Perú es el segundo país en América del Sur con el mayor registro confirmado de pueblos indígenas en aislamiento. Hasta el 2019, las organizaciones indígenas notificaron la existencia de 26 pueblos en aislamiento, mientras que el Estado reconoce 17, según el Informe regional de Land is life sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento. 

La Ley 28736 para la protección de pueblos indígenas u originarios en aislamiento o contacto inicial contempla la creación de reservas para proteger los territorios de estos pueblos, muchos de los cuales se ubican en la región Loreto. Desde 1999, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha realizado cinco solicitudes para crear nuevas reservas: Reserva Indígena Kakataibo (Loreto, Ucayali y Huánuco), Yavarí Mirim (Loreto), Sierra del Divisor Occidental (Loreto y Ucayali),  Napo-Tigre (Loreto) y Atacuari (Loreto). La primera fue aprobada en julio del 2021, el resto continúa pendiente. 

Tampoco se ha respetado la medida de protección precautoria que evita que se den concesiones forestales o se permitan actividades extractivas en territorios que están en proceso de ser reconocidos como reservas. Desde el 2015, el Gobierno Regional de Loreto ha otorgado al menos 47 concesiones forestales en territorios de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim, según la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

La Reserva Indígena Yavarí Tapiche en la provincia de Requena, en Loreto, fue creada en abril del 2021 para resguardar a los pueblos indígenas matsés, remo (isconahua), marubo y otros en proceso de identificación y en situación de aislamiento. Dichos pueblos ya habían sido reconocidos por el Decreto Supremo 002 del 2018, que también reconoce a los matsés, matis, korubo o kulina-pano y flecheiro (takavina) en situación de aislamiento de la Reserva Indígena en solicitud Yavarí Mirim.

Los Matsés, un pueblo diezmado por la explotación del caucho, son 1.309 y se concentran en la provincia de Requena, en Loreto; mientras que los Iskonawas ascienden a 229 individuos, quienes habitan principalmente en la región Ucayali. En la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura no hay mayor información sobre los marubos, matis, kulinas y flecheiros. En Brasil hay más de 200 personas que conforman la población Korubo, indica el portal de Povos Indígenas No Brasil. 

Yavarí y el corredor amazónico que comparte el Perú con Brasil es una de las zonas con mayor diversidad de especies de mamíferos en el mundo, refugio de animales en peligro de extinción, como el mono huapo colorado, y agrupa una comunidad importante de peces en territorio peruano, según el investigador Milton S. Nascimiento.

Madereras cuestionadas
 

Pese al valor de estas áreas, Orpio ha denunciado que el Gobierno Regional de Loreto no ha realizado ninguna acción para anular las concesiones forestales otorgadas en estos territorio a las madereras América Pacífico SAC, Maderera Industrial Isabelita Emini SA, Hiram Carpinter SAC, Maderera Nuevo Perú SAC, La Oroza SRL, Maderera Río Yaverija, Madereras Acasia SAC, Lisbeth & Diego Forestales EIRL, Consorcio Maderero LAMF & Jedan, YP Maderas de Loreto SRL, Lanc Forest SAC, Inversiones VQ Arco Iris EIRL, Consorcio Maderero SAC, Maderera Geminis EIRL, Industria Forestal Pacheco EIRL, Chen Forestal Selva SAC, Maderera Perez & Sanchez y Inversiones El Forastero EIRL, Industria Maderera Jrak SAC y Multiventas Anbel EIRL.

Inversiones La Oroza SRL es investigada por el presunto delito de tráfico ilegal de madera, cuando en el 2015 se intervino la embarcación Yacu Kallpa con 1.300 metros cúbicos de madera. Más del 90% de este cargamento era ilegal y de esta cantidad, el 80% le pertenecía, según una investigación de OjoPúblico. También fue sancionada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) con 1,1 UIT en el 2017 por extraer 68.664 metros cúbicos de tornillo, marupa y cumala sin autorización. Pese a estos antecedentes, tiene una concesión forestal vigente de 6.984 hectáreas dentro de la reserva en solicitud Yavarí Mirim.

VULNERABLES. La presencia de madereras y otras actividades ilegales cerca de zonas habitadas por Piaci amenazan a estas poblaciones y se han reportado enfrentamientos.

Foto: Ojo Público / Marco Garro

Una situación similar registra la empresa Chen Forestal Selva SAC, que tiene tres concesiones forestales vigentes otorgadas en el 2018 dentro de Yavarí Mirim. En el 2017, un cargamento de 250 mil pies de tablares provenientes de Alto Amazonas, en Loreto, con destino a China, fue intervenido por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Callao porque no fue registrado en la capitanía del puerto de Yurimaguas y la madera extraída no era de las concesiones otorgadas.

Otra maderera con sanciones acumuladas es Inversiones VQ Arco Iris Eirl. En el 2016 fue multada con 5,8 UIT por la extracción no autorizada de 191.608 metros cúbicos de tornillo y moena, además taló tres árboles semilleros de caoba. En diciembre del 2017 fue sancionada por extraer de forma irregular 743.125 metros cúbicos de tornillo, lupuna y cumala por 20 UIT. 

En 2018, Osinfor sancionó otra vez a esta maderera con 11,3 UIT y declaró la nulidad de su título habilitante por realizar el cambio de uso de suelo de 10 hectáreas que utilizó para la siembra de plátano y la quema de recursos forestales, sin autorización. Este mismo año fue multada con 14,1 UIT por realizar el cambio de uso de la tierra en 12,5 hectáreas otorgadas para el aprovechamiento forestal, por lo que también se le anuló uno de sus derechos habilitantes. 

La Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, considera a las reservas de tierras de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (Piaci) como zonas de tratamiento especial, por lo que en ellas no se puede otorgar títulos habilitantes. Sin embargo, en el caso de la Reserva Yavarí Tapiche se dieron cuatro concesiones forestales, mientras que en la Reserva en solicitud Yavarí Mirim hay 43 concesiones que no han sido anuladas a pesar de que su entrega es irregular. 

“La reserva Yavarí Tapiche fue creada con 10 concesiones forestales dentro, pero en la vigésima séptima sesión de la Comisión multisectorial del Piaci se acordó excluir las concesiones forestales superpuestas a la reserva Yavarí Tapiche porque es zona intangible, pero los acuerdos no se han cumplido”, precisó el investigador Adam Bauer durante la presentación de la Iniciativa y el estudio sobre el Corredor Territorial Yavarí Tapiche. 

En el grupo de empresas que obtuvieron concesiones en Yavarí Tapiche figura Inversiones El Forastero EIRL con dos multas de Osinfor. Una es de 2017 por extraer irregularmente 158.979 metros cúbicos de cachimbo, marupa, cumala y lupuna, por lo que fue sancionada con 20 UIT; mientras que la de 2019 es por extraer sin autorización 8’512.219 metros cúbicos de moena, ana caspi, pumaquiro, cachimbo, cedro, tornillo, lupuna, copaiba, shihuahuaco, catahua, huayruro, aguano, pashaco, cumala, estoraque y yacushapana. Por esta última, fue multada con 553,7 UIT y se declaró la caducidad de su derecho de aprovechamiento. 

El Gobierno Regional de Loreto debe declarar de oficio la nulidad de estas concesiones al ser ilegales por contravenir la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así como la Ley de protección de pueblos indígenas u originarios en aislamiento o contacto inicial, señaló Maritza Quispe Mamani, abogada especializada en Piaci del Instituto de Defensa Legal (IDL).

REFUGIO. El gobernador regional de Loreto se ha mostrado a favor de derogar la Ley Piaci que crea reservas para los pueblos en aislamiento.

Foto: Ojo Público / Marco Garro

El pasado 23 de mayo, Orpio e IDL presentaron una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que requiera una carta de información al Estado Peruano, al Gobierno Regional de Loreto y su Gerencia de Desarrollo Forestal sobre las acciones emprendidas para anular las concesiones forestales que se superponen al área de la reserva indígena solicitada Yavarí Mirim y la Reserva Indígena Yavarí Tapiche para Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA). 

Para conocer su postura, OjoPúblico solicitó una entrevista con el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, pero esta no fue atendida. El 25 de abril, la autoridad regional firmó un comunicado emitido por la Coordinadora por el desarrollo de Loreto, donde se solicitó la derogatoria de la Ley Piaci. Este hecho alertó a la Defensoría del Pueblo así como las organizaciones indígenas que se pronunciaron en rechazo a este pedido. 

La Coordinadora por el desarrollo de Loreto es liderada por el empresario Christian Zeus Pinasco Montenegro, quien es gerente de las empresas Perseo Maquinaria y Servicios de Ingeniería SAC, Hermes Inversión y Servicios SAC, Consorcio Vías en Loreto y CPM Perú Ingeniería y Construcción SAC. Además, es subgerente en Inversiones e Inmobiliaria Montenegro SAC, dedicada al rubro de la construcción de carreteras, edificios, transporte de carga, venta de combustible para vehículos y actividades de consultoría en gestión, con las que ha obtenido S/. 9’ 650.410,00 en contrataciones con el Estado. 
 

Acciones para anular concesiones

La lucha en contra de las concesiones forestales en reservas indígenas no es nueva. Héctor Rodríguez Pajares, asesor legal de Orpio, informó a este medio que el 2020 Orpio e IDL presentaron una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Loreto para anular la entrega de concesiones forestales en territorio de los Piaci, sin embargo, esta medida fue declarada improcedente. Del mismo modo, el Ministerio de Cultura interpuso una acción de amparo en el 2021 para anular las 47 concesiones forestales ante el Segundo Juzgado Civil de Loreto, lo que también fue declarado improcedente por el juez Sergio Antonio del Águila Salinas.

“En este caso, las pruebas son contundentes, las concesiones fueron entregadas después de la publicación de la Ley Forestal que prohíbe que se den títulos habilitantes en territorio de los Piaci, por lo tanto, es irregular”, sostuvo Rodríguez Pajares. 

El 30 de mayo, Aidesep envió una carta dirigida al presidente Pedro Castillo y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que adopten acciones urgentes para anular las 47 concesiones forestales otorgadas dentro de la Reserva en solicitud Yavarí Mirim y la Reserva Yavarí Tapiche. El documento especifica que estas concesiones se superponen a casi 300.000 hectáreas del territorio de pueblos indígenas en aislamiento. 

La carta solicita también redimensionar el Bosque de Producción Permanente (BPP) de Loreto, áreas de bosques que se ponen a disposición de privados para aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre, en cumplimiento de los acuerdos de la 27 sesión de la Comisión Multisectorial Piaci de la Ley 28736.

El Ministerio de Cultura interpuso una acción de amparo en el 2021 para anular las 47 concesiones forestales".

Según la antropóloga Beatriz Huertas, durante los trabajos de recopilación para la elaboración del informe Corredor Territorial de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial y de Bosques Continuos Yavarí-Tapiche se obtuvo evidencias de que los pueblos en aislamiento están en riesgo inminente por la ocupación de sus territorios por madereros y se han reportado confrontaciones en la cuenca del Yavarí donde hay madereros trabajando con tractores. 

Al respecto, Francisco Hernández, vicepresidente de Orpio, advirtió que la presencia de madereras y otras actividades ilegales en los territorios que habitan los pueblos indígenas en aislamiento, ha originado que estos se dirigen a Yavarí Mirim, donde se ha registrado presencia del narcotráfico.

Ante la situación desfavorable que atraviesan los pueblos en aislamiento, Zoila Merino, secretaria de economía de Orpio, pidió que se acelere el proceso de reconocimiento de la solicitud de las reservas Sierra del Divisor Occidental, Napo Tigre y Yavarí Mirim ubicadas en el territorio de la región Loreto. Estas solicitudes fueron hechas hace 16 años.

La oposición de las organizaciones indígenas a las concesiones forestales se fundamenta en graves antecedentes de reducción de las poblaciones en aislamiento voluntario. En 1984, la población Nahua, entonces en situación de aislamiento, fue reducida en 50% al entrar en contacto con personas dedicadas a la explotación de madera y actividades hidrocarburíferas que les contagiaron enfermedades respiratorias para las cuales no habían generado defensas inmunológicas. Actualmente, el Ministerio de Cultura indica que los Nahua suman una población de 265 personas, quienes viven en la comunidad de Santa Rosa de Serjali en Ucayali.