Germán Fernández Hanco recuerda a su hermano Juan Julio, de 51 años, como un hombre alegre y amistoso. “Le gustaban los gallos”, dice y hace una pausa, toma aire y cuenta lo ocurrido la noche del domingo 20 de marzo. Ese día, Juan Julio fue asesinado con dos impactos de bala en la vivienda de su familia, ubicada en el centro poblado Nueva Arequipa, cerca a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios.

Juan Julio organizó una pelea de gallos aquel domingo de 3 p.m. a 9 p.m. Al finalizar la actividad, había pocas personas en la vivienda, cuando dos hombres empezaron a dispararle por la espalda, cuenta Germán, quien fue testigo presencial del asesinato de su hermano y es el teniente gobernador de Nueva Arequipa y defensor ambiental. Este centro poblado es próximo al sector conocido como La Pampa, en donde la minería ilegal promueve la prostitución y trata, extorsiones, corrupción y sicariato.

La Macro Región Policial de Madre de Dios informó a OjoPúblico que tomó conocimiento del hecho a las 11:30 p.m. del domingo 20 a través de una llamada telefónica. Personal de la comisaría Santa Rosa llegó hasta la casa de los Fernández Hanco para realizar el levantamiento del cadáver y comunicó del hecho al fiscal Nico Claudio Beltrán Gutiérrez, adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de Mazuko.

El asesinato de Juan Julio Fernández es investigado por la Divincri y la Fiscalía Provincial Mixta de Mazuko".

La comisaría más cercana a Nueva Arequipa está a una hora de distancia en auto. “La presencia de la policía en La Pampa es escasa”, refiere Germán Fernández, quien junto a su padre Apolinario Fernández Barrientos, de 80 años, tiene garantías personales emitidas por la Prefectura de Inambari desde enero de este año. Reciben amenazas desde el 2011, cuando se inauguró la Carretera Interoceánica Brasil-Perú, por oponerse a la deforestación causada por la minería ilegal.

Juan Julio Fernández también trabajaba en la reforestación de hectáreas destruidas por mineros ilegales, pero no tenía garantías personales. “Él y yo nos dedicamos a proteger la tierra junto a nuestro padre, siempre se nos acercaban extraños que decían ‘váyanse de aquí si no quieren morir’ o ‘los vamos a matar si no nos dejan trabajar’”, cuenta Germán. 

La víctima, quien deja una viuda y dos hijas de 24 y 17 años, será enterrada hoy. En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó a través de un comunicado que está apoyando a la familia y coordinando con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para las investigaciones y el esclarecimiento del caso. Además, informó que se impulsará una Mesa de Defensores Ambientales en Madre de Dios para articular acciones que propicien entornos seguros a favor de las personas defensoras de derechos humanos y reducir situaciones de riesgo.

Las amenazas a defensores ambientales

A través de un comunicado, el Vicariato Apostólico de Madre de Dios reafirmó la versión de la familia Fernández Hanco de que son constantemente amenazados por mineros ilegales y denunciaron que, pese a la presencia de la Policía, las Fuerzas Armadas y el estado de emergencia en la zona por la presencia de organizaciones delictivas, los crímenes continúan en La Pampa.

Además, solicitaron que se aceleren las investigaciones de los crímenes de los defensores ambientales Alfredo Ernesto Vracko Neuenschwander, asesinado en noviembre del 2015; Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en noviembre del 2020; y ahora el caso de Juan Julio Fernández. 

Un defensor ambiental es una persona que protege los recursos naturales, la biodiversidad o a los pueblos indígenas de la depredación, ya sea por actividades ilegales o legales extractivas, explica Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Germán Fernández, hermano de Juan Julio, cumple con este perfil al ser coordinador del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata en Nueva Arequipa. 

Las medidas de protección a defensores ambientales no son efectivas en la práctica, señala Luisa Ríos Romero, coordinadora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en Madre de Dios. Solo en noviembre y diciembre del 2021, tres ambientalistas fueron agredidos y amenazados, pero no presentaron sus denuncias por temor a represalias.

Durante los dos últimos años de pandemia, la CNDDHH registró diez asesinatos de defensores ambientales. Según Mar Pérez, estos diez casos son considerados como crímenes contra defensores ambientales porque hay evidencia de que los móviles de los asesinatos fueron por su oposición a las actividades ilegales. “Los asesinatos solo son la punta del iceberg, pero no hay registro de las amenazas, amedrentamiento, secuestros y desapariciones contra los defensores”, refiere. El caso de Juan Julio Fernández aún está en investigación antes de ser considerado en la lista.

La Reserva Nacional Tambopata fue creada en el 2000 y tiene una extensión de 274.690 hectáreas de bosque en los distritos de Tambopata e Inambari y está bajo la administración del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Además, cuenta con un Comité de Gestión, integrado por 38 coordinadores locales divididos por sectores para vigilar y controlar el territorio de las actividades ilegales en la reserva y su zona de amortiguamiento. Víctor Zambrano, líder de este comité, señaló a OjoPúblico que los protectores del área natural son amenazados por su labor.

Luisa Ríos Romero, coordinadora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en Madre de Dios, indicó que la presencia de la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico y la tala ilegal han cobrado fuerza por la Carretera Interoceánica. “En este conflicto hay dos partes. Por un lado, los ilegales que están dispuestos a secuestrar, amenazar y matar por extraer las materias primas. Y, por otro, las personas que van a defender su territorio porque es todo lo que tienen. Los ilegales identifican a los líderes que están promoviendo las denuncias para hostigarlos hasta detener sus intenciones de retirarlos del territorio”, explicó.

En el estudio “Cadena de valor del oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala de Madre de Dios” de USAID se señala que esta actividad es responsable de la deforestación de aproximadamente 100.000 hectáreas de bosque en un período de 34 años, con un 53% de este proceso ocurriendo desde el 2011, cuando se disparan los precios internacionales del oro. “En algunas áreas, como la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, la deforestación ha transformado radicalmente el paisaje de cobertura boscosa a humedales permanentes o semipermanentes, dificultando el desarrollo de otras actividades económicas como la agricultura, forestería y turismo”, según el informe del 2018.

Además, en el reporte de agosto del 2021 del Sistema Nacional de Información Ambiental, la región Madre de Dios, que tiene 31 áreas de protección, perdió 21.378 hectáreas de bosques en el 2019. La Reserva Nacional Tambopata es la cuarta área protegida con mayor extensión, pero también registra niveles de alta y muy alta de deforestación.