Las amenazas y asesinatos contra los líderes indígenas y defensores de la Amazonía del Perú han aumentado de forma alarmante, junto al avance de las actividades criminales en este territorio. El Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos, del Ministerio de Justicia, y al que tuvo acceso OjoPúblico, revela que —oficialmente— desde junio de 2019 a octubre de 2023 se registraron por lo menos 145 situaciones de riesgo contra personas consideradas defensoras de la Amazonía y de sus pueblos originarios. 

Los casos de la Amazonía representan el 63% de todas las amenazas reportadas en el territorio nacional (231). Estas situaciones de peligro pueden involucrar amenazas a la seguridad personal y familiar; agresiones físicas, sexuales y psicológicas; destrucción de la propiedad y medios de vida; acoso y hostilización; y homicidio. 

El análisis del Registro sobre situaciones de riesgo, que tiene a su cargo la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, la misma que tiene a su cargo el Mecanismo intersectorial de protección de personas defensoras de derechos humanos, muestra que Ucayali es la región con más casos en un periodo de cuatro años y cinco meses: 57 situaciones de riesgo en total. En la provincia de Coronel Portillo se registraron 27, en Padre Abad 14, en Atalaya 14, y en Purús uno. 

Ucayali es la región donde más han crecido las actividades ilegales durante los últimos años: minería, tala, invasión de terrenos y tráfico ilícito de drogas. En su territorio opera, como ha revelado OjoPúblico en anteriores reportajes, la organización criminal de origen brasileño Comando Vermelho. En esta región, la segunda más grande del país, autoridades locales contabilizaron entre el 2020 y el 2022, 63 pistas de aterrizaje clandestinas para el tráfico de drogas. 

Esta región es también uno de los principales centros de lavado de madera de origen ilegal. La información de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), además, señala que los cultivos de hoja de coca casi se han sextuplicado en cuatro años, de 2.565 hectáreas en 2018 a 14.531 hectáreas en 2022. Ucayali es la región que presenta el mayor incremento de estos cultivos a nivel nacional. 

La segunda región con más situaciones de riesgo para los defensores de derechos humanos es Loreto con 17 casos. Estos corresponden a las provincias de Maynas (7), Datem del Marañón (4), Loreto (2), Alto Amazonas (2), y Putumayo (1). En esta región se ubica la cuenca del río Nanay, la cual se encuentra dominada por la minería ilegal, actividad que incluso se comete dentro de áreas naturales protegidas. 

Además, la frontera con Colombia es zona de disputa por el corredor de la droga que tiene enfrentados a grupos armados. Loreto es la segunda región del país que reporta un mayor incremento de los cultivos de hoja de coca, de 5.072 hectáreas en 2018 a 13.844 hectáreas en 2022, según Devida. Se trata de un incremento del 273% en cuatro años. 

Ucayali es la la región donde más han crecido las actividades ilegales durante los últimos años"

En la comunidad indígena murui-muinanɨ Centro Arenal, en la provincia de Maynas, distrito de Punchana, su líder Arthur Cruz Ochoa afirma que desde hace siete años denuncia la invasión de su comunidad por parte de taladores ilegales. Su caso aparece en el Registro de situaciones de riesgo del Minjus, en un reporte admitido en agosto de 2021 y en el que también figura la amenaza del tráfico ilícito de drogas. 

Desde julio de 2022, Arthur Cruz Ochoa cuenta con una medida de protección dictada por el Minjus mediante una resolución viceministerial. En esta se “propone como medida de protección la realización de patrullajes policiales mensuales, por el domicilio, o lugares de trabajo o en la sede de la comunidad”. 

Debido a las amenazas en su contra, Cruz Ochoa denunció al ciudadano Moisés Cuespan López por el delito de coacción. En octubre de este año la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, a cargo de la fiscal Rosa Edith Risco, decidió no formalizar ni continuar la investigación preparatoria.  

Las regiones que siguen en la lista con más situaciones de riesgo para los defensores ambientales y de pueblos indígenas son Huánuco (16 casos), Madre de Dios (14), Amazonas (10), Junín (11), San Martín (12), y Pasco (6 casos). 

DEFENSOR. Quinto Inuma Alvarado es la última víctima de los ataques de la criminalidad contra los defensores de la Amazonía y sus pueblos. 

Foto: Archivo personal de Quinto Inuma

Subregistro y protección en el papel 

Organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y sus regionales cuestionan las cifras oficiales y señalan que el número de amenazas contra los defensores es mucho más alto. El subregistro puede ser tan grande que las mismas organizaciones llevan su propio conteo, aunque su principal obstáculo es que no disponen de recursos para llegar a todas las cuencas y comunidades de la Amazonía.

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) de Loreto —que agrupa a 40 federaciones indígenas de la región— ha identificado nueve comunidades de riesgo para defensores ambientales, entre ellas Centro Arenal del pueblo murui-muinanɨ, la cual es la única de las nueve que figura en el Registro de situaciones de riesgo del Minjus. 

Las ocho comunidades restantes —Mashunta, Diamante Azul y su ampliación, Copal Urco, San Pablo de Totolla, Puerto Huamán, Nueva Vida, Achual y Verbena— no figuran en el registro estatal. La minería ilegal y el narcotráfico, señala Orpio, son las amenazas más crecientes. 

Aunque el Mecanismo intersectorial de protección para defensores, que coordina el Ministerio de Justicia y que agrupa a ocho ministerios y a Devida, se creó en abril de 2021, sus capacidades son limitadas. Organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a alrededor de 80 de estas, señalan que la falta de un presupuesto propio para el mecanismo limita su acción y efectividad. 

A ello se suma que el Ministerio del Interior lleva más de dos años demorando la aprobación de los lineamientos que requiere la Policía Nacional para poner en marcha medidas de protección y medidas urgentes de protección en campo a favor de los defensores amenazados. 

RECONOCIDO. Santiago Contoricón denunciaba y participaba de los operativos contra el tráfico ilícito de drogas en su territorio.

Foto: Facebook de Santiago Contoricón

El 8 de abril de este año fue asesinado en la comunidad asháninka de Puerto Ocopa, en la región Junín, el dirigente indígena Santiago Contoricón Antúnez. El líder, de 58 años, había encabezado varias incautaciones de droga. Según la Central Asháninka de Río Tambo, el ministro del Interior de entonces sabía de las amenazas en contra de los líderes indígenas de la zona.

El 29 de noviembre último fue asesinado a tiros Quinto Inuma Alvarado, jefe de la comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín, quien denunciaba la presencia de taladores ilegales y del narcotráfico en territorio ancestral. El líder de 50 años contaba con medidas de protección dictadas por el Minjus en el año 2021.

La comunidad figura en el Registro sobre situaciones de riesgo en tres momentos, una vez en el año 2020 y dos veces en el 2022. Según la información consignada, los actores detrás de las agresiones están asociados a la tala ilegal y al tráfico ilícito de drogas. 

De acuerdo a información del Ministerio de Justicia, en el marco de la vigencia del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, que se creó en abril del 2019, se emitieron 19 resoluciones directorales en favor de 52 personas defensoras.

Asimismo, en el marco del Mecanismo intersectorial, que se creó en abril de 2021, se emitieron 19 resoluciones viceministeriales, de las cuales 15 otorgan medidas de protección en favor de 85 defensores, y cuatro declaran el archivo de la solicitud de activación del Procedimiento de alerta temprana (PAT). 

A raíz del asesinato de Quinto Inuma Alvarado, en San Martín, organizaciones indígenas como la Central Asháninka del Río Ene (CARE) cuestiona el mecanismo por ser “incapaz de proteger a los defensores que reconoce.” En Amazonas, el líder y sabio indígena del pueblo wampís, Shapiom Noningo, señala a OjoPúblico que “aunque la protección figure principalmente en el papel”, este espera ser reconocido por el mecanismo.

Central Asháninka del Río Ene: el mecanismo del Estado es incapaz de proteger a los defensores"

Según cuenta Shapiom Noningo, debido a los operativos que realizan como parte de las acciones de fiscalización del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís en contra de la minería y tala ilegales, él ha venido recibiendo amenazas. 

En el distrito de Yurúa, en la región Ucayali, en la zona de frontera con Brasil, Fernando Aroni, subprefecto del distrito, señala que recibe amenazas por denunciar a los mochileros que trasladan droga de la zona de Nuevo Italia hacia Brasil. En el distrito no existe comisaría y los únicos policías que están en la zona tienen a su cargo el cuidado de la frontera. 

“Lo que no está entendiendo el Estado es que los defensores conviven con sus agresores”, señala Jessica Quiroz, asesora legal de Aidesep, quien sostiene además que se debe hacer más trabajo de difusión sobre lo que implica el mecanismo intersectorial.

El 11 de setiembre de este año, las viudas de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintísima Meléndez, y la hija de Francisco Pinedo Ramírez, los cuatro asesinados el 2014 por madereros ilegales en Ucayali, escucharon comentarios amenazantes en el aeropuerto de Pucallpa. Ellas se encontraban en medio de las diligencias en búsqueda de justicia por su caso, el cual contaba con una sentencia en primera instancia que en agosto fue anulada.