En la región Madre de Dios —afectada durante los primeros meses del año por el desabastecimiento de productos debido al bloqueo de la carretera Interoceánica—, la minería, en gran parte ilegal, ha repuntado sus actividades. Además, la crisis política y social ha generado una relajación en los controles hacia esta actividad: a inicios de este 2023, los operativos de la Fiscalía Ambiental en la región se redujeron a seis, cuando lo regular era tener entre 25 y 30 por mes. 

De acuerdo al boletín mensual de la plataforma de Monitoreo de Minería Satelital con Imágenes de Radar (RAMI, por su sigla en inglés), desarrollado por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) como parte del programa Servir Amazonía, solo en febrero se detectaron 1.068 alertas de pérdida de cobertura de bosque por minería dentro del corredor minero, en la región Madre de Dios. Esta cifra triplicó los registros de noviembre de 2022, cuando hubo 300 alertas.

En febrero se detectaron 1.068 alertas de pérdida de cobertura de bosque por minería".

En febrero, la cantidad de alertas se tradujo en 122,4 hectáreas de bosques perdidos por la actividad extractiva dentro del corredor minero: una cifra seis veces mayor a lo detectado en noviembre. La extensión de lo deforestado durante el último mes comprende un área seis veces más grande que el Campo de Marte, uno de los parques más extensos de la capital peruana. 

En lo que respecta a las alertas fuera del corredor minero, hubo 330 en febrero último. La cifra es inferior a lo registrado en noviembre (832), pero cinco veces más alta que lo detectado en enero, cuando hubo 66 alarmas de pérdida de bosque. En cuanto al área afectada, febrero tuvo 35,8 hectáreas con señales de deforestación, una cantidad 20 veces mayor a lo registrado en enero. 

El reporte se basa en un análisis que cuenta las alertas en minería producidas de manera quincenal, a través de imágenes captadas por el satélite Sentinel-1. Estas últimas están incluidas en la base de datos de Google Earth Engine y son procesadas con un algoritmo para detectar cambios en la zona analizada. Al final, los resultados se alojan en la plataforma de RAMI.

IMPACTO. La comunidad harakbut de Puerto Luz, fuera del corredor minero, registró una alerta de bosque perdido por minería de tres hectáreas.

Mapa: Boletín RAMI

Debido a su ubicación y claridad para evidenciar los datos, el informe destaca una muestra representativa de cinco zonas donde hubo alertas. Estas comprenden áreas dentro del corredor minero y fuera de él: las comunidades indígenas Puerto Luz y Barranco Chico, el río Inambari, así como los sectores La Pampa y Primavera, ambas zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. 

En el caso de las comunidades indígenas, ambas del pueblo harakbut y ubicadas fuera del corredor minero, se registró una alerta de pérdida acumulada de 3,75 hectáreas de bosque sobre territorios sin concesiones mineras y en el margen derecho de la Reserva Comunal Amarakaeri. 

Mientras que en el margen izquierdo del río Inambari, dentro del corredor minero, hubo una alerta de 3,4 hectáreas deforestadas. De acuerdo a la publicación, a pesar de que la pérdida se detectó en zonas donde se ubican concesiones mineras estas alarmas afectan la cobertura forestal del lugar. 

La llegada de la minería ilegal a territorios de comunidades indígenas de Madre de Dios y otras regiones amazónicas se ha venido reportando desde mediados del año pasado. 

En esa época, OjoPúblico informó cómo esta actividad aprovechó la pandemia para ampliar sus operaciones y aumentar, entre 2021 y el primer bimestre de 2022, las cifras de salidas de oro de origen informal. Es decir, aquella que durante su producción incumple normas administrativas y ambientales. En el caso de la minería ilegal, además de lo mencionado, la extracción se realiza en zonas donde está prohibida la actividad.

HUELLA. En los márgenes del río Inambari, dentro del corredor minero de Madre de Dios, se registró la alerta de deforestación por minería de 3,4 hectáreas.

Mapas: Boletín Rami. 

En los sectores Primavera y La Pampa —este último, uno de los puntos críticos de la minería ilegal en Madre de Dios— se advirtió una pérdida de 1,7 hectáreas de cobertura de bosque por actividad minera. Esto ocurrió cerca a la carretera Interoceánica Sur y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. 

El director de Sistema de Información Geográfica y Tecnologías para ACCA, Sidney Novoa Sheppard, explica que el reporte permite entender cómo la actividad minera se ha reactivado luego de los días de paralización por los bloqueos de carreteras. “Ha sido como en la época de pandemia, que las tasas de deforestación eran mínimas al inicio, pero luego se alcanzaron cifras récord”, detalló en conversación con este medio.

Novoa Sheppard también calificó como “crítica” la situación en las nuevas zonas deforestadas en territorios alejados de las carreteras, como se evidencia en el caso del sector Primavera. “Lo que nos preocupa es que se vuelvan a activar sitios donde la actividad tenía un crecimiento agresivo cercano a los ríos”, contó. 

En febrero, la cantidad de alertas se tradujo en 122,4 hectáreas de bosques perdidos por minería dentro del corredor minero".

Como informó OjoPúblico días atrás, la extracción minera fue incluida como una de las principales amenazas históricas registradas en el MapBiomas Perú, un proyecto de recolección de datos sobre el uso del suelo y la cobertura forestal. De acuerdo a ese análisis, entre 1985 y 2021, la actividad minera se incrementó en más de 8.800% sobre áreas boscosas.

El aumento de las alertas coincide con un tema pendiente en el Poder Ejecutivo: ampliar la prórroga del estado de emergencia en puntos críticos de Madre de Dios. Esta medida, detenida desde diciembre pasado, permitiría el apoyo de las Fuerzas Armadas en el ingreso a los campamentos donde se extrae el oro de manera ilegal. 

Sin embargo, ante la falta de esa aprobación, como informó este medio en un reportaje anterior, los operativos contra dicha actividad ilícita se han reducido en la región amazónica. 

Otra de las debilidades que ha mostrado el Gobierno para garantizar el origen sostenible del oro extraído en la Amazonía es la escasa información que maneja el Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre el tema. 

La exministra del Ambiente, Lucía Ruiz Astoic, sostuvo que aunque el Gobierno central debe mirar los temas pendientes para enfrentar a la minería ilegal, el Gobierno regional de Madre de Dios también debería priorizar este tema. Sin embargo, el perfil del gobernador y los vínculos que tuvo en el pasado con los mineros de este territorio “generan suspicacias”, reconoció.

"[En los últimos años] ha existido una falta de claridad para actuar frente a la ilegalidad minera, así como una falta de acercamiento [del Ejecutivo] al Gobierno regional. Además, pareciera que la recolocación de las fuerzas policiales y armadas están enfocadas en un solo tema, cuando hay otros", agregó Ruiz Astoic. 

Mientras que, para Gaby Rivadeneyra Tello, especialista de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), los operativos de la Fiscalía por sí mismos no son la solución para erradicar la minería ilegal y pueden resultar solo una solución momentánea. 

Debido a su ubicación y claridad para evidenciar los datos, el informe destaca una muestra representativa de cinco zonas".

“Desde el Estado, falta un enfoque con un nivel más estratégico de planificación, así como fortalecer la Oficina de Peritajes o unidades de monitoreo satelital de la Fiscalía Ambiental”, dijo. 

Asimismo, a partir de la aprobación de un decreto supremo, en abril del año pasado, los mineros en proceso de formalización tienen la obligación de declarar su producción semestral al Minem. A pesar de eso, todavía no es posible acceder a estos datos, que permitirían conocer cómo opera la pequeña minería en el país.

Aunque OjoPúblico solicitó esta información, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Minem sostuvo que su sistema de registro no le permitía generar “reportes consolidados a nivel nacional” de los datos declarados por los mineros en vías de formalización. En otras palabras, la cartera sostiene que no manejan un detalle sobre lo que se reporta en las regiones, entre ellas Madre de Dios.

Los resultados del estudio, los retrasos del Ejecutivo para permitir el trabajo de la Fiscalía Ambiental y la escasa información que maneja el Gobierno peruano muestran la forma en que actividades, como la minería ilegal, puedan incrementar sus ganancias en contextos de crisis.