, incluida la de anchoveta juveniles? ¿Los pescados son decomisados por las autoridades? Yo tengo entendido que no, que básicamente esos pescados juveniles se convierten en pescado legal. A mi juicio no existe un claro incentivo económico para capturar menos juveniles, y ese es un problema. Existe un incentivo para informar de la captura, para evitar multas y sanciones, pero no para evitar la captura (de juveniles) en sí.
¿Entonces qué otras medidas se necesitan para no incentivar la pesca de anchoveta juvenil?
La idea de sancionar si la embarcación entrega la información no me parece mal en sí, es una manera de promover la entrega de datos, pero tiene que haber otra política más, porque si es solo eso, entonces yo puedo pescar juveniles por encima del límite, puedo descargarlo, la fábrica de harina quizá me paga el mismo precio, ¡Excelente!, tenemos más información, ¿pero estamos realmente reduciendo el nivel de capturas de juveniles?
Hay otros sistemas en otros países, como en Nueva Zelanda. Tienen un sistema donde las embarcaciones informan sobre las capturas de especies no permitidas o de peces por encima de su cuota, pero cuando la embarcación llega a la costa para descargar debe pagar un impuesto (sobre esa especie prohibida), eso quita el incentivo económico. Entonces hay suficiente sentido para no arrojar esa pesca al mar, pero no ganan lo suficiente como para que haya el incentivo económico para capturar más.
¿Qué sucede cuando la embarcación va a la costa a descargar su captura, incluida la de anchoveta juveniles? ¿Los pescados son decomisados?
Los pescadores argumentan que el Estado peruano básicamente ha legalizado la pesca de anchoveta juvenil.
Si este régimen no está complementado con una práctica muy fuerte de monitoreo y fiscalización, entonces yo diría que sí, que comparto esa visión. He escuchado, aunque no lo puedo asegurar, que no están fiscalizando bien la norma. Se supone que si se está informando de captura de juveniles tiene que haber una veda en la zona de forma inmediata. Si eso no está pasando y si no hay vigilancia con el que el Estado pueda asegurar que no están descartando (echando anchoveta juvenil) en el mar, sin eso no va a funcionar el régimen, sin eso sí es básicamente legalizar la pesca de juveniles.
En nuestro análisis encontramos que varias embarcaciones de una empresa pescan juveniles en una zona y vuelven a realizar varias calas en el mismo lugar.
Eso es preocupante. Se supone que tener un sistema que incentiva la entrega de información sobre captura de juveniles busca habilitar una respuesta ágil por parte de las autoridades. Entiendo que las zonas de pesca son relativamente grandes, pero las posibilidades de que una embarcación esté coordinando con otras para que vayan a esa zona y pesquen más juveniles, luego todos informan y pueden ir a la costa sin ningún tipo de consecuencias, eso es muy preocupante. Una vez que el Estado tiene información que indica que hay muchos juveniles tiene que tomar acciones, si no es como ver una película de horror, solo eso.
¿Habría que mejorar la norma para disponer vedas inmediatas, para que no haya tantas calas de anchoveta juvenil?
Yo diría que sí, pero si van a hacer eso que me parece inteligente, también tendrían que redoblar los esfuerzos y la inversión en monitoreo y vigilancia. Soluciones clásicas para esto son los observadores a bordo y el monitoreo electrónico con cámaras de video.
Hay inspectores a bordo, pero los dirigentes de los gremios de pescadores indican que también puede haber corrupción en esos controles.
Y por eso creo que lo más adecuado es no depender solo de un mecanismo de vigilancia y monitoreo. Tener observadores a bordo está bien, pero también tener cámaras u otro tipo de tecnología.
Puede resultar muy básica la pregunta, pero creo que es importante para entender el grado del problema. ¿Por qué no se debe pescar anchoveta juvenil?
Básicamente no se debe pescar ningún tipo de pez juvenil por el simple hecho que no ha tenido la oportunidad de reproducirse, entonces estamos afectando a dos generaciones a la vez: la presente generación de juveniles y la futura generación. Es la lógica básica en cualquier pesquería porque si se pesca un montón de juveniles puede ser un año excelente, pero los próximos años se puede producir una cadena muy grave de desplome de población. Otro factor, es que la anchoveta es alimento de muchas otras especies.
Los últimos informes sobre la biomasa de anchoveta muestran su recuperación, pero en este momento la fiscalía investiga a funcionarios del ente científico (Imarpe) por manipular información y beneficiar a un grupo de compañías.
Creo que hay razón para sentirse preocupados por eso, porque si uno no puede confiar en las autoridades y en los entes científicos a dónde podemos recurrir. El trabajo que ustedes en OjoPúblico y otros ciudadanos están haciendo, de pedir información oficial usando leyes de acceso a información, es muy importante. En Perú, como en muchos países, lamentablemente a veces es difícil acceder a la información de la pesca, porque los ministerios intentan decir que es información sensible con valor comercial, entonces ese es otro mecanismo no sé si de ocultar información, pero por lo menos de no mostrar mucha transparencia. Y la verdad lo veo como un pretexto más que nada.
No se debe pescar ningún tipo de pez juvenil por el simple hecho que no ha tenido la oportunidad de reproducirse, entonces estamos afectando a dos generaciones.
¿Se podría transparentar la información culminada la temporada de pesca?
Ese es un buen punto. Sería una forma de brindar más transparencia sin ignorar las preocupaciones de la industria, que a cierto nivel quizá son legítimas, entonces una vez cerrada la temporada de pesca podrían poner todo al ojo público. El tema de falta de transparencia y las trabas que ponen los gobiernos en pesca es un problema a nivel global, pero creo que en Perú es particularmente grave.
En una mirada general, ¿considera que el Estado peruano cumple su rol de preservar la anchoveta?
Creo que hay actores que están luchando con todo su corazón y cerebro para proteger el recurso, pero también creo que hay problemas estructurales, que en general me lleva a decir que no lo está haciendo. Tenemos una relación muy preocupante entre la industria y las autoridades que la regulan. Parece que la industria controla en gran medida las reglas y ejerce una influencia muy extrema sobre el gobierno que maneja ese sector. Otro aspecto es que la industria de harina de pescado por su naturaleza produce un gran problema, porque al final la mayoría de esa harina va para exportación, muchas veces para alimentar a otros animales. Entonces tenemos un sistema un poco perverso. Hoy cuando tenemos hambre y falta de recursos debemos ser más eficientes, y esto es completamente opuesto.
La exministra de la Producción de Perú Gladys Triveño decía que hay que dejar de mirar la anchoveta, que había que potenciar la pesca artesanal, que es la que abastece el consumo de los ciudadanos.
Me parece una buena lectura del sector. La idea de tener una pesquería nacional basada en la anchoveta para harina de pescado que va al exterior, realmente no me parece que da un buen valor agregado al país, los que ganan más de ese sistema son las fábricas de harina, pero más aún las empresas en el exterior que convierten ese pescado en productos más caros. Lamentablemente en América Latina tenemos mucho este patrón de sacar un recurso natural, venderlo al exterior y que ellos lo industrialicen y ganen más.
La industria está de acuerdo con la aplicación del decreto 024 y señala que son los más preocupados por la preservación del recurso. ¿Qué cree usted?
Creo que hay algo de verdad en eso. La idea de querer cuidar el recurso a largo plazo tiene algo de valor, pero por otro lado también hay la tentación a corto plazo de ganar más. Viendo otras industrias, no solo la pesca, por ejemplo la madera. Siempre a largo plazo se habla de cuidar el bosque, pero a veces gana el incentivo de corto plazo que es buscar ganar mucho dinero ahorita talando los árboles. Entonces pienso que cuando no hay una presencia fuerte del Estado o el Estado está velando más bien por los intereses de la industria, va ganar el incentivo de corto plazo con más frecuencia.
Nicholas Fromherz es abogado y profesor adjunto del Proyecto de Derecho Ambiental Internacional de la Universidad de Lewis & Clark en Portland, Oregón, Estados Unidos. Entre setiembre del 2015 y octubre del 2019 se desempeñó como abogado principal de la organización Sea Shepherd Legal. Ha participado en diversos congresos internacionales sobre pesquería y durante su participación en el I Congreso Internacional sobre Delitos Ambientales, realizado en marzo de este año en Lima, Perú, propuso que la pesca ilegal en el mundo no debería ser una infracción administrativa sino un delito penal. Fromherz a lo largo de su carrera también ha realizado ponencias sobre la pesca INDNR (pesca ilegal no declarada y no reglamentada) para operadores de justicia que persiguen estas prácticas nocivas para las especies marinas.