Luego de dos horas y media de audiencia, y ocho años después de los asesinatos, el Poder Judicial de Ucayali adelantó —en la noche del último 15 de febrero— la lectura de sentencia contra los cinco responsables de la matanza de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintísima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, líderes indígenas de la comunidad ashéninka de Alto Tamaya Saweto.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali dictó 28 años y tres meses de prisión contra los madereros Hugo Soria Flores, Eurico Mapes Gómez y José Estrada Huayta; y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, culpables del homicidio doloso contra los cuatro líderes indígenas. Además, entre todos deberán pagar una reparación civil de S/200.000 a favor de la familia de las víctimas. 

El crimen ocurrió en setiembre del 2014, luego de reiteradas denuncias por tráfico ilegal de madera, que los miembros de Saweto realizaron desde 2008 ante distintas autoridades regionales y nacionales. Uno de los pocos pedidos de la comunidad ashéninka fue atendido un año después de los asesinatos, cuando lograron la titulación de 76.800 hectáreas de bosques. Sin embargo, los peligros no se han detenido.

“Todo sigue igual, todavía sacan [madera] de aquí. Pero al menos ya los acusaron [a los responsables de los asesinatos]”, dice a OjoPúblico desde su comunidad Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima. Todavía no sabe si irá a la lectura completa de la sentencia, debido a que llegar a Pucallpa —capital de Ucayali— toma, desde Saweto, por lo menos dos días vía transporte fluvial. 
 

ALERTAS. En 2020, OjoPúblico detectó irregularidades en la carpeta fiscal donde Edwin Chota denunció a madereros ilegales en su comunidad.
 

Las audiencias orales —realizadas de forma virtual y presencial desde abril del 2022— han contado con la participación de familiares de las víctimas, así como la defensa de los cinco acusados. Todos los investigados han seguido el juicio en libertad. Sobre los últimos se emitirá una orden de captura si no se apela la decisión del Poder Judicial, en la lectura completa de la sentencia del 27 de febrero.  

El abogado de las víctimas, Óscar Romero, indicó a OjoPúblico que si los responsables apelan la medida judicial, se podrá tener una sentencia firme “en el mejor de los casos” en abril de este año o, “en un plazo extendido”, en julio. La eventual decisión de la segunda instancia recaerá en la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali, presidida por el juez Federick Rivera Berrospi. 
 

CULPABLES. Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huayta, Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix. (De izquierda a derecha)

Composición: OjoPúblico.
 

Mientras tanto, existe un riesgo de fuga de los acusados.  A pesar de que en el adelanto de lectura el Poder Judicial indicó que los sentenciados tendrán un control mensual de su firma, deberán permanecer en el lugar de su residencia o presentarse ante cualquier llamado de la justicia, y no tener ningún tipo de contacto con los familiares de los agraviados. 

Los próximos meses serán claves para una sentencia firme que, según el abogado de los familiares de Saweto, marcará un precedente penal respecto a la justicia de líderes indígenas de la Amazonía. 

Denuncias iniciales
 

La sentencia del crimen de Saweto, emitida ocho años después de los asesinatos, tiene como antecedente las acciones que Edwin Chota, junto a otros líderes de su comunidad, realizó desde 2008 —entonces ante la Administración Técnica Forestal de Pucallpa— para mostrar cómo traficantes de madera invadían territorios de su comunidad. 

Tres años después de esa primera denuncia sin éxito, en setiembre del 2011, quedó registro de un encuentro entre dirigentes de las comunidades de Saweto y trabajadores de Ecofusac, una de las empresas con concesión forestal en la zona y que en esa época tenía como representante a José Estrada Huayta, hoy sentenciado como autor intelectual de las matanzas. 

Este hecho fue reportado al entonces director ejecutivo forestal de Ucayali, Marcial Pezo Armas. En la comunicación de Estrada Huayta se evidenció el conflicto que había por las tierras que ocupaban la empresa maderera. Sin embargo, estas alertas no generaron ninguna intervención de la autoridad regional. Años más tarde, Pezo Armas volvió al mismo cargo a pesar de registrar investigaciones fiscales por tráfico de madera.

DEUDOS. Desde 2014, las familias de las víctimas de Saweto han esperado por justicia contra los responsables de la matanza de sus líderes.

Imagen: OjoPúblico / Edgar Álvarez. 
 

Al no encontrar resultados en autoridades forestales, Edwin Chota presentó en 2013 una denuncia en la fiscalía de Ucayali donde evidenció con fotografías la presencia de taladores ilegales, sobre tierras que la comunidad de Saweto reclamaba como suyas. En esta carpeta, el líder ashéninka acusaba a Eurico Mapes así como a los hermanos Atachi Félix. Ese mismo año, la fiscalía ambiental de Ucayali abrió el caso pero tiempo más tarde fue archivado por falta de pruebas.

Sin embargo, en este despacho fiscal, Edwin Chota ya alertaba sobre las amenazas que recibía por impedir la extracción ilegal de madera en su comunidad. “Josimar Atachi Félix, entre el 2005 y el 2006, vino ante mí acompañado con su obrero y me amenazó diciendo, ‘si en caso mi madera no sale ahí yo mato’. Él portaba un arma de fuego”, señaló Chota en abril del 2013. 

En la acusación contra los responsables del crimen, presentada en octubre del 2019 por el fiscal Otoniel Jara Córdova, se detallan uno a uno los momentos que no tuvieron la atención del gobierno peruano. Solo hubo una mirada de las autoridades hacia Saweto cuando se confirmaron los asesinatos en el 2014. 
 

Irregularidades previas a la matanza

Un año antes de su asesinato, Chota siguió por vía fluvial un cargamento de madera ilegal extraído de su comunidad que tuvo como destino un aserradero (lugar de la primera transformación de la madera) en Pucallpa. Con esta evidencia, el líder ashéninka denunció la presencia del producto ante la autoridad forestal de Ucayali. Sin embargo, el funcionario a cargo de la diligencia, José Bedoya Ijuma, se negó a intervenir los troncos de madera.

Al no tener respuesta del despacho dirigido por Marcial Pezo Armas, el líder de Saweto se acercó a la fiscalía ambiental que inició una investigación por tala ilegal y ordenó la intervención de la madera denunciada por Chota. El producto forestal no contaba con documentación que respalde su procedencia, hecho que fue alertado ante Roy Pinedo López, ingeniero de la autoridad forestal de Ucayali. 

Pese a la falta de permisos, el ingeniero autorizó vía telefónica el desembarco de la madera y señaló que “no había problema con la madera traída por el señor Hugo Soria Flores”, como refirió en su declaración a la fiscalía ambiental la secretaria del aserradero. 

Pinedo López no fue incluído en la investigación ambiental y tampoco recibió alguna sanción administrativa. Hoy, todavía trabaja como funcionario de la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, la misma oficina que ignoró a Chota de manera reiterada.

Recta final del proceso

La investigación y acusación contra los responsables del múltiple crimen tuvo un período de casi seis años, donde el expediente pasó por cinco fiscales. Y previo a la etapa de juicio oral, que tomó otros dos años, se removió a 14 fiscales provinciales de Ucayali, entre ellos a Otoniel Jara Córdova, quien iba a acusar a los asesinos de los líderes ashéninkas.

En este caso emblemático, además de la rotación fiscal y retrasos en la acusación, también se omitió por cuatro años la declaración de un testigo protegido que identificó a los asesinos de los líderes indígenas. En diciembre del 2015, esta persona señaló que escuchó y vio cómo un grupo de personas planificaron el crimen. 

SILENCIADOS. El crimen en Saweto, ocurrido en 2014, evidenció la falta de atención y prioridades en la administración de la justicia peruana.

A pesar de la existencia de los nombres reportados por el testigo y de que la policía los había identificado el 2017, el entonces fiscal Julio Reátegui Urresti no profundizó en las indagaciones. El testimonio solo fue tomado en cuenta en octubre del 2019, cuando Otoniel Jara acusó a los hoy sentenciados. 

En una publicación de febrero del 2020, el exfiscal Reátegui Urresti señaló a OjoPúblico que el caso Saweto “no se puede ganar”, porque no cuenta con "pruebas científicas que determinen quién ha matado a esas personas". Tres años después de esa declaración, la matanza del 2014 tiene cinco acusados y condenas a solo un paso de quedar firmes.