El nuevo juicio oral por la masacre de los cuatro dirigentes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ocurrido hace nueve años en la frontera amazónica entre Perú y Brasil, ingresa a la recta final. Para fines de este mes —el miércoles 24 de enero, si no hay postergaciones— se ha programado la última audiencia de este emblemático caso, según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Tras ello, se dictará la sentencia en primera instancia.

El asesinato del jefe de la comunidad de Saweto, Edwin Chota Valera, y de los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez se registró el 1 de setiembre de 2014, luego de que Chota Valera denunciara constantemente —desde el 2008— a las mafias de traficantes de madera que operaban en el territorio de la comunidad indígena, como ha revelado OjoPúblico.

Luego de que, el 29 de agosto pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anulara la sentencia en primera instancia de 28 años y tres meses contra los cinco presuntos responsables, en este nuevo proceso judicial han vuelto a testificar las viudas de los dirigentes asesinados. Y, además, el Ministerio Público ha presentado una nueva prueba: la declaración de un testigo protegido. 

OjoPúblico conoció el testimonio del testigo protegido con código 001-60-2019, quien manifiesta haber estado presente en múltiples momentos, previos al asesinato, en los que los procesados amenazaron —e incluso atacaron— a los líderes ashéninkas, principalmente a Edwin Chota Valera. También detalla cómo los presuntos responsables confirmaron y narraron, mientras bebían cerveza en un bar cercano a Saweto, el asesinato de los cuatro dirigentes en setiembre de 2014. 

SIN JUSTICIA. Hace nueve años, cuatro dirigentes que denunciaban la tala ilegal de madera en Saweto fueron cruelmente asesinados. 

Ilustración: Pintor ashéninka Enrique Casanto Shingari

La tesis fiscal apunta como autores mediatos a los madereros Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, y como coautores; es decir, los que presuntamente ejecutaron la orden, a los hermanos Segundo Euclides y Josimar Atachi Félix, y Eurico Mapes Gómez, por quienes se solicita 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado. 

“Llegó el señor Eurico [Mapes Gómez] a comentar que los señores jefes de la comunidad, Edwin Chota Valera, Jorge [Ríos Pérez], Francisco [Pinedo Ramírez], Leoncio [Quintisima Meléndez] (...) estaban surcando por arriba, al Brasil. Y ahí, cuando están conversando [Eurico y sus acompañantes], dijeron que eran unos [insulto], desgraciados, liosos, bocones, aquí es la posibilidad de matarlos. Y don José Estrada [Huayta] les dijo: ‘Si ustedes me traen su cabeza como charola de plata, yo les pago’”, cuenta el testigo en referencia al 30 de agosto de 2014, días antes del crimen.

'Si ustedes me traen su cabeza (...), yo les pago', refiere haber escuchado el testigo protegido 001-60-2019 presentado por la Fiscalía".

En ese momento —según su relato— Eurico Mapes Gómez, Josimar y Segundo Atachi Félix anunciaron que iban a viajar con su personal y alcanzar a los dirigentes de Saweto porque conocían los diferentes caminos. 

“Entonces, ellos salieron. Primero, salió el grupo del señor Josimar. Entonces, el señor Hugo Soria [Flores] les dijo: 'Ojalá que [ininteligible], porque él me ha hecho decomisar la madera en un aserradero’ (...). Todos andaban armados y salieron rumbo a ese lugar”.

El relato del testigo protegido, quien manifiesta haber vivido en la comunidad Alto Tamaya-Saweto, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, coincide con lo que también testificaron en en el juicio Julia Isabel Pérez Gonzales, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima Meléndez, y Egilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos Pérez. 

Ellas también confirmaron la existencia de conflictos entre los dirigentes y los madereros ilegales, acusados de los presuntos homicidios tras las constantes denuncias y el decomiso de madera ilegal, lo cual figura, además, en actas fiscales. 

LUCHA. Las viudas y una de las hijas de los cuatro líderes asesinados hace nueve años han vuelto a declarar en el juicio y esperan sanciones.

Foto: ORAU / Billy Torres

Lo que narra el testigo ha sido presentado ante el Juzgado Penal Colegiado Conformado de Ucayali, integrado por los magistrados Ana Karina Bedoya Maque, Dilmer Iván Meza Conislla y Celinda Pizán Ugarte, en la audiencia del pasado 22 de diciembre. A diferencia del proceso anterior, este testigo cuenta con acta de identificación y también ha rendido su declaración oral en audiencia, con la protección de su identidad. 

El denominado caso Saweto —que expone la impunidad y la inacción de varios funcionarios del Estado ante los crímenes ambientales— es considerado complejo debido a que, dada la lejanía del lugar de los hechos, se basa en pruebas indirectas o indiciarias (testimoniales y documentales). En ello radica la importancia del testigo protegido para la Fiscalía. 

"El testigo protegido es de suma importancia porque él ha identificado a los acusados", señala el fiscal Jorge Chávez Cotrina.

“El testigo protegido ha sido ubicado por la doctora [la fiscal provincial Vannie Robles Sajami, a cargo del caso], lo ha traído [a Pucallpa] y lo ha presentado en juicio (...). Según la tesis fiscal, es de suma importancia porque él ha identificado a los acusados”, sostuvo en diálogo con este medio Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Agregó que se trata del único testigo protegido en el caso. 

Para el abogado de la parte agraviada, Alberto Caraza Atoche, lo más importante del relato de este testigo se centra en lo ocurrido en la víspera y luego de la muerte de los dirigentes. “Ella o él [testigo] no ha estado donde los mataron, pero ha escuchado el postmortem. Entonces, consideramos que es un testimonio que el colegiado de jueces tiene que evaluarlo de manera muy objetiva y esperamos que resuelva de manera justa”, afirmó.

Vinculados en otros hechos

En noviembre pasado, en la ciudad de Pucallpa, la fiscal contra la criminalidad organizada de Ucayali, Vannie Robles Sajami, detalló a OjoPúblico que el Ministerio Público había ofrecido como nueva prueba la declaración del testigo protegido de otra carpeta fiscal, que también guarda relación con Saweto. Ese mismo mes, el Juzgado Penal Colegiado declaró fundada su incorporación en el caso actual. 

“El 2 [de setiembre] nos encontramos en el mismo bar [en Puerto Putaya, a 10 minutos de Saweto]. Ahí dijeron que ya lo habían muerto, confirmaron su muerte. Vinieron a confirmar al señor Estrada [Huayta] que lo habían muerto, y que los habían agarrado en el tambo cuando estaban comiendo”, relató el testigo 001-60-2019. 

Según la narración de la persona con identidad protegida, Eurico Mapes Gómez y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix retornaron en botes a Puerto Putaya y, luego, en compañía de otras personas, empezaron a beber cerveza en un bar. Allí, con burlas, narraron el cruel asesinato a los dirigentes. 

DEFENSOR. Pese a que, por años, advirtió sobre las amenazas que sufría, Edwin Chota Valera fue víctima de la inacción del Estado.

Foto: Andina

“Seguían bebiendo, tomando y, en forma de burla, empezaron a contar lo que le habían hecho a don Edwin, a las cuatro autoridades del caserío, que eran el jefe de la comunidad, Jorge Ríos, el señor Leoncio y Francisco, diciendo que les habían rodeado, que les habían logrado alcanzar la carrera. (...) Estaban tomando desayuno, en un campamento, en un tambito que llamaban Media Luna, camino a [la comunidad brasileña] Apiwtxa (...). Yo estaba, en ese tiempo, cuando ellos habían confirmado que el señor [Chota] estaba muerto”, señaló.

El juicio oral del caso Saweto, con audiencias todos los lunes, miércoles y viernes, ya pasó la etapa de presentación de testigos y, ahora, se encuentran en la lectura de pruebas documentales, como pericias, informes técnicos, mapas vinculados a la investigación. Hasta el jueves 18 de enero, según el abogado de los agraviados, Alberto Caraza Atoche, se había avanzado con 48 de las 60 pruebas documentales y quedaba pendiente solo 12.

“Han venido a declarar muchos testigos de la comunidad, que han firmado informes técnicos, peritos, policías. Es importante la declaración del testigo protegido, que ha ido a un juicio para explicar lo que él o ella ha visto en su oportunidad. La diferencia del juicio anterior, en el cual había una sentencia de primera instancia, y, ahora, es que ha declarado el testigo protegido y ha contado lo que conoce sobre los sucesos”, refirió Caraza Atoche.

Pedido Garantias Personales... by Ojo-publico.com

REGISTRO. OjoPúblico ha documentado los pedidos de protección de los dirigentes de Saweto, donde mencionan a los hoy procesados. 

Documento: OjoPúblico

Otro hecho narrado que involucra a los presuntos responsables —y que forma parte de la prueba presentada ante el Juzgado Penal Colegiado— hace referencia a un ataque previo contra Chota Valera. 

Según refiere el testigo protegido, el 29 de agosto de 2014, días antes de la salida de los dirigentes hacia Apiwtxa, José Estrada Huayta estaba reunido con un grupo de personas, entre ellos Eurico Mapes Gómez y los hermanos Atachi Félix en un bar de Puerto Putaya. De pronto —señala— llegó Edwin Chota Valera, jefe de Saweto, acompañado de Jorge Ríos Pérez, dirigente de la comunidad, y dos menores de edad. 

Chota Valera, sostiene el declarante, compró dos tarjetas para llamar por el teléfono público de ese bar, ubicado a alrededor de 10 minutos de Saweto. En ese momento, dice, Mapes Gómez, Josimar y Segundo Atachi Félix se acercaron para agredirlo.

NUEVO JUICIO. A la izquierda, los deudos de los dirigentes de Saweto y, a la derecha, los acusados del presunto delito de homicidio calificado.

Foto: ORAU

“Dijeron a quién va a llamar este [insulto]. Soplón, te vamos a matar. Y brincaron. De lo que estaban sentados, salieron a agarrarlo a él [Chota]. Lo han ahorcado, lo han golpeado contra el teléfono (...). Pensábamos que lo iban a matar ahí (...). Decían que lo iban a matar en cualquier momento, donde sea, aunque sea en su propia casa, que de sus manos no iba a escapar, que era soplón y que venía a denunciar la tala ilegal”, señaló. 

Luego, según agregó, intervino José Estrada Huayta con nuevas amenazas, y Hugo Soria Flores los instó a que continúen afuera del bar.

Por parte de los acusados, el abogado de los hermanos Atachi Félix, Lizandro Leveau Pezo, cuestionó la incorporación de este testigo, argumentando que había sido ofrecido en un anterior proceso, y que no se trata de una prueba nueva. 

En tanto, Esthefany Giany Rubina Arana, defensa técnica de Hugo Soria Flores, señaló que el testigo ha caído en una contradicción al describir ante los jueces a las personas que amenazaban a Edwin Chota Valera.

Tramo final

El primer cronograma del Juzgado Penal Colegiado Conformado de Ucayali programó las audiencias del caso Saweto hasta el 15 de enero de 2024. Luego, estas fechas se postergaron y se fijó como última audiencia el miércoles 24 de enero de 2024. Tras ello, los jueces debían establecer un día para emitir la sentencia en primera instancia. Es decir, la misma podrá ser apelada. 

Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Ucayali señaló a OjoPúblico que si bien, inicialmente, las sesiones se tenían previstas hasta este miércoles 24, han existido reprogramaciones, por lo que se estima que las audiencias podrían extenderse un poco más. Las vacaciones del año judicial 2024 empiezan en febrero próximo.

En la audiencia del 17 de enero pasado, la parte agraviada solicitó declarar orden de captura internacional y nacional contra Eurico Mapes Gómez, el único procesado que no ha asistido a este nuevo juicio oral y que ha sido declarado como reo contumaz.

MEMORIA. En los próximos días, la Corte Superior de Justicia realizará la última audiencia del juicio oral y luego programará la lectura de sentencia.

Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos

El emblemático caso Saweto hoy está en manos de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Corte Superior de Justicia de Ucayali, entidades que se responsabilizan mutuamente por cómo han llevado el proceso y lo ocurrido con un testigo protegido en el primer juicio.

La sentencia de este último (28 años y tres meses contra los cinco acusados) terminó siendo anulada, el 29 de agosto pasado, porque, según la Primera Sala Penal de Apelaciones, el juzgado había incorporado como prueba la declaración de un testigo protegido excluido del juicio oral, el cual no contaba con un acta de identificación, y que había una “motivación aparente”. En otras palabras, que el Juzgado Penal Colegiado Permanente no presentaba razones claras para sustentar la decisión.

La primera condena de 28 años contra los presuntos responsables fue anulada en agosto de 2023 y el juicio debió reiniciar".

Ante estos hechos, el presidente de la Corte Superior de Justicia, Tulio Bermeo Turchi, señaló, en diciembre último, que el Ministerio Público debía mejorar la investigación para garantizar elementos probatorios suficientes, e hizo alusión a la importancia de una tesis fiscal adecuada. 

“Es uno de los casos más importantes a nivel nacional e internacional, creo. En este momento, por tanto, deberíamos tener a los mejores trabajando en el Ministerio Público, no improvisando fiscales que no tengan experiencia o no realicen buenas investigaciones”, dijo en Nativa.

CAMINO. La mayoría de las viudas debieron abandonar la comunidad de Saweto para continuar con el juicio y por miedo a represalias.

Foto: ORAU / Billy Torres

Para Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, la actuación del Ministerio Público en este segundo juicio es “correcta”, al igual que la tesis fiscal, las pruebas presentadas y la presencia del testigo protegido. Respalda, además, el trabajo de la fiscal a cargo.

“El primer juicio que ganamos, y tiene sentencia de 28 años, fue anulado por la Sala Superior. Lo anula porque los jueces de primera instancia no habrían valorado correctamente la prueba indiciaria, o sea lo ha anulado por falta de valoración probatoria por parte del juez, no por deficiencia del Ministerio Público”.

Para el defensor de la parte agraviada, Alberto Caraza Atoche, este nuevo proceso cuenta con una serie de evidencias. Entre ellas, denuncias de Edwin Chota previas a su muerte, las malas relaciones con los acusados narrados por los testigos, el acta fiscal donde se registró la amenaza de Hugo Soria Flores contra el dirigente de la comunidad y la declaración del testigo protegido narrando lo ocurrido después de la muerte de los dirigentes. 

“Yo no he ganado nada, ni quiero nada. Simplemente [doy mi declaración], porque se ve que hay mucha tala ilegal (...) y hace daño, más que todo a la tranquilidad de las personas que viven en el lugar, solamente por eso”, respondió el testigo cuando, el 22 de diciembre, la jueza Ana Bedoya le preguntó qué había ganado con brindar su declaración.